viernes, 26 de agosto de 2016

A la espera de las sentencias La Perla













Masiva movilización para escuchar la sentencia a los genocidas de La Perla

Perpetua para Menéndez y otros 27, condenas menores a 6, y 4 absoluciones

Levantado de ANRed. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez fue condenado a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal de la provincia de Córdoba lo responsabilizo por 282 desapariciones y 656 torturados en los centros clandestinos de la “La Perla-La Ribera”. En las puertas del juzgado mas de 20 mil personas escucharon la sentencia
Luciano Benjamín Menéndez fue General y comandante del III Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar, aunque sus funciones en ese cargo las inicio desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979.

En 1990 fue Indultado por el presidente Carlos Menem y en el 2004 la justicia declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, y fue procesado por delitos de lesa humanidad. Luego en el 2008 fue condenado a prisión perpetua, en carácter de coautor mediato, por el secuestro, tortura y desaparición de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1977 en La Perla. Entre sus víctimas se encuentra el asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli.

Los sentenciados del juicio a reclusión perpetua fueron:

Luciano Benjamín Menéndez.
Santiago Martella.
Héctor Chilo.
Jorge Gorleri.
Jorge González Navarro.
Luis Gustavo Diedrichs.
Héctor Pedro Vergez.
Ernesto Guillermo Barreiro.
Jorge Exequiel Acosta.
Carlos Enrique Villanueva.
José Hugo Herrera.
Oreste Valentín Padovan.
Juan Eusebio Vega.
Ricardo Alberto Lardone.
Emilio Morard.
Arnoldo José López.
Héctor Romero.
Eduardo Grandi.
Mirta Graciela Antón.
Yamil Jabour.
Carlos Yanicelli.
Juan Molina.
Calixto Flores.
Marcelo Luna.
Herminio Jesús Antón.
Alberto Luis Lucero.
Miguel Ángel Gómez.

Condenas menores:

Enrique Alfredo Maffei fue condenado a 21 años.
José Luis Yáñez, condenado a 20 años.
Alberto Luis Choux, condenado a 11 años.
José Andrés Tofalo, a 14 años.
Antonio Castro, a 8 años.
Wenceslao Claro y Miguel Angel Lemoine, a 5 años de prisión.
 
Absueltos:
Antonio Filiz; Broccos; Juan Carlos Cerutti; Vélez y Melfi.

miércoles, 18 de mayo de 2016

El megajuicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla-Campo de la Ribera

Los hijos de los militares en manos de los represores

Los alegatos mostraron cómo los crímenes organizados por Menéndez tuvieron como víctimas a familiares de militares. La fiscalía pidió prisión perpetua para el represor y otros 34 acusados. Los jueces podrían dictar sentencia en agosto.

Por Marta Platía - Desde Córdoba

La etapa de los alegatos en el megajuicio de La Perla refrescó la memoria de lo ocurrido y trajo a luz, día tras día, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Córdoba. Así, los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz expusieron las pruebas sumadas durante estos más de tres años de juicio y el paso de 581 testigos. En los últimos días pidieron prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 34 represores; en tanto que solicitaron penas que van desde los 3 a los 25 años de cárcel para otros diez reos que lo acompañan en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las 716 víctimas de esta megacausa. Se estima que los jueces podrían dictar sentencia en agosto de este año.

Convertido en el general con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina –ya once, más dos condenas a una veintena de años– ha quedado claro que el Cachorro Menéndez no soltaba su presa cuando la tenía entre dientes. Lo supieron y padecieron cientos de familias en las diez provincias argentinas del centro y norte del país que tuvo bajo su bota durante la última dictadura. De su tenaz cruzada “anticomunista” –que aún hoy, con 88 años, sigue reivindicando– también probaron algunos de sus colegas de armas que sufrieron la desaparición de sus propios hijos en el territorio que arrasó la Hiena Menéndez, como también se lo conoce.

El mismísimo Jorge Rafael Videla tuvo que admitir en más de una oportunidad que “no podía hacer nada” si el hijo o hija de un militar, o alguien de renombre por el que se reclamara, estaba en los campos de concentración de Menéndez: un general impiadoso que no se privó de llamarlo “blando”, y que hasta impulsó un golpe dentro del golpe contra el dictador y su por entonces segundo en el mando, Roberto Viola. Menéndez se sublevó el 28 de septiembre de 1979 en el norte cordobés pero, ante la superioridad de fuerzas de Videla, acabó rindiéndose y terminó preso por noventa días en la celda de un cuartel en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Antes de ese episodio, Videla había dejado al descubierto su falta de autoridad en el área 311 que lideraba a sangre y muerte el Cachorro, cuando de vástagos de militares se trataba. Uno de los casos más resonantes en Córdoba fue el de Carlos Alberto Escobar, el hijo de un coronel del Ejército que había sido amigo y compañero de armas de Videla. Carlos trabajaba en la Dirección de Educación de la Provincia y era delegado del Sindicato de Empleados Públicos, cuando fue secuestrado por una patota en su lugar de trabajo, en la Isla Crisol del Parque Sarmiento de la capital cordobesa. El muchacho militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y formaba parte de una lista que apoyaba las ideas que impulsaban Agustín Tosco desde Luz y Fuerza, y René Salamanca, desde Smata.

La mañana del 12 de abril de 1976, Carlos tenía el día libre pero fue a su lugar de trabajo a buscar una parte de su paga que se le adeudaba. Un compañero de oficina, Pablo González, contó que “Carlos llegó, entró y saludó a todos los que estábamos y se fue a tomar un café a la cocina. También escuchamos cuando pasó y saludó a la directora María del Carmen Cognini que estaba en su oficina. Minutos después vinieron a buscarlo y se lo llevaron”.

El testigo contó que él y una compañera de trabajo pudieron escuchar cómo la directora tomó el teléfono y dijo “sí, capitán, está acá”. El hombre la señaló también como quien “entregó” antes a una maestra, Julia Angélica Brocca, mamá de dos hijos, a quien desaparecieron. Pablo González aseguró en el juicio que “la Cognini nos vivía amenazando a todos. Con el dedo índice nos señalaba y nos decía: tengan mucho cuidado que yo a ustedes los estoy vigilando, sé qué hacen y tengo sus legajos”.

El hermano de Carlos Alberto, un abogado de 60 años, Enrique Alejandro Escobar, detalló ante los jueces lo que pudo averiguar sobre esa mañana: “Llegaron dos autos. Bajaron varias personas que preguntaron por el dueño de la Renoleta amarilla. Un hombre de maestranza cuando ve esto está por pegarle el grito a mi hermano para que corriera, pero lo hicieron callar. Le apuntaban con armas. Entraron a la cocina, preguntaron por Carlos Escobar y él dijo ‘soy yo’. Lo encapucharon, le ataron las manos a la espalda, se lo llevaron. Alcanzó a decir que le avisaran a su familia. Se llevaron también la Renoleta. Nos avisaron y esa misma tarde fui donde vivía mi hermano: el departamento tenía la puerta destrozada. A los pocos días apareció la Renoleta totalmente quemada. De él no supimos nada más”.

El padre del muchacho desaparecido era un coronel del Ejército ya retirado. Después de que Menéndez le negara tenerlo en el Tercer Cuerpo o en La Perla, viajó a Buenos Aires para hablar con Videla. Lo conocía desde los 13 años. “Eran muy amigos y habían hecho parte del liceo militar juntos. Mi padre lo respetaba y lo quería”, recordó Enrique Escobar.

–¿Y qué le dijo Videla a su padre? –preguntó el querellante Claudio Orosz.

–La situación de mi padre era particular. El estuvo de acuerdo con el golpe. Es más, fue funcionario de Transporte cuando estaba de gobernador Carlos Chasseing (quien asumió justo el mismo día del secuestro de Carlos Alberto). Como padre quiso proteger a su hijo, pero estuvo de acuerdo con esto de que había que eliminar, sacar de circulación a todos los comunistas, a todos los rojos... Esa obsesión que tenían todos los militares. Pero con respecto a las reuniones (con sus colegas militares) poco hablaba. Y menos conmigo que desde el principio traté de averiguar qué había pasado. Sé que tuvo reuniones con los compañeros de mi hermano. No me las contó. Me enteré después. Lo poco que pude sacar en limpio después de algunos años es el rencor absoluto que le quedó con Menéndez. Uno de los pocos militares que él evitaba saludar. Pero volviendo concretamente a su pregunta, de la reunión con Menéndez salió convencido de que ya no lo iba a encontrar. Y con Videla, supe mucho después que le dijo que si mi hermano estaba en territorio de Menéndez, él no podía hacer nada.

Enrique Escobar revivió en el juicio el dolor por el definitivo quiebre familiar que significó la desaparición de su hermano y la férrea ideología de un padre que avalaba la dictadura: “A un año del secuestro de Carlos murió mi madre. (El hombre se descompone, casi llora cuando se esfuerza por relatar.) Ella no pudo superar la tristeza que esto le provocó y que mi padre militar estuviera de acuerdo con esto. Mi mamá se apagó. Se dejó morir a pesar de que mi hermana se casó y se embarazó, de que iba a tener un nieto. Nunca pudo superar todo eso”.

El testigo también contó que “la llamaban por teléfono desde La Perla diciendo que mi padre estaba molestando mucho, que la terminara. Años después supimos que mi hermano Carlos estuvo ahí, Fermín de los Santos nos contó”. De los Santos fue uno de los sobrevivientes de ese campo de concentración sobre cuyo extenso testimonio se basó gran parte de la causa inicial de este juicio. Era médico y fue destinado a trabajo esclavo dentro de la sala de tortura: auscultaba los corazones de las víctimas picaneadas. Varios sobrevivientes recuerdan su voz diciéndoles a los verdugos “paren o se muere”. En su estrategia defensiva los torturadores lo señalan –como al resto de los sobrevivientes– como un colaborador.

Enrique Escobar vuelve a descomponerse cuando le cuenta al Tribunal lo que le dijo Fermín de los Santos en una entrevista. Su voz y las manos tiemblan casi sin control frente al micrófono: “Me dijo que mi hermano había sido muy torturado... Me preguntó si quería saber detalles y le dije que sí... Me dijo que lo habían atado a la cama, que su cuerpo era una sola llaga... Que lo habían cortajeado todo con hojitas de afeitar... Que hubo un particular ensañamiento con él porque no le habían podido sacar ni una sola palabra. Y que como mi padre era ‘un militar gordo y molestaba mucho’, se lo dieron a (Héctor Pedro) Vergez (alias “Vargas”) que se lo llevó y no lo volvieron a ver”.

Vergez y la fosa

A principios de los ‘90 la familia Escobar volvió a tener noticias de lo sucedido con Carlos Alberto: hubo una reunión de sectores peronistas en Carlos Paz. Hacia allí fueron los leales a Raúl Bercovich Rodríguez y los agrupados bajo la órbita de José Manuel de la Sota. El antiguo compañero de trabajo de Carlos, Pablo González, acudió por el delasotismo. Al regreso hubo un hombre que se ofreció a traerlo de regreso a Córdoba en su auto: era el torturador Vergez, quien se había reciclado como “financista” y hasta había escrito un libro, Yo fui Vargas, contando sus crímenes en las bandas del Comando Libertadores de América (CLA) antes del golpe y durante la dictadura.

–¿Y qué le dijo Vergez sobre Carlos Escobar? –le preguntó el juez Jaime Díaz Gavier al testigo González.

–Le pregunté si sabía qué había pasado con Carlos. Él me dijo que ya no lo buscaran más. Que él mismo lo había matado “porque el padre molestaba mucho” y que lo había tirado en una fosa común en La Perla. Que no lo iban a encontrar nunca más.

Según Enrique Escobar, “esta versión fue corroborada por la sobreviviente Liliana Callizo, quien le contó a Lidia Lescano, una compañera de mi hermano, que Vergez lo había matado. Fue en el tiempo en que a algunos de los prisioneros los llevaban de visita a sus casas y luego los volvían a llevar a La Perla. Eran esclavos para distintos trabajos, pero a veces los llevaban a sus casas y hasta se sentaban en la mesa con los familiares de los cautivos... Que cierta vez hubo una cena en la que también estuvo el (represor Ricardo) “Fogo” Lardone, quien dijo que mi hermano había sido particularmente valiente y que eso hizo que se ensañaran con él. Que en la fosa que lo tiraron también enterraron a René Salamanca”.

Hijos de militares

Alfredo López Ayllón y Pablo Rosales tenían sólo 18 años cuando los asesinaron. Ambos eran “peligrosos extremistas” para Menéndez y sus subordinados. A Alfredo lo fueron a buscar a su casa en Carlos Paz. Un vecino, Héctor Antonio Domínguez, vio cuando llegó la patota a llevárselo. “Mire, señor juez, por la pinta que tenían yo pensé que eran ladrones, así que esperé un poco con un vecino para que no nos vieran y avisarle a la policía. Apenas se fueron nos fuimos a la comisaría”, detalló. El hombre contó que vio cuando el pibe trató de escapar trepando por el alambrado que tenía la casa alrededor, y cuando lo bajaron “de las piernas” para meterlo en el baúl de un auto. “Se llevaban todo lo que podían de adentro de la casa. Robaron”, denunció.

Domínguez relató que cuando regresaron con la policía, “los autos de los tipos volvían a la casa. Deben haber estado esperando al padre. Les dijimos a los agentes que eran ellos. Los persiguieron y pararon los autos que se llevaban al chico y las cosas ahí, a media cuadra. Pero cuando los tipos se bajaron y se identificaron como del Ejército, los dejaron ir con todo... El pobre padre anduvo buscando al chico por la cárcel, por todos lados. Le hicieron gastar un montón de plata para decirle dónde estaba. Vendió un auto... pobre, nunca apareció”, memoró el testigo con la misma tristeza y enorme impotencia que no lo abandonó en todo el relato.

Los fiscales agregaron que la sobreviviente Mirta Iriondo declaró que vio al chico en La Perla. Que era hermano de Jorge López Ayllón, a quien ya habían matado unos meses antes. Alfredo López Ayllón fue “trasladado” –así nombraban al asesinato por fusilamiento– el día del terremoto de Caucete, el 23 de noviembre de 1977.

A Pablo Javier Rosales, en cambio, lo mataron en el mismo momento en que intentaron secuestrarlo. Fue el 26 de noviembre de 1976. Todavía estaba en la secundaria. Le faltaba rendir matemáticas para egresar. Tenía el examen al día siguiente. Pablo era de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue baleado cuando la patota intentó atraparlo. Según la fiscalía, “le dieron en la cadera. Hay testigos que aseguran que fue (el represor muerto el año pasado) Luis “Cogote de Violín” Manzanelli quien le disparó con una escopeta. El chico murió desangrado cuando lo trasladaban al Hospital Militar. Su madre, Beatriz Josefina Echevarría de Rosales, declaró que ese día Pablo salió de casa para devolver un libro, y le dijo a la hermana que volvería para estudiar matemáticas”. Según confirmó la fiscalía, “la madre dijo que Pablo nunca volvió. Que su esposo, que era militar de la Aeronáutica, fue a buscarlo y que al día siguiente, el 27 de noviembre, un comodoro amigo llegó a su casa y le dijo ‘quedate tranquila, a Pablo lo mataron’. Fíjense ustedes, señores jueces, lo que este hombre le dijo a la madre: ‘quedate tranquila tu hijo está muerto’”, se espantó el fiscal Vehils Ruiz en su alegato. Y siguió: “La madre contó que en su desesperación preguntó si lo habían torturado. Y que el comodoro le contestó: ‘No han tenido tiempo’. Ella dijo que en un comunicado en el diario pusieron que su hijo Pablo era de Montoneros, que era dirigente y que lo habían abatido en un tiroteo. La mamá dijo aquí, en el juicio: ‘Pablo era un chico. Tenía 18 años. Le faltaba rendir matemáticas. ¿Cómo iba a ser comandante de semejante cosa?’. En un intento por saber qué había pasado, Beatriz de Rosales fue a la esquina donde lo mataron. Allí un kiosquero le dijo que hubo un tiroteo ‘pero de un solo lado’. La mujer agregó que Pablo era ahijado de monseñor (Enrique) Angelelli, y que tal vez por eso... Señores jueces, la madre trataba de buscar una razón para semejante barbaridad: que le maten a un chico de 18 años de un escopetazo en la calle. También agregó que el comandante Costri, que era tío de (el represor Ernesto “Nabo”) Barreiro, le dijo que Barreiro se enojó ante esa muerte, no lo quería muerto, lo quería en sus manos. Y todos ya sabemos qué pasaba en esas manos”, deslizó el fiscal antes de concluir. “Señores jueces, tenemos prueba suficiente para saber que todo esto ocurrió. La muerte de Pablo Javier Rosales fue admitida por el Tercer Cuerpo de Ejército. Como ocurrió en tantos casos, en el diario La Voz del Interior apareció que ‘abatieron un extremista’. Lo que no decían era que el extremista tenía sólo 18 años”.

“La hija del aviador”

El caso de Silvina Parodi de Orozco, la hija de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, se encuadra también entre los hijos de militares que tuvieron “un trato especial”. Silvina tenía 20 años y un embarazo de seis meses y medio cuando la secuestraron el 26 de marzo de 1976. Era hija de Enrique Parodi, quien pertenecía a la Fuerza Aérea. Se la llevaron con su esposo Daniel Francisco Orozco. Se sabe que a él lo torturaron frente a ella en La Perla. Que la obligaron a ver el suplicio. También, a lo largo de este juicio, varios testigos contaron que la mantuvieron con vida hasta que nació el bebé. A su turno, Silvia Acosta declaró que la vio y hasta la escuchó parir en la Maternidad Provincial el 14 de junio de 1976. El pediatra Fernando Agrelo, que revisó a la mamá y a su bebé, aseguró que “la criatura tenía una muy buena salud y la mamá mucho estrés”. Que los vio juntos en la cárcel de mujeres del Buen Pastor; y poco después también atendió al bebé, ya solo, en la Casa Cuna.

Sonia Torres está convencida de que “la mantuvieron cautiva casi en secreto porque ella era una chica sana, hija de un militar y su bebé era un buen botín de guerra. Silvina era atlética, fuerte. Había sido campeona de natación y tanto Daniel como ella eran dos chicos inteligentes. Estudiaban Ciencias Económicas, eran sanos. Ese bebé debe haber ido a parar a alguna familia poderosa, tal vez de militares. Por eso es que no ha aparecido”, argumentó la titular de Abuelas-Córdoba ante Página/12.

El hecho de que Silvina nunca hubiese sido una presa “blanqueada, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, acrecienta las dudas de Sonia Torres. “Si hasta cuando la tuvieron en la UP1 de barrio San Martín, que era una cárcel del Estado, la mantuvieron clandestina, ahí abajo, en las celdas subterráneas. Las carceleras tenían su nombre. Lo gritaron un día en el pabellón 14 de las mujeres para entregar una ropita de bebé que yo había llevado... Pero las presas dijeron que Silvina nunca estuvo ahí con ellas. La tenían escondida, desaparecida entre los presos políticos.”

Enrique Parodi, el padre, la buscó hasta su propia muerte hace más de un lustro. El hombre amaba a esa hija: “Silvina y su papá eran muy unidos. Era sus ojos, su campeona de natación”, recordó Sonia.

Parodi padre nunca obtuvo ninguna respuesta de sus colegas. Las monjas del Buen Pastor y de la Casa Cuna –que aún guardan un silencio cómplice sobre lo sucedido con el bebé robado– nombraban a Silvina como “la hija del aviador”.

De eso dio fe la testigo Laura Marrone, quien en su declaración del 5 de agosto de 2015 afirmó que las monjas recluidas en un geriátrico en las sierras cordobesas la llamaron así cuando ella, para ayudar a la búsqueda de Sonia Torres, fue a pedirles que dijeran lo que sabían sobre Silvina y su hijo. Se sabe que aún están con vida al menos dos de las monjas que tenían poder y autoridad cuando el bebé fue entregado: Monserrat Tribo, de la Casa Cuna, y Angélica Olmos Garzón (tía de la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano), que estaba a cargo en el Buen Pastor. Tribo fue trasladada a España pocos días después de que el fiscal Facundo Trotta pidiera al Tribunal que se la llamase a comparecer, en noviembre de 2014.

Sonia Torres es una más de las Abuelas que espera que la apertura de los archivos del Vaticano anunciada por el Papa Francisco les aporte información en la búsqueda de sus nietos. Torres cumplirá 87 este año. Lleva 40 de búsqueda. Y, se sabe, el tiempo no se detiene.

lunes, 9 de mayo de 2016

El megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla - Campo de la Ribera

Los hijos de los militares en manos de los represores  

Los alegatos mostraron cómo los crímenes organizados por Menéndez tuvieron como víctimas a familiares de militares. La fiscalía pidió prisión perpetua para el represor y otros 34 acusados. Los jueces podrían dictar sentencia en agosto.

Por Marta Platía - Desde Córdoba

La etapa de los alegatos en el megajuicio de La Perla refrescó la memoria de lo ocurrido y trajo a luz, día tras día, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Córdoba. Así, los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz expusieron las pruebas sumadas durante estos más de tres años de juicio y el paso de 581 testigos. En los últimos días pidieron prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 34 represores; en tanto que solicitaron penas que van desde los 3 a los 25 años de cárcel para otros diez reos que lo acompañan en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las 716 víctimas de esta megacausa. Se estima que los jueces podrían dictar sentencia en agosto de este año.

Convertido en el general con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina –ya once, más dos condenas a una veintena de años– ha quedado claro que el Cachorro Menéndez no soltaba su presa cuando la tenía entre dientes. Lo supieron y padecieron cientos de familias en las diez provincias argentinas del centro y norte del país que tuvo bajo su bota durante la última dictadura. De su tenaz cruzada “anticomunista” –que aún hoy, con 88 años, sigue reivindicando– también probaron algunos de sus colegas de armas que sufrieron la desaparición de sus propios hijos en el territorio que arrasó la Hiena Menéndez, como también se lo conoce.

El mismísimo Jorge Rafael Videla tuvo que admitir en más de una oportunidad que “no podía hacer nada” si el hijo o hija de un militar, o alguien de renombre por el que se reclamara, estaba en los campos de concentración de Menéndez: un general impiadoso que no se privó de llamarlo “blando”, y que hasta impulsó un golpe dentro del golpe contra el dictador y su por entonces segundo en el mando, Roberto Viola. Menéndez se sublevó el 28 de septiembre de 1979 en el norte cordobés pero, ante la superioridad de fuerzas de Videla, acabó rindiéndose y terminó preso por noventa días en la celda de un cuartel en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Antes de ese episodio, Videla había dejado al descubierto su falta de autoridad en el área 311 que lideraba a sangre y muerte el Cachorro, cuando de vástagos de militares se trataba. Uno de los casos más resonantes en Córdoba fue el de Carlos Alberto Escobar, el hijo de un coronel del Ejército que había sido amigo y compañero de armas de Videla. Carlos trabajaba en la Dirección de Educación de la Provincia y era delegado del Sindicato de Empleados Públicos, cuando fue secuestrado por una patota en su lugar de trabajo, en la Isla Crisol del Parque Sarmiento de la capital cordobesa. El muchacho militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y formaba parte de una lista que apoyaba las ideas que impulsaban Agustín Tosco desde Luz y Fuerza, y René Salamanca, desde Smata.

La mañana del 12 de abril de 1976, Carlos tenía el día libre pero fue a su lugar de trabajo a buscar una parte de su paga que se le adeudaba. Un compañero de oficina, Pablo González, contó que “Carlos llegó, entró y saludó a todos los que estábamos y se fue a tomar un café a la cocina. También escuchamos cuando pasó y saludó a la directora María del Carmen Cognini que estaba en su oficina. Minutos después vinieron a buscarlo y se lo llevaron”.

El testigo contó que él y una compañera de trabajo pudieron escuchar cómo la directora tomó el teléfono y dijo “sí, capitán, está acá”. El hombre la señaló también como quien “entregó” antes a una maestra, Julia Angélica Brocca, mamá de dos hijos, a quien desaparecieron. Pablo González aseguró en el juicio que “la Cognini nos vivía amenazando a todos. Con el dedo índice nos señalaba y nos decía: tengan mucho cuidado que yo a ustedes los estoy vigilando, sé qué hacen y tengo sus legajos”.

El hermano de Carlos Alberto, un abogado de 60 años, Enrique Alejandro Escobar, detalló ante los jueces lo que pudo averiguar sobre esa mañana: “Llegaron dos autos. Bajaron varias personas que preguntaron por el dueño de la Renoleta amarilla. Un hombre de maestranza cuando ve esto está por pegarle el grito a mi hermano para que corriera, pero lo hicieron callar. Le apuntaban con armas. Entraron a la cocina, preguntaron por Carlos Escobar y él dijo ‘soy yo’. Lo encapucharon, le ataron las manos a la espalda, se lo llevaron. Alcanzó a decir que le avisaran a su familia. Se llevaron también la Renoleta. Nos avisaron y esa misma tarde fui donde vivía mi hermano: el departamento tenía la puerta destrozada. A los pocos días apareció la Renoleta totalmente quemada. De él no supimos nada más”.

El padre del muchacho desaparecido era un coronel del Ejército ya retirado. Después de que Menéndez le negara tenerlo en el Tercer Cuerpo o en La Perla, viajó a Buenos Aires para hablar con Videla. Lo conocía desde los 13 años. “Eran muy amigos y habían hecho parte del liceo militar juntos. Mi padre lo respetaba y lo quería”, recordó Enrique Escobar.

–¿Y qué le dijo Videla a su padre? –preguntó el querellante Claudio Orosz.

–La situación de mi padre era particular. El estuvo de acuerdo con el golpe. Es más, fue funcionario de Transporte cuando estaba de gobernador Carlos Chasseing (quien asumió justo el mismo día del secuestro de Carlos Alberto). Como padre quiso proteger a su hijo, pero estuvo de acuerdo con esto de que había que eliminar, sacar de circulación a todos los comunistas, a todos los rojos... Esa obsesión que tenían todos los militares. Pero con respecto a las reuniones (con sus colegas militares) poco hablaba. Y menos conmigo que desde el principio traté de averiguar qué había pasado. Sé que tuvo reuniones con los compañeros de mi hermano. No me las contó. Me enteré después. Lo poco que pude sacar en limpio después de algunos años es el rencor absoluto que le quedó con Menéndez. Uno de los pocos militares que él evitaba saludar. Pero volviendo concretamente a su pregunta, de la reunión con Menéndez salió convencido de que ya no lo iba a encontrar. Y con Videla, supe mucho después que le dijo que si mi hermano estaba en territorio de Menéndez, él no podía hacer nada.

Enrique Escobar revivió en el juicio el dolor por el definitivo quiebre familiar que significó la desaparición de su hermano y la férrea ideología de un padre que avalaba la dictadura: “A un año del secuestro de Carlos murió mi madre. (El hombre se descompone, casi llora cuando se esfuerza por relatar.) Ella no pudo superar la tristeza que esto le provocó y que mi padre militar estuviera de acuerdo con esto. Mi mamá se apagó. Se dejó morir a pesar de que mi hermana se casó y se embarazó, de que iba a tener un nieto. Nunca pudo superar todo eso”.

El testigo también contó que “la llamaban por teléfono desde La Perla diciendo que mi padre estaba molestando mucho, que la terminara. Años después supimos que mi hermano Carlos estuvo ahí, Fermín de los Santos nos contó”. De los Santos fue uno de los sobrevivientes de ese campo de concentración sobre cuyo extenso testimonio se basó gran parte de la causa inicial de este juicio. Era médico y fue destinado a trabajo esclavo dentro de la sala de tortura: auscultaba los corazones de las víctimas picaneadas. Varios sobrevivientes recuerdan su voz diciéndoles a los verdugos “paren o se muere”. En su estrategia defensiva los torturadores lo señalan –como al resto de los sobrevivientes– como un colaborador.

Enrique Escobar vuelve a descomponerse cuando le cuenta al Tribunal lo que le dijo Fermín de los Santos en una entrevista. Su voz y las manos tiemblan casi sin control frente al micrófono: “Me dijo que mi hermano había sido muy torturado... Me preguntó si quería saber detalles y le dije que sí... Me dijo que lo habían atado a la cama, que su cuerpo era una sola llaga... Que lo habían cortajeado todo con hojitas de afeitar... Que hubo un particular ensañamiento con él porque no le habían podido sacar ni una sola palabra. Y que como mi padre era ‘un militar gordo y molestaba mucho’, se lo dieron a (Héctor Pedro) Vergez (alias “Vargas”) que se lo llevó y no lo volvieron a ver”.

Vergez y la fosa

A principios de los ‘90 la familia Escobar volvió a tener noticias de lo sucedido con Carlos Alberto: hubo una reunión de sectores peronistas en Carlos Paz. Hacia allí fueron los leales a Raúl Bercovich Rodríguez y los agrupados bajo la órbita de José Manuel de la Sota. El antiguo compañero de trabajo de Carlos, Pablo González, acudió por el delasotismo. Al regreso hubo un hombre que se ofreció a traerlo de regreso a Córdoba en su auto: era el torturador Vergez, quien se había reciclado como “financista” y hasta había escrito un libro, Yo fui Vargas, contando sus crímenes en las bandas del Comando Libertadores de América (CLA) antes del golpe y durante la dictadura.

–¿Y qué le dijo Vergez sobre Carlos Escobar? –le preguntó el juez Jaime Díaz Gavier al testigo González.

–Le pregunté si sabía qué había pasado con Carlos. Él me dijo que ya no lo buscaran más. Que él mismo lo había matado “porque el padre molestaba mucho” y que lo había tirado en una fosa común en La Perla. Que no lo iban a encontrar nunca más.

Según Enrique Escobar, “esta versión fue corroborada por la sobreviviente Liliana Callizo, quien le contó a Lidia Lescano, una compañera de mi hermano, que Vergez lo había matado. Fue en el tiempo en que a algunos de los prisioneros los llevaban de visita a sus casas y luego los volvían a llevar a La Perla. Eran esclavos para distintos trabajos, pero a veces los llevaban a sus casas y hasta se sentaban en la mesa con los familiares de los cautivos... Que cierta vez hubo una cena en la que también estuvo el (represor Ricardo) “Fogo” Lardone, quien dijo que mi hermano había sido particularmente valiente y que eso hizo que se ensañaran con él. Que en la fosa que lo tiraron también enterraron a René Salamanca”.

Hijos de militares

Alfredo López Ayllón y Pablo Rosales tenían sólo 18 años cuando los asesinaron. Ambos eran “peligrosos extremistas” para Menéndez y sus subordinados. A Alfredo lo fueron a buscar a su casa en Carlos Paz. Un vecino, Héctor Antonio Domínguez, vio cuando llegó la patota a llevárselo. “Mire, señor juez, por la pinta que tenían yo pensé que eran ladrones, así que esperé un poco con un vecino para que no nos vieran y avisarle a la policía. Apenas se fueron nos fuimos a la comisaría”, detalló. El hombre contó que vio cuando el pibe trató de escapar trepando por el alambrado que tenía la casa alrededor, y cuando lo bajaron “de las piernas” para meterlo en el baúl de un auto. “Se llevaban todo lo que podían de adentro de la casa. Robaron”, denunció.

Domínguez relató que cuando regresaron con la policía, “los autos de los tipos volvían a la casa. Deben haber estado esperando al padre. Les dijimos a los agentes que eran ellos. Los persiguieron y pararon los autos que se llevaban al chico y las cosas ahí, a media cuadra. Pero cuando los tipos se bajaron y se identificaron como del Ejército, los dejaron ir con todo... El pobre padre anduvo buscando al chico por la cárcel, por todos lados. Le hicieron gastar un montón de plata para decirle dónde estaba. Vendió un auto... pobre, nunca apareció”, memoró el testigo con la misma tristeza y enorme impotencia que no lo abandonó en todo el relato.

Los fiscales agregaron que la sobreviviente Mirta Iriondo declaró que vio al chico en La Perla. Que era hermano de Jorge López Ayllón, a quien ya habían matado unos meses antes. Alfredo López Ayllón fue “trasladado” –así nombraban al asesinato por fusilamiento– el día del terremoto de Caucete, el 23 de noviembre de 1977.

A Pablo Javier Rosales, en cambio, lo mataron en el mismo momento en que intentaron secuestrarlo. Fue el 26 de noviembre de 1976. Todavía estaba en la secundaria. Le faltaba rendir matemáticas para egresar. Tenía el examen al día siguiente. Pablo era de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue baleado cuando la patota intentó atraparlo. Según la fiscalía, “le dieron en la cadera. Hay testigos que aseguran que fue (el represor muerto el año pasado) Luis “Cogote de Violín” Manzanelli quien le disparó con una escopeta. El chico murió desangrado cuando lo trasladaban al Hospital Militar. Su madre, Beatriz Josefina Echevarría de Rosales, declaró que ese día Pablo salió de casa para devolver un libro, y le dijo a la hermana que volvería para estudiar matemáticas”. Según confirmó la fiscalía, “la madre dijo que Pablo nunca volvió. Que su esposo, que era militar de la Aeronáutica, fue a buscarlo y que al día siguiente, el 27 de noviembre, un comodoro amigo llegó a su casa y le dijo ‘quedate tranquila, a Pablo lo mataron’. Fíjense ustedes, señores jueces, lo que este hombre le dijo a la madre: ‘quedate tranquila tu hijo está muerto’”, se espantó el fiscal Vehils Ruiz en su alegato. Y siguió: “La madre contó que en su desesperación preguntó si lo habían torturado. Y que el comodoro le contestó: ‘No han tenido tiempo’. Ella dijo que en un comunicado en el diario pusieron que su hijo Pablo era de Montoneros, que era dirigente y que lo habían abatido en un tiroteo. La mamá dijo aquí, en el juicio: ‘Pablo era un chico. Tenía 18 años. Le faltaba rendir matemáticas. ¿Cómo iba a ser comandante de semejante cosa?’. En un intento por saber qué había pasado, Beatriz de Rosales fue a la esquina donde lo mataron. Allí un kiosquero le dijo que hubo un tiroteo ‘pero de un solo lado’. La mujer agregó que Pablo era ahijado de monseñor (Enrique) Angelelli, y que tal vez por eso... Señores jueces, la madre trataba de buscar una razón para semejante barbaridad: que le maten a un chico de 18 años de un escopetazo en la calle. También agregó que el comandante Costri, que era tío de (el represor Ernesto “Nabo”) Barreiro, le dijo que Barreiro se enojó ante esa muerte, no lo quería muerto, lo quería en sus manos. Y todos ya sabemos qué pasaba en esas manos”, deslizó el fiscal antes de concluir. “Señores jueces, tenemos prueba suficiente para saber que todo esto ocurrió. La muerte de Pablo Javier Rosales fue admitida por el Tercer Cuerpo de Ejército. Como ocurrió en tantos casos, en el diario La Voz del Interior apareció que ‘abatieron un extremista’. Lo que no decían era que el extremista tenía sólo 18 años”.

“La hija del aviador”

El caso de Silvina Parodi de Orozco, la hija de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, se encuadra también entre los hijos de militares que tuvieron “un trato especial”. Silvina tenía 20 años y un embarazo de seis meses y medio cuando la secuestraron el 26 de marzo de 1976. Era hija de Enrique Parodi, quien pertenecía a la Fuerza Aérea. Se la llevaron con su esposo Daniel Francisco Orozco. Se sabe que a él lo torturaron frente a ella en La Perla. Que la obligaron a ver el suplicio. También, a lo largo de este juicio, varios testigos contaron que la mantuvieron con vida hasta que nació el bebé. A su turno, Silvia Acosta declaró que la vio y hasta la escuchó parir en la Maternidad Provincial el 14 de junio de 1976. El pediatra Fernando Agrelo, que revisó a la mamá y a su bebé, aseguró que “la criatura tenía una muy buena salud y la mamá mucho estrés”. Que los vio juntos en la cárcel de mujeres del Buen Pastor; y poco después también atendió al bebé, ya solo, en la Casa Cuna.

Sonia Torres está convencida de que “la mantuvieron cautiva casi en secreto porque ella era una chica sana, hija de un militar y su bebé era un buen botín de guerra. Silvina era atlética, fuerte. Había sido campeona de natación y tanto Daniel como ella eran dos chicos inteligentes. Estudiaban Ciencias Económicas, eran sanos. Ese bebé debe haber ido a parar a alguna familia poderosa, tal vez de militares. Por eso es que no ha aparecido”, argumentó la titular de Abuelas-Córdoba ante Página/12.

El hecho de que Silvina nunca hubiese sido una presa “blanqueada, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, acrecienta las dudas de Sonia Torres. “Si hasta cuando la tuvieron en la UP1 de barrio San Martín, que era una cárcel del Estado, la mantuvieron clandestina, ahí abajo, en las celdas subterráneas. Las carceleras tenían su nombre. Lo gritaron un día en el pabellón 14 de las mujeres para entregar una ropita de bebé que yo había llevado... Pero las presas dijeron que Silvina nunca estuvo ahí con ellas. La tenían escondida, desaparecida entre los presos políticos.”

Enrique Parodi, el padre, la buscó hasta su propia muerte hace más de un lustro. El hombre amaba a esa hija: “Silvina y su papá eran muy unidos. Era sus ojos, su campeona de natación”, recordó Sonia.

Parodi padre nunca obtuvo ninguna respuesta de sus colegas. Las monjas del Buen Pastor y de la Casa Cuna –que aún guardan un silencio cómplice sobre lo sucedido con el bebé robado– nombraban a Silvina como “la hija del aviador”.

De eso dio fe la testigo Laura Marrone, quien en su declaración del 5 de agosto de 2015 afirmó que las monjas recluidas en un geriátrico en las sierras cordobesas la llamaron así cuando ella, para ayudar a la búsqueda de Sonia Torres, fue a pedirles que dijeran lo que sabían sobre Silvina y su hijo. Se sabe que aún están con vida al menos dos de las monjas que tenían poder y autoridad cuando el bebé fue entregado: Monserrat Tribo, de la Casa Cuna, y Angélica Olmos Garzón (tía de la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano), que estaba a cargo en el Buen Pastor. Tribo fue trasladada a España pocos días después de que el fiscal Facundo Trotta pidiera al Tribunal que se la llamase a comparecer, en noviembre de 2014.

Sonia Torres es una más de las Abuelas que espera que la apertura de los archivos del Vaticano anunciada por el Papa Francisco les aporte información en la búsqueda de sus nietos. Torres cumplirá 87 este año. Lleva 40 de búsqueda. Y, se sabe, el tiempo no se detiene.

lunes, 7 de diciembre de 2015

El represor que sumó 16 nuevos pedidos de prisión perpetua

Los alegatos en el juicio por los crímenes cometidos en La Perla y en el campo de La Ribera

Luciano Benjamín Menéndez ya cuenta con diez condenas a perpetua y ahora enfrenta las solicitudes de penas presentadas por las querellas del juicio que se desarrolla en Córdoba. El proceso judicial lleva tres años y concluiría a mediados de 2016.

  Por Marta Platía - Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez se supera a sí mismo. A sus diez condenas por cadena perpetua y otras dos más por una veintena de años cada una, el represor de 88 años ha sumado en las últimas semanas dieciséis nuevos pedidos de prisión perpetua en la etapa de los alegatos que se vienen sucediendo en el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. Cuando este juicio llegue a su fin (“tal vez en julio del año que viene”, según le anticipó a este diario el fiscal Facundo Trotta), el multicondenado ex general habrá sumado por alegato más de 350 pedidos de prisión perpetua por cada una de las víctimas desaparecidas por las que se lo está juzgando en este proceso, que será el más largo de la historia jurídica argentina. Cuando se esperaba que los dolores que provocaron los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas al fin hubiesen pasado, y que los abogados enfriasen el ambiente con sus alegatos, los asistentes a este megajuicio tienen en claro que no es así: desde se comenzó a alegar se ha desatado un lacerante vendaval de historias que –todas agrupadas y ahora que ya se escucharon 581 testigos– se padecen como si se tratara de un atroz caleidoscopio del mal. El querellante Horacio Viqueira fue quien dio el puntapié inicial. Junto a su colega Aukha Barbero, representaron a Vicente Fernández Quintana: un escribano asesinado a sus 68 años, cuando el hombre buscaba a sus dos hijos secuestrados. Una patota comandada por Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”, y Ernesto “el Nabo” Barreiro lo secuestró el 15 de mayo de 1976 de su casa en Río Tercero y lo llevó hasta La Perla, donde lo torturaron a picana y palo hasta matarlo. La sobreviviente Liliana Callizo atestiguó que el represor especialista en torturar “a dos picanas”, Luis Manzanelli (quien murió de pulmonía hace pocos días) le dijo: “Fue muy duro. Vos sabés, Flaca, un padre nunca entrega a sus hijos”. Callizo dio cuenta de la terrible agonía de Fernández Quintana. Lo torturaron con una combinación que resultaba letal: palo más picana eléctrica. Los riñones dejaron de funcionar. La muerte llegaba entre dolores lacerantes, el cuerpo hinchado, afiebrado. “Nosotros lo recordamos con respeto, con cariño. El se mantuvo solidario con sus compañeros y fue digno hasta el final”, dijo la mujer en su testimonio. Barreiro, Vergez y compañía, no sólo perpetraron su muerte: también le quemaron la casa, su estudio y hasta una quinta que tenía en las sierras.

Viqueira hizo un alegato detallado, en el cual repasó los comienzos del Comando Libertadores de América en Córdoba, el CLA: una especie de Triple A local integrada por sicarios de la policía que operaban en el D2 y el Ejército. El CLA respondía a Menéndez, Vergez y Barreiro, y se dedicó a asesinar y desaparecer aún antes del 24 de marzo de 1976. Llegado su momento de alegato, la querellante por Abuelas de Plaza de Mayo Marité Sánchez les apuntó a esos crímenes de lesa humanidad previos al golpe. Sánchez defendió la primera causa por robo de bebés que ha llegado a juicio en Córdoba: la del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas-Córdoba, cuya hija Silvina Parodi, de 20 años, estaba embarazada de seis meses y medio cuando la secuestraron junto a su esposo Daniel Francisco Orozco, el 26 de marzo de 1976. Además, se llevaron a los otros hijos de Sonia Torres: Luis y Giselle, al padre de la familia, a la novia de Luis y a dos amigos que estaban en la casa. Tenían el teléfono intervenido. La propia Sonia fue pateada hasta en el momento en que la liberaron: “De un puntapié volé y caí de rodillas en los adoquines que hay entre la D2 y la Catedral”, recordó ante Página/12.

La abogada afirmó que “Silvina Mónica Parodi era una perseguida política y lo fue mucho antes de que la privaran de su libertad y su vida”. Sánchez detalló todo el peregrinar de Silvina, ya secuestrada, por celdas clandestinas. Las torturas a ella y a su marido en La Perla, el nacimiento del bebé del cual hubo un testimonio fundamental, ya que una mujer, Silvia Acosta, no sólo la vio en la maternidad el día del nacimiento, el 14 de junio de 1976, sino que relató las circunstancias en que ocurrió. “Ella (Silvina) tenía la pancita torturada, quemada por la picana y cigarrillos.” La testigo contó que la escuchó gritar y gemir “que no quería que el bebé naciera porque se lo iban a robar”. La abogada Marité Sánchez hizo hincapié en el silencio de las monjas del Buen Pastor y las declaraciones de la testigo Laura Marrone, quien contó ante el Tribunal que en 2009 fue a ver a un geriátrico en las sierras cordobesas a las monjas, donde ella misma estuvo cautiva. Que les preguntó por el bebé de Silvina, y que una de ellas deslizó que “hay un muchacho en Río Cuarto”. Aunque luego cerraron filas y se negaron a hablar hasta hoy.

Sánchez pidió al Tribunal la pena de prisión perpetua para Menéndez y su patota. Se apoyó, como en casi todos los casos, en la teoría del “dominio del hecho” del alemán Claus Roxin, que se aplicó en el proceso contra el criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. Esto es: un autor mediato que, si bien no apretó el gatillo, sí dio las órdenes y facilitó los medios para la comisión de los crímenes y, por lo tanto, es mayor su responsabilidad.

Sobre el robo del bebé, la abogada recalcó: “Se trata de un desaparecido vivo. El delito se está cometiendo en este mismo momento, puesto que no ha cesado hasta ahora. Además se le ha sustraído su identidad y su familia”. Sánchez encuadró los delitos cometidos en la figura de genocidio, ya que se quiso exterminar a una toda una generación. Antes de terminar, en la sala repleta, y por primera vez en décadas, se vio llorar a Sonia Torres, la Abuela de 87 años. Fue algo que nadie esperaba y para muchos resultó casi insoportable. Sonia es conocida por su fuerza, por su frase “llorar no sirve para nada”. Pero a la tensión que sumó entre los pedidos de condena –esa especie de meta a la que arribó luego de casi cuarenta años de lucha–, hubo de sumarle ver el rostro resplandeciente de su hija sonriéndole en blanco y negro desde la pantalla gigante donde los querellantes proyectan imágenes y documentos de la época. Demasiado para cualquier corazón.

En el final, y en un esfuerzo que conmovió por su entereza, Marité Sánchez –quien también fue prisionera de la dictadura y parió a una de sus hijas esposada de una mano y un pie a una cama– concluyó: “Dedicamos este alegato a los hijos de las embarazadas que dieron a luz en la oscura dictadura militar, para que puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia historia”. Nada menos que el hilo conductor que guía a las Abuelas de Plaza de Mayo en los últimos tiempos: que sean ahora los nietos –hombres y mujeres de treinta y pico, cuarenta años– quienes las busquen a ellas.

“Ladrón y decapitador”

Desencajado cuando lo acusan de ladrón, a Menéndez en cambio no se le mueve un músculo de la cara cuando le atribuyen uno de los crímenes más bárbaros y revulsivos que haya cometido la dictadura argentina: la decapitación y exhibición de la cabeza de una de sus miles de víctimas, el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 60 años y padre de doce hijos.

El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1, Jaime Díaz Gavier, tuvo que amenazar a Menéndez –alias “Cachorro” o “la Hiena”– con sacarlo con la policía, cuando el ex jefe del Tercer Cuerpo protestaba furioso desde su butaca y llamaba mentiroso al querellante que alegó por la causa Mackentor, el “Papel Prensa” cordobés. El abogado Juan Carlos Vega se vio varias veces interrumpido por el represor, que no pudo controlarse cuando en el alegato se lo acusó de ladrón y se dejó probado que él mandó a matar, secuestrar y torturar a los accionistas y empleados de ésa fábrica, atribuyéndoles “sostener económicamente a la subversión”, para intervenirla y beneficiar a otros grupos económicos. La empresa de la familia de Natalio Kejner, quien murió en México hace pocos meses, fue saqueada y quedó desmantelada. Sus negocios pasaron a manos de otras (en este caso Supercemento) beneficiarias de los militares en el poder. Tal como ocurrió en Buenos Aires con la familia de David Graiver y Papel Prensa.

En cambio, Menéndez ni se inmutó cuando se lo acusó de la decapitación y exhibición de la cabeza de Vaca Narvaja. Tanto él como su cómplice, el ex coronel Raúl Fierro, continuaron su siesta paquidérmica mientras la querellante Patricia Chalup alegó y lo señaló como el responsable de esa barbarie. El relato de la historia de Vaca Narvaja provocó zozobra: una pulsión intensa aterró el semblante de los presentes en la sala y aún los de los jueces. Un hombre fue arrancado de su sueño a las dos de la mañana del 10 de marzo. Una patota casi derribó a golpes su puerta. Un adolescente de 16 años, el menor de una docena de hijos e hijas, estudiaba en su cuarto. Los vándalos entraron de civil, con armas largas, humillaron al hombre y a su esposa, Susana Yofre. El hombre alcanzó a decirle al hijo que cuide a la madre. Se lo llevaron en un baúl. No fue fácil meterlo, medía más de un metro ochenta. El hijo mayor, que llevaba el mismo nombre del padre, ya estaba preso y a disposición del PEN desde noviembre. Lo fusilaron simulando una falsa fuga en agosto de ese año. Pocos días después del secuestro, la familia debió huir para salvar la vida. Veintiséis en total: trece niños y trece adultos. México fue el destino. Años después del exilio, se pudo ir desgranando lo padecido por ese hombre. A Miguel Hugo Vaca Narvaja padre lo llevaron al Campo de La Ribera. Lo torturaron días y noches. Una colega, Amparo Fischer, atestiguó haber escuchado una discusión “entre un hombre grande con los torturadores”. Un guardia le dijo: “Ha tenido mala suerte, ha caído justo con Vaca Narvaja, el tesorero de los Montoneros”. Vaca Narvaja había sido ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi. Dos veces presidente del Banco de Córdoba. Profesor universitario. De raigambre radical, su hijo Fernando fue uno de los que logró fugar de Trelew. Uno de los fundadores de Montoneros. En cautiverio, los represores quisieron obligarlo a firmar una declaración de repudio contra ese hijo. No lo hizo. “Mi padre tuvo doce hijos, doce universos. Nunca iba a renegar de ninguno de nosotros”, declaró Gonzalo, el que pudo ver cuando se lo llevaban.

La reconstrucción de lo ocurrido desespera: un chico, Juan Manuel Blanes, encontró en abril del ’76 una cabeza humana en una bolsa, cerca de las vías del tren en barrio Alta Córdoba. Asustado, buscó a un vecino, Carlos Albrieu, un joven estudiante de biología para que le ayudase con el hallazgo. Albrieu dio testimonio de lo ocurrido en este juicio: “Le faltaba un ojo. Tenía un bigotito fino, la nariz alargada, rasgos europeos. Se notaba que la habían mantenido en formol u otro conservante, por la coloración amarronada que tenía. ¿Con qué fines? No sé”.

Otra testigo, Valentina Enet, que por entonces buscaba a su propio hermano secuestrado, aportó otra pieza a la reconstrucción: “Mi padre era ingeniero. Logró por contactos una cita con Fierro. Cuando estábamos con él en su oficina del Tercer Cuerpo, Fierro recibió una llamada de (Francisco) Primatesta. Salió corriendo. Nos dejó solos. Yo me tiré sobre el vidrio de su escritorio porque debajo tenía muchas fotos. Casi todas con puntitos rojos como de sangre y marcas con lapicera. Una, la más grande, me llamó la atención: no tenía cabeza”. El regreso súbito de Fierro, el susto de la chica y su padre, y Fierro que sonríe: “Ah, veo que estuviste mirando mi álbum de recuerdos... Pero a ése no lo vas a reconocer. Le falta la cabeza. Pero tu papá sí que lo conoce. Es Vaca Narvaja. Eso les pasa a los padres de los subversivos que buscan a sus hijos”. En la sala, la cámara que filma todas las audiencias enfocó el rostro del hijo mayor, Gustavo Vaca Narvaja, médico cirujano, escritor: los ojos enrojecidos, las mandíbulas atenazadas. No llora. Resiste.

La querellante Patricia Chalup pidió prisión perpetua para los criminales de Miguel Hugo Vaca Narvaja (es el abuelo del actual juez Federal N° 3). En las caras de los acusados Menéndez, Fierro y Gustavo Diedrichs no hubo gesto alguno. “Matar para ellos era hacer Patria”, había aseverado Chalup. El ensañamiento es el sello de este crimen. Como en el caso de la familia de Mariano Pujadas. fusilado en la base Almirante Zar, luego de la fuga del penal de Trelew en 1972. Su padre, su madre, su hermano, hermana y su cuñada, Mirta Yolanda Bustos, fueron atormentados, asesinados, echados a un pozo y dinamitados en agosto de 1975. O la tortura hasta el desollamiento que padeció Marcos Osatinsky, y que continuó posmortem cuando secuestraron su féretro y lo volaron de camino a Tucumán.

Osatinsky fue otro de los militantes que pudieron huir de ese penal patagónico. Menéndez, Vergez, Fierro, Barreiro y el resto de la caterva no perdonaron esa fuga y destrozaron, literalmente, a cada uno de los miembros de esas familias que pudieron atrapar. “Querían borrar nuestro apellido de la faz de la tierra”, declaró aquí Sara Solarz de Osatinsky, a quien también le mataron sus hijos de 19 y 15 años. Vergez en persona la buscó en la ESMA, donde la mantenían cautiva, para contarle, rebosante de morbo, los detalles de la literal cacería que montaron contra los jóvenes.

Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”: un represor pirómano que “gozaba con el fuego”, según contaron los sobrevivientes. Andrés Remondegui describió, aún aterrado, cómo lo ató a una silla dentro de una casa, “roció ésa y otras habitaciones con nafta y prendieron fuego. Todo empezó a arder. Creí que ahí terminaría... Que me quemaba vivo. Me sacaron cuando las llamas casi me alcanzan”. Los alegatos no dan tregua al espanto.

Con sus propias manos

Lo que en los primeros juicios eran historias cuasi aisladas, se rearman ahora de un campo de concentración a otro. De un secuestro grupal o individual; a fusilamientos y muertes compartidas. “Mi mamá fue compañera de ‘traslado’ (muerte, en la jerga) de tu viejo”, suele escucharse entre los jóvenes hijos. Se han tejido, en estos años, entramados de hermandad que no existían como tales antes de 2008. Y si se conocían, no vibraban con la intensidad que tienen ahora.

Alicia De Cicco de Moukarzel estaba casada con el médico René Moukarzel cuando la secuestraron el 15 de diciembre de 1975. Su marido ya estaba preso a disposición del PEN en la cárcel UP1. El fue uno de los 31 presos políticos asesinados en el invierno de 1976, y por los que el dictador Jorge Rafael Videla y el propio Menéndez fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común en 2010.

Alicia era maestra, “tenía los ojos muy grandes, le decían la Turca” y fue torturada en el Campo de La Ribera. La sobreviviente Teresa “Tina” Meschiati declaró haber visto su foto: “Estaba muerta. La habían torturado mucho. Tenía marcas como si la hubiesen estrangulado”. Eso fue confirmado por Liliana Callizo. Ella contó lo que el represor Vergez le dijo: “Esa chica de ojos tan lindos fue muy dura conmigo. No quiso hablar conmigo. Yo la torturé. La ahorqué con mis propias manos”. Liliana agregó que el asesino le dijo que Alicia era una persona “educada, preparada y valiente”; y que habían pretendido sacarle información tanto de ella como de su esposo que estaba detenido, pero que ella no habló.

René Moukarzel, su compañero, también sufrió una muerte “a mano”: el ex teniente Gustavo Adolfo Alsina se ensañó con él cuando lo vio recibir un paquete de sal de un preso común a través de las rejas. Lo estaqueó desnudo en el patio de la prisión UP1, del 14 al 15 de julio de 1976. Según el Servicio Meteorológico –en un informe pedido por el Tribunal– ese día hubo 6 grados bajo cero y cayó agua nieve. Moukarzel, que medía casi dos metros, era un hombre fuerte y joven. Tardó en morir, aun cuando era asmático. Los estertores de su pecho en su esfuerzo por respirar fueron escuchados por cientos de prisioneros que padecieron su agonía por casi 24 horas, y la relataron en una trama coral desgarradora: las mujeres presas desde sus celdas, los enfermeros, los guardiacárceles, los presos políticos y comunes que contenían la respiración por miedo a que la de él ya no se escuchara; los pacientes en la enfermería y, en el final, la imagen del asesino blandiendo triunfante, por los pasillos del penal, los anteojos de su presa muerta. La descripción de la euforia del “teniente Alsina” fue shockeante. El crimen de Moukarzel, por su sadismo, no fue olvidado. Uno de los conscriptos de entonces se acercó al juicio para dar testimonio de que vio cómo tiraron su cadáver en la parte trasera de un camión y lo taparon con una lona antes de llevarlo a la morgue, a la desaparición.

En el juicio de 2010 se supo del crimen de Moukarzel. En éste, del ahorcamiento de Alicia, su esposa. En la sala, sus familiares lloran y se abrazan. Y con ellos, los familiares de los que compartieron sus muertes.

Un mensaje desesperado

“Soy Oscar Domingo Chabrol. Me quieren matar. 18 octubre de 1975”: escrito “con una uña o algo punzante” en la pared de un calabozo de la D2 al ras del piso. Otra prisionera, Marta Rosetti de Arquiola, leyó la súplica. Cuando la trasladaron de las mazmorras que quedaban apenas a ocho pasos de la Catedral cordobesa –donde el arzobispo Primatesta daba misa– a la cárcel UP1, Marta impulsó la publicación de una solicitada en el diario La Voz del Interior contándolo todo. Su cautiverio y lo que ese muchacho había escrito. Meses después la mataron. Fue otra de los 31 fusilados en la UP1.

Oscar Chabrol tenía 19 años. Su hermano Juan José apenas 17. Los atrapó una patota de la D2 ese 18 de octubre. Habían salido a vender sándwiches de miga con un amigo, Miguel Ferrero Coy. Ya tenían un hermano mayor preso: Herminio “Mirmi” Chabrol.

Fue el sobreviviente Carlos Raimundo “Charlie” Moore quien contó el final de los Chabrol. “Al más chico lo mataron a golpes y a las patadas en sólo seis, siete minutos. Nunca había visto algo así. Hasta algunos guardias se descompusieron. Estaban en desacuerdo porque era un pendejo, un menor de edad”, relató Moore en su declaración ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Antes, pudo contarle a su propio padre para que “avisara afuera” lo que había pasado. Moore fue el autor de una de las denuncias más completas que hay sobre el accionar del D2.

Atribulado, el papá de los Chabrol, don Pablo, fue uno de los primeros en integrar un grupo de padres que se dedicaron a buscar a sus hijos secuestrados. Y también fueron de los primeros en sufrir las consecuencias: Pablo Chabrol fue secuestrado en una misma noche con Arturo Ruffa, Osvaldo Onetti, Ricardo Salas y Juan Borgogno. Fue el 20 de octubre de 1976. Los atormentaron durante más de un mes en el Campo de La Ribera. El penalista Carlos Hairabedián (quien por entonces era juez y también fue preso de la dictadura) contó que vio “a Chabrol y a Ruffa”, y que estaban “en condiciones lamentables por la tortura”. Les decían los Viejos. “Los habían secuestrado por la fantástica actividad subversiva de buscar a sus hijos.” Tras un mes de feroz cautiverio, don Pablo Chabrol y sus compañeros de búsqueda y tortura fueron liberados en la madrugada del 19 de noviembre.

Los relatos de los crímenes de los “dignos subordinados” de Menéndez resuenan en los tribunales federales. Uno por uno se los ve vanagloriándose ante los que llamaban “muertos vivos” de sus variaciones para torturar y matar. Héctor “Palito” Romero, soplándose los nudillos y diciéndose a sí mismo “¡Qué pegada que tení, varón!”, luego de haber asesinado de un solo, brutal golpe al estudiante de arquitectura Raúl Mateo Molina. O a Ernesto Barreiro, pateando en su colchoneta al agonizante abogado Carlos Altamira “a quien odiaba particularmente”, según los testigos. Según contó el sobreviviente Piero Di Monte, el “Nabo” lo pateaba en el piso gritándole “¡A ver, doctor de presos políticos, a ver quién te va a defender ahora!”. O a Orestes “Gino” Padován y Ricardo “Fogo” Lardone, confesando ante los cautivos Graciela Geuna y Héctor Kunzmann que no soportaban el “olor a goma quemada de los autos”, porque les recordaba “el olor a carne quemada de los cuerpos en los pozos. Y que luego de rociar con combustible para quemarlos, hasta muertos levantan los brazos cuando los agarra el fuego”. O a Vergez, quien se quejó ante Di Monte, Meschiati y Geuna de que él solo “tuvo que fusilar a una decena de personas en un pasillo de La Ribera, porque los demás no se animaban a empezar. Que los ametralló de varias ráfagas”.

Sin recibir la condena, murió un imputado del juicio La Perla

El represor Luis Alberto Manzanelli falleció a los 78 años en prisión. Estaba acusado por 784 delitos de lesa humanidad.

Sin escuchar la condena del juicio por delitos de lesa humanidad más grande del interior del país –la megacausa La Perla– el represor Luis Alberto Manzanelli falleció a los 78 años.

En 2008 había sido condenado a prisión perpetua en el marco de la causa Brandalisis, juicio en el que también fue condenado el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Manzanelli murió en cárcel común, sin embargo no recibió la condena por el juicio La Perla, en donde era imputado por 784 delitos: 308 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 291 imposiciones de tormentos agravadas, 169 homicidios calificados, 15 imposiciones de tormentos seguidas de muerte y una tentativa de homicidio calificado.

Durante el terrorismo de Estado, se desempeñó como suboficial de Ejército especializado en el departamento de Inteligencia 141. Había integrado el grupo criminal Comando Libertadores de América, y en la llamada "patota" de la Perla. 

En democracia fue director del Círculo de Suboficiales del Ejército de la ciudad de Córdoba. 
Desde diciembre de 2012 fue uno de los imputados del juicio La Perla sentados en el banquillo de acusados. Actualmente el debate transita la etapa de alegatos, y se estima que la sentencia tendrá lugar entre marzo y abril de 2016. 

lunes, 5 de octubre de 2015

Megacausa La Perla: "que los delitos se encuadren como genocidio"

Megacausa La Perla|Abuelas solicitó que los delitos se encuadren como genocidio

23 de septiembre, 2015

María Teresa Sánchez solicitó 11 perpetuas y una condena de 21 años para los imputados en la causa que investiga el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio, y el destino final de Silvina Mónica Parodi de Orozco secuestrada junto a su esposo Daniel Orozco el 26 de marzo de 1976. Se trata, dijo, de delitos “imprescriptibles, inamnistiables e inindultables”. Dedicó el alegato a todas las embarazadas y a los niños nacidos en cautiverio para que encuentren “el cordón umbilical que los una a su propia historia”.

Por Katy García – PrensaRed


Durante dos jornadas y parte de una tercera la abogada María Teresa Sánchez alegó en la causa que investiga la sustracción de un menor de 10 años, nieto de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo,  y del secuestro y asesinato de  su hija. A la hora de pedir las penas recordó que los acusados actuaron como funcionarios públicos, cometieron crímenes de lesa humanidad y que les cabe la figura penal de genocidio según normativas internacionales a las que el país adhiere.

Al mediodía  concluyó el alegato por el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio el 14 de junio de 1976. La representante de la querella narró el “derrotero” sufrido por sus padres hasta que los asesinaron en cercanías del campo de concentración La Perla. Ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP).

“El relato de esta historia está dedicado a todas las compañeras embarazadas que alumbraron los oscuros días de la dictadura y del terrorismo de Estado, y a los hijos que alumbrados por el conocimiento de la historia puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia historia”, expresó la abogada al término de su alocución. Desde la sala, la pantalla mostró las muestras de afecto y emoción compartida entre los presentes.

Genocidio


Los Jueces Falcucci, Díaz Gavier (presidente) y Quiroga Uriburu

Los Jueces Falcucci, Díaz Gavier (presidente) y Quiroga Uriburu

Tras exponer de acuerdo a la prueba documental existente y las propias afirmaciones realizadas por los imputados durante el debate acerca del lugar que ocupaban en el organigrama de la fuerza y su pertenencia a la Op3, aludió al delito de “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años”.

La abogada le pidió al tribunal que al momento de dictar sentencia los delitos sean encuadrados en la “Figura penal de genocidio” y que condene a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Gustavo Diedrich (autores mediatos), Héctor Pedro Vergez, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo BarreiroLuis Manzanelli , Ricardo Alberto Lardone, José Herrera, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero y Emilio Morard (autores materiales) como “coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado en perjuicio de Silvina Mónica Parodi de Orozco y por ser coautores penalmente responsables del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en perjuicio del hijo de Daniel Francisco Orozco y Silvina Mónica Parodi de Orozco nacido durante el cautiverio de su madre, todo en concurso real, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”. (1)

En tanto que para Díaz  pidió la condena de 21 años como “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, ambos en concurso real, en perjuicio de Silvina Mónica Parodi de Orozco, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.

Antes de pedir las penas rebatió la teoría sostenida por los imputados cuando afirman que actuaban “en defensa de la sociedad occidental y cristina”. Por el contrario, señaló que “destruyeron a la patria, entregándola a intereses extranjeros, destruyeron la familia y la sometieron a tormentos y privaciones de la libertad en centros clandestinos y sustrajeron las identidades de los niños”.

Describió los alcances del delito de “sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años” según el derecho penal. Se trata, dijo, de un tipo de privación ilegal de la libertad que debe ser analizada como desaparición forzada de personas. Ilícito que se consuma y se prolonga en el tiempo hasta que cesa. Cuestión que no ha ocurrido. “Se trata de un desaparecido vivo”, señaló. Tras caracterizar los asesinatos de Silvana Parodi y de Daniel Orozco solicitó que se aplique la figura de genocidio. Y destacó que según la jurisprudencia existente se trata de delitos “imprescriptibles, inamnistiables e inindultables”.
La abogada querellante María Teresa Sánchez

La abogada querellante María Teresa Sánchez (Nicolás Castiglioni)

Contexto

Durante el primer tramo de su extensa exposición explicó cómo ocurrieron los hechos y demostró que el terrorismo de estado en Córdoba comenzó mucho antes de que se produjera el Golpe de estado. Mediante el cruce de pruebas documentales y testimoniales explicó el plan sistemático de exterminio del oponente político donde el robo de niños fue un objetivo trazado y llevado adelante por los genocidas.

En esa línea afirmó que los documentos y memorandos de la policía federal y de la Comunidad Informativa -presidida por Luciano Benjamín Menéndez- operaban desde 1975 en Córdoba.

También se apoyó en la jurisprudencia surgida de la Causa 13 y de la sentencia del juicio Menéndez realizado en 2008, donde “quedó demostrada la existencia de un plan sistemático que fue delineado para combatir lo que ellos llamaban subversión”. Para eso pusieron en marcha una “una lógica perversa” que escondía su accionar tal como lo describe Eduardo Luis Duhalde en su libro El estado terrorista con el objetivo de destruir y aniquilar a los militantes.

Luego explicó cómo funcionaba el plan sistemático y la metodología de exterminio implementada a través de los secuestros subrepticios sin orden alguna irrumpiendo en los hogares en horas de la madrugada como lo denunciaron numerosos testimonios en la Conadep. Después eran trasladados a campos de concentración donde eran torturados para obtener información y finalmente asesinados y desaparecidos.

Plan macabro

“El plan macabro incluía a las mujeres embarazadas y a los niños nacidos en cautiverio luego sustraídos y despojados de sus identidades como sucedió con el niño de Silvina Mónica Parodi y de Daniel Orozco”, afirmó, ante el Tribunal. Y agregó que “el traslado por la fuerza de su grupo de pertenencia constituye uno de los aspectos más siniestros del plan de exterminio. Una forma perversa de desaparición forzada, una herida abierta para la sociedad, porque se ha golpeado a lo indefenso, a lo vulnerable. La magnitud de la violencia utilizada desde el estado otorgan a estos hechos y especialmente a estos niños una extrema gravedad: son delitos de lesa humanidad”, manifestó y aportó doctrina nacional e internacional.

Destacó la información reunida por la Conadep Córdoba que en aquel momento contabilizaba 340 centros de detención clandestina –hoy se sabe que fueron 500- y repasó las inspecciones oculares realizadas en este juicio a los campos La Perla, La Ribera, EXUP1, Buen Pastor, entre otros.

“Los documentos de la comunidad informativa prueban el plan sistemático y el conocimiento y la participación que tuvieron en algunos hechos delictivos. Los cadáveres encontrados en fosas comunes o enterrados como NN o en los hornos dan cuenta de la certeza de ciertos testimonios y de testimonios de ex represores. esto constituye prueba irrefutable de las torturas y de las ejecuciones sin juicio o de cobardes y viles asesinatos. Y también sabemos por los sobrevivientes que por izquierda hablaban de un procedimiento ilegal y clandestino y que eran fusilados.

Como es de rigor se remitió a la jurisprudencia de la Causa 13 y subrayó que los militares fueron adoctrinados en la doctrina de seguridad nacional donde la hipótesis de conflicto se centraba en el “enemigo interior” (guerra moderna) dejando de lado la teoría de la defensa nacional.

Ese enemigo, dijo, se constituyó con trabajadores, estudiantes, militantes barriales, teólogos, entre otros. En esa dirección reflexiva agregó que “los niños secuestrados con sus padres también eran considerados subversivos. Y que el plan sistemático constituyó una constante” y acotó que “se ejecutó desde una estructura político administrativa y que el acta impuesta por la fuerza reemplazó a la constitución nacional, disolvió al congreso a los miembros de la justicia, suspendió las actividades gremiales y puso en funcionamiento un estatuto especial”, puntualizó.

Los hechos

El 26 de marzo de 1976, a las 18, personal del destacamento de inteligencia OP3, sin orden judicial, secuestró a Silvina Mónica Parodi de Orozco (20), embarazada de seis meses y medio, y a su esposo Daniel Francisco Orozco (22), de la casa que habitaban en barrio Alta Córdoba y llevados al Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla”. Ambos eran estudiantes de Ciencias Económicas en la U.N.C. y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). Los sometieron a torturas psíquicas y psicológicas y permanecieron cautivos en condiciones inhumadas y luego fueron asesinados.

Orozco habría sido asesinado en abril en las inmediaciones de La Perla. En tanto que “Silvina Parodi permaneció cautiva hasta después de haber nacido su hijo en el Hospital Militar y habría sido ubicada en el Buen Pastor en forma subrepticia. Separada de su hijo, fue retirada por Vega y la habría llevado a las inmediaciones del campo y asesinado”.
Excárcel El Buen Pastor

Excárcel y centro clandestino El Buen Pastor (Info Al Toque)

La abogada analizó la prueba testimonial y documental (certificados médicos, copias de denuncias, memorandos, etc.) y destacó las gestiones realizadas por el padre de Silvina ante Saseain quien “cínicamente le dijo que esos secuestros se hacían entre guerrilleros, justificando mediante una mentira los hechos”. Explicó cómo funcionaba el plan sistemático y la metodología de exterminio implementada. Rescató los aportes de la Conadep Córdoba en relación a los delitos objetos del juicio. El secuestro de embarazadas que daban a luz en cautiverio y luego eran asesinadas y sus niños apropiados.

“Por eso la sustracción y el traslado por la fuerza de su grupo de pertenencia constituye uno de los aspectos más siniestros del plan de exterminio. Una forma perversa de desaparición forzada. Y es una herida abierta para la sociedad porque se ha golpeado a lo indefenso y vulnerable. La magnitud de violencia utilizada desde el estado otorga a estos hechos y especialmente a estos niños una extrema gravedad. Son delitos de lesa humanidad porque tanto la comunidad nacional e internacional persiguen estos delitos”, manifestó.

Espiados

Siguiendo a Federico Mitelbach cuestionó el funcionamiento de los servicios de inteligencia militar que se inició en los años ’40 y creció en los ‘60 con la organización de los estados mayores, jefaturas y grupos. En este sentido dijo que “hubo un derrotero que está comprobado con pruebas testimoniales, documentales y resoluciones que daban cuenta de que era espiada por una causa judicial abierta, que fue sometida a un régimen distinto al de disposición al PEN”.

Precisó que la SIDE Buenos Aires envió un documento a la sede local donde recomienda que “el caso sea analizado por la comunidad informativa” y que se realizó un seguimiento telefónico dando datos de su familia y del domicilio familiar. También consigna el secuestro de todas las personas que estaban en la casa paterna y fueron enviadas al D2 y sugiere que sean puestos a disposición del PEN para evitar que puedan quedar en libertad. No fue el único documento que consta en el Caso Córdoba y que claramente da cuenta de un seguimiento exhaustivo.

Enumeró las respuestas a las gestiones realizadas y las pruebas que dan cuenta de su traslado y permanencia en la UP1 sin ser registrada. Varios testimonios tales como el realizado por el director de la cárcel prefecto Montamat (cambiado de lugar) y del secuestro y desaparición del doctor Elías que había autorizado el ingreso de mudas de ropa, mostraban que estuvo en la UP1.

El parto

El entrecruzamiento de información surgida en el debate y la prueba documental le permiten a la querella asegurar que el niño nació en la maternidad provincial el 14 de junio de 1976. Que luego fueron trasladados al penal y centro clandestino de detención El Buen Pastor gestionado por un grupo de monjas de la Inmaculada Concepción. Un pormenorizado análisis de la prueba da cuenta del comportamiento silente y cómplice de varias religiosas. No obstante aclaró que no toda la Iglesia Católica actuó de ese modo. Y citó como ejemplo a la testigo Asunción Medrano religiosa de la Casa Cuna.

Parte de esta información consta en el informe Conadep Córdoba y en documentos internos del penal de mujeres donde se alojaban presas sociales y “especiales” eufemismo utilizado para identificar a las “subversivas” como la directora de la institución María Esther Figueroa las nombraba. Esta monja mintió sobre la fecha de asunción al cargo que ejercía según documentos existentes. Y quedó claro que durante su gestión había niños y ella misma “los entrega a familias biológicas”.

El testimonio en sede judicial de la hermana Asunción Medrano es clave en la reconstrucción de los hechos. Fue ella quien le dijo con total naturalidad a Giselle Parodi –hermana de Silvina y voluntaria de la casa Cuna- que no se llevara más niños a su casa los fines de semana porque ya tenía demasiado trabajo con el niño de Silvina. Declaraciones de expresas aseguran que en el lugar había embarazadas y niños. Sánchez presentó ante el tribunal numerosos testimonios al respecto. Luego explicó la estructura de funcionamiento de las religiosas en relación a las presas comunes y las especiales. Y explicó además como trabajaba el personal de la salud y administrativo.
Sonia Torres y Marité Sánchez al finalizar los alegatos

Sonia Torres y Marité Sánchez al finalizar los alegatos

Adopciones truchas

Otro de los aspectos mencionados fueron las irregularidades encontradas en la Casa Cuna respecto a cómo se hacían las adopciones. Describió cómo se realizó el traslado del niño desde el Buen Pastor a la Casa Cuna y las declaraciones del médico Agrelo quien revisó al niño o niña y de su relación con la monja Monserrat Tribo. Esta data fue cruzada con otros testimonios y en todos los casos destacaron la condición del testigo de católico practicante.

Otras declaraciones ubican a la monja como la encargada del manejo de las adopciones de las embarazadas “especiales”. Y que el cura capellán Gorosito era el encargado de los bautismos. Esta religiosa negó la existencia de documentación que luego fue encontrada en el sótano tal como lo declaró el testigo de contexto Horacio Verbitsky. Quedó claro el modus operandi sobre cómo eran entregados los niños en la Casa Cuna y quienes eran los responsables de atenderlos. También destacó que Videla y su esposa visitaron el lugar y recibieron “una cálida recepción” y que otra vez lo hizo gente de la aeronáutica.

La abogada relató una serie de irregularidades observadas en relación a la ausencia de datos y de partidas adulteradas. Incluso, casos donde figuraban los adoptantes como biológicos.

Plan sistemático

Sánchez fundamentó luego porqué el robo de bebes fue parte de un plan criminal de exterminio de personas donde “se planificó la sustracción de niños y fueron tratados como cosas” y decidieron no entregados a la familia biológica. Subrayó que los partos se realizaban en instituciones públicas y que desde la Casa Cuna se distribuían los chicos con el conocimiento de la justicia provincial que se encargaba de las guardas y adopciones.

Afirmó que Córdoba no fue ajena a esta metodología y que Menéndez “daba las órdenes en cada caso”. Hablo además de la complicidad de la Iglesia católica siguiendo la declaración de Horacio Verbitsky.

Tras repasar el proceso de anulación de las leyes del perdón y la jurisprudencia existente destacó la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y el fallo de 2012 que estableció que hubo un plan sistemático durante el terrorismo de Estado donde Videla fue condenado 50 años.
El equipo de Abuelas filial Córdoba

El equipo de Abuelas filial Córdoba

Daños

Sobre el final narró los daños que Sonia Torres padeció en casi 40 años de lucha. Por caso, se refirió a los golpes que le propinó un grupo de tareas en el baño de la casa de su hija que le hicieron perder la audición y el juicio que le inició en 1999 Tránsito Rigatuzzo. Hizo una cronología de las amenazas recibidas a fines de los noventa por parte de la familia y de los abogados Elvio Zanotti y ella misma. También recordó otros eventos como los planos para un posible atentado retirados de  la casa de uno de uno de los actuales acusados Luis Manzanelli y sus vinculaciones con los abogados Arbonés y Herrera.

Moncholos

Por la tarde comenzaron los alegatos de las querellas representadas por la abogada María Elba Martínez (fallecida) y que hoy continúa el equipo de la Fundación que lleva su nombre. La letrada Adriana Gentile comenzó realizando una introducción general en la que describe el contexto histórico, ideológico y metodológico que rodeó a los secuestros de dos militantes. Moncholos era el mote que los represores les daban a los militantes montoneros.

Los hechos forman parte de la causa Vergez y las víctimas son María del Carmen Sosa y Ricardo Zucaría Hit. Sosa era docente, sindicalista en la UEPC y militante de montoneros. Era coordinadora en la Dirección de Educación del Adulto en el plan de alfabetización CREAR, una experiencia de educación popular. En tanto que Hit, estudiaba arquitectura y militaba en la , Juventud universitaria peronista( JUP). Ambos fueron secuestradas por el Comando libertadores de América el 9 de enero de 1976 en el denominado Operativo moncholo. Luego fueron trasladados al campo de La Ribera y a los pocos días fusilados.