lunes, 24 de diciembre de 2012

Las acusaciones por los crímenes de La Perla

Terminaron por este año las audiencias en el caso más grande de crimenes de la dictadura en el interior

Durante las jornadas de diciembre se leyeron las acusaciones a los 44 imputados. Se pasó a cuarto intermedio hasta febrero.

El primer día de audiencias varios acusados se taparon con libros.El juicio oral por la megacausa La Perla, el principal centro clandestino de detención de Córdoba durante la última dictadura, tuvo la semana que pasó su última audiencia de 2012. Igual que en las cinco jornadas previas, el tribunal continuó con la lectura de la acusación a los 44 imputados, número que lo convierte en el mayor proceso por delitos de lesa humanidad del interior del país, sólo superado por la causa ESMA. La nota de color la aportó el miércoles el ex agente civil de Inteligencia José “Chubi” López al mostrar una foto del ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, asesinado en 1973. “Usted es imputado. Guárdela porque lo saco con la autoridad”, le advirtió el juez Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal. El proceso pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de febrero.

Córdoba va por su quinto juicio oral por delitos de lesa humanidad. Si los primeros se enfocaron en unos pocos hechos puntuales, el actual se distingue por sus enormes dimensiones (declararán 983 testigos), por el debut en el banquillo de algunos iconos del terrorismo de Estado y también porque el condenado Luciano Menéndez afronta por primera vez un juicio por robo de bebés: el hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, ambos desaparecidos, nació en cautiverio y todavía no conoce su identidad.

Según Será Justicia, el diario de los organismos de derechos humanos cordobeses, en el juicio se acumulan 18 causas judiciales, que incluyen casos de secuestros, tormentos, violaciones, homicidios y robos de criaturas contra 415 víctimas. Los hechos ocurrieron entre 1975, cuando el terror estatal en Córdoba se enmascaraba detrás del “Comando Libertadores de América” y los secuestrados eran trasladados al Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial o al centro clandestino La Ribera, y 1978, cuando se cerró La Perla.

El juicio debió comenzar con 45 acusados. El 3 de diciembre, un día antes de la audiencia inicial, el capitán retirado Aldo Carlos Checchi, ex miembro de la patota de La Perla, se suicidó en el hospital porteño donde estaba internado. “Tan ‘valiente’ a la hora de secuestrar y torturar, tan cobarde a la hora de enfrentar la verdad”, el ex jefe de interrogadores de La Perla “decidió terminar con su vida para no enfrentar un tribunal y dar cuenta de los cientos de crímenes que cometió”, advirtieron entonces Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presos Políticos e H.I.J.O.S. Córdoba. Los organismos consideraron “inconcebible” que torturadores y asesinos estén “en condiciones que les permitan seguir atentando contra la vida, sea la propia o de los demás”, y tanto las querellas como el fiscal federal Carlos Gonella reclamaron que se revocaran arrestos domiciliarios y excarcelaciones. El tribunal que integran Díaz Gavier, Julián Falucci y José Quiroga Uriburu, sin embargo, rechazó el pedido. Actualmente son cuatro los imputados excarcelados (léase en libertad, la misma situación procesal de Checchi cuando se suicidó), en tanto otros quince gozan de arresto hogareño.

Si la presencia del ex general Luciano Menéndez no es novedad, en un proceso de justicia cada vez más consolidado, el debut en el banquillo de acusados del capitán Ernesto Guillermo Barreiro, símbolo de la insubordinación militar que hizo tambalear al gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, es todo un triunfo de la democracia. Antes del golpe de Estado, El Nabo Barreiro formó parte del “Comando Libertadores de América”, como se denominó la Triple A cordobesa. Después revistó en el Destacamento de Inteligencia 141, el principal órgano del Tercer Cuerpo de Ejército abocado a secuestrar y ejecutar militantes políticos en Córdoba. Líder del alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, beneficiado con la ley de obediencia debida que conquistó a punta de pistola, Barreiro fue dado de baja del Ejército pero ganó veinte años de impunidad. Se fue del país en 2004, cuando su detención era inminente, y recién en 2007 fue detenido y deportado desde los Estados Unidos.

Otro icono del terrorismo de Estado que recién este año comenzó a ser juzgado es el capitán Héctor Pedro Vergez, ex jefe de los centros La Ribera y La Perla, condenado el viernes a 23 años de prisión por su participación en los secuestros y tormentos de cuatro personas, incluido el ex jefe de inteligencia del PRT-ERP, Javier Coccoz. “Vargas”, su apellido de cobertura ante los secuestrados y del que se ufanaba en tiempos de impunidad, fue uno de los principales miembros del “Comando Libertadores de América” desde fines de 1974. Desde Córdoba fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires.

La mayor parte de los acusados en el megajuicio cordobés son ex miembros del Destacamento 141, en particular de la sección tercera o grupo de “operaciones especiales” (OP3). Según un detallado dossier elaborado por la oficina de prensa de la Cámara Federal de Córdoba, del que podría tomar nota el Centro de Información Judicial (CIJ), en el banquillo hay 19 miembros del Ejército, 18 policías, cuatro PCI (Personal Civil de Inteligencia de Ejército), otros dos civiles al servicio del D2, un gendarme del “Comando Libertadores de América” y un oficial de la Fuerza Aérea. 18 de los acusados fueron condenados en juicios anteriores. Poco más de la mitad tiene entre 60 y 70 años, 16 pasaron los 70 abriles y 5 tienen entre 50 y 60. Del universo de víctimas (dos de cada tres son hombres), el 45 por ciento está desaparecido (188), un 15 por ciento fue asesinado (62) en enfrentamientos fraguados, y el 40 por ciento (165) es sobreviviente. De la categorización por ocupaciones surge que el 44 por ciento eran estudiantes y un 29 por ciento eran sindicalistas.

Las audiencias de diciembre estuvieron dedicadas a la lectura de la acusación e incluyeron varias provocaciones de los acusados. El primer día se taparon la cara con libros para evitar ser retratados y reclamaron que el tribunal ordenara retirar flores y fotos de desaparecidos que llevaban sus familiares. Cuando el fiscal general Jorge Auat les recordó que “las flores son un símbolo de paz”, dos de los acusados intentaron interrumpirlo y el juez Díaz Gavier ordenó sacarlos de la sala. Vergez, que seguía la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, hizo una señal de “cuernos” frente a la cámara. Esta semana fue Chubi López, un PCI que ya fue condenado, quien sacó la foto de Rucci un día después de que la Cámara Federal porteña ordenara profundizar la investigación sobre su asesinato.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Comenzó el juicio por los delitos cometidos en el CCDyE La Perla

Los acusados no quisieron dar la cara

Algunos de los 45 represores que comenzaron a ser juzgados se escondieron detrás de libros. Otros exigieron a los gritos que el tribunal tomara algunas medidas. El juicio abarca los casos de 417 víctimas de La Perla.

 Por Alejandra Dandan

En el comienzo del juicio sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino de La Perla, en Córdoba, algunos de los 45 acusados recibieron a los fotógrafos tapándose las caras con libros colocados a modo de máscaras, cuyos títulos hablan del terrorismo de Estado en términos de “guerra”. Las máscaras no fueron todo, sino el preludio. Un grupo de acusados, como con el cuerpo desacostumbrado a estas nuevas reglas del juego, se levantó en medio de la sala a los gritos para exigir distinto tipo de medidas al Tribunal Oral Federal 1, sin la mediación de los abogados. “Esto no es una cancha de fútbol”, les dijo el presidente del TOF, Jaime Díaz Gavier, y ordenó que el grupo de policías abandone la sala.

Entre los títulos de los libros se leía La Tablada, El Vietnam argentino y El negocio de los derechos humanos, el mismo que la semana pasada algunos dicen haberle visto a Alfredo Astiz en el comienzo del juicio de ESMA III. Mientras los represores se acomodaban temprano y posaban para los fotógrafos en esos términos, la sala iba llenándose de familiares y sobrevivientes entre los que “florecían” claveles rojos, como indicó la crónica de HIJOS Córdoba en su sitio web. También llevaron imágenes con las caras de algunos de los desaparecidos, parte de las 417 víctimas del juicio. En ese contexto, el defensor oficial de uno de los acusados, el abogado Juan Carlos Belagardi tiró la primera piedra. Le dijo al TOF que a su defendido lo “ofendía” que los familiares de los “subversivos” sostuvieran los claveles y las fotos. El fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación de los Juicios sobre el terrorismo de Estado, tomó la palabra. “Ya hemos tenido que soportar actitudes provocativas de imputados en otros debates de lesa humanidad cuando (los acusados) portaron escarapelas enlutadas durante las audiencias.”

Luciano Benjamín Menéndez, por caso, asistió a los juicios anteriores con un crespón negro, que no se le vio en la imagen transmitida desde el penal de Ezeiza desde donde sigue la audiencia. La intervención de Auat desató una tormenta. El policía Luis Alberto Lucero se puso a gritar en medio de la sala algo así como que “acá nadie tiene escarapelas”. Otros policías se le sumaron.

El presidente del Tribunal Díaz Gavier dijo aquello de que el juicio no es una cancha de fútbol, llamó al orden en alguna otra ocasión y ordenó retirarlos. El grupo de militares, en tanto, siguió en la sala, pero Gavier volvió a intervenir poco más tarde cuando Pedro Héctor Vergez, sentado atrás de Menéndez, en Ezeiza, le hizo “cuernitos” a las cámaras.

Ese fue el clima del comienzo de este “megajuicio”, en el que se empezó a juzgar a 45 represores un día después del aún investigado suicidio de uno de ellos, Aldo Carlos Checchi. Entre los acusados están las figuras emblemáticas de la represión en Córdoba, entre ellos Menéndez y Vergez pero además Ernesto “El Nabo” Barreiro, ex director del centro clandestino de La Perla y emblemático en los levantamientos de la Semana Santa del ’87.

“Lo que está sucediendo es histórico”, dijo Agustín Di Toffino, del Consejo Federal de Derechos Humanos e hijo de Tomás Di Toffino, dirigente gremial de Luz y Fuerza, secuestrado en noviembre de 1976 y ejecutado tres meses más tarde. “Tengo mucha felicidad por un lado de ver a las Madres y Abuelas, que tanto hicieron y lucharon en condiciones desfavorables, llegar a este juicio. Y por otro, ver en una sala a quienes fueron los dueños y señores de Córdoba, creo que es un logro vital de la democracia que fortalece la perspectiva de lo que se está generando a nivel nacional.” Agustín señaló que alguna de las bravuconadas del día hubiesen despertado algo de miedo en otro momento, pero no en este nuevo contexto. “Barreiro en actitud temeraria tiene que ver con un reflejo del tiempo de la impunidad –dice–; Barreiro trabó relación con Amalita Fortabat, con la Iglesia Católica, es el personaje de la Semana Santa del ’87, pero esos gestos que en otros momentos hacían tambalear a una democracia hoy en este contexto son gestos ridículos.”

En la sala estuvo el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, que llamó a que “todos los que tengan información que se animen a denunciar”: “Es importante que se rompa el pacto del silencio, creo que estamos cerca de lograrlo y sería un paso importante para conocer el destino de los desaparecidos”. También estuvo Sonia Torres, responsable Abuelas de Mayo de Córdoba. En el juicio se examinará la sustracción de su nieto en la primera causa por apropiación en una provincia en la que se busca iluminar las redes burocráticas y religiosas.

La página de HIJOS siguió transmitiendo minuto a minuto durante todo el día. A las 17.45 escribieron: “Suena el celular de un imputado”.

martes, 4 de diciembre de 2012

Comenzó histórico juicio de "La Perla" por crímenes y torturas

"Las audiencias serán hasta el 20 de diciembre, el juicio es muy largo y no tiene sentido habilitar la feria", dijo Jaime Díaz Gavier, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 1.

Los imputados están acusados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas.
Juicio por La Perla (Télam)
El mayor juicio en Córdoba a represores de la última dictadura comenzó hoy con 45 acusados sentados en el banquillo, uno menos que en la lista original pues el mayor Aldo Carlos Cecchi se suicidó en la víspera del inicio del proceso.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, abrieron la audiencia oral y pública a media mañana con la lectura de los autos de elevación a juicio de cada uno de los 16 expedientes de las causas acumuladas.

Poco antes del inicio, Díaz Gavier consideró que esta megacausa "va a echar luz sobre una época muy dura de nuestro país" y en círculos judiciales se estima que varios de los acusados recibirán penas de prisión perpetua.

"Habrá que ver qué responsabilidad le cabe a cada uno de los imputados, pero lo que sí es cierto es que el proceso es histórico", recalcó el magistrado.

"Las audiencias serán hasta el 20 de diciembre, el juicio es muy largo y no tiene sentido habilitar la feria", agregó. Se estima que las audiencias se extenderán hasta fines de 2013, ya que se ventilarán 417 casos y están previstos los testimonios de 983 personas.

El fiscal Carlos Gonella tendrá a cargo la acusación y las audiencias se desarrollarán entre los martes y jueves en la sede del edificio de los Tribunales Federales de esta ciudad.

"Con esta causa vamos a tener una muestra representativa de lo que fue el horror sufrido durante la última dictadura cívico-militar en el mayor campo de concentración de Córdoba, La Perla, nuestro Auschwitz", dijo Gonella.

En las afueras de los tribunales se vieron manifestaciones artísticas por parte de grupos y organizaciones de derechos humanos.

Se trata además del primer proceso en Córdoba que va a juzgar el robo de bebés durante la dictadura. Uno de los casos emblemáticos será el de la sustracción del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba.

Entre los principales imputados figuran el extitular del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien lo seguirá por videoconferencia.

También están dentro de los acusados los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141 Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrichs, quienes tenían a cargo el centro clandestino de detención "La Perla", el segundo en importancia en el país.

Los imputados están acusados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas.

Para el fiscal Gonella "esta megacausa cubre un amplio espectro de hechos que arrancan a fines de 1975 y que se extendieron hasta 1978, en los que intervinieron elementos policiales y militares".

Antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en Córdoba actuó un escuadrón de la muerte autodenominado Comandos Libertadores de América (CLA), versión local de la Triple A, en el que se presume que Barreiro participó.

Barreiro tiene otra particularidad: fue uno de los detonantes del alzamiento "carapintada" de 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando los militares de estamentos intermedios se negaron a comparecer en juicios por delitos de lesa humanidad.

Las rebeliones de la oficialidad castrense derivaron en el dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que los mantuvo exculpados hasta que fueron derogadas, durante el Gobierno de Néstor Kirchner.

En la Semana Santa de 1987 Barreiro huyó de un cuartel del Ejército en las afueras de Córdoba y estuvo gran cantidad de años radicado en Estados Unidos, hasta que fue descubierto y enviado a la Argentina.

Este es el quinto juicio en Córdoba a represores de la dictadura: de los cuatro anteriores en tres de ellos Menéndez recibió condenas a prisión perpetua.

Martes 4 de diciembre: se inicia el juicio por 500 víctimas

La Perla: Por la demanda de 500 víctimas y con más de 700 testigos comienza el 4 de diciembre el juicio oral

Córdoba.- Más de 700 testigos aportarán sus declaraciones, a partir de hoy  martes, en el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco de la mega causa del ex centro clandestino de detención La Perla, cuyo principal imputado es el multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez. Según indicó a Télam el fiscal subrogante de la causa, Carlos Gonella, La Perla "es una de las causas más grandes del país y la más importante de Córdoba, con aproximadamente 500 víctimas y más de 700 testigos entre familiares, víctimas sobrevivientes y personal perteneciente a fuerzas de seguridad".

Durante el juicio, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba se sentarán en el banquillo de los acusados 45 represores, entre los cuales están Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, los últimos tres jefes de sección que tuvo el Destacamento de Inteligencia 141, cuya base operativa era el ccd La Perla. También se encuentran imputados Luís Alberto Manzanelli y Arnoldo José López (torturadores de La Perla); Carlos Alfredo Yanicelli y Yamil Jabour, ex miembros del Departamento de Informaciones de la policía de la provincia (D-2); y Hector Pedro Vergez, ex jefe de La Perla, entre otros.

Gonella destacó que la megacausa "cubre un amplio espectro de hechos que van desde fines de 1975, en los que intervinieron elementos policiales y militares integrantes de los Comandos Libertadores de América (CLA), versión local de la Triple A". El funcionario judicial precisó que en esta causa también figuran "los hechos cometidos durante los años 1976 y 1978 en el Departamento de Informaciones de la policía de la provincia (D-2), en La Perla y en el ex centro clandestino de detención La Ribera". "Los delitos que se imputan -agregó- son privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y homicidios calificados, entre otros".
   
Esta megacausa, cuyo juicio se estima durará alrededor de un año y medio, "es el resultado de la acumulación de 16 causas que se tramitaban por separado en la instrucción, hasta que se dispuso su integración siguiendo los lineamientos sugeridos por la Unidad Fiscal de DD.HH. de la Procuración General de la Nación y luego por la Cámara Nacional de Casación Penal", puntualizó el fiscal.

Gonella precisó: "Con esta causa vamos a tener una muestra representativa de lo que fue el horror sufrido durante la última dictadura cívico-militar en el mayor campo de concentración de Córdoba, La Perla", al que calificó como "nuestro Auschwitz".
   
El edificio donde funcionó el campo de concentración La Perla, ubicado sobre la Ruta Nacional 20 -que une las ciudades de Córdoba y Carlos Paz-, funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, a cuyo frente estaba el represor Menéndez.
   
La Perla fue el epicentro de la política de desaparición forzada de personas en la provincia y, según testimonios de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, por ese lugar pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. La Perla estaba operativamente conducida por la sección de Operaciones Especiales del Departamento de Inteligencia 141 "General Iribarren", con asiento en la ciudad de Córdoba.

El 24 de marzo de 1976 "La Perla" ya funcionaba como centro clandestino de detención, dejó de hacerlo a fines de 1978 y en marzo de 1979 el predio pasó a ser utilizado como guarnición militar de paracaidistas, destino que tuvo hasta el 23 de marzo de 2007. Posteriormente, el 24 de marzo de 2007, el ex presidente Nestor Kirchner encabezó el acto mediante el cual la Nación cedió el predio a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba para su funcionamiento como Sitio de Memoria.

En la actualidad, La Perla es un Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos: se abrió al público el 24 de marzo de 2009 y forma parte de la Red Federal de Sitios de Memoria. El proceso de enjuiciamiento que comenzará el martes estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, y las audiencias se llevarán a cabo de martes a jueves de cada semana.
   
Este juicio, conocido también como "Menéndez III", será el quinto  por delitos de lesa humanidad en Córdoba. La acusación estará a cargo del fiscal subrogante, Carlos Gonella, en tanto que las defensas serán ejercidas por los integrantes de la Unidad Móviles de Letrados de la Defensoría General Pública y por defensores particulares.

De los cuatro juicios realizados en Córdoba, en tres de ellos estuvo sentado en el banquillo de los acusados Menéndez: en los tres recibió sentencias condenatorias de prisión perpetua.

QUEDAN 45 IMPUTADOS, DADO QUE EL MAYOR RETIRADO CHECHI SE SUICIDO...

Al no estar en cárcel común, uno de los acusados en la causa La Perla, se suicidó de un disparo

Se mató Aldo Checchi. Suicidio para no ser juzgado

El mayor retirado era uno de los 46 imputados en la megacausa que comenzará hoy en Córdoba. El militar, de 67 años, se disparó en el hospital en el que se encontraba internado en Buenos Aires.

El mayor retirado de Artillería militar Aldo Carlos Checchi, uno de los 46 imputados del juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa denominada La Perla o Menéndez III, que comenzará hoy en los Tribunales Federales de Córdoba, se suicidó ayer en Buenos Aires. El militar de 67 años cumplía prisión a la espera de ser trasladado para someterse al proceso de enjuiciamiento, pero se disparó un balazo en el hospital donde estaba internado, según fuentes allegadas al caso. Checchi habría escrito una carta explicando que no soportaría afrontar el juicio, aunque oficialmente el dato no fue confirmado. Organismos defensores de derechos humanos de Córdoba reclamaron a la Justicia que tome medidas para evitar que imputados por crímenes del terrorismo de Estado puedan quitarse la vida y, de esa forma, evitar ser juzgados.

“Resulta inconcebible que quienes están acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos se encuentren en condiciones que les permitan seguir atentando contra la vida, sea la propia o la de los demás”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Ex Presos Políticos de Córdoba e HIJOS enfatizaron que “hemos demandado insistentemente a la Justicia Federal que, de una vez, aloje a los genocidas imputados donde corresponde: en cárceles comunes”. Y agregaron: “Nos preguntamos cómo es posible que un preso de la peligrosidad de Checchi, que se encontraba imputado por 103 delitos de lesa humanidad, tuviera acceso a los medios que le permitieran no sólo atentar contra su vida sino también impedir el normal desarrollo de un juicio por crímenes cometidos hace más de 36 años”.

Checchi se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 141 entre 1976 y 1979, “murió impune, sin poder ser condenado, conservando así su grado militar y su pensión con honores, como si nada hubiera sucedido durante los años en que actuó como miembro de la ‘Patota’ de La Perla”, resaltaron en el comunicado. Y recordaron que tal como sucedió con César Anadón en 2004 y con tantos otros, “Checchi decidió terminar con su vida para no enfrentar un tribunal y dar cuenta de los cientos de crímenes que cometió”, por lo cual “es imperioso que los juicios se realicen sin más demoras ni dilaciones, no permitamos que otro genocida muera antes de ser juzgado”.

El quinto juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez. Entre los acusados se encuentran, además, los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141, Ernesto Barreiro, Jorge Acosta y Luis Diedrichs, quienes tenían a cargo el ex centro clandestino La Perla, el segundo en importancia en el país.Se reanudó el juicio por la ESMA

El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó ayer con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención. La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada. En el suyo y en varios otros repasados ayer, la Justicia acusa a Febres de ser quien custodiaba a las embarazadas secuestradas y a los niños nacidos en cautiverio. Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas. Otro tramo de lectura de la acusación incluyó a secuestrados que fueron obligados a cumplir tareas como mano de obra esclava por sus captores y casos en que secuestrados eran obligados a salir con sus captores.

lunes, 3 de diciembre de 2012

El primer juicio por apropiación en Córdoba

El caso del nieto de Sonia Torres será la primera apropiación en llegar a juicio en la provincia de Córdoba. y tiene ya 15 imputados

La causa, conocida como Díaz, tiene a 15 imputados por el secuestro y los tormentos de Daniel Orozco y su mujer Silvina Parodi de Orozco, quien estaba embarazada de seis meses. A los acusados, miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Inteligencia (O.P.3) del Destacamento de Inteligencia 141, también les imputan la sustracción del niño, mientras que la sustitución de la identidad se sigue en otra causa.

“Para nosotros es importantísimo el inicio del juicio porque esta causa lleva muchísimo años en la justicia federal. Sonia, ni bien desaparecieron su hija y su yerno, presentó habeas corpus y buscó algún dato para ubicarlos, así supo que Silvina había dado a luz un niño y había sido ‘trasladada’ junto con el niño desde el Buen Pastor”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino María Teresa Sánchez, una de las abogadas que tendrá Abuelas de Córdoba en el juicio.

“La causa es de suma importancia por la cantidad de datos que se lograron recuperar de los pasos que siguieron los perpetradores y porque permite suponer que la justicia ha tenido un cambio muy importante respecto de investigar realmente este tipo de delitos y sancionar a quienes los cometieron. Además esto permitiría que otras causas ocurridas en Córdoba pudieran luego llegar a juicio”, analizó la abogada, quien consideró que en el proceso, con otras 15 causas sobre la represión en la provincia, se logrará ratificar que no fue un hecho aislado sino que sólo puede entenderse la apropiación en el contexto de la represión generalizada.

El secuestro de la pareja ocurrió el 26 de marzo de 1976 a las 18, cuando integrantes del OP3 ingresaron al domicilio de Daniel Orozco y de Silvina Parodi de Orozco, los golpearon, maniataron y los llevaron a La Perla. A los pocos días, Orozco fue trasladado y permanece desaparecido mientras que Silvina permaneció en el centro clandestino hasta el momento de dar a luz. Junto a su hijo fue llevada a la cárcel de mujeres Buen Pastor, donde pasaron juntos algunos días, y luego personal militar se llevó al niño.  Tanto la madre como su hijo permanecen desaparecidos.

El nacimiento del niño fue acreditado por varios testimonios. Uno de ellos fue el médico Fernando Agrelo, quien logra visitar a Silvina en el Buen Pastor y ver al niño. “El nieto de Sonia Torres era pequeñito, recién nacido, era un lactante materno por lo cual yo le llevé leche maternizada. Lo vi en la sala común  con presas comunes y con algunas monjitas que también estaban”, relató.

Una presa común relató también haber amamantado a un niño. “Una vez que termino de amamantar el bebé, la monja Figueroa me lo saca y se lo entrega a una gente que estaba en la receptoría del Penal, ellos decían que era la familia biológica pero me quedan serias dudas que eso sea cierto”, sostuvo Mirta Noemí Picco

Se inicia el juicio por La Perla y La Ribera

El martes, luego de varias postergaciones, el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba dará inicio al juicio oral más grande que se haya hecho en esa provincia, al acumular 16 causas por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de La Perla y La Ribera. En el juicio, conocido como Menéndez III, se investigarán casos paradigmáticos de la represión ilegal en esa provincia, como la apropiación del nieto de Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, y el asesinato de la familia de Mariano Pujadas, fusilado en la Masacre de Trelew.

En el banquillo habrá 46 imputados, entre ellos el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez, y dos personajes centrales del terrorismo de Estado en Córdoba, Héctor Pedro Vergez y Ernesto Barreiro, ex jefes de La Perla, quienes serán enjuiciados por primera vez en la provincia.
También habrá dos civiles entre los acusados: Francisco José Domingo Melfi y Jorge Omar Heredia, quienes no eran agentes orgánicos de la policía provincial pero prestaban funciones en el Departamento Informaciones Policiales (D2) en calidad de "contratados" e intervenían "especialmente en las prácticas ilegales que allí se realizaban", señala el requerimiento de elevación fiscal.
La magnitud del juicio, por delitos cometidos contra 420 personas, permitirá ver la dimensión real de la represión ilegal en Córdoba ya que incluirá crímenes cometidos antes del golpe de Estado, en relación con el grupo parapolicial y paramilitar Comando Libertadores de América, así como también hechos que involucran a la Policía provincial. Además, se juzgará el funcionamiento del centro clandestino de detención La Ribera, que dejó de funcionar el 24 de marzo de 1976, cuando se inauguró La Perla.
"Es el juicio más grande que se ha hecho en Córdoba, con 700 testigos. Es trascendental para la provincia, la segunda jurisdicción donde el terrorismo de Estado se desató con mayor violencia, y va a demandar mucho esfuerzo durante el año y medio que se extienda el debate", señaló a Tiempo Argentino Carlos Gonella, quien representará a la fiscalía en el juicio.
El joven fiscal destacó que se ventilarán hechos ocurridos desde marzo de 1975 hasta 1978 y opinó: "Cada juicio al terrorismo de Estado es fundamental desde el punto de vista histórico, pero en este caso lo más importante es la magnitud, que permitirá ver lo que fue la represión en todos sus componentes y contribuyentes, como la pata civil."

Una de las causas más voluminosas es la que investiga 82 casos que ocurrieron entre marzo de 1975 y marzo de 1976, y lleva el nombre de Ernesto Barreiro, quien integraba el Grupo Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército.
Barreiro fue uno de los líderes del Comando Libertadores de América, grupo parapolicial y paramilitar que comenzó a funcionar en agosto del '75 con integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 y el Departamento Informaciones (D2), y que contaba con el respaldo del Ejército a través del entonces capitán Vergez.

En el juicio, ese grupo será investigado por el asesinato de la familia Pujadas y de cinco estudiantes universitarios bolivianos que cursaban en Córdoba. También integran el expediente el asesinato de los dirigentes Montoneros Marcos Osatinsky y Horacio Miguel Pietragalla, padre del actual diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla.
Otra de las causas lleva el nombre de Vergez y la integran 21 casos de secuestro, torturas y desapariciones de personas que pasaron por La Ribera, base de operaciones del Comando Libertadores de América. Los 21 hechos ocurrieron entre el 6 y el 10 de enero de 1976, cuando la Triple A cordobesa realizó una ola de secuestros de militantes políticos, sindicales y estudiantiles, en su mayoría montoneros.

La extensa lista de víctimas la compone una gran cantidad de trabajadores y dirigentes sindicales de base de Córdoba, uno de los blancos centrales de la represión junto con estudiantes y militantes políticos. Uno de los más reconocidos es el caso del sindicalista Tomás Di Toffino, mano derecha de Agustín Tosco, quien fue trasladado a las instalaciones de La Perla y luego asesinado. «

viernes, 2 de noviembre de 2012

Arrasado por topadoras un ex centro clandestino

La municipalidad de Pilar demolió los últimos restos del Puesto Caminero de esa ciudad, que habían sido preservados como sitio de memoria. Ese lugar en la dictadura fue base de operaciones del temible Departamento de Informaciones de la policía cordobesa.

 Por Adriana Meyer

La comunidad de Pilar, provincia de Córdoba, había construido con un trabajo de hormiga su propia memoria del genocidio. Pero la semana pasada el municipio arrasó con topadoras los últimos restos del ex centro clandestino de detención y tortura que funcionó en el Puesto Caminero de esa localidad, a manos de la temible D2 (departamento de informaciones de la policía provincial) cordobesa. “Demolieron el último vestigio, lo teníamos señalizado con un mural que habían hecho los chicos del lugar junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, dijo a Página/12 Ludmila Da Silva Catela, directora del Archivo Provincial de la Memoria.

La funcionaria explicó que al lado del predio donde funcionó el CCD había una edificación presuntamente usurpada, y el viernes 19 fueron desalojados “en forma violenta, en presencia de miembros de la Comisión por la Memoria de Pilar y de varias maestras y otros vecinos”. “Fue una medida que el municipio ejecutó sin autorización, y en oposición a un proceso de memoria que se dio a nivel local, sólo porque quieren hacer ahí la entrada del pueblo”, apuntó Da Silva Catela. Y destacó que ahora el Archivo interpuso medidas judiciales para evitar que toquen los escombros. Los ocupantes estaban tramitando un usucapión para adquirir esa propiedad, pero sin notificación previa las topadoras demolieron la casa y “accidentalmente” le pasaron por encima al Memorial de los Desaparecidos de la Caminera, como denominan en Pilar al mural realizado sobre la pared del CCD. Los que acudieron en ese momento para defender el sitio histórico dicen haber sido amenazados por empleados municipales.

Emiliano Salgueiro, de la Comisión por la Memoria de Pilar, comentó a este diario que de lo que fue el Puesto Caminero sólo queda una plaza. Pero destacó que están trabajando sobre los cimientos con antropólogos y arquitectos para lograr una reconstrucción del lugar. “Lo que demolieron era una parte de esa casilla donde funcionó el puesto, y allí había un mural colectivo desmontable con unas 700 tablillas de madera pintadas por los chicos”, describió. A su criterio, el hecho es un escalón más en una serie de acciones que viene realizando Diego Bechis, el radical K que ocupa la intendencia. “Trajo la Gendarmería al pueblo e hizo prácticas militares en una fiesta patria, y ahora esto, pero no nos sorprende porque así como manda bondis a un acto kirchnerista, hace otro tanto con uno de De la Sota, y luego sus funcionarios conversan con el PRO”, afirmó Salgueiro.

El Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba repudiaron “el accionar de la gestión municipal y de los distintos agentes que llevaron adelante la demolición del único paredón que permanecía en pie del ex Centro Clandestino de Detención (CCD) ‘La escuelita de Pilar’ o ‘Puesto Caminero de Pilar’”.

Algunos vecinos de Pilar se reunieron el miércoles pasado en el Concejo Deliberante local para pedir informes. Y hoy harán una movilización desde la plaza central de Pilar hasta la Plazoleta de la Memoria, ya demolida, en la entrada del pueblo, sobre la Ruta 9.

martes, 30 de octubre de 2012

El juicio por La Perla empieza el 27 de noviembre y durará más de un año


Se juzgarán 500 hechos de desaparición, torturas y asesinatos en el principal centro de detención ilegal del interior del país. Entre ellos, la desaparición de la hija de Sonia Torres, Silvina, quien estaba embarazada y cuyo hijo busca Abuelas.

El megajuicio por “La Perla”, el mayor centro de detención ilegal y torturas del interior del país, comenzará el martes 27 de noviembre, según anunció ayer el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba (TOF1), a cargo de la causa, que también se conoce como Menéndez III. Será el juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar más importante que se haya realizado en Córdoba, comparable a la megacausa por la Esma (Escuela de Mecánicos de la Armada) que comenzará en Buenos Aires el 28 de noviembre.
En el caso de La Perla, el TOF1 que preside el juez Jaime Díaz Gavier e integran los camaristas Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, juzgará a toda la estructura represiva que condujo el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, el principal imputado. La Perla estaba operativamente conducida por la sección de Operaciones Especiales (OP3) del Departamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”. Por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 detenidos-de-
saparecidos. 
Según dijo Díaz Gavier a LA MAÑANA, el proceso llevará “más de un año”, ya que está previsto que presten testimonios casi 700 testigos, la mayoría de los cuales también son víctimas de la causa.
El titular del TOF1 comentó que la causa incluye más de 500 hechos de desaparición, tortura y asesinato de víctimas de la dictadura militar que pasaron entre 1975 y 1978 por el predio ubicado sobre la Ruta 20, entre Córdoba y Carlos Paz.  
Entre ellos, se inscribe la causa por la desaparición del Silvina Torres de Parodi, la hija de Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. Silvina, quien desapareció junto a su marido, estaba embarazada y su hijo es uno de los nietos robados que busca Abuelas. De esta manera, será el primer juicio por la desaparición de una mujer embarazada, y de su hijo presuntamente nacido en cautiverio que se realiza en Córdoba. 
El juicio surge de la acumulación de 16 causas por delitos de lesa humanidad, a las que podrían sumarse otras durante el mismo proceso, según señaló Díaz Gavier. 
Hasta el momento, son  450 las víctimas y 43 los imputados de la megacausa, muchos de los cuales ya están condenados por otras causas y en prisión. 
Éste será el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, y el cuarto a cargo del TOF1. La acusación estará a cargo del fiscal subrogante, Carlos Gonella, en tanto que las defensas serán ejercidas por los defensores oficiales, y por defensores particulares Claudio Orosz, María López y María Elba Martínez por la querella. 

Menéndez, por teleconferencia
Díaz Gavier deslizó que Menéndez podría visualizar el debate por teleconferencia desde el hospital penitenciario de Ezeiza, donde se encuentra internado actualmente y desde donde sigue el juicio por la desaparición de dos sacerdotes, en los Tribunales de La Rioja. El TOF1 quiere evitar que, por problemas de salud del anciano represor, la causa se interrumpa o se demore, como ha sucedido en otros procesos.
El debate se realizará en la Sala de Audiencias de Tribunales Federales. Esto implicará, dijo el presidente del Tribunal, una restricción en el ingreso del público a la sala de audiencias, dada la cantidad de imputados y defensores. “Una parte del público tendrá que seguir las instancias desde otra sala habilitada a tal fin”, señaló el juez. 

jueves, 30 de agosto de 2012

Investigarán a ex jueces por el robo de bebé en 1978

Intervinieron en el caso de una nena sustraída a una presa política del D2. También están en la mira funcionarios administrativos de la Maternidad y la ex Casa Cuna.
  
Abuela. El caso del nieto desconocido de Sonia Torres, titular local de Abuelas, era hasta ayer el único que se investigaba en Córdoba (La Voz /Archivo).

Funcionarios y empleados de dos juzgados provinciales, de la Maternidad y de la ex Casa Cuna serán investigados por la Justicia Federal de Córdoba por la sustracción de la bebé de una mujer que permaneció detenida por cuestiones políticas, en manos del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, durante la última dictadura militar.

Lo ordenó ayer la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba al revocar, por unanimidad, la resolución dictada en mayo último por el juez subrogante del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, quien había declarado la incompetencia del juzgado a su cargo y dispuesto la remisión de las actuaciones a la Justicia provincial.

La Cámara Federal hizo lugar a las apelaciones formuladas por la fiscal Graciela López de Filoñuk y por la parte querellante, y dispuso que el juez de Instrucción federal actuante continúe con la investigación. Esto, con el argumento de que la causa versa sobre delitos de lesa humanidad y, en efecto, es de competencia federal. Precisamente en ese fuero fue iniciado el caso por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.

En la misma resolución, la Sala B de la Cámara, integrada por Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, corrió vista al Ministerio Público para que se investigue la posible participación en el delito de “sustracción, retención y ocultamiento indebido de un menor de 10 años” de “empleados y funcionarios administrativos y judiciales del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba, del Juzgado Civil y Comercial de 25ª Nominación de Córdoba, de la Maternidad provincial y de la Casa Cuna”.

Contra la persona por nacer

Además, los camaristas resolvieron que deberá investigarse “la eventual comisión de delitos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los que habría resultado víctima la persona por nacer”.

Instruyeron al Juez de primera instancia para que imprima la mayor celeridad en el trámite de la causa y proceda de manera “inmediata” a la determinación de la filiación biológica de la denunciante del caso, María de las Mercedes Moreno y su supuesta hija, a través de un examen de ADN.

La investigación deberá acumularse con la que actualmente existe en el Juzgado Federal Nº3 sobre las torturas sufridas por la propia Moreno, quien fue detenida el 26 de septiembre de 1978 por el D2 y trasladada al centro clandestino que funcionó en calle Mariano Moreno 220.

Según se desprende del expediente, el 11 de octubre de 1978, Moreno fue trasladada a la Maternidad para dar a luz a una niña, que el 1° de diciembre de 1978 fue llevada a la Casa Cuna por orden del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba. Tras dar a luz, Moreno volvió al centro de detención del D2 y luego pasó al Buen Pastor, para recuperar la libertad el 6 de abril de 1979.

En libertad, Moreno fue a buscar a su hija a la Casa Cuna pero una monja se lo impidió, según la acusación. Luego, el matrimonio que tenía la guarda de la menor de edad la inscribió como hija biológica ante el Juzgado Civil y Comercial de 25° Nominación de Córdoba.

La segunda causa. Hasta ahora, en la Justicia Federal de Córdoba sólo estaba avanzada una sola causa por robo de bebés. Se trata de la referida al nieto o nieta de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo sede Córdoba, Sonia Torres.

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, encabeza un largo listado de 15 procesados por “sustracción de menores”, seguido de otros jefes militares del centro clandestino de detención de La Perla y miembros de la “patota”.

La causa fue elevada a juicio y podría acumularse con la denominada “Bruno Laborda”, que a su vez forma parte de “Menéndez III”, la megacausa que debería comenzar este año y que incorpora hechos ocurridos en La Perla.

Denunciados e imputados

En el expediente. Según se desprende del expediente, en el caso en cuestión ya están siendo objeto de investigación –algunos de ellos en carácter de imputados– Osvaldo Roger Agüero y Laura Dorila Caligaris (el matrimonio que habría anotado como hija biológica a la presunta hija de la denunciante Moreno), el médico Vicente Spitale y la administrativa Adela María González. También se menciona a quien intervino en el hecho como juez de Menores, Jorge Pueyrredón, al cual los denunciantes atribuyen irregularidades en el otorgamiento de la guarda con fines de adopción a los imputados Agüero y Caligaris. También se investiga por supuesta falsedad a dos testigos.

sábado, 21 de julio de 2012

Personajes y crímenes de la Triple A aún siguen impunes

En Córdoba, la organización criminal fundada por López Rega funcionó como Comando Libertadores de América. Un juicio pendiente y varios detenidos en Buenos Aires.

La detención en Buenos Aires semanas atrás de siete miembros de la ex Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), fundada en los comienzos de la violenta década de 1970 por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega, reactualizó personajes y expedientes judiciales vinculados con el accionar de aquella organización criminal paraestatal. De hecho, hay causas en laLa Triple A se extendió a Córdoba con el nombre de Comando Libertadores de América; y se espera un juicio por violaciones a los derechos humanos sucedidas antes del golpe de marzo de 1976, que tendrá entre sus acusados a Héctor Pedro Vergez, jefe de la Triple A local. Con el apodo de “Vargas”, como reconoció en su libro Yo fui Vargas , Vergez, ex jefe de La Perla, será juzgado por el Tribunal Federal Nº1, aunque aún no hay fecha para el juicio.


Como publicó este diario, “Vargas” y otros 17 imputados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez y el ex policía Carlos Yanicelli (ambos ya condenados a prisión perpetua), están acusados por el secuestro, tortura y desaparición de 21 presos del centro clandestino de detención Campo La Ribera, cometidos en enero de 1976, como parte del “plan sistemático” de “aniquilación” de la “subversión”, de acuerdo con lo que se señala en la causa. Antes de su llegada al Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren de Córdoba, en 1974, Vergez había sido jefe del estratégico Batallón de Inteligencia 601.
 
En su libro, mencionó que al arribar a Córdoba traía una carta al brigadier Raúl Lacabanne (interventor federal en la provincia) que le había entregado “la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo”. El remitente de esa carta –tal como se señala en la causa “Barreiro”, donde Vergez también está imputado– era el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Ese dato parece relevante para la Justicia ya que, según testimonios de ex detenidos en La Perla, Vergez se jactaba de ser el fundador y organizador del Comando Libertadores de América.

En ese comando siniestro operaban civiles y policías del Departamento de Informaciones (D-2), cuyo jefe era Raúl Telleldín, como denunció en un reportaje concedido a La Voz del Interior el ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Carlos “Charlie” Moore. “Vergez empezó a organizar el comando en el D-2”, diría luego Moore en el juicio del que resultaron condenados Menéndez y Jorge Rafael Videla.

Vergez cuenta que, tras su retiro del Ejército en 1978, asumió como vicepresidente ejecutivo de una financiera. Aunque no la menciona, se conoce en la Justicia que fue la famosa Condecor. Moore acusó a Vergez de haber utilizado esa empresa para “lavar dinero choreado de los robos” a los secuestrados durante los años de plomo, entre ellos hombres de negocios.

Famosos en Buenos Aires. Entre los detenidos semanas atrás como presuntos ex miembros de la Triple A –que ya fueron indagados por el juez federal Norberto Oyarbide– figura el ex periodista Jorge Conti, yerno de López Rega y también su secretario de prensa, además de presentador del noticiero del entonces Canal 11.

Además, fue apresados Julio Yessi, líder de la desaparecida ultraderechista Juventud Peronista de la República Argentina. Se dice que Yessi era la mano derecha de López Rega. También, por orden de “El Brujo”, como le decían a López Rega, Yessi fue designado jefe del Instituto Nacional de Acción Cooperativa. El diario Página 12 publicó una nota en enero de 2007 en donde dio cuenta de que el agente arrepentido Horacio Paino afirmó en la Justicia que el ex reportero Conti estaba a cargo de la prensa ministerial, que era el enlace entre los matones de la Triple A y López Rega y que a través de él se vehiculizaban los fondos para la compra de infraestructura operativa; es decir, las armas que venían desde Paraguay.

Los pertrechos, habría revelado Paino, se adquirían de manera ilegal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, saturada por la actividad de los traficantes. Se trataba de ametralladoras Sterling con silenciador, que pasaron a formar parte del arsenal que “Lopecito” hizo instalar en el subsuelo del Ministerio de Bienestar Social.

Conti, a su vez, había logrado notoriedad por su función televisiva y porque en un vuelo chárter desde Madrid a Buenos Aires logró la única entrevista con Perón. Se recuerda que Conti hasta llegó a tener su propio “club de admiradoras”

jueves, 28 de junio de 2012

Acusados cinco funcionarios judiciales por su rol durante la dictadura

Imputados como cómplices

Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta pidieron que los acusados sean llamados a prestar declaración indagatoria. “Ocultaron sistemáticamente la ejecución de hechos que configuran delitos de lesa humanidad”, señalaron.

 Por Victoria Ginzberg

“El terrorismo de Estado contó en Córdoba con la complicidad del Poder Judicial Federal, que se adecuó y consintió sin más el plan sistemático de represión y aniquilamiento.” Con esta frase y un extenso y detallado dictamen, los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta imputaron y pidieron que sean llamados a prestar declaración indagatoria cinco ex funcionarios judiciales de la provincia de Córdoba, a quienes consideraron cómplices de torturas, secuestros y asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado.

Los acusados son el ex juez federal Miguel Angel Puga, el entonces secretario penal Carlos Otero Alvarez (quien luego fue vocal del Tribunal Oral Federal de la provincia), los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro (ex camarista federal) y el ex procurador fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo.

Gonella y Trotta los responsabilizaron por dictar resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutar órdenes o resoluciones de esa clase o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía; por dejar de promover la persecución y represión de los delincuentes y por no denunciar delitos de los que tuvieron noticia en el ejercicio de sus funciones. Pero, además, los inculparon directamente de haber sido cómplices de tormentos, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, aborto (en un caso) y abuso sexual. “Los magistrados y funcionarios judiciales no sólo incumplieron sus deberes, sino que también ocultaron sistemáticamente –en una etapa posterior a su comisión– la ejecución de hechos típicos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Entendemos que este ocultamiento se hizo en base a una promesa de impunidad anterior, al menos tácita, ya que la falta de investigación de los autores de esos delitos que se cometían de acuerdo con un patrón modal reiterado y sostenido en el tiempo –sistemático– implicó la garantía de impunidad de los mismos ‘hacia el futuro’”, aseguraron los fiscales.

En concreto, la acusación refiere que los funcionarios judiciales no investigaron las torturas e incluso los asesinatos de presos políticos que estaban a su disposición en la ex cárcel penitenciaria de Córdoba (UP1) y en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Todas las víctimas de esta causa estaban “ingresadas al sistema judicial” ya que habían sido detenidas antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los fiscales relatan que de las pruebas recolectadas en el expediente surge que, en noviembre de 1975, el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, solicitó al Servicio Penitenciario Provincial una lista con todos los nombres y datos personales de las personas detenidas a disposición de la Justicia Federal. El represor creía que algunas de ellas podrían quedar en libertad por orden de los jueces y ordenaba a sus subordinados que lo impidieran. Luego, afirman Gonella y Trotta, “se cristalizó el tipo de relaciones entre el sistema judicial y el sistema militar, con los oficios en virtud de los cuales la autoridad militar solicitaba a la judicial la entrega de las víctimas que se encontraban bajo su disposición a fin de eliminarlas, emitiendo comunicados de prensa en base a los cuales se justificaban los homicidios, pretextando intentos de fuga o rescate sin que ningún juez, fiscal, defensor oficial u otro funcionario responsable hiciera absolutamente nada”.

Marta Juana González de Baronetto fue detenida en agosto de 1975. Otero Alvarez, que era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma, estuvo presente en la declaración indagatoria de la mujer. Allí, ella relató que había sido encapuchada y esposada, que había recibido golpes de puño en todo el cuerpo, que había sido asfixiada mediante vertido de agua, que había sido desvestida y manoseada mientras le pegaban y que le habían dicho que habían mutilado a su hija en el momento en que le hacían tocar algo que le decían que eran sus dedos. Ni el magistrado ni su secretario, Otero Alvarez, reaccionaron. La mujer fue asesinada en octubre de 1976. Cuando su esposo, Luis Baronetto, que también estaba preso, les pidió explicaciones, Otero Alvarez y el juez sólo atinaron a leer un parte militar que hablaba de la muerte de un grupo de “subversivos” luego de que vehículos civiles interceptaran una patrulla en la que eran trasladados del penal con destino desconocido y se produjera un “tiroteo”. Baronetto dijo que eso era mentira y Otero Alvarez respondió que no podía hacer nada. Molina, que era su defensor oficial, le aconsejó que dejara “las cosas como están” porque “si no el perjudicado va a ser usted”.

“Resulta indiscutible la conclusión de que si los acusados, ex magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba, hubiesen ejercido sus funciones de acuerdo con la ley, el terrorismo de Estado en Córdoba no hubiese dejado las gravísimas secuelas que dejó”, aseguraron Gonella y Trotta.

Los fiscales señalaron, además, que el de Córdoba no es un hecho aislado, sino “un patrón común de trabajo”: “Lo demuestran –afirmaron– la cantidad de procesos abiertos contra ex magistrados y funcionarios por su actuación en casi todas las jurisdicciones del país, conforme surge de los registros de la Procuración General de la Nación, en virtud de los cuales se ha informado a la opinión pública que hasta ahora hay más de cincuenta personas imputadas”.

lunes, 26 de marzo de 2012

El juicio del Comando Radioeléctrico y el accionar policial

Sangre azul

“Este juicio demuestra que toda la estructura de la Policía de Córdoba recibía órdenes de Luciano Benjamín Menéndez”, consideró el fiscal Carlos Gonella. Una de las pruebas principales se registra en una felicitación por el asesinato de tres integrantes de la JUP en 1976, incluida en el legajo de los acusados,  con carácter oficial.

Fue un típico operativo ventilador. Los secuestraron y masacraron a escasas horas para arrojarlos en cercanías al Chateau Carreras”, describe Carlos Gonella, fiscal federal que llevó a delante la acusación contra Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y Carlos Olivieri, ex policías juzgados por asesinar a tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista en 1976.

El juicio se realizó en el Tribunal Oral Nº 2 y se vio alterado por sucesivas amenazas a familiares de las víctimas. Es que el llamado “juicio del Comando Radioeléctrico” movió el amperímetro de los sectores reaccionarios que vieron cuestionada la imagen de la policía cordobesa. Efectivamente, el fiscal concluye que durante el proceso quedó “absolutamente probada la subordinación” de la fuerza de seguridad “a las directivas de Luciano Benjamín Menéndez en el aparato represivo”.

Los jueces tienen en sus manos material probatorio que incluye una felicitación en los legajos de los procesados de parte del jefe de la policía por fusilar a Ana María Villanueva, Carlos Delfino Oliva y Jorge Manuel Díez. Así de impune se constituyó la represión cordobesa, “un aparato de Estado terrorista, que actuaba con previsión de impunidad, con testigos amenazados, otros muertos, y órdenes de quemar pruebas, todos mecanismos para implantar el miedo”, avanza Gonella.

–¿Qué sumará este cuarto juicio al cúmulo de sentencias sobre el terrorismo de Estado en Córdoba?

–Además de brindar justicia a las familias de las víctimas, el dato relevante es que está comprobada por primera vez la participación de personal del Comando Radioeléctrico, en una operación típica de lo que fue un operativo “ventilador”. Es decir, personas que fueron secuestradas y las mataron, arrojándolas en la vía pública, con la excusa de un intento de fuga y posterior enfrentamiento.

–En los juicios anteriores la participación de integrantes del Comando era aislada.

–En el juicio de la UP1, donde se acumuló la causa Urquiza, ya teníamos identificado a un ex comando radioeléctrico como Fernando Rocha, adentro del D2, torturando a Urquiza y a su compañeros. De manera tal que allí tuvimos una muestra de que es lo que hacía esta gente que pertenecía a la repartición. Aquí se demostró el rol operativo que les cabía a brigadas del Comando Radioeléctrico, en el sentido de que ellos patrullaban, hacían controles en la calle, con información de inteligencia que recababan del departamento de informaciones, detectaban a los blancos, o enemigos como los llamaban. Este fue un caso paradigmático: secuestro en la vía pública y ejecución a escasas horas en un lugar acostumbrado para este tipo de operaciones como fue la zona del Chateau Carreras. Recordemos que en esa zona se mató a Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo y hubo otro hecho con cuatro víctimas de julio de 1976.

Una esquina, el territorio. El comando policial secuestró a los tres jóvenes militantes en la esquina de las avenidas Octavio Pinto y Caraffa, en barrio Bajo Palermo, a escasas cuadras del domicilio histórico de Menéndez.

Ángel Villanueva, hermano de Ana María, una de las víctimas, inició su propia investigación para recabar elementos que le permitieran llevar a juicio a los asesinos de su hermana. La joven, junto a sus dos compañeros, había quedado en juntarse para trasladar un mimeógrafo con que imprimían volantes de la JUP. El caso fue el de tantos de su generación comprometidos más allá de los riesgos.

–En la lógica represiva, el papel de la policía estaba relacionado con su cobertura territorial, donde el Comando Radioeléctrico tiene un papel clave en ese despliegue. ¿Este juicio reelabora el papel de los sectores internos de la policía bajo el control del Ejército?

–Por ser una fuerza que trabaja sobre el territorio, el papel policial es central. En esta causa, testigos como Graciela Geuna, Ricardo Escalep, como el diputado Félix Ernesto Martínez, dieron a conocer que el Comando Radioeléctrico era temido por los estudiantes, porque a través de los controles callejeros se detenía mucha gente que llevaban automáticamente al D2. El testimonio del comisario retirado Salgado en este juicio, acusado en la causa UP1, también estableció que había una nutrida concurrencia del personal del Comando al D2. En resumen, secuestraba gente en la vía pública y la llevaba al D2 para que los torturen. Esta participación es orgánica, con un patrón de actividades represivas. Las víctimas de esta causa fueron reconocidas en la calle porque ya habían estado en el D2. El Comando Radioeléctrico dependía de la unidad Regional Nº 1, de capital, por encima estaba la jefatura de policía. Desde 1976 hasta 1982 todos los jefes de policía fueron militares. Los tres acusados cuentan con una felicitación en su legajo por participar en el operativo, junto a otros tres que ya fallecieron. Fue un pedido del comisario a cargo del Comando al jefe de policía, en virtud a “los méritos puestos de manifiesto” en la masacre. El jefe de policía los felicitó y los premió con cinco días de licencia.

–¿Cómo era la relación entre la policía y el Ejército en la práctica?

–Está demostrado el papel de la Policía de Córdoba en la represión ilegal, durante el terrorismo de Estado. Y tenemos abultada prueba que acredita que hay seudonormas que establecían que las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias a nivel nacional dependían del Ejército en la denominada lucha contra la subversión. Estuvo dispuesto por el decreto del PEN 2272/75 y la directiva del Ejército Argentino 404/75, de Jorge R. Videla.

–¿Era la forma de darle un encuadramiento normativo a la represión?

–Hicieron una especie de reglamentación de la directiva 175, que es la del Consejo de Defensa de María Estela Martínez de Perón, donde le atribuyen al Ejército la responsabilidad primaria en la lucha contra “la subversión”. Recordemos que esto empezó en 1975, en Tucumán, y después se extendió a todo el país. A través de esta directiva se le da al Ejército la responsabilidad y la fuerza, elaborando los detalles de cada rol y ahí es donde se dispone que la policía quede bajo su control operacional. Así, dentro del orden jerárquico dentro de la carrera de mandos, la policía recibía órdenes de los titulares de los cuerpos de Ejército. En Córdoba era Luciano Benjamín Menéndez, toda la estructura de la Policía de Córdoba recibía sus órdenes. Está acreditado por las reuniones de la Comunidad Informativa, que era una instancia donde se reunían regularmente todos los jefes de inteligencia de las distintas áreas de fuerzas de seguridad de Córdoba, incluidas las de gobierno, para evaluar las políticas para la represión en la provincia.

–Esa relación era previa al golpe de estado de 1976.

–Sí, es importante establecer que la relación de la policía y el Ejército antes del golpe de Estado se produce a través del Comando Libertadores de América, donde las relaciones eran diferentes. Antes del 24 de marzo se manejaban en una cierta posición de igualdad, e incluso podría arriesgarse que la policía tenía un poco más de poder que el Ejército. Pero al derrocar al gobierno democrático, los militares pasaron a tener preeminencia. Ellos eran mucho más avezados en técnicas de guerra contrarrevolucionaria. Los testimonios de Geuna indican que en La Perla se lamentaron por la rápida muerte de las tres víctimas porque acusaban a la policía de matar sin obtener información previamente.

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El secuestro

Carmen Oliva, hermana de Carlos Oliva, testimonió en la sala de audiencias del TOF 2 que el 2 de junio de 1976, al mediodía, recibió la visita de Héctor Hunziker, quien militaba junto con las víctimas. Según explicó Oliva, Hunziker, muy “shockeado”, le contó que cuando que se encontraba con Jorge Diez, este vio pasar a un agente del D2 al que reconoció por haber estado detenido antes por averiguación de antecedentes.

Hunziker se dirigió a una parada de colectivo y los demás subieron rápidamente al Fiat 128 azul, propiedad de Diez. Desde ahí pudo observar que “dos patrulleros los interceptan. Intentan huir, pero a Jorge y Ana los agarran de los pelos y meten al auto”. Oliva dijo que su hermano se había agarrado a un poste y no lo podían sacar. “Se siente un tiro, ahí se desploma, lo arrastran al auto y se van”, contó la testigo.
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La memoria como prueba

Uno de los puntos más fuertes de la estrategia de la defensa de los imputados fue cuestionar la validez de los testimonios, a más de 30 años de ocurridos los hechos. Esto planteos llevaron a Gonella a fundamentar en su alegato sobre el papel de la memoria como herramienta probatoria en procesos de lesa humanidad. “Desde la perspectiva de las ciencias sociales –dice el fiscal–, Yosef Yarushalmi acuñó el término anamnesis (o razón anamnética) como imperativo ético de la memoria para recordar procesos industriales de extermino. Esto se aplica en situaciones como el nazismo o la represión argentina. Sucede que el concepto de memoria es complejo, donde interactúa lo individual con lo colectivo, que no es sólo la suma de memorias individuales. Es producto de tensiones de los sujetos consigo mismos y con el resto que los rodea acerca de eventos traumáticos vividos en el pasado. Hay un fuerte contenido simbólico en ese concepto. Por eso vemos cómo esas tensiones se transforman en un imperativo ético para las sociedades, al momento de buscar justicia sobre estos procesos criminales.

Gonella analizó el uso que los distintos gobiernos hicieron de la memoria, desde la vuelta de la democracia. “Alfonsín introdujo los juicios y el informe de la Conadep, junto con las leyes de impunidad, utilizando en definitiva la teoría de los dos demonios (que equilibra la el terrorismo de Estado con el accionar violento de la guerrilla, N. de R.); Menem instrumentó la política de no memoria, incluso reuniendo a las cúpulas militares y de Montoneros en una misa en la catedral de Luján, con el objetivo de olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Esto se coronó con los indultos”, reconstruye.

Y agrega: “A partir de aquí aparecen elementos que trastocan el análisis de los delitos de lesa humanidad, como la irrupción de HIJOS con los escraches, las confesiones de Scilingo ante el juez Baltasar Garzón, la gesta de las Madres y Abuelas de Plaza de mayo”.

Gonella entiende que en el 2003 se inicia otro proceso donde las demandas de justicia se plasmaron en una política de Estado. “Esto no quedó reservado al ámbito del Poder Ejecutivo sino que se trasladó a los otros dos poderes, porque la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió continuar causas detenidas y que se abrieran otras. A su vez, el Congreso dictó leyes para agilizar los juicios. El Ejecutivo instrumentó programas de memoria, verdad y justicia, creándose equipos de protección de testigos en el ámbito del Ministerio de Justicia. El Ministerio Público Fiscal creó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad, un equipo de trabajo ha sistematizado la información disponible y propone soluciones prácticas acerca de cómo llevar adelante estos juicios. Esto fue refrendado por una acordada de la Cámara de Casación Penal, recomendando a los jueces que apliquen metodologías que den respuesta razonable a las demandas de justicia”.
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Excusas

El acusado Pedro Nolasco Bustos basó parte de su defensa en argumentar que era víctima de una persecución por haberse casado con una funcionaria judicial. Se trata de la secretaria del Juzgado Federal Nº 1, Liliana Navarro. Según Bustos, Navarro aspira a ocupar mejores cargos en la Justicia Federal cordobesa y el juicio era una excusa para frustrar la carrera de la madre de su hijo, que también trabaja en tribunales.

Navarro viene siendo impugnada públicamente para concursar cargos por su relación con el genocida, entre otros por Luis Miguel Baronetto, ex preso político y dirigente de DD.HH. Si Bustos quería ayudar a Navarro, mejor se hubiese callado.