martes, 14 de marzo de 2017

Comenzó el juicio por los asesinatos de presos políticos en falsos intentos de fuga

Se cometieron en 1976 contra 13 personas detenidas por la dictadura y que fueron sacadas de la excárcel de San Martín. Pino Cano, Mones Ruiz y Luis López son los imputados. Apartaron a Herminio Antón.
Con la lectura de los cargos y la asistencia a la distancia de dos de los tres imputados, el Tribunal Oral Federal N° 1 inició ayer en Córdoba el juicio oral y público para establecer responsabilidades en el asesinato de 13 personas que estaban detenidas la excárcel de barrio San Martín.

Los crímenes se cometieron en 1976, y las víctimas fueron retiradas de la Unidad Penitenciaria N°1 y luego ejecutadas en fraguados intentos de fuga o enfrentamientos.

La audiencia por la causa “Pino Cano y otros”, el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba que se realizarán este año, se retrasó debido a un corte de energía en el edificio de Tribunales Federales.

En principio, el presidente del tribunal, Julián Falcucci (los otros jueces son José Vicente Muscara y José Camilo Quiroga Uriburu), informó que el imputado Herminio Jesús Antón había sido apartado de la causa por razones de salud, por lo que no se debatirán los casos sobre los que había sido acusado el expolicía.
Son los principales imputados Víctor Pino Cano y Enrique Pedro Mones Ruiz, que se comunicaron desde Buenos Aires a través de video conferencia y tras aportar sus datos filiatorios manifestaron su decisión de no prestarse a indagatoria. El tercer imputado, Luis Alberto López, se encontraba presente en la sala y expuso su determinación a declarar.

El proceso es una desprendimiento del juicio por la causa Videla, realizado en 2010.
Pino Cano –se retiró como general de brigada– fue condenado entonces a 12 años de cárcel y se encuentra en prisión domiciliaria. Está señalado por ordenar los homicidios de Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa Páez de Rinaldi, ocurridos el 20 de agosto de 1976 en un fraguado intento de fuga, y de Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Cevallos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto, fusilados en un descampado el 11 de octubre de 1976.

Mones Ruiz, retirado como teniente coronel, cumple prisión perpetua. Está acusado por las muertes de Carlos Alberto Sgandurra y José Angel Pucheta, ocurridas el 28 de mayo de 1976, y las de Hugo Vaca Narvaja, Carlos Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil, el 12 de agosto de 1976.

A López, retirado como mayor, se lo acusa de haber sacado de la cárcel a Sgandurra y a Pucheta, para luego entregarlos a personal policial y del Regimiento de Infantería, quienes los asesinaron. Se encuentra en libertad.
Son fiscales Maximiliano Hairabedian y Facundo Trotta. Participan como abogados querellantes Claudio Orosz (por Pablo y Enriqueta Balustra), Adriana Gentile (Raquel Altamira de Vaca Narvaja) y Gabriela Noemi Bautista (Elba Inés Puchetta). Son abogados defensores Julio Deheza y Fernando Martínez Paz (Pino Cano), Gerardo Ibáñez y Elena Genise (López) y el equipo oficial encabezado por Natalia Bazán (Mones Ruiz).

La próxima audiencia se realizará el miércoles próximo y se estima que el juicio concluirá dentro de un mes y medio.
Testigos y declaraciones. Por las audiencias de la causa Pino Cano pasará una docena de testigos, El resto de los testimonios se rescatarán de las declaraciones registradas durante la realización del juicio por la causa Videla, en 2010.

jueves, 2 de marzo de 2017

La Perla: el juicio entró en una nueva fase de alegatos

La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro. Hoy comenzó con los de la causa Vergés: son 15 hechos sobre 19 víctimas. La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Se estima que la sentencia será en los próximos meses.
Con un imputado menos, se reanuda el juicio La Perla
    Murió Luis Manzanelli, el torturador “salvaje y ceremonioso” .

El megajuicio “La Perla”, en Córdoba, entró en una nueva fase de alegatos. La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro y, en un nuevo tramo, comenzó con los de la causa Vergés. Son 15 hechos sobre 19 víctimas, “acontecidos en enero de 1976, antes del golpe cívico militar”, dijeron fuentes judiciales. Las víctimas de este expediente, además, fueron vistas en el centro clandestino de Campo de la Ribera.

La fiscal Virginia Miguel Carmona tomó la palabra para referirse, en primer lugar, a la víctima Osvaldo Raúl Ravassi. Ingeniero, militante de Montoneros, fue privado de su libertad el 6 de enero de 1976. Ese día un grupo de militares, vestidos de civil, se lo llevaron de su domicilio en autos particulares hacia la Ribera. “Durante su permanencia en el centro clandestino,  personal policial y del Ejército sometieron a Ravassi a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándolo a permanecer con las manos atadas, los ojos vendados y acostados sobre el piso, con la prohibición de moverse y/o comunicarse con los demás secuestrados. Finalmente después de la detención ilegal lo asesinaron y luego ocultaron su restos”, relató Carmona.

Rubén Hugo Motta fue estudiante de Ciencias Económicas y también militó en Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 7 de enero de 1976 de su domicilio “como parte del plan sistemático implementado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la represión y aniquilamiento de lo que se dio a conocer como ´delincuencia subversiva´”. Motta fue torturado y asesinado, y sus restos siguen sin aparecer.

La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Todos los hechos sucedieron bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, y las órdenes fueron retransmitidas a cada cuerpo a través de sus mandos naturales, personal civil y militar perteneciente al Destacamento de Inteligencia 141. Entre los jefes y subjefes que participaron de las acciones se encontraban Luis Gustavo Diedrichs, en su carácter de Jefe de la Primera Sección; Carlos Alberto Díaz; Héctor Pedro Vergéz; José Hugo Herrera; Emilio Morard; Arnoldo José López; y Ricardo Alberto Ramón Lardone, junto a miembros del Departamento Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la provincia de Córdoba, como Carlos Alfredo Yanicelli, Herminio Jesús Anton, Yamil Jabour, Calixto Luis Flores y  Juan Eduardo Ramón Molina, entre otros.

Por último, la fiscalía habló del secuestro de las hermanas Gloria y Norma Hilal Waquim, oriundas de La Rioja y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El operativo fue similar: fueron secuestradas por personal civil de su domicilio en horas de la madrugada.

Así lo describió Carmona: “Un grupo, portando armas,  ingresó violentamente a la vivienda y se llevaron a las hermanas en los automóviles particulares en que se conducían, amordazadas y atadas las manos, siendo uno de esos vehículos un Peugeot 404 blanco y el otro un Renault 12 blanco. Luego las trasladaron a la Ribera”. Y concluyó: “Finalmente, en fecha que no ha podido establecerse con exactitud, pero que puede fijarse en un breve tiempo después de la detención ilegal, personal policial y del Ejército asesinó a Norma y Gloria Waquim Hilal, quienes se hallaban en condiciones de indefensión, ocultando sus restos, los que no han podido ser habidos hasta la actualidad”.

44 imputados y más de 700 víctimas

La megacausa La Perla, cuyo juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, tiene 44 imputados, entre ellos, el represor Luciano Benjamín Menéndez, y está compuesta por 20 expedientes, con 716 víctimas de la cuales 279 son desaparecidos, 71 asesinatos –cuyos cuerpos fueron recuperados–, 13 detenidos políticos –muertos en sesiones de torturas– y un menor sustraído.

Respecto de la situación de ese menor, se trata del primer caso que se juzga en Córdoba y se refiere al nieto de la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, cuya hija, Silvina Parodi de Orozco, fue secuestrada junto a su esposo Daniel el 26 de marzo de 1976 y ambos permanecen desaparecidos.

El fiscal Trotta estimó que hasta fines de abril estarán con las conclusiones de la fiscalía y en julio o a fines de junio podría dictarse la sentencia, fecha que también fue estimada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°  1, de Córdoba.