martes, 14 de marzo de 2017

Comenzó el juicio por los asesinatos de presos políticos en falsos intentos de fuga

Se cometieron en 1976 contra 13 personas detenidas por la dictadura y que fueron sacadas de la excárcel de San Martín. Pino Cano, Mones Ruiz y Luis López son los imputados. Apartaron a Herminio Antón.
Con la lectura de los cargos y la asistencia a la distancia de dos de los tres imputados, el Tribunal Oral Federal N° 1 inició ayer en Córdoba el juicio oral y público para establecer responsabilidades en el asesinato de 13 personas que estaban detenidas la excárcel de barrio San Martín.

Los crímenes se cometieron en 1976, y las víctimas fueron retiradas de la Unidad Penitenciaria N°1 y luego ejecutadas en fraguados intentos de fuga o enfrentamientos.

La audiencia por la causa “Pino Cano y otros”, el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba que se realizarán este año, se retrasó debido a un corte de energía en el edificio de Tribunales Federales.

En principio, el presidente del tribunal, Julián Falcucci (los otros jueces son José Vicente Muscara y José Camilo Quiroga Uriburu), informó que el imputado Herminio Jesús Antón había sido apartado de la causa por razones de salud, por lo que no se debatirán los casos sobre los que había sido acusado el expolicía.
Son los principales imputados Víctor Pino Cano y Enrique Pedro Mones Ruiz, que se comunicaron desde Buenos Aires a través de video conferencia y tras aportar sus datos filiatorios manifestaron su decisión de no prestarse a indagatoria. El tercer imputado, Luis Alberto López, se encontraba presente en la sala y expuso su determinación a declarar.

El proceso es una desprendimiento del juicio por la causa Videla, realizado en 2010.
Pino Cano –se retiró como general de brigada– fue condenado entonces a 12 años de cárcel y se encuentra en prisión domiciliaria. Está señalado por ordenar los homicidios de Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa Páez de Rinaldi, ocurridos el 20 de agosto de 1976 en un fraguado intento de fuga, y de Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Cevallos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto, fusilados en un descampado el 11 de octubre de 1976.

Mones Ruiz, retirado como teniente coronel, cumple prisión perpetua. Está acusado por las muertes de Carlos Alberto Sgandurra y José Angel Pucheta, ocurridas el 28 de mayo de 1976, y las de Hugo Vaca Narvaja, Carlos Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil, el 12 de agosto de 1976.

A López, retirado como mayor, se lo acusa de haber sacado de la cárcel a Sgandurra y a Pucheta, para luego entregarlos a personal policial y del Regimiento de Infantería, quienes los asesinaron. Se encuentra en libertad.
Son fiscales Maximiliano Hairabedian y Facundo Trotta. Participan como abogados querellantes Claudio Orosz (por Pablo y Enriqueta Balustra), Adriana Gentile (Raquel Altamira de Vaca Narvaja) y Gabriela Noemi Bautista (Elba Inés Puchetta). Son abogados defensores Julio Deheza y Fernando Martínez Paz (Pino Cano), Gerardo Ibáñez y Elena Genise (López) y el equipo oficial encabezado por Natalia Bazán (Mones Ruiz).

La próxima audiencia se realizará el miércoles próximo y se estima que el juicio concluirá dentro de un mes y medio.
Testigos y declaraciones. Por las audiencias de la causa Pino Cano pasará una docena de testigos, El resto de los testimonios se rescatarán de las declaraciones registradas durante la realización del juicio por la causa Videla, en 2010.

jueves, 2 de marzo de 2017

La Perla: el juicio entró en una nueva fase de alegatos

La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro. Hoy comenzó con los de la causa Vergés: son 15 hechos sobre 19 víctimas. La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Se estima que la sentencia será en los próximos meses.
Con un imputado menos, se reanuda el juicio La Perla
    Murió Luis Manzanelli, el torturador “salvaje y ceremonioso” .

El megajuicio “La Perla”, en Córdoba, entró en una nueva fase de alegatos. La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro y, en un nuevo tramo, comenzó con los de la causa Vergés. Son 15 hechos sobre 19 víctimas, “acontecidos en enero de 1976, antes del golpe cívico militar”, dijeron fuentes judiciales. Las víctimas de este expediente, además, fueron vistas en el centro clandestino de Campo de la Ribera.

La fiscal Virginia Miguel Carmona tomó la palabra para referirse, en primer lugar, a la víctima Osvaldo Raúl Ravassi. Ingeniero, militante de Montoneros, fue privado de su libertad el 6 de enero de 1976. Ese día un grupo de militares, vestidos de civil, se lo llevaron de su domicilio en autos particulares hacia la Ribera. “Durante su permanencia en el centro clandestino,  personal policial y del Ejército sometieron a Ravassi a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándolo a permanecer con las manos atadas, los ojos vendados y acostados sobre el piso, con la prohibición de moverse y/o comunicarse con los demás secuestrados. Finalmente después de la detención ilegal lo asesinaron y luego ocultaron su restos”, relató Carmona.

Rubén Hugo Motta fue estudiante de Ciencias Económicas y también militó en Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 7 de enero de 1976 de su domicilio “como parte del plan sistemático implementado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la represión y aniquilamiento de lo que se dio a conocer como ´delincuencia subversiva´”. Motta fue torturado y asesinado, y sus restos siguen sin aparecer.

La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Todos los hechos sucedieron bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, y las órdenes fueron retransmitidas a cada cuerpo a través de sus mandos naturales, personal civil y militar perteneciente al Destacamento de Inteligencia 141. Entre los jefes y subjefes que participaron de las acciones se encontraban Luis Gustavo Diedrichs, en su carácter de Jefe de la Primera Sección; Carlos Alberto Díaz; Héctor Pedro Vergéz; José Hugo Herrera; Emilio Morard; Arnoldo José López; y Ricardo Alberto Ramón Lardone, junto a miembros del Departamento Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la provincia de Córdoba, como Carlos Alfredo Yanicelli, Herminio Jesús Anton, Yamil Jabour, Calixto Luis Flores y  Juan Eduardo Ramón Molina, entre otros.

Por último, la fiscalía habló del secuestro de las hermanas Gloria y Norma Hilal Waquim, oriundas de La Rioja y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El operativo fue similar: fueron secuestradas por personal civil de su domicilio en horas de la madrugada.

Así lo describió Carmona: “Un grupo, portando armas,  ingresó violentamente a la vivienda y se llevaron a las hermanas en los automóviles particulares en que se conducían, amordazadas y atadas las manos, siendo uno de esos vehículos un Peugeot 404 blanco y el otro un Renault 12 blanco. Luego las trasladaron a la Ribera”. Y concluyó: “Finalmente, en fecha que no ha podido establecerse con exactitud, pero que puede fijarse en un breve tiempo después de la detención ilegal, personal policial y del Ejército asesinó a Norma y Gloria Waquim Hilal, quienes se hallaban en condiciones de indefensión, ocultando sus restos, los que no han podido ser habidos hasta la actualidad”.

44 imputados y más de 700 víctimas

La megacausa La Perla, cuyo juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, tiene 44 imputados, entre ellos, el represor Luciano Benjamín Menéndez, y está compuesta por 20 expedientes, con 716 víctimas de la cuales 279 son desaparecidos, 71 asesinatos –cuyos cuerpos fueron recuperados–, 13 detenidos políticos –muertos en sesiones de torturas– y un menor sustraído.

Respecto de la situación de ese menor, se trata del primer caso que se juzga en Córdoba y se refiere al nieto de la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, cuya hija, Silvina Parodi de Orozco, fue secuestrada junto a su esposo Daniel el 26 de marzo de 1976 y ambos permanecen desaparecidos.

El fiscal Trotta estimó que hasta fines de abril estarán con las conclusiones de la fiscalía y en julio o a fines de junio podría dictarse la sentencia, fecha que también fue estimada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°  1, de Córdoba.

viernes, 26 de agosto de 2016

A la espera de las sentencias La Perla













Masiva movilización para escuchar la sentencia a los genocidas de La Perla

Perpetua para Menéndez y otros 27, condenas menores a 6, y 4 absoluciones

Levantado de ANRed. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez fue condenado a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal de la provincia de Córdoba lo responsabilizo por 282 desapariciones y 656 torturados en los centros clandestinos de la “La Perla-La Ribera”. En las puertas del juzgado mas de 20 mil personas escucharon la sentencia
Luciano Benjamín Menéndez fue General y comandante del III Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar, aunque sus funciones en ese cargo las inicio desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979.

En 1990 fue Indultado por el presidente Carlos Menem y en el 2004 la justicia declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, y fue procesado por delitos de lesa humanidad. Luego en el 2008 fue condenado a prisión perpetua, en carácter de coautor mediato, por el secuestro, tortura y desaparición de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1977 en La Perla. Entre sus víctimas se encuentra el asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli.

Los sentenciados del juicio a reclusión perpetua fueron:

Luciano Benjamín Menéndez.
Santiago Martella.
Héctor Chilo.
Jorge Gorleri.
Jorge González Navarro.
Luis Gustavo Diedrichs.
Héctor Pedro Vergez.
Ernesto Guillermo Barreiro.
Jorge Exequiel Acosta.
Carlos Enrique Villanueva.
José Hugo Herrera.
Oreste Valentín Padovan.
Juan Eusebio Vega.
Ricardo Alberto Lardone.
Emilio Morard.
Arnoldo José López.
Héctor Romero.
Eduardo Grandi.
Mirta Graciela Antón.
Yamil Jabour.
Carlos Yanicelli.
Juan Molina.
Calixto Flores.
Marcelo Luna.
Herminio Jesús Antón.
Alberto Luis Lucero.
Miguel Ángel Gómez.

Condenas menores:

Enrique Alfredo Maffei fue condenado a 21 años.
José Luis Yáñez, condenado a 20 años.
Alberto Luis Choux, condenado a 11 años.
José Andrés Tofalo, a 14 años.
Antonio Castro, a 8 años.
Wenceslao Claro y Miguel Angel Lemoine, a 5 años de prisión.
 
Absueltos:
Antonio Filiz; Broccos; Juan Carlos Cerutti; Vélez y Melfi.

miércoles, 18 de mayo de 2016

El megajuicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla-Campo de la Ribera

Los hijos de los militares en manos de los represores

Los alegatos mostraron cómo los crímenes organizados por Menéndez tuvieron como víctimas a familiares de militares. La fiscalía pidió prisión perpetua para el represor y otros 34 acusados. Los jueces podrían dictar sentencia en agosto.

Por Marta Platía - Desde Córdoba

La etapa de los alegatos en el megajuicio de La Perla refrescó la memoria de lo ocurrido y trajo a luz, día tras día, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Córdoba. Así, los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz expusieron las pruebas sumadas durante estos más de tres años de juicio y el paso de 581 testigos. En los últimos días pidieron prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 34 represores; en tanto que solicitaron penas que van desde los 3 a los 25 años de cárcel para otros diez reos que lo acompañan en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las 716 víctimas de esta megacausa. Se estima que los jueces podrían dictar sentencia en agosto de este año.

Convertido en el general con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina –ya once, más dos condenas a una veintena de años– ha quedado claro que el Cachorro Menéndez no soltaba su presa cuando la tenía entre dientes. Lo supieron y padecieron cientos de familias en las diez provincias argentinas del centro y norte del país que tuvo bajo su bota durante la última dictadura. De su tenaz cruzada “anticomunista” –que aún hoy, con 88 años, sigue reivindicando– también probaron algunos de sus colegas de armas que sufrieron la desaparición de sus propios hijos en el territorio que arrasó la Hiena Menéndez, como también se lo conoce.

El mismísimo Jorge Rafael Videla tuvo que admitir en más de una oportunidad que “no podía hacer nada” si el hijo o hija de un militar, o alguien de renombre por el que se reclamara, estaba en los campos de concentración de Menéndez: un general impiadoso que no se privó de llamarlo “blando”, y que hasta impulsó un golpe dentro del golpe contra el dictador y su por entonces segundo en el mando, Roberto Viola. Menéndez se sublevó el 28 de septiembre de 1979 en el norte cordobés pero, ante la superioridad de fuerzas de Videla, acabó rindiéndose y terminó preso por noventa días en la celda de un cuartel en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Antes de ese episodio, Videla había dejado al descubierto su falta de autoridad en el área 311 que lideraba a sangre y muerte el Cachorro, cuando de vástagos de militares se trataba. Uno de los casos más resonantes en Córdoba fue el de Carlos Alberto Escobar, el hijo de un coronel del Ejército que había sido amigo y compañero de armas de Videla. Carlos trabajaba en la Dirección de Educación de la Provincia y era delegado del Sindicato de Empleados Públicos, cuando fue secuestrado por una patota en su lugar de trabajo, en la Isla Crisol del Parque Sarmiento de la capital cordobesa. El muchacho militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y formaba parte de una lista que apoyaba las ideas que impulsaban Agustín Tosco desde Luz y Fuerza, y René Salamanca, desde Smata.

La mañana del 12 de abril de 1976, Carlos tenía el día libre pero fue a su lugar de trabajo a buscar una parte de su paga que se le adeudaba. Un compañero de oficina, Pablo González, contó que “Carlos llegó, entró y saludó a todos los que estábamos y se fue a tomar un café a la cocina. También escuchamos cuando pasó y saludó a la directora María del Carmen Cognini que estaba en su oficina. Minutos después vinieron a buscarlo y se lo llevaron”.

El testigo contó que él y una compañera de trabajo pudieron escuchar cómo la directora tomó el teléfono y dijo “sí, capitán, está acá”. El hombre la señaló también como quien “entregó” antes a una maestra, Julia Angélica Brocca, mamá de dos hijos, a quien desaparecieron. Pablo González aseguró en el juicio que “la Cognini nos vivía amenazando a todos. Con el dedo índice nos señalaba y nos decía: tengan mucho cuidado que yo a ustedes los estoy vigilando, sé qué hacen y tengo sus legajos”.

El hermano de Carlos Alberto, un abogado de 60 años, Enrique Alejandro Escobar, detalló ante los jueces lo que pudo averiguar sobre esa mañana: “Llegaron dos autos. Bajaron varias personas que preguntaron por el dueño de la Renoleta amarilla. Un hombre de maestranza cuando ve esto está por pegarle el grito a mi hermano para que corriera, pero lo hicieron callar. Le apuntaban con armas. Entraron a la cocina, preguntaron por Carlos Escobar y él dijo ‘soy yo’. Lo encapucharon, le ataron las manos a la espalda, se lo llevaron. Alcanzó a decir que le avisaran a su familia. Se llevaron también la Renoleta. Nos avisaron y esa misma tarde fui donde vivía mi hermano: el departamento tenía la puerta destrozada. A los pocos días apareció la Renoleta totalmente quemada. De él no supimos nada más”.

El padre del muchacho desaparecido era un coronel del Ejército ya retirado. Después de que Menéndez le negara tenerlo en el Tercer Cuerpo o en La Perla, viajó a Buenos Aires para hablar con Videla. Lo conocía desde los 13 años. “Eran muy amigos y habían hecho parte del liceo militar juntos. Mi padre lo respetaba y lo quería”, recordó Enrique Escobar.

–¿Y qué le dijo Videla a su padre? –preguntó el querellante Claudio Orosz.

–La situación de mi padre era particular. El estuvo de acuerdo con el golpe. Es más, fue funcionario de Transporte cuando estaba de gobernador Carlos Chasseing (quien asumió justo el mismo día del secuestro de Carlos Alberto). Como padre quiso proteger a su hijo, pero estuvo de acuerdo con esto de que había que eliminar, sacar de circulación a todos los comunistas, a todos los rojos... Esa obsesión que tenían todos los militares. Pero con respecto a las reuniones (con sus colegas militares) poco hablaba. Y menos conmigo que desde el principio traté de averiguar qué había pasado. Sé que tuvo reuniones con los compañeros de mi hermano. No me las contó. Me enteré después. Lo poco que pude sacar en limpio después de algunos años es el rencor absoluto que le quedó con Menéndez. Uno de los pocos militares que él evitaba saludar. Pero volviendo concretamente a su pregunta, de la reunión con Menéndez salió convencido de que ya no lo iba a encontrar. Y con Videla, supe mucho después que le dijo que si mi hermano estaba en territorio de Menéndez, él no podía hacer nada.

Enrique Escobar revivió en el juicio el dolor por el definitivo quiebre familiar que significó la desaparición de su hermano y la férrea ideología de un padre que avalaba la dictadura: “A un año del secuestro de Carlos murió mi madre. (El hombre se descompone, casi llora cuando se esfuerza por relatar.) Ella no pudo superar la tristeza que esto le provocó y que mi padre militar estuviera de acuerdo con esto. Mi mamá se apagó. Se dejó morir a pesar de que mi hermana se casó y se embarazó, de que iba a tener un nieto. Nunca pudo superar todo eso”.

El testigo también contó que “la llamaban por teléfono desde La Perla diciendo que mi padre estaba molestando mucho, que la terminara. Años después supimos que mi hermano Carlos estuvo ahí, Fermín de los Santos nos contó”. De los Santos fue uno de los sobrevivientes de ese campo de concentración sobre cuyo extenso testimonio se basó gran parte de la causa inicial de este juicio. Era médico y fue destinado a trabajo esclavo dentro de la sala de tortura: auscultaba los corazones de las víctimas picaneadas. Varios sobrevivientes recuerdan su voz diciéndoles a los verdugos “paren o se muere”. En su estrategia defensiva los torturadores lo señalan –como al resto de los sobrevivientes– como un colaborador.

Enrique Escobar vuelve a descomponerse cuando le cuenta al Tribunal lo que le dijo Fermín de los Santos en una entrevista. Su voz y las manos tiemblan casi sin control frente al micrófono: “Me dijo que mi hermano había sido muy torturado... Me preguntó si quería saber detalles y le dije que sí... Me dijo que lo habían atado a la cama, que su cuerpo era una sola llaga... Que lo habían cortajeado todo con hojitas de afeitar... Que hubo un particular ensañamiento con él porque no le habían podido sacar ni una sola palabra. Y que como mi padre era ‘un militar gordo y molestaba mucho’, se lo dieron a (Héctor Pedro) Vergez (alias “Vargas”) que se lo llevó y no lo volvieron a ver”.

Vergez y la fosa

A principios de los ‘90 la familia Escobar volvió a tener noticias de lo sucedido con Carlos Alberto: hubo una reunión de sectores peronistas en Carlos Paz. Hacia allí fueron los leales a Raúl Bercovich Rodríguez y los agrupados bajo la órbita de José Manuel de la Sota. El antiguo compañero de trabajo de Carlos, Pablo González, acudió por el delasotismo. Al regreso hubo un hombre que se ofreció a traerlo de regreso a Córdoba en su auto: era el torturador Vergez, quien se había reciclado como “financista” y hasta había escrito un libro, Yo fui Vargas, contando sus crímenes en las bandas del Comando Libertadores de América (CLA) antes del golpe y durante la dictadura.

–¿Y qué le dijo Vergez sobre Carlos Escobar? –le preguntó el juez Jaime Díaz Gavier al testigo González.

–Le pregunté si sabía qué había pasado con Carlos. Él me dijo que ya no lo buscaran más. Que él mismo lo había matado “porque el padre molestaba mucho” y que lo había tirado en una fosa común en La Perla. Que no lo iban a encontrar nunca más.

Según Enrique Escobar, “esta versión fue corroborada por la sobreviviente Liliana Callizo, quien le contó a Lidia Lescano, una compañera de mi hermano, que Vergez lo había matado. Fue en el tiempo en que a algunos de los prisioneros los llevaban de visita a sus casas y luego los volvían a llevar a La Perla. Eran esclavos para distintos trabajos, pero a veces los llevaban a sus casas y hasta se sentaban en la mesa con los familiares de los cautivos... Que cierta vez hubo una cena en la que también estuvo el (represor Ricardo) “Fogo” Lardone, quien dijo que mi hermano había sido particularmente valiente y que eso hizo que se ensañaran con él. Que en la fosa que lo tiraron también enterraron a René Salamanca”.

Hijos de militares

Alfredo López Ayllón y Pablo Rosales tenían sólo 18 años cuando los asesinaron. Ambos eran “peligrosos extremistas” para Menéndez y sus subordinados. A Alfredo lo fueron a buscar a su casa en Carlos Paz. Un vecino, Héctor Antonio Domínguez, vio cuando llegó la patota a llevárselo. “Mire, señor juez, por la pinta que tenían yo pensé que eran ladrones, así que esperé un poco con un vecino para que no nos vieran y avisarle a la policía. Apenas se fueron nos fuimos a la comisaría”, detalló. El hombre contó que vio cuando el pibe trató de escapar trepando por el alambrado que tenía la casa alrededor, y cuando lo bajaron “de las piernas” para meterlo en el baúl de un auto. “Se llevaban todo lo que podían de adentro de la casa. Robaron”, denunció.

Domínguez relató que cuando regresaron con la policía, “los autos de los tipos volvían a la casa. Deben haber estado esperando al padre. Les dijimos a los agentes que eran ellos. Los persiguieron y pararon los autos que se llevaban al chico y las cosas ahí, a media cuadra. Pero cuando los tipos se bajaron y se identificaron como del Ejército, los dejaron ir con todo... El pobre padre anduvo buscando al chico por la cárcel, por todos lados. Le hicieron gastar un montón de plata para decirle dónde estaba. Vendió un auto... pobre, nunca apareció”, memoró el testigo con la misma tristeza y enorme impotencia que no lo abandonó en todo el relato.

Los fiscales agregaron que la sobreviviente Mirta Iriondo declaró que vio al chico en La Perla. Que era hermano de Jorge López Ayllón, a quien ya habían matado unos meses antes. Alfredo López Ayllón fue “trasladado” –así nombraban al asesinato por fusilamiento– el día del terremoto de Caucete, el 23 de noviembre de 1977.

A Pablo Javier Rosales, en cambio, lo mataron en el mismo momento en que intentaron secuestrarlo. Fue el 26 de noviembre de 1976. Todavía estaba en la secundaria. Le faltaba rendir matemáticas para egresar. Tenía el examen al día siguiente. Pablo era de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue baleado cuando la patota intentó atraparlo. Según la fiscalía, “le dieron en la cadera. Hay testigos que aseguran que fue (el represor muerto el año pasado) Luis “Cogote de Violín” Manzanelli quien le disparó con una escopeta. El chico murió desangrado cuando lo trasladaban al Hospital Militar. Su madre, Beatriz Josefina Echevarría de Rosales, declaró que ese día Pablo salió de casa para devolver un libro, y le dijo a la hermana que volvería para estudiar matemáticas”. Según confirmó la fiscalía, “la madre dijo que Pablo nunca volvió. Que su esposo, que era militar de la Aeronáutica, fue a buscarlo y que al día siguiente, el 27 de noviembre, un comodoro amigo llegó a su casa y le dijo ‘quedate tranquila, a Pablo lo mataron’. Fíjense ustedes, señores jueces, lo que este hombre le dijo a la madre: ‘quedate tranquila tu hijo está muerto’”, se espantó el fiscal Vehils Ruiz en su alegato. Y siguió: “La madre contó que en su desesperación preguntó si lo habían torturado. Y que el comodoro le contestó: ‘No han tenido tiempo’. Ella dijo que en un comunicado en el diario pusieron que su hijo Pablo era de Montoneros, que era dirigente y que lo habían abatido en un tiroteo. La mamá dijo aquí, en el juicio: ‘Pablo era un chico. Tenía 18 años. Le faltaba rendir matemáticas. ¿Cómo iba a ser comandante de semejante cosa?’. En un intento por saber qué había pasado, Beatriz de Rosales fue a la esquina donde lo mataron. Allí un kiosquero le dijo que hubo un tiroteo ‘pero de un solo lado’. La mujer agregó que Pablo era ahijado de monseñor (Enrique) Angelelli, y que tal vez por eso... Señores jueces, la madre trataba de buscar una razón para semejante barbaridad: que le maten a un chico de 18 años de un escopetazo en la calle. También agregó que el comandante Costri, que era tío de (el represor Ernesto “Nabo”) Barreiro, le dijo que Barreiro se enojó ante esa muerte, no lo quería muerto, lo quería en sus manos. Y todos ya sabemos qué pasaba en esas manos”, deslizó el fiscal antes de concluir. “Señores jueces, tenemos prueba suficiente para saber que todo esto ocurrió. La muerte de Pablo Javier Rosales fue admitida por el Tercer Cuerpo de Ejército. Como ocurrió en tantos casos, en el diario La Voz del Interior apareció que ‘abatieron un extremista’. Lo que no decían era que el extremista tenía sólo 18 años”.

“La hija del aviador”

El caso de Silvina Parodi de Orozco, la hija de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, se encuadra también entre los hijos de militares que tuvieron “un trato especial”. Silvina tenía 20 años y un embarazo de seis meses y medio cuando la secuestraron el 26 de marzo de 1976. Era hija de Enrique Parodi, quien pertenecía a la Fuerza Aérea. Se la llevaron con su esposo Daniel Francisco Orozco. Se sabe que a él lo torturaron frente a ella en La Perla. Que la obligaron a ver el suplicio. También, a lo largo de este juicio, varios testigos contaron que la mantuvieron con vida hasta que nació el bebé. A su turno, Silvia Acosta declaró que la vio y hasta la escuchó parir en la Maternidad Provincial el 14 de junio de 1976. El pediatra Fernando Agrelo, que revisó a la mamá y a su bebé, aseguró que “la criatura tenía una muy buena salud y la mamá mucho estrés”. Que los vio juntos en la cárcel de mujeres del Buen Pastor; y poco después también atendió al bebé, ya solo, en la Casa Cuna.

Sonia Torres está convencida de que “la mantuvieron cautiva casi en secreto porque ella era una chica sana, hija de un militar y su bebé era un buen botín de guerra. Silvina era atlética, fuerte. Había sido campeona de natación y tanto Daniel como ella eran dos chicos inteligentes. Estudiaban Ciencias Económicas, eran sanos. Ese bebé debe haber ido a parar a alguna familia poderosa, tal vez de militares. Por eso es que no ha aparecido”, argumentó la titular de Abuelas-Córdoba ante Página/12.

El hecho de que Silvina nunca hubiese sido una presa “blanqueada, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, acrecienta las dudas de Sonia Torres. “Si hasta cuando la tuvieron en la UP1 de barrio San Martín, que era una cárcel del Estado, la mantuvieron clandestina, ahí abajo, en las celdas subterráneas. Las carceleras tenían su nombre. Lo gritaron un día en el pabellón 14 de las mujeres para entregar una ropita de bebé que yo había llevado... Pero las presas dijeron que Silvina nunca estuvo ahí con ellas. La tenían escondida, desaparecida entre los presos políticos.”

Enrique Parodi, el padre, la buscó hasta su propia muerte hace más de un lustro. El hombre amaba a esa hija: “Silvina y su papá eran muy unidos. Era sus ojos, su campeona de natación”, recordó Sonia.

Parodi padre nunca obtuvo ninguna respuesta de sus colegas. Las monjas del Buen Pastor y de la Casa Cuna –que aún guardan un silencio cómplice sobre lo sucedido con el bebé robado– nombraban a Silvina como “la hija del aviador”.

De eso dio fe la testigo Laura Marrone, quien en su declaración del 5 de agosto de 2015 afirmó que las monjas recluidas en un geriátrico en las sierras cordobesas la llamaron así cuando ella, para ayudar a la búsqueda de Sonia Torres, fue a pedirles que dijeran lo que sabían sobre Silvina y su hijo. Se sabe que aún están con vida al menos dos de las monjas que tenían poder y autoridad cuando el bebé fue entregado: Monserrat Tribo, de la Casa Cuna, y Angélica Olmos Garzón (tía de la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano), que estaba a cargo en el Buen Pastor. Tribo fue trasladada a España pocos días después de que el fiscal Facundo Trotta pidiera al Tribunal que se la llamase a comparecer, en noviembre de 2014.

Sonia Torres es una más de las Abuelas que espera que la apertura de los archivos del Vaticano anunciada por el Papa Francisco les aporte información en la búsqueda de sus nietos. Torres cumplirá 87 este año. Lleva 40 de búsqueda. Y, se sabe, el tiempo no se detiene.

lunes, 9 de mayo de 2016

El megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla - Campo de la Ribera

Los hijos de los militares en manos de los represores  

Los alegatos mostraron cómo los crímenes organizados por Menéndez tuvieron como víctimas a familiares de militares. La fiscalía pidió prisión perpetua para el represor y otros 34 acusados. Los jueces podrían dictar sentencia en agosto.

Por Marta Platía - Desde Córdoba

La etapa de los alegatos en el megajuicio de La Perla refrescó la memoria de lo ocurrido y trajo a luz, día tras día, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Córdoba. Así, los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz expusieron las pruebas sumadas durante estos más de tres años de juicio y el paso de 581 testigos. En los últimos días pidieron prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 34 represores; en tanto que solicitaron penas que van desde los 3 a los 25 años de cárcel para otros diez reos que lo acompañan en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las 716 víctimas de esta megacausa. Se estima que los jueces podrían dictar sentencia en agosto de este año.

Convertido en el general con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina –ya once, más dos condenas a una veintena de años– ha quedado claro que el Cachorro Menéndez no soltaba su presa cuando la tenía entre dientes. Lo supieron y padecieron cientos de familias en las diez provincias argentinas del centro y norte del país que tuvo bajo su bota durante la última dictadura. De su tenaz cruzada “anticomunista” –que aún hoy, con 88 años, sigue reivindicando– también probaron algunos de sus colegas de armas que sufrieron la desaparición de sus propios hijos en el territorio que arrasó la Hiena Menéndez, como también se lo conoce.

El mismísimo Jorge Rafael Videla tuvo que admitir en más de una oportunidad que “no podía hacer nada” si el hijo o hija de un militar, o alguien de renombre por el que se reclamara, estaba en los campos de concentración de Menéndez: un general impiadoso que no se privó de llamarlo “blando”, y que hasta impulsó un golpe dentro del golpe contra el dictador y su por entonces segundo en el mando, Roberto Viola. Menéndez se sublevó el 28 de septiembre de 1979 en el norte cordobés pero, ante la superioridad de fuerzas de Videla, acabó rindiéndose y terminó preso por noventa días en la celda de un cuartel en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Antes de ese episodio, Videla había dejado al descubierto su falta de autoridad en el área 311 que lideraba a sangre y muerte el Cachorro, cuando de vástagos de militares se trataba. Uno de los casos más resonantes en Córdoba fue el de Carlos Alberto Escobar, el hijo de un coronel del Ejército que había sido amigo y compañero de armas de Videla. Carlos trabajaba en la Dirección de Educación de la Provincia y era delegado del Sindicato de Empleados Públicos, cuando fue secuestrado por una patota en su lugar de trabajo, en la Isla Crisol del Parque Sarmiento de la capital cordobesa. El muchacho militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y formaba parte de una lista que apoyaba las ideas que impulsaban Agustín Tosco desde Luz y Fuerza, y René Salamanca, desde Smata.

La mañana del 12 de abril de 1976, Carlos tenía el día libre pero fue a su lugar de trabajo a buscar una parte de su paga que se le adeudaba. Un compañero de oficina, Pablo González, contó que “Carlos llegó, entró y saludó a todos los que estábamos y se fue a tomar un café a la cocina. También escuchamos cuando pasó y saludó a la directora María del Carmen Cognini que estaba en su oficina. Minutos después vinieron a buscarlo y se lo llevaron”.

El testigo contó que él y una compañera de trabajo pudieron escuchar cómo la directora tomó el teléfono y dijo “sí, capitán, está acá”. El hombre la señaló también como quien “entregó” antes a una maestra, Julia Angélica Brocca, mamá de dos hijos, a quien desaparecieron. Pablo González aseguró en el juicio que “la Cognini nos vivía amenazando a todos. Con el dedo índice nos señalaba y nos decía: tengan mucho cuidado que yo a ustedes los estoy vigilando, sé qué hacen y tengo sus legajos”.

El hermano de Carlos Alberto, un abogado de 60 años, Enrique Alejandro Escobar, detalló ante los jueces lo que pudo averiguar sobre esa mañana: “Llegaron dos autos. Bajaron varias personas que preguntaron por el dueño de la Renoleta amarilla. Un hombre de maestranza cuando ve esto está por pegarle el grito a mi hermano para que corriera, pero lo hicieron callar. Le apuntaban con armas. Entraron a la cocina, preguntaron por Carlos Escobar y él dijo ‘soy yo’. Lo encapucharon, le ataron las manos a la espalda, se lo llevaron. Alcanzó a decir que le avisaran a su familia. Se llevaron también la Renoleta. Nos avisaron y esa misma tarde fui donde vivía mi hermano: el departamento tenía la puerta destrozada. A los pocos días apareció la Renoleta totalmente quemada. De él no supimos nada más”.

El padre del muchacho desaparecido era un coronel del Ejército ya retirado. Después de que Menéndez le negara tenerlo en el Tercer Cuerpo o en La Perla, viajó a Buenos Aires para hablar con Videla. Lo conocía desde los 13 años. “Eran muy amigos y habían hecho parte del liceo militar juntos. Mi padre lo respetaba y lo quería”, recordó Enrique Escobar.

–¿Y qué le dijo Videla a su padre? –preguntó el querellante Claudio Orosz.

–La situación de mi padre era particular. El estuvo de acuerdo con el golpe. Es más, fue funcionario de Transporte cuando estaba de gobernador Carlos Chasseing (quien asumió justo el mismo día del secuestro de Carlos Alberto). Como padre quiso proteger a su hijo, pero estuvo de acuerdo con esto de que había que eliminar, sacar de circulación a todos los comunistas, a todos los rojos... Esa obsesión que tenían todos los militares. Pero con respecto a las reuniones (con sus colegas militares) poco hablaba. Y menos conmigo que desde el principio traté de averiguar qué había pasado. Sé que tuvo reuniones con los compañeros de mi hermano. No me las contó. Me enteré después. Lo poco que pude sacar en limpio después de algunos años es el rencor absoluto que le quedó con Menéndez. Uno de los pocos militares que él evitaba saludar. Pero volviendo concretamente a su pregunta, de la reunión con Menéndez salió convencido de que ya no lo iba a encontrar. Y con Videla, supe mucho después que le dijo que si mi hermano estaba en territorio de Menéndez, él no podía hacer nada.

Enrique Escobar revivió en el juicio el dolor por el definitivo quiebre familiar que significó la desaparición de su hermano y la férrea ideología de un padre que avalaba la dictadura: “A un año del secuestro de Carlos murió mi madre. (El hombre se descompone, casi llora cuando se esfuerza por relatar.) Ella no pudo superar la tristeza que esto le provocó y que mi padre militar estuviera de acuerdo con esto. Mi mamá se apagó. Se dejó morir a pesar de que mi hermana se casó y se embarazó, de que iba a tener un nieto. Nunca pudo superar todo eso”.

El testigo también contó que “la llamaban por teléfono desde La Perla diciendo que mi padre estaba molestando mucho, que la terminara. Años después supimos que mi hermano Carlos estuvo ahí, Fermín de los Santos nos contó”. De los Santos fue uno de los sobrevivientes de ese campo de concentración sobre cuyo extenso testimonio se basó gran parte de la causa inicial de este juicio. Era médico y fue destinado a trabajo esclavo dentro de la sala de tortura: auscultaba los corazones de las víctimas picaneadas. Varios sobrevivientes recuerdan su voz diciéndoles a los verdugos “paren o se muere”. En su estrategia defensiva los torturadores lo señalan –como al resto de los sobrevivientes– como un colaborador.

Enrique Escobar vuelve a descomponerse cuando le cuenta al Tribunal lo que le dijo Fermín de los Santos en una entrevista. Su voz y las manos tiemblan casi sin control frente al micrófono: “Me dijo que mi hermano había sido muy torturado... Me preguntó si quería saber detalles y le dije que sí... Me dijo que lo habían atado a la cama, que su cuerpo era una sola llaga... Que lo habían cortajeado todo con hojitas de afeitar... Que hubo un particular ensañamiento con él porque no le habían podido sacar ni una sola palabra. Y que como mi padre era ‘un militar gordo y molestaba mucho’, se lo dieron a (Héctor Pedro) Vergez (alias “Vargas”) que se lo llevó y no lo volvieron a ver”.

Vergez y la fosa

A principios de los ‘90 la familia Escobar volvió a tener noticias de lo sucedido con Carlos Alberto: hubo una reunión de sectores peronistas en Carlos Paz. Hacia allí fueron los leales a Raúl Bercovich Rodríguez y los agrupados bajo la órbita de José Manuel de la Sota. El antiguo compañero de trabajo de Carlos, Pablo González, acudió por el delasotismo. Al regreso hubo un hombre que se ofreció a traerlo de regreso a Córdoba en su auto: era el torturador Vergez, quien se había reciclado como “financista” y hasta había escrito un libro, Yo fui Vargas, contando sus crímenes en las bandas del Comando Libertadores de América (CLA) antes del golpe y durante la dictadura.

–¿Y qué le dijo Vergez sobre Carlos Escobar? –le preguntó el juez Jaime Díaz Gavier al testigo González.

–Le pregunté si sabía qué había pasado con Carlos. Él me dijo que ya no lo buscaran más. Que él mismo lo había matado “porque el padre molestaba mucho” y que lo había tirado en una fosa común en La Perla. Que no lo iban a encontrar nunca más.

Según Enrique Escobar, “esta versión fue corroborada por la sobreviviente Liliana Callizo, quien le contó a Lidia Lescano, una compañera de mi hermano, que Vergez lo había matado. Fue en el tiempo en que a algunos de los prisioneros los llevaban de visita a sus casas y luego los volvían a llevar a La Perla. Eran esclavos para distintos trabajos, pero a veces los llevaban a sus casas y hasta se sentaban en la mesa con los familiares de los cautivos... Que cierta vez hubo una cena en la que también estuvo el (represor Ricardo) “Fogo” Lardone, quien dijo que mi hermano había sido particularmente valiente y que eso hizo que se ensañaran con él. Que en la fosa que lo tiraron también enterraron a René Salamanca”.

Hijos de militares

Alfredo López Ayllón y Pablo Rosales tenían sólo 18 años cuando los asesinaron. Ambos eran “peligrosos extremistas” para Menéndez y sus subordinados. A Alfredo lo fueron a buscar a su casa en Carlos Paz. Un vecino, Héctor Antonio Domínguez, vio cuando llegó la patota a llevárselo. “Mire, señor juez, por la pinta que tenían yo pensé que eran ladrones, así que esperé un poco con un vecino para que no nos vieran y avisarle a la policía. Apenas se fueron nos fuimos a la comisaría”, detalló. El hombre contó que vio cuando el pibe trató de escapar trepando por el alambrado que tenía la casa alrededor, y cuando lo bajaron “de las piernas” para meterlo en el baúl de un auto. “Se llevaban todo lo que podían de adentro de la casa. Robaron”, denunció.

Domínguez relató que cuando regresaron con la policía, “los autos de los tipos volvían a la casa. Deben haber estado esperando al padre. Les dijimos a los agentes que eran ellos. Los persiguieron y pararon los autos que se llevaban al chico y las cosas ahí, a media cuadra. Pero cuando los tipos se bajaron y se identificaron como del Ejército, los dejaron ir con todo... El pobre padre anduvo buscando al chico por la cárcel, por todos lados. Le hicieron gastar un montón de plata para decirle dónde estaba. Vendió un auto... pobre, nunca apareció”, memoró el testigo con la misma tristeza y enorme impotencia que no lo abandonó en todo el relato.

Los fiscales agregaron que la sobreviviente Mirta Iriondo declaró que vio al chico en La Perla. Que era hermano de Jorge López Ayllón, a quien ya habían matado unos meses antes. Alfredo López Ayllón fue “trasladado” –así nombraban al asesinato por fusilamiento– el día del terremoto de Caucete, el 23 de noviembre de 1977.

A Pablo Javier Rosales, en cambio, lo mataron en el mismo momento en que intentaron secuestrarlo. Fue el 26 de noviembre de 1976. Todavía estaba en la secundaria. Le faltaba rendir matemáticas para egresar. Tenía el examen al día siguiente. Pablo era de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue baleado cuando la patota intentó atraparlo. Según la fiscalía, “le dieron en la cadera. Hay testigos que aseguran que fue (el represor muerto el año pasado) Luis “Cogote de Violín” Manzanelli quien le disparó con una escopeta. El chico murió desangrado cuando lo trasladaban al Hospital Militar. Su madre, Beatriz Josefina Echevarría de Rosales, declaró que ese día Pablo salió de casa para devolver un libro, y le dijo a la hermana que volvería para estudiar matemáticas”. Según confirmó la fiscalía, “la madre dijo que Pablo nunca volvió. Que su esposo, que era militar de la Aeronáutica, fue a buscarlo y que al día siguiente, el 27 de noviembre, un comodoro amigo llegó a su casa y le dijo ‘quedate tranquila, a Pablo lo mataron’. Fíjense ustedes, señores jueces, lo que este hombre le dijo a la madre: ‘quedate tranquila tu hijo está muerto’”, se espantó el fiscal Vehils Ruiz en su alegato. Y siguió: “La madre contó que en su desesperación preguntó si lo habían torturado. Y que el comodoro le contestó: ‘No han tenido tiempo’. Ella dijo que en un comunicado en el diario pusieron que su hijo Pablo era de Montoneros, que era dirigente y que lo habían abatido en un tiroteo. La mamá dijo aquí, en el juicio: ‘Pablo era un chico. Tenía 18 años. Le faltaba rendir matemáticas. ¿Cómo iba a ser comandante de semejante cosa?’. En un intento por saber qué había pasado, Beatriz de Rosales fue a la esquina donde lo mataron. Allí un kiosquero le dijo que hubo un tiroteo ‘pero de un solo lado’. La mujer agregó que Pablo era ahijado de monseñor (Enrique) Angelelli, y que tal vez por eso... Señores jueces, la madre trataba de buscar una razón para semejante barbaridad: que le maten a un chico de 18 años de un escopetazo en la calle. También agregó que el comandante Costri, que era tío de (el represor Ernesto “Nabo”) Barreiro, le dijo que Barreiro se enojó ante esa muerte, no lo quería muerto, lo quería en sus manos. Y todos ya sabemos qué pasaba en esas manos”, deslizó el fiscal antes de concluir. “Señores jueces, tenemos prueba suficiente para saber que todo esto ocurrió. La muerte de Pablo Javier Rosales fue admitida por el Tercer Cuerpo de Ejército. Como ocurrió en tantos casos, en el diario La Voz del Interior apareció que ‘abatieron un extremista’. Lo que no decían era que el extremista tenía sólo 18 años”.

“La hija del aviador”

El caso de Silvina Parodi de Orozco, la hija de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, se encuadra también entre los hijos de militares que tuvieron “un trato especial”. Silvina tenía 20 años y un embarazo de seis meses y medio cuando la secuestraron el 26 de marzo de 1976. Era hija de Enrique Parodi, quien pertenecía a la Fuerza Aérea. Se la llevaron con su esposo Daniel Francisco Orozco. Se sabe que a él lo torturaron frente a ella en La Perla. Que la obligaron a ver el suplicio. También, a lo largo de este juicio, varios testigos contaron que la mantuvieron con vida hasta que nació el bebé. A su turno, Silvia Acosta declaró que la vio y hasta la escuchó parir en la Maternidad Provincial el 14 de junio de 1976. El pediatra Fernando Agrelo, que revisó a la mamá y a su bebé, aseguró que “la criatura tenía una muy buena salud y la mamá mucho estrés”. Que los vio juntos en la cárcel de mujeres del Buen Pastor; y poco después también atendió al bebé, ya solo, en la Casa Cuna.

Sonia Torres está convencida de que “la mantuvieron cautiva casi en secreto porque ella era una chica sana, hija de un militar y su bebé era un buen botín de guerra. Silvina era atlética, fuerte. Había sido campeona de natación y tanto Daniel como ella eran dos chicos inteligentes. Estudiaban Ciencias Económicas, eran sanos. Ese bebé debe haber ido a parar a alguna familia poderosa, tal vez de militares. Por eso es que no ha aparecido”, argumentó la titular de Abuelas-Córdoba ante Página/12.

El hecho de que Silvina nunca hubiese sido una presa “blanqueada, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, acrecienta las dudas de Sonia Torres. “Si hasta cuando la tuvieron en la UP1 de barrio San Martín, que era una cárcel del Estado, la mantuvieron clandestina, ahí abajo, en las celdas subterráneas. Las carceleras tenían su nombre. Lo gritaron un día en el pabellón 14 de las mujeres para entregar una ropita de bebé que yo había llevado... Pero las presas dijeron que Silvina nunca estuvo ahí con ellas. La tenían escondida, desaparecida entre los presos políticos.”

Enrique Parodi, el padre, la buscó hasta su propia muerte hace más de un lustro. El hombre amaba a esa hija: “Silvina y su papá eran muy unidos. Era sus ojos, su campeona de natación”, recordó Sonia.

Parodi padre nunca obtuvo ninguna respuesta de sus colegas. Las monjas del Buen Pastor y de la Casa Cuna –que aún guardan un silencio cómplice sobre lo sucedido con el bebé robado– nombraban a Silvina como “la hija del aviador”.

De eso dio fe la testigo Laura Marrone, quien en su declaración del 5 de agosto de 2015 afirmó que las monjas recluidas en un geriátrico en las sierras cordobesas la llamaron así cuando ella, para ayudar a la búsqueda de Sonia Torres, fue a pedirles que dijeran lo que sabían sobre Silvina y su hijo. Se sabe que aún están con vida al menos dos de las monjas que tenían poder y autoridad cuando el bebé fue entregado: Monserrat Tribo, de la Casa Cuna, y Angélica Olmos Garzón (tía de la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano), que estaba a cargo en el Buen Pastor. Tribo fue trasladada a España pocos días después de que el fiscal Facundo Trotta pidiera al Tribunal que se la llamase a comparecer, en noviembre de 2014.

Sonia Torres es una más de las Abuelas que espera que la apertura de los archivos del Vaticano anunciada por el Papa Francisco les aporte información en la búsqueda de sus nietos. Torres cumplirá 87 este año. Lleva 40 de búsqueda. Y, se sabe, el tiempo no se detiene.

lunes, 7 de diciembre de 2015

El represor que sumó 16 nuevos pedidos de prisión perpetua

Los alegatos en el juicio por los crímenes cometidos en La Perla y en el campo de La Ribera

Luciano Benjamín Menéndez ya cuenta con diez condenas a perpetua y ahora enfrenta las solicitudes de penas presentadas por las querellas del juicio que se desarrolla en Córdoba. El proceso judicial lleva tres años y concluiría a mediados de 2016.

  Por Marta Platía - Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez se supera a sí mismo. A sus diez condenas por cadena perpetua y otras dos más por una veintena de años cada una, el represor de 88 años ha sumado en las últimas semanas dieciséis nuevos pedidos de prisión perpetua en la etapa de los alegatos que se vienen sucediendo en el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. Cuando este juicio llegue a su fin (“tal vez en julio del año que viene”, según le anticipó a este diario el fiscal Facundo Trotta), el multicondenado ex general habrá sumado por alegato más de 350 pedidos de prisión perpetua por cada una de las víctimas desaparecidas por las que se lo está juzgando en este proceso, que será el más largo de la historia jurídica argentina. Cuando se esperaba que los dolores que provocaron los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas al fin hubiesen pasado, y que los abogados enfriasen el ambiente con sus alegatos, los asistentes a este megajuicio tienen en claro que no es así: desde se comenzó a alegar se ha desatado un lacerante vendaval de historias que –todas agrupadas y ahora que ya se escucharon 581 testigos– se padecen como si se tratara de un atroz caleidoscopio del mal. El querellante Horacio Viqueira fue quien dio el puntapié inicial. Junto a su colega Aukha Barbero, representaron a Vicente Fernández Quintana: un escribano asesinado a sus 68 años, cuando el hombre buscaba a sus dos hijos secuestrados. Una patota comandada por Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”, y Ernesto “el Nabo” Barreiro lo secuestró el 15 de mayo de 1976 de su casa en Río Tercero y lo llevó hasta La Perla, donde lo torturaron a picana y palo hasta matarlo. La sobreviviente Liliana Callizo atestiguó que el represor especialista en torturar “a dos picanas”, Luis Manzanelli (quien murió de pulmonía hace pocos días) le dijo: “Fue muy duro. Vos sabés, Flaca, un padre nunca entrega a sus hijos”. Callizo dio cuenta de la terrible agonía de Fernández Quintana. Lo torturaron con una combinación que resultaba letal: palo más picana eléctrica. Los riñones dejaron de funcionar. La muerte llegaba entre dolores lacerantes, el cuerpo hinchado, afiebrado. “Nosotros lo recordamos con respeto, con cariño. El se mantuvo solidario con sus compañeros y fue digno hasta el final”, dijo la mujer en su testimonio. Barreiro, Vergez y compañía, no sólo perpetraron su muerte: también le quemaron la casa, su estudio y hasta una quinta que tenía en las sierras.

Viqueira hizo un alegato detallado, en el cual repasó los comienzos del Comando Libertadores de América en Córdoba, el CLA: una especie de Triple A local integrada por sicarios de la policía que operaban en el D2 y el Ejército. El CLA respondía a Menéndez, Vergez y Barreiro, y se dedicó a asesinar y desaparecer aún antes del 24 de marzo de 1976. Llegado su momento de alegato, la querellante por Abuelas de Plaza de Mayo Marité Sánchez les apuntó a esos crímenes de lesa humanidad previos al golpe. Sánchez defendió la primera causa por robo de bebés que ha llegado a juicio en Córdoba: la del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas-Córdoba, cuya hija Silvina Parodi, de 20 años, estaba embarazada de seis meses y medio cuando la secuestraron junto a su esposo Daniel Francisco Orozco, el 26 de marzo de 1976. Además, se llevaron a los otros hijos de Sonia Torres: Luis y Giselle, al padre de la familia, a la novia de Luis y a dos amigos que estaban en la casa. Tenían el teléfono intervenido. La propia Sonia fue pateada hasta en el momento en que la liberaron: “De un puntapié volé y caí de rodillas en los adoquines que hay entre la D2 y la Catedral”, recordó ante Página/12.

La abogada afirmó que “Silvina Mónica Parodi era una perseguida política y lo fue mucho antes de que la privaran de su libertad y su vida”. Sánchez detalló todo el peregrinar de Silvina, ya secuestrada, por celdas clandestinas. Las torturas a ella y a su marido en La Perla, el nacimiento del bebé del cual hubo un testimonio fundamental, ya que una mujer, Silvia Acosta, no sólo la vio en la maternidad el día del nacimiento, el 14 de junio de 1976, sino que relató las circunstancias en que ocurrió. “Ella (Silvina) tenía la pancita torturada, quemada por la picana y cigarrillos.” La testigo contó que la escuchó gritar y gemir “que no quería que el bebé naciera porque se lo iban a robar”. La abogada Marité Sánchez hizo hincapié en el silencio de las monjas del Buen Pastor y las declaraciones de la testigo Laura Marrone, quien contó ante el Tribunal que en 2009 fue a ver a un geriátrico en las sierras cordobesas a las monjas, donde ella misma estuvo cautiva. Que les preguntó por el bebé de Silvina, y que una de ellas deslizó que “hay un muchacho en Río Cuarto”. Aunque luego cerraron filas y se negaron a hablar hasta hoy.

Sánchez pidió al Tribunal la pena de prisión perpetua para Menéndez y su patota. Se apoyó, como en casi todos los casos, en la teoría del “dominio del hecho” del alemán Claus Roxin, que se aplicó en el proceso contra el criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. Esto es: un autor mediato que, si bien no apretó el gatillo, sí dio las órdenes y facilitó los medios para la comisión de los crímenes y, por lo tanto, es mayor su responsabilidad.

Sobre el robo del bebé, la abogada recalcó: “Se trata de un desaparecido vivo. El delito se está cometiendo en este mismo momento, puesto que no ha cesado hasta ahora. Además se le ha sustraído su identidad y su familia”. Sánchez encuadró los delitos cometidos en la figura de genocidio, ya que se quiso exterminar a una toda una generación. Antes de terminar, en la sala repleta, y por primera vez en décadas, se vio llorar a Sonia Torres, la Abuela de 87 años. Fue algo que nadie esperaba y para muchos resultó casi insoportable. Sonia es conocida por su fuerza, por su frase “llorar no sirve para nada”. Pero a la tensión que sumó entre los pedidos de condena –esa especie de meta a la que arribó luego de casi cuarenta años de lucha–, hubo de sumarle ver el rostro resplandeciente de su hija sonriéndole en blanco y negro desde la pantalla gigante donde los querellantes proyectan imágenes y documentos de la época. Demasiado para cualquier corazón.

En el final, y en un esfuerzo que conmovió por su entereza, Marité Sánchez –quien también fue prisionera de la dictadura y parió a una de sus hijas esposada de una mano y un pie a una cama– concluyó: “Dedicamos este alegato a los hijos de las embarazadas que dieron a luz en la oscura dictadura militar, para que puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia historia”. Nada menos que el hilo conductor que guía a las Abuelas de Plaza de Mayo en los últimos tiempos: que sean ahora los nietos –hombres y mujeres de treinta y pico, cuarenta años– quienes las busquen a ellas.

“Ladrón y decapitador”

Desencajado cuando lo acusan de ladrón, a Menéndez en cambio no se le mueve un músculo de la cara cuando le atribuyen uno de los crímenes más bárbaros y revulsivos que haya cometido la dictadura argentina: la decapitación y exhibición de la cabeza de una de sus miles de víctimas, el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 60 años y padre de doce hijos.

El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1, Jaime Díaz Gavier, tuvo que amenazar a Menéndez –alias “Cachorro” o “la Hiena”– con sacarlo con la policía, cuando el ex jefe del Tercer Cuerpo protestaba furioso desde su butaca y llamaba mentiroso al querellante que alegó por la causa Mackentor, el “Papel Prensa” cordobés. El abogado Juan Carlos Vega se vio varias veces interrumpido por el represor, que no pudo controlarse cuando en el alegato se lo acusó de ladrón y se dejó probado que él mandó a matar, secuestrar y torturar a los accionistas y empleados de ésa fábrica, atribuyéndoles “sostener económicamente a la subversión”, para intervenirla y beneficiar a otros grupos económicos. La empresa de la familia de Natalio Kejner, quien murió en México hace pocos meses, fue saqueada y quedó desmantelada. Sus negocios pasaron a manos de otras (en este caso Supercemento) beneficiarias de los militares en el poder. Tal como ocurrió en Buenos Aires con la familia de David Graiver y Papel Prensa.

En cambio, Menéndez ni se inmutó cuando se lo acusó de la decapitación y exhibición de la cabeza de Vaca Narvaja. Tanto él como su cómplice, el ex coronel Raúl Fierro, continuaron su siesta paquidérmica mientras la querellante Patricia Chalup alegó y lo señaló como el responsable de esa barbarie. El relato de la historia de Vaca Narvaja provocó zozobra: una pulsión intensa aterró el semblante de los presentes en la sala y aún los de los jueces. Un hombre fue arrancado de su sueño a las dos de la mañana del 10 de marzo. Una patota casi derribó a golpes su puerta. Un adolescente de 16 años, el menor de una docena de hijos e hijas, estudiaba en su cuarto. Los vándalos entraron de civil, con armas largas, humillaron al hombre y a su esposa, Susana Yofre. El hombre alcanzó a decirle al hijo que cuide a la madre. Se lo llevaron en un baúl. No fue fácil meterlo, medía más de un metro ochenta. El hijo mayor, que llevaba el mismo nombre del padre, ya estaba preso y a disposición del PEN desde noviembre. Lo fusilaron simulando una falsa fuga en agosto de ese año. Pocos días después del secuestro, la familia debió huir para salvar la vida. Veintiséis en total: trece niños y trece adultos. México fue el destino. Años después del exilio, se pudo ir desgranando lo padecido por ese hombre. A Miguel Hugo Vaca Narvaja padre lo llevaron al Campo de La Ribera. Lo torturaron días y noches. Una colega, Amparo Fischer, atestiguó haber escuchado una discusión “entre un hombre grande con los torturadores”. Un guardia le dijo: “Ha tenido mala suerte, ha caído justo con Vaca Narvaja, el tesorero de los Montoneros”. Vaca Narvaja había sido ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi. Dos veces presidente del Banco de Córdoba. Profesor universitario. De raigambre radical, su hijo Fernando fue uno de los que logró fugar de Trelew. Uno de los fundadores de Montoneros. En cautiverio, los represores quisieron obligarlo a firmar una declaración de repudio contra ese hijo. No lo hizo. “Mi padre tuvo doce hijos, doce universos. Nunca iba a renegar de ninguno de nosotros”, declaró Gonzalo, el que pudo ver cuando se lo llevaban.

La reconstrucción de lo ocurrido desespera: un chico, Juan Manuel Blanes, encontró en abril del ’76 una cabeza humana en una bolsa, cerca de las vías del tren en barrio Alta Córdoba. Asustado, buscó a un vecino, Carlos Albrieu, un joven estudiante de biología para que le ayudase con el hallazgo. Albrieu dio testimonio de lo ocurrido en este juicio: “Le faltaba un ojo. Tenía un bigotito fino, la nariz alargada, rasgos europeos. Se notaba que la habían mantenido en formol u otro conservante, por la coloración amarronada que tenía. ¿Con qué fines? No sé”.

Otra testigo, Valentina Enet, que por entonces buscaba a su propio hermano secuestrado, aportó otra pieza a la reconstrucción: “Mi padre era ingeniero. Logró por contactos una cita con Fierro. Cuando estábamos con él en su oficina del Tercer Cuerpo, Fierro recibió una llamada de (Francisco) Primatesta. Salió corriendo. Nos dejó solos. Yo me tiré sobre el vidrio de su escritorio porque debajo tenía muchas fotos. Casi todas con puntitos rojos como de sangre y marcas con lapicera. Una, la más grande, me llamó la atención: no tenía cabeza”. El regreso súbito de Fierro, el susto de la chica y su padre, y Fierro que sonríe: “Ah, veo que estuviste mirando mi álbum de recuerdos... Pero a ése no lo vas a reconocer. Le falta la cabeza. Pero tu papá sí que lo conoce. Es Vaca Narvaja. Eso les pasa a los padres de los subversivos que buscan a sus hijos”. En la sala, la cámara que filma todas las audiencias enfocó el rostro del hijo mayor, Gustavo Vaca Narvaja, médico cirujano, escritor: los ojos enrojecidos, las mandíbulas atenazadas. No llora. Resiste.

La querellante Patricia Chalup pidió prisión perpetua para los criminales de Miguel Hugo Vaca Narvaja (es el abuelo del actual juez Federal N° 3). En las caras de los acusados Menéndez, Fierro y Gustavo Diedrichs no hubo gesto alguno. “Matar para ellos era hacer Patria”, había aseverado Chalup. El ensañamiento es el sello de este crimen. Como en el caso de la familia de Mariano Pujadas. fusilado en la base Almirante Zar, luego de la fuga del penal de Trelew en 1972. Su padre, su madre, su hermano, hermana y su cuñada, Mirta Yolanda Bustos, fueron atormentados, asesinados, echados a un pozo y dinamitados en agosto de 1975. O la tortura hasta el desollamiento que padeció Marcos Osatinsky, y que continuó posmortem cuando secuestraron su féretro y lo volaron de camino a Tucumán.

Osatinsky fue otro de los militantes que pudieron huir de ese penal patagónico. Menéndez, Vergez, Fierro, Barreiro y el resto de la caterva no perdonaron esa fuga y destrozaron, literalmente, a cada uno de los miembros de esas familias que pudieron atrapar. “Querían borrar nuestro apellido de la faz de la tierra”, declaró aquí Sara Solarz de Osatinsky, a quien también le mataron sus hijos de 19 y 15 años. Vergez en persona la buscó en la ESMA, donde la mantenían cautiva, para contarle, rebosante de morbo, los detalles de la literal cacería que montaron contra los jóvenes.

Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”: un represor pirómano que “gozaba con el fuego”, según contaron los sobrevivientes. Andrés Remondegui describió, aún aterrado, cómo lo ató a una silla dentro de una casa, “roció ésa y otras habitaciones con nafta y prendieron fuego. Todo empezó a arder. Creí que ahí terminaría... Que me quemaba vivo. Me sacaron cuando las llamas casi me alcanzan”. Los alegatos no dan tregua al espanto.

Con sus propias manos

Lo que en los primeros juicios eran historias cuasi aisladas, se rearman ahora de un campo de concentración a otro. De un secuestro grupal o individual; a fusilamientos y muertes compartidas. “Mi mamá fue compañera de ‘traslado’ (muerte, en la jerga) de tu viejo”, suele escucharse entre los jóvenes hijos. Se han tejido, en estos años, entramados de hermandad que no existían como tales antes de 2008. Y si se conocían, no vibraban con la intensidad que tienen ahora.

Alicia De Cicco de Moukarzel estaba casada con el médico René Moukarzel cuando la secuestraron el 15 de diciembre de 1975. Su marido ya estaba preso a disposición del PEN en la cárcel UP1. El fue uno de los 31 presos políticos asesinados en el invierno de 1976, y por los que el dictador Jorge Rafael Videla y el propio Menéndez fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común en 2010.

Alicia era maestra, “tenía los ojos muy grandes, le decían la Turca” y fue torturada en el Campo de La Ribera. La sobreviviente Teresa “Tina” Meschiati declaró haber visto su foto: “Estaba muerta. La habían torturado mucho. Tenía marcas como si la hubiesen estrangulado”. Eso fue confirmado por Liliana Callizo. Ella contó lo que el represor Vergez le dijo: “Esa chica de ojos tan lindos fue muy dura conmigo. No quiso hablar conmigo. Yo la torturé. La ahorqué con mis propias manos”. Liliana agregó que el asesino le dijo que Alicia era una persona “educada, preparada y valiente”; y que habían pretendido sacarle información tanto de ella como de su esposo que estaba detenido, pero que ella no habló.

René Moukarzel, su compañero, también sufrió una muerte “a mano”: el ex teniente Gustavo Adolfo Alsina se ensañó con él cuando lo vio recibir un paquete de sal de un preso común a través de las rejas. Lo estaqueó desnudo en el patio de la prisión UP1, del 14 al 15 de julio de 1976. Según el Servicio Meteorológico –en un informe pedido por el Tribunal– ese día hubo 6 grados bajo cero y cayó agua nieve. Moukarzel, que medía casi dos metros, era un hombre fuerte y joven. Tardó en morir, aun cuando era asmático. Los estertores de su pecho en su esfuerzo por respirar fueron escuchados por cientos de prisioneros que padecieron su agonía por casi 24 horas, y la relataron en una trama coral desgarradora: las mujeres presas desde sus celdas, los enfermeros, los guardiacárceles, los presos políticos y comunes que contenían la respiración por miedo a que la de él ya no se escuchara; los pacientes en la enfermería y, en el final, la imagen del asesino blandiendo triunfante, por los pasillos del penal, los anteojos de su presa muerta. La descripción de la euforia del “teniente Alsina” fue shockeante. El crimen de Moukarzel, por su sadismo, no fue olvidado. Uno de los conscriptos de entonces se acercó al juicio para dar testimonio de que vio cómo tiraron su cadáver en la parte trasera de un camión y lo taparon con una lona antes de llevarlo a la morgue, a la desaparición.

En el juicio de 2010 se supo del crimen de Moukarzel. En éste, del ahorcamiento de Alicia, su esposa. En la sala, sus familiares lloran y se abrazan. Y con ellos, los familiares de los que compartieron sus muertes.

Un mensaje desesperado

“Soy Oscar Domingo Chabrol. Me quieren matar. 18 octubre de 1975”: escrito “con una uña o algo punzante” en la pared de un calabozo de la D2 al ras del piso. Otra prisionera, Marta Rosetti de Arquiola, leyó la súplica. Cuando la trasladaron de las mazmorras que quedaban apenas a ocho pasos de la Catedral cordobesa –donde el arzobispo Primatesta daba misa– a la cárcel UP1, Marta impulsó la publicación de una solicitada en el diario La Voz del Interior contándolo todo. Su cautiverio y lo que ese muchacho había escrito. Meses después la mataron. Fue otra de los 31 fusilados en la UP1.

Oscar Chabrol tenía 19 años. Su hermano Juan José apenas 17. Los atrapó una patota de la D2 ese 18 de octubre. Habían salido a vender sándwiches de miga con un amigo, Miguel Ferrero Coy. Ya tenían un hermano mayor preso: Herminio “Mirmi” Chabrol.

Fue el sobreviviente Carlos Raimundo “Charlie” Moore quien contó el final de los Chabrol. “Al más chico lo mataron a golpes y a las patadas en sólo seis, siete minutos. Nunca había visto algo así. Hasta algunos guardias se descompusieron. Estaban en desacuerdo porque era un pendejo, un menor de edad”, relató Moore en su declaración ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Antes, pudo contarle a su propio padre para que “avisara afuera” lo que había pasado. Moore fue el autor de una de las denuncias más completas que hay sobre el accionar del D2.

Atribulado, el papá de los Chabrol, don Pablo, fue uno de los primeros en integrar un grupo de padres que se dedicaron a buscar a sus hijos secuestrados. Y también fueron de los primeros en sufrir las consecuencias: Pablo Chabrol fue secuestrado en una misma noche con Arturo Ruffa, Osvaldo Onetti, Ricardo Salas y Juan Borgogno. Fue el 20 de octubre de 1976. Los atormentaron durante más de un mes en el Campo de La Ribera. El penalista Carlos Hairabedián (quien por entonces era juez y también fue preso de la dictadura) contó que vio “a Chabrol y a Ruffa”, y que estaban “en condiciones lamentables por la tortura”. Les decían los Viejos. “Los habían secuestrado por la fantástica actividad subversiva de buscar a sus hijos.” Tras un mes de feroz cautiverio, don Pablo Chabrol y sus compañeros de búsqueda y tortura fueron liberados en la madrugada del 19 de noviembre.

Los relatos de los crímenes de los “dignos subordinados” de Menéndez resuenan en los tribunales federales. Uno por uno se los ve vanagloriándose ante los que llamaban “muertos vivos” de sus variaciones para torturar y matar. Héctor “Palito” Romero, soplándose los nudillos y diciéndose a sí mismo “¡Qué pegada que tení, varón!”, luego de haber asesinado de un solo, brutal golpe al estudiante de arquitectura Raúl Mateo Molina. O a Ernesto Barreiro, pateando en su colchoneta al agonizante abogado Carlos Altamira “a quien odiaba particularmente”, según los testigos. Según contó el sobreviviente Piero Di Monte, el “Nabo” lo pateaba en el piso gritándole “¡A ver, doctor de presos políticos, a ver quién te va a defender ahora!”. O a Orestes “Gino” Padován y Ricardo “Fogo” Lardone, confesando ante los cautivos Graciela Geuna y Héctor Kunzmann que no soportaban el “olor a goma quemada de los autos”, porque les recordaba “el olor a carne quemada de los cuerpos en los pozos. Y que luego de rociar con combustible para quemarlos, hasta muertos levantan los brazos cuando los agarra el fuego”. O a Vergez, quien se quejó ante Di Monte, Meschiati y Geuna de que él solo “tuvo que fusilar a una decena de personas en un pasillo de La Ribera, porque los demás no se animaban a empezar. Que los ametralló de varias ráfagas”.