viernes, 6 de abril de 2018

Lesa Humanidad : 50 mujeres abusadas y violadas por los represores esperan “el juicio que falta”

Miguel “Gato” Gómez,  imputado en el expediente por los delitos sexuales.
 Foto: Gentileza Telediario Digital.
Una causa judicial investiga las violaciones y abusos sexuales de todo tipo cometidos por los represores en los campos de concentración de la dictadura.. Se investigan como "delitos sexuales de Lesa Humanidad" y hay 56 víctimas.
Por Bettina Marengo

La Justicia Federal de Córdoba está investigando los crímenes sexuales de los represores durante la dictadura militar, tratados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad” y no como “tormentos”. Son violaciones y abuso sexuales de todo tipo, cometidos contra mujeres en su mayoría, aunque también contra varones, en centros clandestinos de detención, en cárceles bajo régimen militar o durante los secuestros y desapariciones.

Hay una causa en plena instrucción en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con 45 víctimas de abusos sexuales. Hay otras 12 denuncias acumuladas, por lo que las víctimas podrían llegar a 56. Son mujeres que estuvieron detenidas-desaparecidas en la D2 de la Policía, La Perla u otros centros de detención de la dictadura o la cárcel de San Martín, que ya testimoniaron en esas causas. El expediente por delitos sexuales está caratulado “Miguel Ángel Gómez”, por el represor de la D2 apodado “Gato”, un reconocido torturador ya condenado en otros juicios por delitos de Lesa Humanidad.

La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, inició la acción penal y elevó el expediente al Juzgado, que procederá a tomar medidas de prueba y testimoniales y, eventualmente, ordenar procesamientos. Hay siete imputados además del “Gato”, pero no se descarta que se incluyan por la cadena de mandos. Si las violaciones sexuales forman parte del plan sistemático de la dictadura para desaparecer opositores, como considera la Fiscalía, no podrían ser delitos por mano propia. Tres víctimas son querellantes.

En tanto, recientemente se elevó a juicio la causa “Martella”, instruida por el fiscal Carlos Gonella, que ventila varios casos de vejaciones sexuales.

Ya hubo condenas por violaciones a prisioneras de la dictadura en Córdoba y en tribunales de otras partes del país. Pero de momento, son casos aislados, la punta de un iceberg que deja oculto lo que la fiscal Virginia Miguel Carmona,  integrante del Ministerio Público Fiscal en el juicio La Perla-Campo de la Ribera, consideró la “gran cifra negra de delitos de índole sexual” de la represión ilegal.

Por tratarse de delitos de instancia privada en los que el Estado no puede iniciar acción penal de oficio, la causa “Gómez” tiene características particulares. López de Filoñuk dijo a este medio que “unas 15 o 20 mujeres” que relataron haber sido violadas durante su detención-desaparición, no quisieron hacer denuncias ni que se investiguen los hechos. “Al tomar conocimiento yo del abuso o la violación, podría haber iniciado la acción, pero priorizo la decisión de las mujeres”, señaló. Algunas de estas víctimas expresaron que sus parejas e hijos sabían que habían sido prisioneras de la dictadura, pero no que habían sido abusadas.

También se incluyó como víctimas a mujeres que fueron violadas o abusadas en los centros de detención ilegal y no pudieron contarlo a la Justicia porque no sobrevivieron a la dictadura. Estos casos se conocen por testimonios de terceros.

En cambio, si la mujer (o el varón) fue abusado en el campo de concentración, pero sobrevivió y falleció en democracia, sin denunciar ni hablar del delito sexual que sufrió, el caso queda excluido. En este punto, hay disparidad de criterios entre la fiscal López de Filoñuk y la Procuraduría General de la Nación, concretamente la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Habrá que esperar para ver qué pautas fija el o la próximo/a titular del Ministerio Público Fiscal.

En 2011, esa Unidad elaboró un documento para orientar a los fiscales en el tratamiento de los delitos sexuales de Lesa Humanidad. Se denomina “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del Terrorismo de Estado”  y establece tres criterios en relación a los delitos dependientes de instancia privada, en consonancia con lo que dice el Código Penal:

a) Casos en los que la víctima del abuso sexual sobrevivió al delito y luego expresó ante la autoridad correspondiente su voluntad respecto a la investigación del crimen sufrido. En estos casos, dice la Procuración, se inicia la acción penal.

b) Casos en los que la víctima no sobrevive al delito o sufre lesiones gravísimas. En este caso, “el interés del Estado por juzgar los hechos prevalece y, por lo tanto, ya no se requiere que la víctima inste la acción”.

c) Casos en los que la víctima sobrevive al abuso y muere tiempo más tarde sin haber expresado su voluntad respecto de la persecución penal del delito que la damnificó. Aquí, la Procuraduría deja la puerta abierta a la investigación, al poner en duda el silencio de la víctima sobre el hecho, toda vez que en Argentina durante muchos años estuvo anulada la posibilidad de acción penal contra los represores de la dictadura. Sin embargo, aclara que “la investigación sólo podría realizarse si se considera que el hecho también ha implicado un delito que no requiere instancia privada (como el tormento)”.
Las cifras negras
“Cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado”, señaló el documento de la Unidad Fiscal, que toma como paradigma las investigaciones por crímenes sexuales de Lesa Humanidad abiertas por en los genocidios de Ruanda y Yugolsavia.
López de Filoñuk consideró que las violaciones sexuales formaron parte del parte del plan sistemático de desaparición de personas orquestado por la dictadura y ejecutado en Córdoba y el ámbito de Tercer Cuerpo de Ejército bajo el mando del recientemente muerto Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, al tratarse como “tormentos” en las sentencias de los distintos juicios, quedabaninvisibilizados como tales.
En su alegato acusatorio de la megacausa La Perla-Campo de la Ribera, la fiscal Virginia Miguel Carmona tomó especialmente el tema de los abusos sexuales a las prisioneras. Tras sostener que hay “una gran cifra negra” de estos delitos, ejemplificó con un dato concreto. En la Perla solo se juzgó “un hecho de violación y dos de abuso deshonesto” entre las 716 víctimas. “A lo largo del debate han surgido testimonios que, con profunda crudeza, describen la particularidad del trato –vejatorio y de claro contenido sexual- cuando las secuestradas eran mujeres”, dijo Miguel Carmona, incorporando una mirada de género imprescindible para comprender la doble victimización que sufrieron las mujeres por parte de sus torturadores/violadores.
En 1982, el fallecido periodista Jacobo Timmerman expuso en su libro “Preso sin nombre, celda sin número” el ensañamiento de los represores para con los prisioneros miembros de la comunidad judía. Lo que les pasó a las mujeres y a los miembros del colectivo LGBTIQ (aunque no se denominaran así durante la dictadura) aún no ha sido explicitado en todas sus implicancias.
“Muchas sobrevivientes continúan anegadas en el más profundo de los silencios, destruidas física y emocionalmente. Por vergüenza y miedo, no denuncian a sus abusadores. La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche. Cuestionamientos absurdos tales como si la mujer hizo todo lo posible para evitar la violación, si se negó o resistió lo suficiente, o aún más, si provocó o sedujo al represor/violador, son maneras de seguir victimizando y reproduciendo la violencia”, sostuvo la fiscal en aquel alegato.
La antropóloga feminista Rita Segato considera que las violaciones no son crímenes sexuales sino “crímenes del poder, de la dominación, de la punición”. “En el acto de la violación él (el violador) está moralizando a la víctima”. Quiere disciplinarla. “La violencia misógina, homofóbica y transfóbica son formas de disciplinamiento que el patriarcado tiene hacia todos aquellos que desafían su mandato y su soberanía”, dijo la investigadora en una nota con el periodista Reynaldo Sietecase.
Quiénes más desafiantes al orden social, económico y político que las militantes y guerrilleras de las distintas organizaciones del peronismo y la izquierda revolucionarios que actuaron en la década del 70.
EL JUICIO QUE FALTA
Una de las primeras mujeres que dio testimonio ante un Tribunal sobre los ataques sexuales sufridos en su condición de presa política fue María del Rosario Miguel Muñoz, una psicóloga radicada en Francia que declaró como testigo en la causa UP1. “Fui sodomizada”, dijo. Aunque en la Justicia ya se sabía que los represores habían abusado sexualmente de las secuestradas, provocó conmoción el hecho de que Charo, como la llaman, lo pusiera en palabras. Cuenta la periodista Marta Platía que, ante la mudez de la mayoría de varones que conformaban el Tribunal Oral Federal N° 1 y las partes del juicio, el primero en reaccionar fue el fiscal Gonella, quien le preguntó si deseaba presentar una denuncia aparte por ese delito. La respuesta fue afirmativa, y tal vez ese fue el punto de inicio de un nuevo criterio en materia de abusos sexuales contra detenidas-desaparecidas.
“Durante el largo juicio de La Perla-Campo de la Ribera se adelantó mucho en este tema”, señaló la periodista. Platía cubrió todos los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se realizaron en los tribunales federales locales y como testigo de testigos, constató que poco a poco las sobrevivientes mujeres, y algunos varones, se animaron a hablar de los abusos sexuales sufridos.
Así lo expresó días atrás en la charla-debate “Delitos sexuales de Lesa Humanidad. El juicio que falta” organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia.
La actividad, organizada en el marco de la Semana de la Memoria, se llevó a cabo en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, con la exhibición del documental “Lesa Humanidad”, coordinado por la militante de género y ex presa política y exiliada Dinora Gebennini y realizado por Luis Ponce.
De la charla participaron además de Platía y Gebennini, Alejandra  Gómez, coordinadora del Programa de Violencias de Género en Contextos Represivos de la Secretaría de DDHH de la Provincia y Nilda Jelinec, víctima de la dictadura y una de las protagonistas del documental. La coordinación dela mesa estuvo a cargo César Marchesino, director del Programa de DDHH. de la FFyH.
En el video, realizado en 2011, cuatro ex presas políticas narran las torturas y abusos sexuales sufridos durante sus detenciones ilegales. Ellas son Gloria Di Rienzo, Soledad García, Delia Galará  y Jelenic. Junto a otras víctimas, finalizan con una proclama que es un grito. Que se realice el “juicio que falta” y que las violaciones y abusos sexuales sufridos sean tipificados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad”.

viernes, 23 de febrero de 2018

Un estremecedor relato de violaciones, salió a luz después de 40 años

La primera violación sucedió en su segunda noche en la D2. Luego, el tremendo abuso se repitió noche de por medio, en apariencia cuando volvían a encontrarse los mismos hombres de guardia.

“Para ellos era una diversión; se reían… uno tenía siempre olor a alcohol”. La voz templada de María del Carmen Claro flotaba en la sala, como si la tremenda violencia que desgarraba su recuerdo fuera el eco de un dolor lejano, una herida de otro tiempo. Pero acaso sólo era el último arresto de la vieja fuerza del silencio que acorraló durante décadas su relato.

Es que ella, víctima-testigo, estaba contando por primera vez que había sido violada por tres hombres, y no en una sola ocasión sino en varias. Había sucedido en el otoño de 1975, en las sórdidas dependencias del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, la tenebrosa D2, que funcionaba en el Cabildo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba

“¡Levantate, puta!”. El 31 de marzo al mediodía un grupo sin uniforme había entrado a la habitación que ocupaba en una pensión. Ella aún dormía: estudiaba Arquitectura durante el día y en las madrugadas era moza en el bowling Aeropuerto. Además, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

La primera violación sucedió en su segunda noche en la D2. Luego, el tremendo abuso se repitió noche de por medio, en apariencia cuando volvían a encontrarse los mismos hombres de guardia. Ella nunca los vio, pero recuerda que las risas eran las mismas, como el mismo olor a alcohol.
MENÉNDEZ. Sigue en estado de gravedad
Su testimonio llegó al final de la audiencia de ayer en el juicio por las causas Vergéz y González Navarro. Los tres primeros (Alen Prieto, Juan Carlos Fernández y Carlota Sombory) habían llegado a través de videoconferencias con Uruguay, Dinamarca y Jujuy.

Su relato había inquietado y Julián Falcucci, presidente del Tribunal, quiso saber cuántas violaciones había sufrido en unos pocos días. Ella precisó: “Cuatro”.

Antes, Jaime Díaz Gavier, juez vocal, había preguntado si sabía de otras prisioneras que hubieran sido violadas también. Y la respuesta de María del Carmen apunto al corazón del silencio de tantos años: “¿Sabe qué pasa con las violaciones? A las mujeres nos costaba mucho hablar del tema”.

“A mí me llevó mucho tiempo”, señaló, dando a entender que los años de callar habían llegado a su fin en ese momento. “Le debe haber hecho bien haberlo relatado ahora”, le dijo Díaz Gavier.

Pero ella no sólo padeció violaciones nocturnas, sino también largas sesiones de tortura diurna. Una de los métodos más repetidos era el “submarino”: se sumerge en agua la cabeza de la víctima cubierta por una bolsa de nailon.

Las consecuencias no se borraron sencillamente. “Mi deporte de chica era la natación. Cuando salí de las cárceles, me paré delante de una pileta y no me pude tirar: miraba el agua y sentía asfixia”.

Después de la D2, fue a parar a la cárcel del Buen Pastor, donde fue una de las 26 presas que se fugó el 24 de mayo de 1975. Dos años después, y ya madre de una niña, fue apresada en Buenos Aires.

El final de su testimonio lo destinó a plantear la pregunta sin respuesta que la consume a ella y a su hija desde hace cuatro décadas: ¿Dónde está Armando Imas, su compañero y padre de su hija, desaparecido en mayo de 1977?

Antes de levantarse de la silla, una breve estela de silencio coronó su relato. Luego, la abrigaron los brazos y las emociones de aquellos que la habían ayudado a soltar, por primera vez, el viejo espanto de su memoria.

martes, 14 de marzo de 2017

Comenzó el juicio por los asesinatos de presos políticos en falsos intentos de fuga

Se cometieron en 1976 contra 13 personas detenidas por la dictadura y que fueron sacadas de la excárcel de San Martín. Pino Cano, Mones Ruiz y Luis López son los imputados. Apartaron a Herminio Antón.
Con la lectura de los cargos y la asistencia a la distancia de dos de los tres imputados, el Tribunal Oral Federal N° 1 inició ayer en Córdoba el juicio oral y público para establecer responsabilidades en el asesinato de 13 personas que estaban detenidas la excárcel de barrio San Martín.

Los crímenes se cometieron en 1976, y las víctimas fueron retiradas de la Unidad Penitenciaria N°1 y luego ejecutadas en fraguados intentos de fuga o enfrentamientos.

La audiencia por la causa “Pino Cano y otros”, el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba que se realizarán este año, se retrasó debido a un corte de energía en el edificio de Tribunales Federales.

En principio, el presidente del tribunal, Julián Falcucci (los otros jueces son José Vicente Muscara y José Camilo Quiroga Uriburu), informó que el imputado Herminio Jesús Antón había sido apartado de la causa por razones de salud, por lo que no se debatirán los casos sobre los que había sido acusado el expolicía.
Son los principales imputados Víctor Pino Cano y Enrique Pedro Mones Ruiz, que se comunicaron desde Buenos Aires a través de video conferencia y tras aportar sus datos filiatorios manifestaron su decisión de no prestarse a indagatoria. El tercer imputado, Luis Alberto López, se encontraba presente en la sala y expuso su determinación a declarar.

El proceso es una desprendimiento del juicio por la causa Videla, realizado en 2010.
Pino Cano –se retiró como general de brigada– fue condenado entonces a 12 años de cárcel y se encuentra en prisión domiciliaria. Está señalado por ordenar los homicidios de Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa Páez de Rinaldi, ocurridos el 20 de agosto de 1976 en un fraguado intento de fuga, y de Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Cevallos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto, fusilados en un descampado el 11 de octubre de 1976.

Mones Ruiz, retirado como teniente coronel, cumple prisión perpetua. Está acusado por las muertes de Carlos Alberto Sgandurra y José Angel Pucheta, ocurridas el 28 de mayo de 1976, y las de Hugo Vaca Narvaja, Carlos Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil, el 12 de agosto de 1976.

A López, retirado como mayor, se lo acusa de haber sacado de la cárcel a Sgandurra y a Pucheta, para luego entregarlos a personal policial y del Regimiento de Infantería, quienes los asesinaron. Se encuentra en libertad.
Son fiscales Maximiliano Hairabedian y Facundo Trotta. Participan como abogados querellantes Claudio Orosz (por Pablo y Enriqueta Balustra), Adriana Gentile (Raquel Altamira de Vaca Narvaja) y Gabriela Noemi Bautista (Elba Inés Puchetta). Son abogados defensores Julio Deheza y Fernando Martínez Paz (Pino Cano), Gerardo Ibáñez y Elena Genise (López) y el equipo oficial encabezado por Natalia Bazán (Mones Ruiz).

La próxima audiencia se realizará el miércoles próximo y se estima que el juicio concluirá dentro de un mes y medio.
Testigos y declaraciones. Por las audiencias de la causa Pino Cano pasará una docena de testigos, El resto de los testimonios se rescatarán de las declaraciones registradas durante la realización del juicio por la causa Videla, en 2010.

jueves, 2 de marzo de 2017

La Perla: el juicio entró en una nueva fase de alegatos

La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro. Hoy comenzó con los de la causa Vergés: son 15 hechos sobre 19 víctimas. La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Se estima que la sentencia será en los próximos meses.
Con un imputado menos, se reanuda el juicio La Perla
    Murió Luis Manzanelli, el torturador “salvaje y ceremonioso” .

El megajuicio “La Perla”, en Córdoba, entró en una nueva fase de alegatos. La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro y, en un nuevo tramo, comenzó con los de la causa Vergés. Son 15 hechos sobre 19 víctimas, “acontecidos en enero de 1976, antes del golpe cívico militar”, dijeron fuentes judiciales. Las víctimas de este expediente, además, fueron vistas en el centro clandestino de Campo de la Ribera.

La fiscal Virginia Miguel Carmona tomó la palabra para referirse, en primer lugar, a la víctima Osvaldo Raúl Ravassi. Ingeniero, militante de Montoneros, fue privado de su libertad el 6 de enero de 1976. Ese día un grupo de militares, vestidos de civil, se lo llevaron de su domicilio en autos particulares hacia la Ribera. “Durante su permanencia en el centro clandestino,  personal policial y del Ejército sometieron a Ravassi a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándolo a permanecer con las manos atadas, los ojos vendados y acostados sobre el piso, con la prohibición de moverse y/o comunicarse con los demás secuestrados. Finalmente después de la detención ilegal lo asesinaron y luego ocultaron su restos”, relató Carmona.

Rubén Hugo Motta fue estudiante de Ciencias Económicas y también militó en Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 7 de enero de 1976 de su domicilio “como parte del plan sistemático implementado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la represión y aniquilamiento de lo que se dio a conocer como ´delincuencia subversiva´”. Motta fue torturado y asesinado, y sus restos siguen sin aparecer.

La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Todos los hechos sucedieron bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, y las órdenes fueron retransmitidas a cada cuerpo a través de sus mandos naturales, personal civil y militar perteneciente al Destacamento de Inteligencia 141. Entre los jefes y subjefes que participaron de las acciones se encontraban Luis Gustavo Diedrichs, en su carácter de Jefe de la Primera Sección; Carlos Alberto Díaz; Héctor Pedro Vergéz; José Hugo Herrera; Emilio Morard; Arnoldo José López; y Ricardo Alberto Ramón Lardone, junto a miembros del Departamento Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la provincia de Córdoba, como Carlos Alfredo Yanicelli, Herminio Jesús Anton, Yamil Jabour, Calixto Luis Flores y  Juan Eduardo Ramón Molina, entre otros.

Por último, la fiscalía habló del secuestro de las hermanas Gloria y Norma Hilal Waquim, oriundas de La Rioja y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El operativo fue similar: fueron secuestradas por personal civil de su domicilio en horas de la madrugada.

Así lo describió Carmona: “Un grupo, portando armas,  ingresó violentamente a la vivienda y se llevaron a las hermanas en los automóviles particulares en que se conducían, amordazadas y atadas las manos, siendo uno de esos vehículos un Peugeot 404 blanco y el otro un Renault 12 blanco. Luego las trasladaron a la Ribera”. Y concluyó: “Finalmente, en fecha que no ha podido establecerse con exactitud, pero que puede fijarse en un breve tiempo después de la detención ilegal, personal policial y del Ejército asesinó a Norma y Gloria Waquim Hilal, quienes se hallaban en condiciones de indefensión, ocultando sus restos, los que no han podido ser habidos hasta la actualidad”.

44 imputados y más de 700 víctimas

La megacausa La Perla, cuyo juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, tiene 44 imputados, entre ellos, el represor Luciano Benjamín Menéndez, y está compuesta por 20 expedientes, con 716 víctimas de la cuales 279 son desaparecidos, 71 asesinatos –cuyos cuerpos fueron recuperados–, 13 detenidos políticos –muertos en sesiones de torturas– y un menor sustraído.

Respecto de la situación de ese menor, se trata del primer caso que se juzga en Córdoba y se refiere al nieto de la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, cuya hija, Silvina Parodi de Orozco, fue secuestrada junto a su esposo Daniel el 26 de marzo de 1976 y ambos permanecen desaparecidos.

El fiscal Trotta estimó que hasta fines de abril estarán con las conclusiones de la fiscalía y en julio o a fines de junio podría dictarse la sentencia, fecha que también fue estimada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°  1, de Córdoba.

viernes, 26 de agosto de 2016

A la espera de las sentencias La Perla













Masiva movilización para escuchar la sentencia a los genocidas de La Perla

Perpetua para Menéndez y otros 27, condenas menores a 6, y 4 absoluciones

Levantado de ANRed. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez fue condenado a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal de la provincia de Córdoba lo responsabilizo por 282 desapariciones y 656 torturados en los centros clandestinos de la “La Perla-La Ribera”. En las puertas del juzgado mas de 20 mil personas escucharon la sentencia
Luciano Benjamín Menéndez fue General y comandante del III Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar, aunque sus funciones en ese cargo las inicio desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979.

En 1990 fue Indultado por el presidente Carlos Menem y en el 2004 la justicia declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, y fue procesado por delitos de lesa humanidad. Luego en el 2008 fue condenado a prisión perpetua, en carácter de coautor mediato, por el secuestro, tortura y desaparición de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 1977 en La Perla. Entre sus víctimas se encuentra el asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli.

Los sentenciados del juicio a reclusión perpetua fueron:

Luciano Benjamín Menéndez.
Santiago Martella.
Héctor Chilo.
Jorge Gorleri.
Jorge González Navarro.
Luis Gustavo Diedrichs.
Héctor Pedro Vergez.
Ernesto Guillermo Barreiro.
Jorge Exequiel Acosta.
Carlos Enrique Villanueva.
José Hugo Herrera.
Oreste Valentín Padovan.
Juan Eusebio Vega.
Ricardo Alberto Lardone.
Emilio Morard.
Arnoldo José López.
Héctor Romero.
Eduardo Grandi.
Mirta Graciela Antón.
Yamil Jabour.
Carlos Yanicelli.
Juan Molina.
Calixto Flores.
Marcelo Luna.
Herminio Jesús Antón.
Alberto Luis Lucero.
Miguel Ángel Gómez.

Condenas menores:

Enrique Alfredo Maffei fue condenado a 21 años.
José Luis Yáñez, condenado a 20 años.
Alberto Luis Choux, condenado a 11 años.
José Andrés Tofalo, a 14 años.
Antonio Castro, a 8 años.
Wenceslao Claro y Miguel Angel Lemoine, a 5 años de prisión.
 
Absueltos:
Antonio Filiz; Broccos; Juan Carlos Cerutti; Vélez y Melfi.

miércoles, 18 de mayo de 2016

El megajuicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla-Campo de la Ribera

Los hijos de los militares en manos de los represores

Los alegatos mostraron cómo los crímenes organizados por Menéndez tuvieron como víctimas a familiares de militares. La fiscalía pidió prisión perpetua para el represor y otros 34 acusados. Los jueces podrían dictar sentencia en agosto.

Por Marta Platía - Desde Córdoba

La etapa de los alegatos en el megajuicio de La Perla refrescó la memoria de lo ocurrido y trajo a luz, día tras día, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Córdoba. Así, los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz expusieron las pruebas sumadas durante estos más de tres años de juicio y el paso de 581 testigos. En los últimos días pidieron prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 34 represores; en tanto que solicitaron penas que van desde los 3 a los 25 años de cárcel para otros diez reos que lo acompañan en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las 716 víctimas de esta megacausa. Se estima que los jueces podrían dictar sentencia en agosto de este año.

Convertido en el general con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina –ya once, más dos condenas a una veintena de años– ha quedado claro que el Cachorro Menéndez no soltaba su presa cuando la tenía entre dientes. Lo supieron y padecieron cientos de familias en las diez provincias argentinas del centro y norte del país que tuvo bajo su bota durante la última dictadura. De su tenaz cruzada “anticomunista” –que aún hoy, con 88 años, sigue reivindicando– también probaron algunos de sus colegas de armas que sufrieron la desaparición de sus propios hijos en el territorio que arrasó la Hiena Menéndez, como también se lo conoce.

El mismísimo Jorge Rafael Videla tuvo que admitir en más de una oportunidad que “no podía hacer nada” si el hijo o hija de un militar, o alguien de renombre por el que se reclamara, estaba en los campos de concentración de Menéndez: un general impiadoso que no se privó de llamarlo “blando”, y que hasta impulsó un golpe dentro del golpe contra el dictador y su por entonces segundo en el mando, Roberto Viola. Menéndez se sublevó el 28 de septiembre de 1979 en el norte cordobés pero, ante la superioridad de fuerzas de Videla, acabó rindiéndose y terminó preso por noventa días en la celda de un cuartel en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Antes de ese episodio, Videla había dejado al descubierto su falta de autoridad en el área 311 que lideraba a sangre y muerte el Cachorro, cuando de vástagos de militares se trataba. Uno de los casos más resonantes en Córdoba fue el de Carlos Alberto Escobar, el hijo de un coronel del Ejército que había sido amigo y compañero de armas de Videla. Carlos trabajaba en la Dirección de Educación de la Provincia y era delegado del Sindicato de Empleados Públicos, cuando fue secuestrado por una patota en su lugar de trabajo, en la Isla Crisol del Parque Sarmiento de la capital cordobesa. El muchacho militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y formaba parte de una lista que apoyaba las ideas que impulsaban Agustín Tosco desde Luz y Fuerza, y René Salamanca, desde Smata.

La mañana del 12 de abril de 1976, Carlos tenía el día libre pero fue a su lugar de trabajo a buscar una parte de su paga que se le adeudaba. Un compañero de oficina, Pablo González, contó que “Carlos llegó, entró y saludó a todos los que estábamos y se fue a tomar un café a la cocina. También escuchamos cuando pasó y saludó a la directora María del Carmen Cognini que estaba en su oficina. Minutos después vinieron a buscarlo y se lo llevaron”.

El testigo contó que él y una compañera de trabajo pudieron escuchar cómo la directora tomó el teléfono y dijo “sí, capitán, está acá”. El hombre la señaló también como quien “entregó” antes a una maestra, Julia Angélica Brocca, mamá de dos hijos, a quien desaparecieron. Pablo González aseguró en el juicio que “la Cognini nos vivía amenazando a todos. Con el dedo índice nos señalaba y nos decía: tengan mucho cuidado que yo a ustedes los estoy vigilando, sé qué hacen y tengo sus legajos”.

El hermano de Carlos Alberto, un abogado de 60 años, Enrique Alejandro Escobar, detalló ante los jueces lo que pudo averiguar sobre esa mañana: “Llegaron dos autos. Bajaron varias personas que preguntaron por el dueño de la Renoleta amarilla. Un hombre de maestranza cuando ve esto está por pegarle el grito a mi hermano para que corriera, pero lo hicieron callar. Le apuntaban con armas. Entraron a la cocina, preguntaron por Carlos Escobar y él dijo ‘soy yo’. Lo encapucharon, le ataron las manos a la espalda, se lo llevaron. Alcanzó a decir que le avisaran a su familia. Se llevaron también la Renoleta. Nos avisaron y esa misma tarde fui donde vivía mi hermano: el departamento tenía la puerta destrozada. A los pocos días apareció la Renoleta totalmente quemada. De él no supimos nada más”.

El padre del muchacho desaparecido era un coronel del Ejército ya retirado. Después de que Menéndez le negara tenerlo en el Tercer Cuerpo o en La Perla, viajó a Buenos Aires para hablar con Videla. Lo conocía desde los 13 años. “Eran muy amigos y habían hecho parte del liceo militar juntos. Mi padre lo respetaba y lo quería”, recordó Enrique Escobar.

–¿Y qué le dijo Videla a su padre? –preguntó el querellante Claudio Orosz.

–La situación de mi padre era particular. El estuvo de acuerdo con el golpe. Es más, fue funcionario de Transporte cuando estaba de gobernador Carlos Chasseing (quien asumió justo el mismo día del secuestro de Carlos Alberto). Como padre quiso proteger a su hijo, pero estuvo de acuerdo con esto de que había que eliminar, sacar de circulación a todos los comunistas, a todos los rojos... Esa obsesión que tenían todos los militares. Pero con respecto a las reuniones (con sus colegas militares) poco hablaba. Y menos conmigo que desde el principio traté de averiguar qué había pasado. Sé que tuvo reuniones con los compañeros de mi hermano. No me las contó. Me enteré después. Lo poco que pude sacar en limpio después de algunos años es el rencor absoluto que le quedó con Menéndez. Uno de los pocos militares que él evitaba saludar. Pero volviendo concretamente a su pregunta, de la reunión con Menéndez salió convencido de que ya no lo iba a encontrar. Y con Videla, supe mucho después que le dijo que si mi hermano estaba en territorio de Menéndez, él no podía hacer nada.

Enrique Escobar revivió en el juicio el dolor por el definitivo quiebre familiar que significó la desaparición de su hermano y la férrea ideología de un padre que avalaba la dictadura: “A un año del secuestro de Carlos murió mi madre. (El hombre se descompone, casi llora cuando se esfuerza por relatar.) Ella no pudo superar la tristeza que esto le provocó y que mi padre militar estuviera de acuerdo con esto. Mi mamá se apagó. Se dejó morir a pesar de que mi hermana se casó y se embarazó, de que iba a tener un nieto. Nunca pudo superar todo eso”.

El testigo también contó que “la llamaban por teléfono desde La Perla diciendo que mi padre estaba molestando mucho, que la terminara. Años después supimos que mi hermano Carlos estuvo ahí, Fermín de los Santos nos contó”. De los Santos fue uno de los sobrevivientes de ese campo de concentración sobre cuyo extenso testimonio se basó gran parte de la causa inicial de este juicio. Era médico y fue destinado a trabajo esclavo dentro de la sala de tortura: auscultaba los corazones de las víctimas picaneadas. Varios sobrevivientes recuerdan su voz diciéndoles a los verdugos “paren o se muere”. En su estrategia defensiva los torturadores lo señalan –como al resto de los sobrevivientes– como un colaborador.

Enrique Escobar vuelve a descomponerse cuando le cuenta al Tribunal lo que le dijo Fermín de los Santos en una entrevista. Su voz y las manos tiemblan casi sin control frente al micrófono: “Me dijo que mi hermano había sido muy torturado... Me preguntó si quería saber detalles y le dije que sí... Me dijo que lo habían atado a la cama, que su cuerpo era una sola llaga... Que lo habían cortajeado todo con hojitas de afeitar... Que hubo un particular ensañamiento con él porque no le habían podido sacar ni una sola palabra. Y que como mi padre era ‘un militar gordo y molestaba mucho’, se lo dieron a (Héctor Pedro) Vergez (alias “Vargas”) que se lo llevó y no lo volvieron a ver”.

Vergez y la fosa

A principios de los ‘90 la familia Escobar volvió a tener noticias de lo sucedido con Carlos Alberto: hubo una reunión de sectores peronistas en Carlos Paz. Hacia allí fueron los leales a Raúl Bercovich Rodríguez y los agrupados bajo la órbita de José Manuel de la Sota. El antiguo compañero de trabajo de Carlos, Pablo González, acudió por el delasotismo. Al regreso hubo un hombre que se ofreció a traerlo de regreso a Córdoba en su auto: era el torturador Vergez, quien se había reciclado como “financista” y hasta había escrito un libro, Yo fui Vargas, contando sus crímenes en las bandas del Comando Libertadores de América (CLA) antes del golpe y durante la dictadura.

–¿Y qué le dijo Vergez sobre Carlos Escobar? –le preguntó el juez Jaime Díaz Gavier al testigo González.

–Le pregunté si sabía qué había pasado con Carlos. Él me dijo que ya no lo buscaran más. Que él mismo lo había matado “porque el padre molestaba mucho” y que lo había tirado en una fosa común en La Perla. Que no lo iban a encontrar nunca más.

Según Enrique Escobar, “esta versión fue corroborada por la sobreviviente Liliana Callizo, quien le contó a Lidia Lescano, una compañera de mi hermano, que Vergez lo había matado. Fue en el tiempo en que a algunos de los prisioneros los llevaban de visita a sus casas y luego los volvían a llevar a La Perla. Eran esclavos para distintos trabajos, pero a veces los llevaban a sus casas y hasta se sentaban en la mesa con los familiares de los cautivos... Que cierta vez hubo una cena en la que también estuvo el (represor Ricardo) “Fogo” Lardone, quien dijo que mi hermano había sido particularmente valiente y que eso hizo que se ensañaran con él. Que en la fosa que lo tiraron también enterraron a René Salamanca”.

Hijos de militares

Alfredo López Ayllón y Pablo Rosales tenían sólo 18 años cuando los asesinaron. Ambos eran “peligrosos extremistas” para Menéndez y sus subordinados. A Alfredo lo fueron a buscar a su casa en Carlos Paz. Un vecino, Héctor Antonio Domínguez, vio cuando llegó la patota a llevárselo. “Mire, señor juez, por la pinta que tenían yo pensé que eran ladrones, así que esperé un poco con un vecino para que no nos vieran y avisarle a la policía. Apenas se fueron nos fuimos a la comisaría”, detalló. El hombre contó que vio cuando el pibe trató de escapar trepando por el alambrado que tenía la casa alrededor, y cuando lo bajaron “de las piernas” para meterlo en el baúl de un auto. “Se llevaban todo lo que podían de adentro de la casa. Robaron”, denunció.

Domínguez relató que cuando regresaron con la policía, “los autos de los tipos volvían a la casa. Deben haber estado esperando al padre. Les dijimos a los agentes que eran ellos. Los persiguieron y pararon los autos que se llevaban al chico y las cosas ahí, a media cuadra. Pero cuando los tipos se bajaron y se identificaron como del Ejército, los dejaron ir con todo... El pobre padre anduvo buscando al chico por la cárcel, por todos lados. Le hicieron gastar un montón de plata para decirle dónde estaba. Vendió un auto... pobre, nunca apareció”, memoró el testigo con la misma tristeza y enorme impotencia que no lo abandonó en todo el relato.

Los fiscales agregaron que la sobreviviente Mirta Iriondo declaró que vio al chico en La Perla. Que era hermano de Jorge López Ayllón, a quien ya habían matado unos meses antes. Alfredo López Ayllón fue “trasladado” –así nombraban al asesinato por fusilamiento– el día del terremoto de Caucete, el 23 de noviembre de 1977.

A Pablo Javier Rosales, en cambio, lo mataron en el mismo momento en que intentaron secuestrarlo. Fue el 26 de noviembre de 1976. Todavía estaba en la secundaria. Le faltaba rendir matemáticas para egresar. Tenía el examen al día siguiente. Pablo era de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y fue baleado cuando la patota intentó atraparlo. Según la fiscalía, “le dieron en la cadera. Hay testigos que aseguran que fue (el represor muerto el año pasado) Luis “Cogote de Violín” Manzanelli quien le disparó con una escopeta. El chico murió desangrado cuando lo trasladaban al Hospital Militar. Su madre, Beatriz Josefina Echevarría de Rosales, declaró que ese día Pablo salió de casa para devolver un libro, y le dijo a la hermana que volvería para estudiar matemáticas”. Según confirmó la fiscalía, “la madre dijo que Pablo nunca volvió. Que su esposo, que era militar de la Aeronáutica, fue a buscarlo y que al día siguiente, el 27 de noviembre, un comodoro amigo llegó a su casa y le dijo ‘quedate tranquila, a Pablo lo mataron’. Fíjense ustedes, señores jueces, lo que este hombre le dijo a la madre: ‘quedate tranquila tu hijo está muerto’”, se espantó el fiscal Vehils Ruiz en su alegato. Y siguió: “La madre contó que en su desesperación preguntó si lo habían torturado. Y que el comodoro le contestó: ‘No han tenido tiempo’. Ella dijo que en un comunicado en el diario pusieron que su hijo Pablo era de Montoneros, que era dirigente y que lo habían abatido en un tiroteo. La mamá dijo aquí, en el juicio: ‘Pablo era un chico. Tenía 18 años. Le faltaba rendir matemáticas. ¿Cómo iba a ser comandante de semejante cosa?’. En un intento por saber qué había pasado, Beatriz de Rosales fue a la esquina donde lo mataron. Allí un kiosquero le dijo que hubo un tiroteo ‘pero de un solo lado’. La mujer agregó que Pablo era ahijado de monseñor (Enrique) Angelelli, y que tal vez por eso... Señores jueces, la madre trataba de buscar una razón para semejante barbaridad: que le maten a un chico de 18 años de un escopetazo en la calle. También agregó que el comandante Costri, que era tío de (el represor Ernesto “Nabo”) Barreiro, le dijo que Barreiro se enojó ante esa muerte, no lo quería muerto, lo quería en sus manos. Y todos ya sabemos qué pasaba en esas manos”, deslizó el fiscal antes de concluir. “Señores jueces, tenemos prueba suficiente para saber que todo esto ocurrió. La muerte de Pablo Javier Rosales fue admitida por el Tercer Cuerpo de Ejército. Como ocurrió en tantos casos, en el diario La Voz del Interior apareció que ‘abatieron un extremista’. Lo que no decían era que el extremista tenía sólo 18 años”.

“La hija del aviador”

El caso de Silvina Parodi de Orozco, la hija de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, se encuadra también entre los hijos de militares que tuvieron “un trato especial”. Silvina tenía 20 años y un embarazo de seis meses y medio cuando la secuestraron el 26 de marzo de 1976. Era hija de Enrique Parodi, quien pertenecía a la Fuerza Aérea. Se la llevaron con su esposo Daniel Francisco Orozco. Se sabe que a él lo torturaron frente a ella en La Perla. Que la obligaron a ver el suplicio. También, a lo largo de este juicio, varios testigos contaron que la mantuvieron con vida hasta que nació el bebé. A su turno, Silvia Acosta declaró que la vio y hasta la escuchó parir en la Maternidad Provincial el 14 de junio de 1976. El pediatra Fernando Agrelo, que revisó a la mamá y a su bebé, aseguró que “la criatura tenía una muy buena salud y la mamá mucho estrés”. Que los vio juntos en la cárcel de mujeres del Buen Pastor; y poco después también atendió al bebé, ya solo, en la Casa Cuna.

Sonia Torres está convencida de que “la mantuvieron cautiva casi en secreto porque ella era una chica sana, hija de un militar y su bebé era un buen botín de guerra. Silvina era atlética, fuerte. Había sido campeona de natación y tanto Daniel como ella eran dos chicos inteligentes. Estudiaban Ciencias Económicas, eran sanos. Ese bebé debe haber ido a parar a alguna familia poderosa, tal vez de militares. Por eso es que no ha aparecido”, argumentó la titular de Abuelas-Córdoba ante Página/12.

El hecho de que Silvina nunca hubiese sido una presa “blanqueada, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, acrecienta las dudas de Sonia Torres. “Si hasta cuando la tuvieron en la UP1 de barrio San Martín, que era una cárcel del Estado, la mantuvieron clandestina, ahí abajo, en las celdas subterráneas. Las carceleras tenían su nombre. Lo gritaron un día en el pabellón 14 de las mujeres para entregar una ropita de bebé que yo había llevado... Pero las presas dijeron que Silvina nunca estuvo ahí con ellas. La tenían escondida, desaparecida entre los presos políticos.”

Enrique Parodi, el padre, la buscó hasta su propia muerte hace más de un lustro. El hombre amaba a esa hija: “Silvina y su papá eran muy unidos. Era sus ojos, su campeona de natación”, recordó Sonia.

Parodi padre nunca obtuvo ninguna respuesta de sus colegas. Las monjas del Buen Pastor y de la Casa Cuna –que aún guardan un silencio cómplice sobre lo sucedido con el bebé robado– nombraban a Silvina como “la hija del aviador”.

De eso dio fe la testigo Laura Marrone, quien en su declaración del 5 de agosto de 2015 afirmó que las monjas recluidas en un geriátrico en las sierras cordobesas la llamaron así cuando ella, para ayudar a la búsqueda de Sonia Torres, fue a pedirles que dijeran lo que sabían sobre Silvina y su hijo. Se sabe que aún están con vida al menos dos de las monjas que tenían poder y autoridad cuando el bebé fue entregado: Monserrat Tribo, de la Casa Cuna, y Angélica Olmos Garzón (tía de la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano), que estaba a cargo en el Buen Pastor. Tribo fue trasladada a España pocos días después de que el fiscal Facundo Trotta pidiera al Tribunal que se la llamase a comparecer, en noviembre de 2014.

Sonia Torres es una más de las Abuelas que espera que la apertura de los archivos del Vaticano anunciada por el Papa Francisco les aporte información en la búsqueda de sus nietos. Torres cumplirá 87 este año. Lleva 40 de búsqueda. Y, se sabe, el tiempo no se detiene.