lunes, 7 de diciembre de 2015

El represor que sumó 16 nuevos pedidos de prisión perpetua

Los alegatos en el juicio por los crímenes cometidos en La Perla y en el campo de La Ribera

Luciano Benjamín Menéndez ya cuenta con diez condenas a perpetua y ahora enfrenta las solicitudes de penas presentadas por las querellas del juicio que se desarrolla en Córdoba. El proceso judicial lleva tres años y concluiría a mediados de 2016.

  Por Marta Platía - Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez se supera a sí mismo. A sus diez condenas por cadena perpetua y otras dos más por una veintena de años cada una, el represor de 88 años ha sumado en las últimas semanas dieciséis nuevos pedidos de prisión perpetua en la etapa de los alegatos que se vienen sucediendo en el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. Cuando este juicio llegue a su fin (“tal vez en julio del año que viene”, según le anticipó a este diario el fiscal Facundo Trotta), el multicondenado ex general habrá sumado por alegato más de 350 pedidos de prisión perpetua por cada una de las víctimas desaparecidas por las que se lo está juzgando en este proceso, que será el más largo de la historia jurídica argentina. Cuando se esperaba que los dolores que provocaron los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas al fin hubiesen pasado, y que los abogados enfriasen el ambiente con sus alegatos, los asistentes a este megajuicio tienen en claro que no es así: desde se comenzó a alegar se ha desatado un lacerante vendaval de historias que –todas agrupadas y ahora que ya se escucharon 581 testigos– se padecen como si se tratara de un atroz caleidoscopio del mal. El querellante Horacio Viqueira fue quien dio el puntapié inicial. Junto a su colega Aukha Barbero, representaron a Vicente Fernández Quintana: un escribano asesinado a sus 68 años, cuando el hombre buscaba a sus dos hijos secuestrados. Una patota comandada por Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”, y Ernesto “el Nabo” Barreiro lo secuestró el 15 de mayo de 1976 de su casa en Río Tercero y lo llevó hasta La Perla, donde lo torturaron a picana y palo hasta matarlo. La sobreviviente Liliana Callizo atestiguó que el represor especialista en torturar “a dos picanas”, Luis Manzanelli (quien murió de pulmonía hace pocos días) le dijo: “Fue muy duro. Vos sabés, Flaca, un padre nunca entrega a sus hijos”. Callizo dio cuenta de la terrible agonía de Fernández Quintana. Lo torturaron con una combinación que resultaba letal: palo más picana eléctrica. Los riñones dejaron de funcionar. La muerte llegaba entre dolores lacerantes, el cuerpo hinchado, afiebrado. “Nosotros lo recordamos con respeto, con cariño. El se mantuvo solidario con sus compañeros y fue digno hasta el final”, dijo la mujer en su testimonio. Barreiro, Vergez y compañía, no sólo perpetraron su muerte: también le quemaron la casa, su estudio y hasta una quinta que tenía en las sierras.

Viqueira hizo un alegato detallado, en el cual repasó los comienzos del Comando Libertadores de América en Córdoba, el CLA: una especie de Triple A local integrada por sicarios de la policía que operaban en el D2 y el Ejército. El CLA respondía a Menéndez, Vergez y Barreiro, y se dedicó a asesinar y desaparecer aún antes del 24 de marzo de 1976. Llegado su momento de alegato, la querellante por Abuelas de Plaza de Mayo Marité Sánchez les apuntó a esos crímenes de lesa humanidad previos al golpe. Sánchez defendió la primera causa por robo de bebés que ha llegado a juicio en Córdoba: la del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas-Córdoba, cuya hija Silvina Parodi, de 20 años, estaba embarazada de seis meses y medio cuando la secuestraron junto a su esposo Daniel Francisco Orozco, el 26 de marzo de 1976. Además, se llevaron a los otros hijos de Sonia Torres: Luis y Giselle, al padre de la familia, a la novia de Luis y a dos amigos que estaban en la casa. Tenían el teléfono intervenido. La propia Sonia fue pateada hasta en el momento en que la liberaron: “De un puntapié volé y caí de rodillas en los adoquines que hay entre la D2 y la Catedral”, recordó ante Página/12.

La abogada afirmó que “Silvina Mónica Parodi era una perseguida política y lo fue mucho antes de que la privaran de su libertad y su vida”. Sánchez detalló todo el peregrinar de Silvina, ya secuestrada, por celdas clandestinas. Las torturas a ella y a su marido en La Perla, el nacimiento del bebé del cual hubo un testimonio fundamental, ya que una mujer, Silvia Acosta, no sólo la vio en la maternidad el día del nacimiento, el 14 de junio de 1976, sino que relató las circunstancias en que ocurrió. “Ella (Silvina) tenía la pancita torturada, quemada por la picana y cigarrillos.” La testigo contó que la escuchó gritar y gemir “que no quería que el bebé naciera porque se lo iban a robar”. La abogada Marité Sánchez hizo hincapié en el silencio de las monjas del Buen Pastor y las declaraciones de la testigo Laura Marrone, quien contó ante el Tribunal que en 2009 fue a ver a un geriátrico en las sierras cordobesas a las monjas, donde ella misma estuvo cautiva. Que les preguntó por el bebé de Silvina, y que una de ellas deslizó que “hay un muchacho en Río Cuarto”. Aunque luego cerraron filas y se negaron a hablar hasta hoy.

Sánchez pidió al Tribunal la pena de prisión perpetua para Menéndez y su patota. Se apoyó, como en casi todos los casos, en la teoría del “dominio del hecho” del alemán Claus Roxin, que se aplicó en el proceso contra el criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. Esto es: un autor mediato que, si bien no apretó el gatillo, sí dio las órdenes y facilitó los medios para la comisión de los crímenes y, por lo tanto, es mayor su responsabilidad.

Sobre el robo del bebé, la abogada recalcó: “Se trata de un desaparecido vivo. El delito se está cometiendo en este mismo momento, puesto que no ha cesado hasta ahora. Además se le ha sustraído su identidad y su familia”. Sánchez encuadró los delitos cometidos en la figura de genocidio, ya que se quiso exterminar a una toda una generación. Antes de terminar, en la sala repleta, y por primera vez en décadas, se vio llorar a Sonia Torres, la Abuela de 87 años. Fue algo que nadie esperaba y para muchos resultó casi insoportable. Sonia es conocida por su fuerza, por su frase “llorar no sirve para nada”. Pero a la tensión que sumó entre los pedidos de condena –esa especie de meta a la que arribó luego de casi cuarenta años de lucha–, hubo de sumarle ver el rostro resplandeciente de su hija sonriéndole en blanco y negro desde la pantalla gigante donde los querellantes proyectan imágenes y documentos de la época. Demasiado para cualquier corazón.

En el final, y en un esfuerzo que conmovió por su entereza, Marité Sánchez –quien también fue prisionera de la dictadura y parió a una de sus hijas esposada de una mano y un pie a una cama– concluyó: “Dedicamos este alegato a los hijos de las embarazadas que dieron a luz en la oscura dictadura militar, para que puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia historia”. Nada menos que el hilo conductor que guía a las Abuelas de Plaza de Mayo en los últimos tiempos: que sean ahora los nietos –hombres y mujeres de treinta y pico, cuarenta años– quienes las busquen a ellas.

“Ladrón y decapitador”

Desencajado cuando lo acusan de ladrón, a Menéndez en cambio no se le mueve un músculo de la cara cuando le atribuyen uno de los crímenes más bárbaros y revulsivos que haya cometido la dictadura argentina: la decapitación y exhibición de la cabeza de una de sus miles de víctimas, el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 60 años y padre de doce hijos.

El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1, Jaime Díaz Gavier, tuvo que amenazar a Menéndez –alias “Cachorro” o “la Hiena”– con sacarlo con la policía, cuando el ex jefe del Tercer Cuerpo protestaba furioso desde su butaca y llamaba mentiroso al querellante que alegó por la causa Mackentor, el “Papel Prensa” cordobés. El abogado Juan Carlos Vega se vio varias veces interrumpido por el represor, que no pudo controlarse cuando en el alegato se lo acusó de ladrón y se dejó probado que él mandó a matar, secuestrar y torturar a los accionistas y empleados de ésa fábrica, atribuyéndoles “sostener económicamente a la subversión”, para intervenirla y beneficiar a otros grupos económicos. La empresa de la familia de Natalio Kejner, quien murió en México hace pocos meses, fue saqueada y quedó desmantelada. Sus negocios pasaron a manos de otras (en este caso Supercemento) beneficiarias de los militares en el poder. Tal como ocurrió en Buenos Aires con la familia de David Graiver y Papel Prensa.

En cambio, Menéndez ni se inmutó cuando se lo acusó de la decapitación y exhibición de la cabeza de Vaca Narvaja. Tanto él como su cómplice, el ex coronel Raúl Fierro, continuaron su siesta paquidérmica mientras la querellante Patricia Chalup alegó y lo señaló como el responsable de esa barbarie. El relato de la historia de Vaca Narvaja provocó zozobra: una pulsión intensa aterró el semblante de los presentes en la sala y aún los de los jueces. Un hombre fue arrancado de su sueño a las dos de la mañana del 10 de marzo. Una patota casi derribó a golpes su puerta. Un adolescente de 16 años, el menor de una docena de hijos e hijas, estudiaba en su cuarto. Los vándalos entraron de civil, con armas largas, humillaron al hombre y a su esposa, Susana Yofre. El hombre alcanzó a decirle al hijo que cuide a la madre. Se lo llevaron en un baúl. No fue fácil meterlo, medía más de un metro ochenta. El hijo mayor, que llevaba el mismo nombre del padre, ya estaba preso y a disposición del PEN desde noviembre. Lo fusilaron simulando una falsa fuga en agosto de ese año. Pocos días después del secuestro, la familia debió huir para salvar la vida. Veintiséis en total: trece niños y trece adultos. México fue el destino. Años después del exilio, se pudo ir desgranando lo padecido por ese hombre. A Miguel Hugo Vaca Narvaja padre lo llevaron al Campo de La Ribera. Lo torturaron días y noches. Una colega, Amparo Fischer, atestiguó haber escuchado una discusión “entre un hombre grande con los torturadores”. Un guardia le dijo: “Ha tenido mala suerte, ha caído justo con Vaca Narvaja, el tesorero de los Montoneros”. Vaca Narvaja había sido ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi. Dos veces presidente del Banco de Córdoba. Profesor universitario. De raigambre radical, su hijo Fernando fue uno de los que logró fugar de Trelew. Uno de los fundadores de Montoneros. En cautiverio, los represores quisieron obligarlo a firmar una declaración de repudio contra ese hijo. No lo hizo. “Mi padre tuvo doce hijos, doce universos. Nunca iba a renegar de ninguno de nosotros”, declaró Gonzalo, el que pudo ver cuando se lo llevaban.

La reconstrucción de lo ocurrido desespera: un chico, Juan Manuel Blanes, encontró en abril del ’76 una cabeza humana en una bolsa, cerca de las vías del tren en barrio Alta Córdoba. Asustado, buscó a un vecino, Carlos Albrieu, un joven estudiante de biología para que le ayudase con el hallazgo. Albrieu dio testimonio de lo ocurrido en este juicio: “Le faltaba un ojo. Tenía un bigotito fino, la nariz alargada, rasgos europeos. Se notaba que la habían mantenido en formol u otro conservante, por la coloración amarronada que tenía. ¿Con qué fines? No sé”.

Otra testigo, Valentina Enet, que por entonces buscaba a su propio hermano secuestrado, aportó otra pieza a la reconstrucción: “Mi padre era ingeniero. Logró por contactos una cita con Fierro. Cuando estábamos con él en su oficina del Tercer Cuerpo, Fierro recibió una llamada de (Francisco) Primatesta. Salió corriendo. Nos dejó solos. Yo me tiré sobre el vidrio de su escritorio porque debajo tenía muchas fotos. Casi todas con puntitos rojos como de sangre y marcas con lapicera. Una, la más grande, me llamó la atención: no tenía cabeza”. El regreso súbito de Fierro, el susto de la chica y su padre, y Fierro que sonríe: “Ah, veo que estuviste mirando mi álbum de recuerdos... Pero a ése no lo vas a reconocer. Le falta la cabeza. Pero tu papá sí que lo conoce. Es Vaca Narvaja. Eso les pasa a los padres de los subversivos que buscan a sus hijos”. En la sala, la cámara que filma todas las audiencias enfocó el rostro del hijo mayor, Gustavo Vaca Narvaja, médico cirujano, escritor: los ojos enrojecidos, las mandíbulas atenazadas. No llora. Resiste.

La querellante Patricia Chalup pidió prisión perpetua para los criminales de Miguel Hugo Vaca Narvaja (es el abuelo del actual juez Federal N° 3). En las caras de los acusados Menéndez, Fierro y Gustavo Diedrichs no hubo gesto alguno. “Matar para ellos era hacer Patria”, había aseverado Chalup. El ensañamiento es el sello de este crimen. Como en el caso de la familia de Mariano Pujadas. fusilado en la base Almirante Zar, luego de la fuga del penal de Trelew en 1972. Su padre, su madre, su hermano, hermana y su cuñada, Mirta Yolanda Bustos, fueron atormentados, asesinados, echados a un pozo y dinamitados en agosto de 1975. O la tortura hasta el desollamiento que padeció Marcos Osatinsky, y que continuó posmortem cuando secuestraron su féretro y lo volaron de camino a Tucumán.

Osatinsky fue otro de los militantes que pudieron huir de ese penal patagónico. Menéndez, Vergez, Fierro, Barreiro y el resto de la caterva no perdonaron esa fuga y destrozaron, literalmente, a cada uno de los miembros de esas familias que pudieron atrapar. “Querían borrar nuestro apellido de la faz de la tierra”, declaró aquí Sara Solarz de Osatinsky, a quien también le mataron sus hijos de 19 y 15 años. Vergez en persona la buscó en la ESMA, donde la mantenían cautiva, para contarle, rebosante de morbo, los detalles de la literal cacería que montaron contra los jóvenes.

Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”: un represor pirómano que “gozaba con el fuego”, según contaron los sobrevivientes. Andrés Remondegui describió, aún aterrado, cómo lo ató a una silla dentro de una casa, “roció ésa y otras habitaciones con nafta y prendieron fuego. Todo empezó a arder. Creí que ahí terminaría... Que me quemaba vivo. Me sacaron cuando las llamas casi me alcanzan”. Los alegatos no dan tregua al espanto.

Con sus propias manos

Lo que en los primeros juicios eran historias cuasi aisladas, se rearman ahora de un campo de concentración a otro. De un secuestro grupal o individual; a fusilamientos y muertes compartidas. “Mi mamá fue compañera de ‘traslado’ (muerte, en la jerga) de tu viejo”, suele escucharse entre los jóvenes hijos. Se han tejido, en estos años, entramados de hermandad que no existían como tales antes de 2008. Y si se conocían, no vibraban con la intensidad que tienen ahora.

Alicia De Cicco de Moukarzel estaba casada con el médico René Moukarzel cuando la secuestraron el 15 de diciembre de 1975. Su marido ya estaba preso a disposición del PEN en la cárcel UP1. El fue uno de los 31 presos políticos asesinados en el invierno de 1976, y por los que el dictador Jorge Rafael Videla y el propio Menéndez fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común en 2010.

Alicia era maestra, “tenía los ojos muy grandes, le decían la Turca” y fue torturada en el Campo de La Ribera. La sobreviviente Teresa “Tina” Meschiati declaró haber visto su foto: “Estaba muerta. La habían torturado mucho. Tenía marcas como si la hubiesen estrangulado”. Eso fue confirmado por Liliana Callizo. Ella contó lo que el represor Vergez le dijo: “Esa chica de ojos tan lindos fue muy dura conmigo. No quiso hablar conmigo. Yo la torturé. La ahorqué con mis propias manos”. Liliana agregó que el asesino le dijo que Alicia era una persona “educada, preparada y valiente”; y que habían pretendido sacarle información tanto de ella como de su esposo que estaba detenido, pero que ella no habló.

René Moukarzel, su compañero, también sufrió una muerte “a mano”: el ex teniente Gustavo Adolfo Alsina se ensañó con él cuando lo vio recibir un paquete de sal de un preso común a través de las rejas. Lo estaqueó desnudo en el patio de la prisión UP1, del 14 al 15 de julio de 1976. Según el Servicio Meteorológico –en un informe pedido por el Tribunal– ese día hubo 6 grados bajo cero y cayó agua nieve. Moukarzel, que medía casi dos metros, era un hombre fuerte y joven. Tardó en morir, aun cuando era asmático. Los estertores de su pecho en su esfuerzo por respirar fueron escuchados por cientos de prisioneros que padecieron su agonía por casi 24 horas, y la relataron en una trama coral desgarradora: las mujeres presas desde sus celdas, los enfermeros, los guardiacárceles, los presos políticos y comunes que contenían la respiración por miedo a que la de él ya no se escuchara; los pacientes en la enfermería y, en el final, la imagen del asesino blandiendo triunfante, por los pasillos del penal, los anteojos de su presa muerta. La descripción de la euforia del “teniente Alsina” fue shockeante. El crimen de Moukarzel, por su sadismo, no fue olvidado. Uno de los conscriptos de entonces se acercó al juicio para dar testimonio de que vio cómo tiraron su cadáver en la parte trasera de un camión y lo taparon con una lona antes de llevarlo a la morgue, a la desaparición.

En el juicio de 2010 se supo del crimen de Moukarzel. En éste, del ahorcamiento de Alicia, su esposa. En la sala, sus familiares lloran y se abrazan. Y con ellos, los familiares de los que compartieron sus muertes.

Un mensaje desesperado

“Soy Oscar Domingo Chabrol. Me quieren matar. 18 octubre de 1975”: escrito “con una uña o algo punzante” en la pared de un calabozo de la D2 al ras del piso. Otra prisionera, Marta Rosetti de Arquiola, leyó la súplica. Cuando la trasladaron de las mazmorras que quedaban apenas a ocho pasos de la Catedral cordobesa –donde el arzobispo Primatesta daba misa– a la cárcel UP1, Marta impulsó la publicación de una solicitada en el diario La Voz del Interior contándolo todo. Su cautiverio y lo que ese muchacho había escrito. Meses después la mataron. Fue otra de los 31 fusilados en la UP1.

Oscar Chabrol tenía 19 años. Su hermano Juan José apenas 17. Los atrapó una patota de la D2 ese 18 de octubre. Habían salido a vender sándwiches de miga con un amigo, Miguel Ferrero Coy. Ya tenían un hermano mayor preso: Herminio “Mirmi” Chabrol.

Fue el sobreviviente Carlos Raimundo “Charlie” Moore quien contó el final de los Chabrol. “Al más chico lo mataron a golpes y a las patadas en sólo seis, siete minutos. Nunca había visto algo así. Hasta algunos guardias se descompusieron. Estaban en desacuerdo porque era un pendejo, un menor de edad”, relató Moore en su declaración ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Antes, pudo contarle a su propio padre para que “avisara afuera” lo que había pasado. Moore fue el autor de una de las denuncias más completas que hay sobre el accionar del D2.

Atribulado, el papá de los Chabrol, don Pablo, fue uno de los primeros en integrar un grupo de padres que se dedicaron a buscar a sus hijos secuestrados. Y también fueron de los primeros en sufrir las consecuencias: Pablo Chabrol fue secuestrado en una misma noche con Arturo Ruffa, Osvaldo Onetti, Ricardo Salas y Juan Borgogno. Fue el 20 de octubre de 1976. Los atormentaron durante más de un mes en el Campo de La Ribera. El penalista Carlos Hairabedián (quien por entonces era juez y también fue preso de la dictadura) contó que vio “a Chabrol y a Ruffa”, y que estaban “en condiciones lamentables por la tortura”. Les decían los Viejos. “Los habían secuestrado por la fantástica actividad subversiva de buscar a sus hijos.” Tras un mes de feroz cautiverio, don Pablo Chabrol y sus compañeros de búsqueda y tortura fueron liberados en la madrugada del 19 de noviembre.

Los relatos de los crímenes de los “dignos subordinados” de Menéndez resuenan en los tribunales federales. Uno por uno se los ve vanagloriándose ante los que llamaban “muertos vivos” de sus variaciones para torturar y matar. Héctor “Palito” Romero, soplándose los nudillos y diciéndose a sí mismo “¡Qué pegada que tení, varón!”, luego de haber asesinado de un solo, brutal golpe al estudiante de arquitectura Raúl Mateo Molina. O a Ernesto Barreiro, pateando en su colchoneta al agonizante abogado Carlos Altamira “a quien odiaba particularmente”, según los testigos. Según contó el sobreviviente Piero Di Monte, el “Nabo” lo pateaba en el piso gritándole “¡A ver, doctor de presos políticos, a ver quién te va a defender ahora!”. O a Orestes “Gino” Padován y Ricardo “Fogo” Lardone, confesando ante los cautivos Graciela Geuna y Héctor Kunzmann que no soportaban el “olor a goma quemada de los autos”, porque les recordaba “el olor a carne quemada de los cuerpos en los pozos. Y que luego de rociar con combustible para quemarlos, hasta muertos levantan los brazos cuando los agarra el fuego”. O a Vergez, quien se quejó ante Di Monte, Meschiati y Geuna de que él solo “tuvo que fusilar a una decena de personas en un pasillo de La Ribera, porque los demás no se animaban a empezar. Que los ametralló de varias ráfagas”.

Sin recibir la condena, murió un imputado del juicio La Perla

El represor Luis Alberto Manzanelli falleció a los 78 años en prisión. Estaba acusado por 784 delitos de lesa humanidad.

Sin escuchar la condena del juicio por delitos de lesa humanidad más grande del interior del país –la megacausa La Perla– el represor Luis Alberto Manzanelli falleció a los 78 años.

En 2008 había sido condenado a prisión perpetua en el marco de la causa Brandalisis, juicio en el que también fue condenado el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Manzanelli murió en cárcel común, sin embargo no recibió la condena por el juicio La Perla, en donde era imputado por 784 delitos: 308 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 291 imposiciones de tormentos agravadas, 169 homicidios calificados, 15 imposiciones de tormentos seguidas de muerte y una tentativa de homicidio calificado.

Durante el terrorismo de Estado, se desempeñó como suboficial de Ejército especializado en el departamento de Inteligencia 141. Había integrado el grupo criminal Comando Libertadores de América, y en la llamada "patota" de la Perla. 

En democracia fue director del Círculo de Suboficiales del Ejército de la ciudad de Córdoba. 
Desde diciembre de 2012 fue uno de los imputados del juicio La Perla sentados en el banquillo de acusados. Actualmente el debate transita la etapa de alegatos, y se estima que la sentencia tendrá lugar entre marzo y abril de 2016. 

lunes, 5 de octubre de 2015

Megacausa La Perla: "que los delitos se encuadren como genocidio"

Megacausa La Perla|Abuelas solicitó que los delitos se encuadren como genocidio

23 de septiembre, 2015

María Teresa Sánchez solicitó 11 perpetuas y una condena de 21 años para los imputados en la causa que investiga el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio, y el destino final de Silvina Mónica Parodi de Orozco secuestrada junto a su esposo Daniel Orozco el 26 de marzo de 1976. Se trata, dijo, de delitos “imprescriptibles, inamnistiables e inindultables”. Dedicó el alegato a todas las embarazadas y a los niños nacidos en cautiverio para que encuentren “el cordón umbilical que los una a su propia historia”.

Por Katy García – PrensaRed


Durante dos jornadas y parte de una tercera la abogada María Teresa Sánchez alegó en la causa que investiga la sustracción de un menor de 10 años, nieto de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo,  y del secuestro y asesinato de  su hija. A la hora de pedir las penas recordó que los acusados actuaron como funcionarios públicos, cometieron crímenes de lesa humanidad y que les cabe la figura penal de genocidio según normativas internacionales a las que el país adhiere.

Al mediodía  concluyó el alegato por el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio el 14 de junio de 1976. La representante de la querella narró el “derrotero” sufrido por sus padres hasta que los asesinaron en cercanías del campo de concentración La Perla. Ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP).

“El relato de esta historia está dedicado a todas las compañeras embarazadas que alumbraron los oscuros días de la dictadura y del terrorismo de Estado, y a los hijos que alumbrados por el conocimiento de la historia puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia historia”, expresó la abogada al término de su alocución. Desde la sala, la pantalla mostró las muestras de afecto y emoción compartida entre los presentes.

Genocidio


Los Jueces Falcucci, Díaz Gavier (presidente) y Quiroga Uriburu

Los Jueces Falcucci, Díaz Gavier (presidente) y Quiroga Uriburu

Tras exponer de acuerdo a la prueba documental existente y las propias afirmaciones realizadas por los imputados durante el debate acerca del lugar que ocupaban en el organigrama de la fuerza y su pertenencia a la Op3, aludió al delito de “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años”.

La abogada le pidió al tribunal que al momento de dictar sentencia los delitos sean encuadrados en la “Figura penal de genocidio” y que condene a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Gustavo Diedrich (autores mediatos), Héctor Pedro Vergez, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo BarreiroLuis Manzanelli , Ricardo Alberto Lardone, José Herrera, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero y Emilio Morard (autores materiales) como “coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado en perjuicio de Silvina Mónica Parodi de Orozco y por ser coautores penalmente responsables del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en perjuicio del hijo de Daniel Francisco Orozco y Silvina Mónica Parodi de Orozco nacido durante el cautiverio de su madre, todo en concurso real, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”. (1)

En tanto que para Díaz  pidió la condena de 21 años como “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, ambos en concurso real, en perjuicio de Silvina Mónica Parodi de Orozco, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.

Antes de pedir las penas rebatió la teoría sostenida por los imputados cuando afirman que actuaban “en defensa de la sociedad occidental y cristina”. Por el contrario, señaló que “destruyeron a la patria, entregándola a intereses extranjeros, destruyeron la familia y la sometieron a tormentos y privaciones de la libertad en centros clandestinos y sustrajeron las identidades de los niños”.

Describió los alcances del delito de “sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años” según el derecho penal. Se trata, dijo, de un tipo de privación ilegal de la libertad que debe ser analizada como desaparición forzada de personas. Ilícito que se consuma y se prolonga en el tiempo hasta que cesa. Cuestión que no ha ocurrido. “Se trata de un desaparecido vivo”, señaló. Tras caracterizar los asesinatos de Silvana Parodi y de Daniel Orozco solicitó que se aplique la figura de genocidio. Y destacó que según la jurisprudencia existente se trata de delitos “imprescriptibles, inamnistiables e inindultables”.
La abogada querellante María Teresa Sánchez

La abogada querellante María Teresa Sánchez (Nicolás Castiglioni)

Contexto

Durante el primer tramo de su extensa exposición explicó cómo ocurrieron los hechos y demostró que el terrorismo de estado en Córdoba comenzó mucho antes de que se produjera el Golpe de estado. Mediante el cruce de pruebas documentales y testimoniales explicó el plan sistemático de exterminio del oponente político donde el robo de niños fue un objetivo trazado y llevado adelante por los genocidas.

En esa línea afirmó que los documentos y memorandos de la policía federal y de la Comunidad Informativa -presidida por Luciano Benjamín Menéndez- operaban desde 1975 en Córdoba.

También se apoyó en la jurisprudencia surgida de la Causa 13 y de la sentencia del juicio Menéndez realizado en 2008, donde “quedó demostrada la existencia de un plan sistemático que fue delineado para combatir lo que ellos llamaban subversión”. Para eso pusieron en marcha una “una lógica perversa” que escondía su accionar tal como lo describe Eduardo Luis Duhalde en su libro El estado terrorista con el objetivo de destruir y aniquilar a los militantes.

Luego explicó cómo funcionaba el plan sistemático y la metodología de exterminio implementada a través de los secuestros subrepticios sin orden alguna irrumpiendo en los hogares en horas de la madrugada como lo denunciaron numerosos testimonios en la Conadep. Después eran trasladados a campos de concentración donde eran torturados para obtener información y finalmente asesinados y desaparecidos.

Plan macabro

“El plan macabro incluía a las mujeres embarazadas y a los niños nacidos en cautiverio luego sustraídos y despojados de sus identidades como sucedió con el niño de Silvina Mónica Parodi y de Daniel Orozco”, afirmó, ante el Tribunal. Y agregó que “el traslado por la fuerza de su grupo de pertenencia constituye uno de los aspectos más siniestros del plan de exterminio. Una forma perversa de desaparición forzada, una herida abierta para la sociedad, porque se ha golpeado a lo indefenso, a lo vulnerable. La magnitud de la violencia utilizada desde el estado otorgan a estos hechos y especialmente a estos niños una extrema gravedad: son delitos de lesa humanidad”, manifestó y aportó doctrina nacional e internacional.

Destacó la información reunida por la Conadep Córdoba que en aquel momento contabilizaba 340 centros de detención clandestina –hoy se sabe que fueron 500- y repasó las inspecciones oculares realizadas en este juicio a los campos La Perla, La Ribera, EXUP1, Buen Pastor, entre otros.

“Los documentos de la comunidad informativa prueban el plan sistemático y el conocimiento y la participación que tuvieron en algunos hechos delictivos. Los cadáveres encontrados en fosas comunes o enterrados como NN o en los hornos dan cuenta de la certeza de ciertos testimonios y de testimonios de ex represores. esto constituye prueba irrefutable de las torturas y de las ejecuciones sin juicio o de cobardes y viles asesinatos. Y también sabemos por los sobrevivientes que por izquierda hablaban de un procedimiento ilegal y clandestino y que eran fusilados.

Como es de rigor se remitió a la jurisprudencia de la Causa 13 y subrayó que los militares fueron adoctrinados en la doctrina de seguridad nacional donde la hipótesis de conflicto se centraba en el “enemigo interior” (guerra moderna) dejando de lado la teoría de la defensa nacional.

Ese enemigo, dijo, se constituyó con trabajadores, estudiantes, militantes barriales, teólogos, entre otros. En esa dirección reflexiva agregó que “los niños secuestrados con sus padres también eran considerados subversivos. Y que el plan sistemático constituyó una constante” y acotó que “se ejecutó desde una estructura político administrativa y que el acta impuesta por la fuerza reemplazó a la constitución nacional, disolvió al congreso a los miembros de la justicia, suspendió las actividades gremiales y puso en funcionamiento un estatuto especial”, puntualizó.

Los hechos

El 26 de marzo de 1976, a las 18, personal del destacamento de inteligencia OP3, sin orden judicial, secuestró a Silvina Mónica Parodi de Orozco (20), embarazada de seis meses y medio, y a su esposo Daniel Francisco Orozco (22), de la casa que habitaban en barrio Alta Córdoba y llevados al Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla”. Ambos eran estudiantes de Ciencias Económicas en la U.N.C. y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). Los sometieron a torturas psíquicas y psicológicas y permanecieron cautivos en condiciones inhumadas y luego fueron asesinados.

Orozco habría sido asesinado en abril en las inmediaciones de La Perla. En tanto que “Silvina Parodi permaneció cautiva hasta después de haber nacido su hijo en el Hospital Militar y habría sido ubicada en el Buen Pastor en forma subrepticia. Separada de su hijo, fue retirada por Vega y la habría llevado a las inmediaciones del campo y asesinado”.
Excárcel El Buen Pastor

Excárcel y centro clandestino El Buen Pastor (Info Al Toque)

La abogada analizó la prueba testimonial y documental (certificados médicos, copias de denuncias, memorandos, etc.) y destacó las gestiones realizadas por el padre de Silvina ante Saseain quien “cínicamente le dijo que esos secuestros se hacían entre guerrilleros, justificando mediante una mentira los hechos”. Explicó cómo funcionaba el plan sistemático y la metodología de exterminio implementada. Rescató los aportes de la Conadep Córdoba en relación a los delitos objetos del juicio. El secuestro de embarazadas que daban a luz en cautiverio y luego eran asesinadas y sus niños apropiados.

“Por eso la sustracción y el traslado por la fuerza de su grupo de pertenencia constituye uno de los aspectos más siniestros del plan de exterminio. Una forma perversa de desaparición forzada. Y es una herida abierta para la sociedad porque se ha golpeado a lo indefenso y vulnerable. La magnitud de violencia utilizada desde el estado otorga a estos hechos y especialmente a estos niños una extrema gravedad. Son delitos de lesa humanidad porque tanto la comunidad nacional e internacional persiguen estos delitos”, manifestó.

Espiados

Siguiendo a Federico Mitelbach cuestionó el funcionamiento de los servicios de inteligencia militar que se inició en los años ’40 y creció en los ‘60 con la organización de los estados mayores, jefaturas y grupos. En este sentido dijo que “hubo un derrotero que está comprobado con pruebas testimoniales, documentales y resoluciones que daban cuenta de que era espiada por una causa judicial abierta, que fue sometida a un régimen distinto al de disposición al PEN”.

Precisó que la SIDE Buenos Aires envió un documento a la sede local donde recomienda que “el caso sea analizado por la comunidad informativa” y que se realizó un seguimiento telefónico dando datos de su familia y del domicilio familiar. También consigna el secuestro de todas las personas que estaban en la casa paterna y fueron enviadas al D2 y sugiere que sean puestos a disposición del PEN para evitar que puedan quedar en libertad. No fue el único documento que consta en el Caso Córdoba y que claramente da cuenta de un seguimiento exhaustivo.

Enumeró las respuestas a las gestiones realizadas y las pruebas que dan cuenta de su traslado y permanencia en la UP1 sin ser registrada. Varios testimonios tales como el realizado por el director de la cárcel prefecto Montamat (cambiado de lugar) y del secuestro y desaparición del doctor Elías que había autorizado el ingreso de mudas de ropa, mostraban que estuvo en la UP1.

El parto

El entrecruzamiento de información surgida en el debate y la prueba documental le permiten a la querella asegurar que el niño nació en la maternidad provincial el 14 de junio de 1976. Que luego fueron trasladados al penal y centro clandestino de detención El Buen Pastor gestionado por un grupo de monjas de la Inmaculada Concepción. Un pormenorizado análisis de la prueba da cuenta del comportamiento silente y cómplice de varias religiosas. No obstante aclaró que no toda la Iglesia Católica actuó de ese modo. Y citó como ejemplo a la testigo Asunción Medrano religiosa de la Casa Cuna.

Parte de esta información consta en el informe Conadep Córdoba y en documentos internos del penal de mujeres donde se alojaban presas sociales y “especiales” eufemismo utilizado para identificar a las “subversivas” como la directora de la institución María Esther Figueroa las nombraba. Esta monja mintió sobre la fecha de asunción al cargo que ejercía según documentos existentes. Y quedó claro que durante su gestión había niños y ella misma “los entrega a familias biológicas”.

El testimonio en sede judicial de la hermana Asunción Medrano es clave en la reconstrucción de los hechos. Fue ella quien le dijo con total naturalidad a Giselle Parodi –hermana de Silvina y voluntaria de la casa Cuna- que no se llevara más niños a su casa los fines de semana porque ya tenía demasiado trabajo con el niño de Silvina. Declaraciones de expresas aseguran que en el lugar había embarazadas y niños. Sánchez presentó ante el tribunal numerosos testimonios al respecto. Luego explicó la estructura de funcionamiento de las religiosas en relación a las presas comunes y las especiales. Y explicó además como trabajaba el personal de la salud y administrativo.
Sonia Torres y Marité Sánchez al finalizar los alegatos

Sonia Torres y Marité Sánchez al finalizar los alegatos

Adopciones truchas

Otro de los aspectos mencionados fueron las irregularidades encontradas en la Casa Cuna respecto a cómo se hacían las adopciones. Describió cómo se realizó el traslado del niño desde el Buen Pastor a la Casa Cuna y las declaraciones del médico Agrelo quien revisó al niño o niña y de su relación con la monja Monserrat Tribo. Esta data fue cruzada con otros testimonios y en todos los casos destacaron la condición del testigo de católico practicante.

Otras declaraciones ubican a la monja como la encargada del manejo de las adopciones de las embarazadas “especiales”. Y que el cura capellán Gorosito era el encargado de los bautismos. Esta religiosa negó la existencia de documentación que luego fue encontrada en el sótano tal como lo declaró el testigo de contexto Horacio Verbitsky. Quedó claro el modus operandi sobre cómo eran entregados los niños en la Casa Cuna y quienes eran los responsables de atenderlos. También destacó que Videla y su esposa visitaron el lugar y recibieron “una cálida recepción” y que otra vez lo hizo gente de la aeronáutica.

La abogada relató una serie de irregularidades observadas en relación a la ausencia de datos y de partidas adulteradas. Incluso, casos donde figuraban los adoptantes como biológicos.

Plan sistemático

Sánchez fundamentó luego porqué el robo de bebes fue parte de un plan criminal de exterminio de personas donde “se planificó la sustracción de niños y fueron tratados como cosas” y decidieron no entregados a la familia biológica. Subrayó que los partos se realizaban en instituciones públicas y que desde la Casa Cuna se distribuían los chicos con el conocimiento de la justicia provincial que se encargaba de las guardas y adopciones.

Afirmó que Córdoba no fue ajena a esta metodología y que Menéndez “daba las órdenes en cada caso”. Hablo además de la complicidad de la Iglesia católica siguiendo la declaración de Horacio Verbitsky.

Tras repasar el proceso de anulación de las leyes del perdón y la jurisprudencia existente destacó la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y el fallo de 2012 que estableció que hubo un plan sistemático durante el terrorismo de Estado donde Videla fue condenado 50 años.
El equipo de Abuelas filial Córdoba

El equipo de Abuelas filial Córdoba

Daños

Sobre el final narró los daños que Sonia Torres padeció en casi 40 años de lucha. Por caso, se refirió a los golpes que le propinó un grupo de tareas en el baño de la casa de su hija que le hicieron perder la audición y el juicio que le inició en 1999 Tránsito Rigatuzzo. Hizo una cronología de las amenazas recibidas a fines de los noventa por parte de la familia y de los abogados Elvio Zanotti y ella misma. También recordó otros eventos como los planos para un posible atentado retirados de  la casa de uno de uno de los actuales acusados Luis Manzanelli y sus vinculaciones con los abogados Arbonés y Herrera.

Moncholos

Por la tarde comenzaron los alegatos de las querellas representadas por la abogada María Elba Martínez (fallecida) y que hoy continúa el equipo de la Fundación que lleva su nombre. La letrada Adriana Gentile comenzó realizando una introducción general en la que describe el contexto histórico, ideológico y metodológico que rodeó a los secuestros de dos militantes. Moncholos era el mote que los represores les daban a los militantes montoneros.

Los hechos forman parte de la causa Vergez y las víctimas son María del Carmen Sosa y Ricardo Zucaría Hit. Sosa era docente, sindicalista en la UEPC y militante de montoneros. Era coordinadora en la Dirección de Educación del Adulto en el plan de alfabetización CREAR, una experiencia de educación popular. En tanto que Hit, estudiaba arquitectura y militaba en la , Juventud universitaria peronista( JUP). Ambos fueron secuestradas por el Comando libertadores de América el 9 de enero de 1976 en el denominado Operativo moncholo. Luego fueron trasladados al campo de La Ribera y a los pocos días fusilados.

martes, 11 de agosto de 2015

Un camarista federal será investigado por su rol en la dictadura

A pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Es Luis Rueda, cuyo nombre fue mencionado por testigos en el juicio La Perla y en otros procesos judiciales de lesa humanidad. Las denuncias en su contra eran sistemáticamente archivadas. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó incorporarlas a un único expediente para su reapertura e investigación.

El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Rueda, deberá ser investigado por su rol en diversos casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. Rueda fue mencionado por al menos 20 testigos en el juicio “La Perla” y también en otros procesos judiciales de lesa humanidad. Sin embargo, las denuncias en su contra eran sistemáticamente archivadas. Al menos, hasta ahora.

El titular del Juzgado Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó que todos los casos sean incorporados a un único expediente para su reapertura e investigación y solicitó que se designe un fiscal imparcial para investigarlos. En un largo fallo dado a conocer hoy, el juez criticó con dureza a la fiscal Graciela López de Filoñuk y a su par del Juzgado Federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, quienes estuvieron hasta hace poco al frente de las causas. Vaca Narvaja consideró que Filoñúk y Sánchez Freytes investigaban cada caso por separado y luego los desestimaban. "Pero todo debe ser entendido en un contexto y en una conducta", dijo el magistrado a Infojus Noticias.

En Córdoba, se instruye otra causa conocida como “de los magistrados”. Allí se investiga la complicidad de cinco funcionarios judiciales en el fusilamiento de treinta presos políticos durante la dictadura. La investigación estuvo un año y medio paralizada, hasta que la Cámara la reactivó meses atrás. Luis Rueda no está procesado en ese expediente, pero muchos creen que "lo salvó una artimaña judicial". Es que hasta hace poco, Rueda era la máxima autoridad de la Justicia Federal de Córdoba. Cada vez que un sobreviviente testigo lo salpicaba en su declaración, durante un juicio, Rueda se autodenunciaba en la fiscalía de Filoñuk y aportaba “pruebas” para la investigación. Sistemáticamente, la fiscal Filoñuk declaraba la falta de mérito.

Sin embargo, fue la propia Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba quien resolvió que el juez Vaca Narvaja profundizara en las denuncias existentes contra Rueda, ya que de los expedientes surgía que cada vez que había una denuncia contra el magistrado, las mismas eran “desestimadas prematuramente, en base a una apreciación absolutamente superficial de pruebas insuficientes, agregadas –por lo general- a pedido de quien debía ser investigado”. Es decir, el mismo Rueda.

En el fallo, Vaca Narvaja le solicitó al Fiscal General Alberto Losada que defina si Filoñuk está en condiciones de investigar a Rueda. El magistrado consideró que el ahora investigado pudo haber contado con “protección” de sus pares para evitar el avance de la causa. Filoñuk y Rueda fueron compañeros de trabajo en una fiscalía durante los primeros años de democracia; Vaca Narvaja no descartó llamarla a declarar como testigo, por eso, sugiere que sea apartada.

El expediente lleva por carátula el nombre de un sobreviviente de La Perla: Gustavo Contepomi.

WC/LL

lunes, 27 de julio de 2015

El duelo de los familiares de estudiantes asesinados en La Perla, cuyos restos fueron identificados

“Nunca pensé que volvería a saber de él”

Las actas de aparición y los certificados de defunción de cuatro estudiantes hallados por el Equipo de Antropología Forense fueron entregados a sus familiares. Para el juez Hugo Vaca Narvaja, el objetivo es “acabar con el estado de desaparición en el país”.

 Por Marta Platía
Desde Córdoba


Atardecía en La Perla, el sitio de la memoria que fuera uno de los principales campos de tortura y desaparición durante la última dictadura, y el viento helado apenas permitía respirar. Parada sólo sobre su voluntad, la mujer arrancó el discurso que jamás imaginó que pronunciaría: “Yo nunca, nunca pensé que volveríamos a saber de él. Y menos recuperar sus huesos. Nunca pensé, mientras seguimos viviendo todos estos años de dolor desde que Alfredo (Sinópoli Gritti) desapareció (hace 40 años), que siempre hubo gente buscándolo y hasta más que nosotros... Gente que nunca bajó los brazos. A ellos, a las Abuelas, a las Madres, a los Familiares, a los Hijos y antropólogos, al juez, gracias: muchas gracias, infinitas gracias. Por buscarlos y ahora contenernos”, alcanzó a decir Graciela Sinópoli, hermana de Fredy, antes de permitirse llorar todo lo que no lloró durante el largo, gélido día que comenzó cuando le entregaron las actas de hallazgo de los restos de Alfredo y el certificado de defunción del joven aparecido el 21 de octubre de 2014 en los Hornos de La Ochoa: la estancia que ocupaba el ahora multicondenado ex general Luciano Benjamín Menéndez en los predios de La Perla.

En Córdoba, en una ceremonia en Tribunales, el juez federal Hugo Vaca Narvaja les entregó a los familiares de los cuatro estudiantes de medicina cuyos restos óseos fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la documentación cuya finalidad es “acabar con el estado de desaparición en el país”. El juez explicó que “recuperar los restos, identificarlos, dar por terminada su etapa como desaparecidos es comenzar a resarcir tanto daño. Y esa es nuestra obligación como Estado”. Los restos de esos cuatro jóvenes militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) son los primeros que se encontraron en una guarnición militar en Córdoba. Y nada menos que cerca de la estancia de Menéndez, en las más de 15 mil hectáreas de lo que fue el campo de concentración de La Perla.

Llegados desde San Luis, desde Salta y la Traslasierra cordobesa, estuvieron los hermanos, tíos y sobrinos de Lila Gómez Granja, secuestrada a los 21 años; de su novio, Alfredo Sinópoli Gritti (de 22), del puntano Ricardo Enrique Saibene Parra (de 20); y el hermano del salteño de Metán: Luis Agustín Santillán Zevi (de 27 años). Los cuatro fueron secuestrados en el parque Sarmiento de la capital cordobesa, a pasos de la Ciudad Universitaria, la mañana del 6 de diciembre de 1975, por una patota del Comando Libertadores de América (CLA). Nunca más se supo de ellos. Ni un solo dato. Hasta que la sobreviviente Graciela Geuna detalló lo que les escuchó comentar –hasta con sorna– a los represores de La Perla. Torturadores que hablaban sin tapujos frente a ella y otros “muertos vivos”, como llamaban a los prisioneros que planeaban matar. “Nosotros salíamos del (Batallón) 141 y vimos a estos boludos que se les ocurrió caminar por el Dante, siendo jóvenes y con el pelo largo... Los secuestramos y los matamos.” Según Geuna, fue el represor Luis Manzanelli quien contó que la patota “estaba al mando de (Héctor Pedro) Vergez”, alias Gastón o Vargas: quien era –junto a Menéndez y luego Ernesto “el Nabo” Barreiro– uno de los jefes del CLA, la versión local de la Triple A.

La hora de los hornos

El flamante secretario de Derechos Humanos del juzgado, Juan Miguel Ceballos, invitó a los familiares de las víctimas a recorrer La Perla y los hornos donde fueron hallados los restos de los jóvenes. Apretujados a bordo de la camioneta y autos cuatro por cuatro propios “y de prestado” que utilizan los expertos del EAAF para sus tareas, desde el sitio de la Memoria La Perla se recorrieron los casi nueve kilómetros de huella monte adentro, y las varias tranqueras de la “zona militar” donde además de los viejos hornos para fabricación de cal en que se encontraron huesos de los estudiantes de medicina, está la estancia La Ochoa. Allí donde el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército pasaba sus fines de semana y hasta mantuvo prisioneros a varios dirigentes del Partido Comunista cordobés, como el abogado Salomón Gerchunoff. Un edificio hecho en piedra que tiene pretensiones de castillo y desmienten las tejas coloniales. En los hornos, con “enorme cuidado, ya que hay peligro de derrumbe”, advirtió Anahí Ginarte del EAAF, la arqueóloga explicó paso a paso lo que el equipo fue haciendo para extraer los restos del tercer horno “empezando desde la izquierda”, no bien hallaron la primera costilla humana. Ginarte detalló que “por la evidencia (los militares) trajeron camiones con escombros donde estaban mezclados los huesos ya quemados en otro lugar, y los tiraron por las bocas superiores de los hornos. Por lo que pudimos comprobar, no los quemaron aquí. Y cuando los quemaron, eran cuerpos que todavía tenían sus tejidos blandos. No eran esqueletos. Así, junto con los escombros los arrojaron desde arriba, cayeron por las chimeneas, y todo se fue deslizando a los dos niveles que siguen para abajo. Los encontramos en el de la base. En el terraplén de tierra de la boca del nivel inferior”.

Allí, en ese pequeño arco interior del horno tres, en esa boca ahora dentada sólo por un hierro retorcido curiosamente en forma de cruz –dato que a los familiares no les pasó inadvertido– el grupo puso sus ramos de flores. Y se abrazaron unos a otros. Se fotografiaron. Lloraron y se rieron mirándose a los ojos mientras hipaban el llanto que oscilaba entre la inmensa pena y la alegría. Omar, el hermano de Ricardo Enrique Saibene, contó que ese año, “cuando se lo llevaron, a Enrique le tocaba el servicio militar. Ya estaba en cuarto año de medicina”. Hugo Sinópoli, en tanto, con sus ojos brillantes, celestísimos, retomó su “rivalidad” con Fredy: “Sí, era más lindo que yo y me cascaba a la salida de la escuela... Las chicas siempre lo seguían a él”. Norma, la hermana de Lila Gómez Granja, contó que sus padres murieron “esperándola, siempre esperándola”; y Edgar Oscar “Cacho” Santillán, hermano de Luis Agustín, agradeció “poder volver a Salta, a Metán, con todo esto que he visto para contárselo a mi mamá en su tumba, así descansa en paz de una vez”.

El antropólogo e historiador del EAAF Fernando Olivares dijo a este diario que jamás olvidará ese 21 de octubre: “Estoy en el equipo hace unos trece años. Y hace más de diez que trabajamos en La Perla. Esa mañana, uno de los peones que movían la tierra y los escombros dentro de los hornos, viene y me dice ‘mire, un hueso’. Era una costilla flotante (de las últimas de la caja toráxica). No me quise hacer ilusiones... entré y metí la mano en la chimenea del horno tres y me cayó en la mano un coxis... Ahí ya no tuve dudas. Sabía que por fin habíamos encontrado restos humanos. Llamé a todos. Lloramos de emoción”. Ahora los hornos están limpios. Ya se extrajeron todos los restos óseos que se encontraron y se sigue trabajando en su identificación. ¿Qué es lo que resta por hacer en esa zona? Anahí Ginarte contesta: “Hay un pozo en el que testigos afirman haber visto restos. Tenemos que esperar la época de seca en estas sierras para poder trabajar ahí. Y en las 15 mil hectáreas, nada menos... En todo este campo que ves y en lo que no ves”.

Vergez y los vagos

“¿Sabe para qué hicieron los vuelos de la muerte los de la Armada? De vagos, por no tomarse el trabajo de fusilarlos. Y de tontos, porque no evaluaron que se les podía volver en contra. Yo siempre me preocupé por lo que pasaría después”, le dijo Héctor Pedro Vergez a la revista Noticias publicada del 2 de abril de 1995. Para Vergez, los asesinos de la ESMA de puro “vagos no evaluaron” que el mar podría devolver los cadáveres de los vuelos de la muerte. Sólo “de vagos” les inyectaban pentotal para dejarlos aún más indefensos, decolaban aviones de modo sistemático y los arrojaban al Río de la Plata. No como él y sus secuaces. Que sí se tomaron el trabajo que hay que tomarse para “desaparecer” en serio a sus víctimas: además de las torturas, violaciones, robos y demás vejámenes, los “dignos subordinados” de Menéndez fusilaban, arrojaban a fosas comunes, los rociaban con combustible, los quemaban y los tapaban con cal, tierra y escombros para ocultarlos para siempre. En los hornos de La Ochoa hay una prueba contundente: los restos de los cuatro jóvenes allí encontrados habían sido quemados en otro lugar, mezclados con escombros, traídos por camiones por esos más de nueve kilómetros de monte cerrado (sin contar el trayecto por la ciudad) y arrojados por las chimeneas. Una labor dedicada, casi artesanal de desaparición.

Los cuatro estudiantes figuran en la llamada “causa Barreiro”. De allí que el Nabo se los haya querido sacar de encima cuando entregó las listas con 19 nombres de desaparecidos el 10 de diciembre pasado. “Son casi todos muertos de Vergez”, leyeron querellantes y defensores al compulsar nombre a nombre. Aunque no sólo a eso apuntó el Nabo con su ruptura del pacto de sangre y silencio: quería adelantarse a las comprobaciones de identidad que haría el EAAF, y lograr así una posible amnistía si algún partido de derecha gana las elecciones. Nada de “humanitarismo”, sólo oportunismo y su ya reconocida megalomanía para destacarse entre sus 51 cómplices y ganarle el liderazgo a su otrora jefe Menéndez. Lo que también quedó claro con esa lista, es que los reos mantienen al día su base de datos. Si no, ¿cómo recordar dónde se enterró juntos y 40 años después a ¡cuatro! de las miles de víctimas que masacraron? “¡Qué trabajo que se tomaron para desaparecerlos!”, se sorprendían una y otra vez, recorriendo los hornos de La Perla, los familiares de los estudiantes. “¡Pero qué trabajo!”, repetían aterrados.

jueves, 2 de julio de 2015

El hijo de un represor contó qué trabajó en Inteligencia y que estuvo en el ccd y e La Perla

“Les hacían cavar y los enterraban”

Luis Alberto Quijano contó que vio secuestrados, que escuchó grabaciones de sesiones de tortura, destruyó documentos y que a las víctimas los enterraban en pozos. Dijo que quiere colaborar con la búsqueda de verdad y justicia.

Luis Alberto Quijano, hijo de un torturador ya fallecido de dos centros clandestinos de detención de Córdoba, declaró ayer como testigo en la megacausa La Perla, por delitos de lesa humanidad en esa provincia. El hombre de 54 años contó que desde que tenía quince, en 1976, fue obligado a trabajar de forma permanente en el Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, donde estaba destinado su padre y donde se decidía sobre secuestros, asesinatos y desapariciones. Quijano relató que visitó La Perla y vio a secuestrados sobre colchonetas, que tuvo que escuchar cassettes con grabaciones de sesiones de tortura y que a las víctimas “les hacían cavar pozos, los mataban y los enterraban”. También explicó al tribunal que conserva en su hogar muchos de los objetos robados a los secuestrados, que sacó del Destacamento o que llevaba su propio padre.

Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido hace dos meses, fue un oficial de Gendarmería especializado en Inteligencia que registró a su hijo con sus dos primeros nombres. A partir del golpe de Estado fue destinado al destacamento, del que dependían La Perla y La Ribera, entre otros centros de detención, y pasó a integrar un grupo de tareas responsable de centenares de secuestros, allanamientos, torturas, robos y desapariciones. Según el relato difundido por Cba24n e Infojus, la infancia de Quijano estuvo marcada por la violencia que le impartió su padre, que desde fines de 2012 compartió el banquillo de los acusados con sus ex compañeros. Recordó a varios de los que conoció en los años ’70 (nombró a Palito Romero, Chubi López, Manzanelli, Texas, Diedrich, Yáñez, Barreiro y Vergez) aunque pidió declarar sin que ellos estuvieran presentes.

“Mi tarea en el Destacamento era destruir documentación clasificada. No se confiaba mucho en los colimbas, por eso me pusieron a mí de encargado. Dependía de Aguilar, un oficial que era como mi tío, me hacía creer que yo también era un oficial de Inteligencia”, manifestó el testigo. Entre las tareas encomendadas contó que se encargó de destruir fotos, documentos, pasaportes, títulos y libros. Agregó que aún conserva algunos ejemplares que en ese momento le llamaron la atención.

Pese a su juventud, Quijano relató que sabía usar armas de guerra, que iba a cada lugar con su pistola y a veces con una ametralladora. En varias ocasiones acompañó a grupos armados a realizar secuestros o allanamientos. La tarea que le adjudicaban era la de cuidar el vehículo y ahuyentar a cualquier vecino que preguntara qué estaba ocurriendo.

“Recuerdo una imprenta clandestina en el Barrio Observatorio. Se bajaba por una escalera y se ingresaba a una bóveda donde funcionaba la imprenta que pertenecía a Montoneros”, relató. “Agarré una estrella federal de madera que tenía escrita la frase ‘Libres o Muertos’ y me la llevé”, contó.

“Me daban cassettes para oírlos. No era algo agradable, pero ya estaba acostumbrado. Dos amigos de la escuela también los escucharon. Yo los llevaba en el bolsillo y para mí, teniendo en cuenta esa época, era algo normal. Ya no los tengo porque se me ordenó destruirlos”, describió Quijano. “Sé que a los presos se los ataba de pies y manos a la cama. Y se les ponía el voltaje directo. Recuerdo que no se les podía dar agua inmediatamente porque morían de un infarto. Nadie se resistía a la picana, ellos (los militares) le decían ‘la máquina’”, contó. En cuatro oportunidades visitó La Perla y desde una puerta pudo ver “la cuadra”, una gran sala con cientos de secuestrados vendados. “Desde la puerta veía la gente y las colchonetas”, recordó. En un momento, mientras Quijano adolescente observaba, su padre le ordenó: “¡Dejá de mirar, pelotudo!”.

Sobre el destino de los desaparecidos, contó que “ellos (los militares) hablaban del pozo: sacaban gente de La Perla, venían los camiones de la Brigada y los cargaban. Les hacían cavar pozos y los mataban y enterraban”. “Sé que cuando llegó la época de Alfonsín se trajeron, no se de dónde, máquinas para abrir los pozos. Se molió todo: los cuerpos y la tierra. Decían que nadie iba a encontrar nada”, agregó. “También en algunos casos se llevaban cuerpos a fosas comunes de cementerios”, dijo.

“Héctor Vergez era uno de los tipos que más autónomamente se manejaban. Era considerado muy peligroso. Solía robar mucho, aunque todos robaban”, admitió. “Recuerdo haber visto mucho dinero, que se lo repartían entre ellos. Decían que era botín de guerra”, expresó. “Los militares tenían la facultad para fusilar gente. No se usaba orden de allanamiento. Eran dueños de la vida y la seguridad de todos”, añadió.

Quijano contó que durante su infancia y adolescencia “tenía muchos problemas de conducta” pero “me salvaba porque era hijo de militar, si no me echaban”, y que cuando el padre murió no se conmocionó con la noticia. Ayer, a casi cuarenta años de aquella historia, manifestó ante el tribunal su deseo de colaborar en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

martes, 2 de junio de 2015

Nueva condena a perpetua para Menéndez por el asesinato de estudiantes universitarios

El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fue condenado hoy a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en junio de 1976 y que tuvo como víctimas a tres estudiantes y militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), ocurridos en junio de 1976 en la capital mediterránea.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba José Muscará, Mario Garzón y Juan Carlos Reynaga condenaron a Menéndez a prisión perpetua, de cumplimiento domiciliario por razones de edad y de salud, como "autor mediato de privación ilegítima de la libertad agravado, homicidio calificado por alevosía y pluralidad de hechos", en tres hechos y en todos los casos en "‘concurso real".

En la sentencia del tribunal, que Menéndez prefirió escuchar en una sala contigua, se concluyó en que “todos los hechos juzgados fueron ejecutados en el marco del Terrorismo de Estado, por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad imprescriptible e inamnistiable", una figura que impide las posibilidades del beneficio sobre una eventual amnistía futura por estos delitos.

La resolución condenatoria también incluyó la "inhabilitación absoluta" y rechazó el planteo de inconstitucionalidad sobre la pluralidad a las penas perpetuas planteada por la defensa oficial del imputado, Natalia Bazán.

Previo a la sentencia, el genocida ejerció el derecho a expresarse y, como viene sosteniendo en todos los procesos de enjuiciamiento, dijo que el accionar militar durante la última dictadura tuvo que ver con una “guerra revolucionaria” que tuvo origen en la “revolución marxista” que “se proponía someter a la Argentina y a los países de Sudamérica en satélites de Rusia”.

“Enfrentábamos una guerra contra los terrorista marxistas que amenazaban la paz nacional con la creación de ejércitos clandestinos”, añadió Menéndez y justificó los resultados al sostener que “eran combatientes y sabían que asumían riesgos”.

También afirmó que el régimen militar “jamás persiguió a nadie por sus ideas políticas nacionales”.

Sobre esas expresiones, el abogado querellante Claudio Orosz manifestó a Télam que Menéndez es un melagómano, un asesino y un genocida. Tiene una concepción oligárquica y antipopular” porque “sostiene que el accionar militar se había dado en el marco de una tercera guerra mundial y que él es un general vencedor. Incluso está convencido que va a tener monumentos en las plazas por todo lo que hizo”.

Al referirse a la sentencia, Orosz sostuvo que “no se podía esperar otro veredicto. La prueba es sobreabundante y contundente.

Está claro que Menéndez tenía una metodología en Córdoba, que engañaba a a población tratando de hacerle creer que había una guerra y que esa guerra se libraba en las calles con enfrentamientos, cuando en realidad se trataba de fusilamientos”.

“Ellos anhelan un gobierno que les permita la impunidad, pero tienen que saber muy claramente que Estado argentino va a seguir siendo ejercido por quienes actualmente han llevado esta política de Estado en materia de Derechos Humanos, pero aún cuando el Estado se ejercido por otros no se va a poder retroceder en lo que se ha luchado para que se realicen estos juicios”, destacó el letrado.

La sentencia dictada hoy corresponde a la causa denominada ‘Roselli’ y los hechos tienen que ver con los tres militantes de la JUP, Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez, que se encontraban en la intersección de Caraffa y Octavio Pinto, en la ciudad de Córdoba, en la mañana del 2 de junio de 1976, y al advertir la presencia policial escaparon en un automóvil, pero a pocas cuadras fueron interceptados y trasladados a una zona descampada donde fueron fusilados, hechos luego notificados oficialmente como un “enfrentamiento subversivo”.

Por los mismos hechos, el 26 de marzo de 2012 fueron condenados a prisión perpetua los autores materiales: los ex integrantes del Comando Radioeléctrico, Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.

En esa oportunidad, Menéndez fue separado del juicio debido a que las pericias médicas oficiales habían considerado que el represor no contaba con las condiciones adecuadas de salud para afrontar el proceso de enjuiciamiento.

El fiscal Facundo Trotta manifestó que “la condena se ajusta a lo que ha quedado demostrado en el debate. Menéndez era el que daba las órdenes para que se cometieras estos hechos que configuran el Terrorismo de Estado. Era el responsable directo del sistema represivo en Córdoba y todo el ámbito del Tercer Cuerpo”.

“Menéndez ejercía plena autoridad sobre toda la estructura de las fuerzas de seguridad que estaba afectada a lo que ellos denominaban como lucha antisubversiva, y que en este juicio también quedó demostrado que el Comando Radioeléctrico policial formaba parte de esa estructura”, consideró Trotta.

Asimismo, observó el “negacionismo ciego” de Menéndez en negar el accionar del aparato represivo y sus “consecuencias nefastas a partir del aniquilamiento sistemático de todo elemento que se opusiera a sus objetivos”.

Esta es la duodécima condena, por delitos de lesa humanidad, que recae sobre Menéndez en todos el país, y el cuarta en Córdoba.

El quinto juicio contra Menéndez es la megacausa La Perla que podría tener sentencia antes de fin de año.

miércoles, 27 de mayo de 2015

Cinco ex funcionarios judiciales están implicados en delitos de lesa humanidad

Procesamientos para jueces cordobeses

Los acusados son el ex juez federal Miguel Angel Puga, el ex fiscal Antonio Cornejo, el ex secretario judicial (luego juez) Carlos Otero Alvarez y dos ex defensores oficiales. La Cámara revocó un sobreseimiento parcial y dos faltas de mérito.

La Cámara Federal de Córdoba procesó ayer a cinco ex funcionarios judiciales que actuaron en esa jurisdicción durante la última dictadura. Los imputados en la denominada “Causa de los magistrados” que ahora podrán seguir los pasos de sus colegas cuyanos, sometidos a juicios oral y público en Mendoza, son el ex juez federal Miguel Angel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario judicial Carlos Otero Alvarez y los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina. El tribunal integrado por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montessik, tal como lo habían solicitado dos semanas atrás los fiscales generales Jorge Auat y Carlos Gonella, revocaron el sobreseimiento parcial de Otero Alvarez y las faltas de mérito de Haro y Molina.

Las ex hombres del Poder Judicial cordobés están imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y participación necesaria en delitos de lesa humanidad como secuestros y tormentos, de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba y en la Unidad Penal 1 (UP1) de la capital provincial. La causa se originó a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura durante los juicios orales y públicos que se realizan en Córdoba desde 2008. Ese año, paradójicamente, Otero Alvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena al ex general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. El ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Alvarez estaban denunciados desde 1984 en la Conadep por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En 2009 adelantó su jubilación y de ese modo logró evitar el jury que podría haberle costado la destitución.

El primer pronunciamiento judicial sobre los cinco imputados se produjo el 29 de octubre de 2012. El juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, actuando como subrogante en Córdoba, procesó entonces a Otero Alvarez, Puga y Fernández porque “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”, y dictó las faltas de mérito de Haro y Molina. La causa estuvo paralizada durante dos años y medio por los inconvenientes para integrar la sala de la Cámara Federal. “Las dilaciones se agudizan en las causas que involucran a empresarios y a funcionarios, como ex magistrados. Se van produciendo maniobras procesales o estrategias para eternizar el proceso. La recusación ha sido una de las herramientas que más se usaron como estrategia de impunidad”, explicó el chaqueño Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en referencia a las causa de los magistrados cordobeses.

Hace dos semanas, mientras el fiscal Facundo Trotta participaba de la audiencia del juicio oral que se realiza en Córdoba, Auat y Gonella alegaron oralmente ante la Cámara Federal sobre los ocho casos puntuales en que Herrera Piedrabuena había sobreseído a Otero Alvarez y había dictado la falta de mérito de los dos ex defensores. En el primer caso, cuestionaron que se habían valorado erróneamente “actuaciones meramente formales que no revelan una investigación seria”. “Al haber infringido el deber de investigar, el aporte fue el de un cómplice. Los militares sabían que no les iba a pasar nada”, explicó Gonella, que en 2010 fue el fiscal de juicio oral por los crímenes en la UP1 y que actualmente es titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

En los casos de Haro y Molina, Herrera Piedrabuena había sostenido en su momento que habían cumplido su rol al presenciar las indagatorias donde las víctimas denunciaban los delitos padecidos. “Ello no cubre el deber de denunciar. Como cualquier otro funcionario, los defensores tienen el deber de promover que se genere una investigación aparte. Porque la prueba es tremenda: fotos, certificados médicos y, en su caso, muertes. Pero nunca promovieron una investigación”, advirtió el fiscal.

Gonella y Auat también respondieron entonces el argumento de las defensas sobre la supuesta falta de tipificación de los delitos de funcionarios públicos en el derecho internacional. Destacaron la existencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobada en 1968 en la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene jerarquía constitucional desde 2003

La Sala II de la Cámara cordobesa tomó nota de los argumentos de los fiscales, revirtió los fragmentos de la resolución de primera instancia que beneficiaban a Otero Alvarez, Haro y Molina, y confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento” de delitos de lesa humanidad. El próximo paso es la elevación a juicio, que por la edad de los magistrados no debiera demorarse: Haro tiene 81 años, Cornejo 80, Molina 75, Puga 72 y Otero Alvarez es el más joven con 69 años.

viernes, 22 de mayo de 2015

Córdoba: se solicitará amparo para evitar demolición de la UP1

Dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos anticiparon que solicitarán a la Justicia Federal que ordene al gobierno de José Manuel de la Sota que se abstenga de derribar y de convertir en un parque la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1), el establecimiento carcelario más antiguo de la provincia y en el que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, que hoy fue cerrado oficialmente. 
Luis Miguel Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, aseguró hoy a la prensa que, en el marco de una acción de amparo, en "el carácter de interesado y de querellante (en causas por delitos de lesa humanidad)", pedirá a la Justicia Federal que "dicte una medida cautelar de no innovar".

"Un sitio de Memoria, como ese, debe ser asumido y participado con organizaciones que tienen interés cercano y político en mantenerlo como tal". En el mismo sentido, Baronetto manifestó: "De la Sota es la topadora de la Memoria. Arrasa, desde la raíz, con todo lo que podría significar memoria de las violación a los derechos humanos que se cometieron en Córdoba".
 
Baronetto anticipó que presentará una acción judicial teniendo en cuenta que, según se informó, el edificio será demolido y allí se construirá un parque recreativo, tal como lo anunció el gobernador De la Sota cuando inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1 de febrero pasado.

Mientras tanto hoy, con un acto en el que participaron funcionarios provinciales, autoridades y miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba y magistrados federales, fue cerrado en forma definitiva la vieja cárcel ubicado en el barrio San Martín, de la capital cordobesa, cuyo edificio fue inaugurado el 3 de enero de 1895.

Para detener la posible demolición del edificio, semanas atrás, el legislador socialista Roberto Birri presentó un proyecto de ley para que la Legislatura cordobesa declare como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado” al predio de la ex cárcel de San Martín, ex Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1).

El proyecto pretende que el gobierno de De la Sota “suspenda la venta del establecimiento” y que se abstenga “de realizar cualquier acción o intervención que modifique o altere la edificación existente en la superficie total ocupada por el predio”, ubicado en el barrio San Martín.

El legislador señaló que el establecimiento “albergó a cientos de presos políticos procedentes de diversas organizaciones políticas y sociales”, pero, en particular, “constituyó un lugar simbólico y real en el que se materializó la más cruenta forma de ejercicio de la violencia física y moral, como lo fueron en general los centros clandestinos de detención (La Perla, Campo de la Rivera, U2, también de Córdoba)”.

Asimismo, el parlamentario ponderó que, en el lugar, “entre marzo y noviembre de 1976, fueron fusilados un total de 29 presos políticos detenidos en esa unidad, que estaban a disposición de Juzgados Federales y del Poder Ejecutivo Nacional y muchos de ellos con el proceso judicial concluido y con resolución de libertad, lista a la que se agrega un nuevo fusilado en 1978”.

Birri recalcó que, como “lo establece la Ley 9286, y en el marco de los juicios a genocidas por delitos de lesa humanidad, urge preservar las instalaciones edilicias que funcionaron como centro clandestinos de detención o que hubieren sido utilizadas por el Terrorismo de Estado, más aún teniendo en cuenta que la UP1 ya figuraba en el informe Nunca Más como centro clandestino de detención”.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Otro represor muere sin condena

Otro muerto sin condena
 
Los primeros días de mayo, a los 79 años y sin condena, murió de cáncer el represor Luis Alberto Quijano, alias Angel: uno de los 52 imputados en el Megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. Quijano era comandante de Gendarmería y planeó y participó en los secuestros, torturas, robos y asesinatos perpetrados por las patotas del Destacamento de Inteligencia 141 y La Perla desde el mismo día del golpe. Su propio hijo –quien lleva el mismo nombre– lo denunció en 2011 ante la fiscal Graciela López de Filoñuk. En el libro La Perla, historia y testimonios de un campo de concentración, los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo lograron entrevistarlo. Quijano (h) contó cómo cuando tenía 14 años su padre lo obligó a participar en los “operativos”, portar armas y destruir documentación. El hombre “reafirmó que, si bien su padre pasaba inadvertido, ‘mató a mucha gente y tenía más poder del que aparentaba’”. La mañana del sábado, hasta llamó a Mariani para darle la noticia de la muerte del represor. “No lo lamento –dijo–, hizo mucho daño y se fue sin condena.”


Hace pocos días –y a propósito del apartamiento del juicio de Quijano padre–, el querellante Claudio Orosz pidió junto a la fiscalía de Facundo Trotta que se lo cite a declarar en juicio “en carácter de urgente, ya que este hombre ha pedido atestiguar como víctima”. El Tribunal Oral Federal N° 1 –luego de deliberar– aceptó que hablara “pero no en relación a su padre, sino a lo que le aconteció y vivió en el período que él denunció ante la fiscalía (la dictadura)”. Desde que comenzó este juicio, el 4 de diciembre de 2012, ya murieron cuatro de los imputados: Aldo Carlos Checchi, alias Villegas, quien se suicidó 24 horas antes del arranque de las sesiones, disparándose con un arma en un hospital militar; Bruno Laborda, que pidió un ascenso por haber desenterrado cuerpos de las fosas comunes de La Perla y llevarlos a las salinas de La Rioja; Carlos Idelfonso Delía Larocca, ex jefe del Tercer Cuerpo antes que Menéndez; y Luis Alberto Quijano. Estos 3 últimos, víctimas del cáncer.

Terribles testimonios sobre los crímenes sexuales en la megacausa de Córdoba

La peor herida

Por primera vez, un hombre denunció haber sido violado en su cautiverio. Los casos de dos púberes que fueron usadas una y otra vez por sus captores. Los horrores que siguen surgiendo después de 223 audiencias con 497 testigos contra 51 represores.

 Por Marta Platía - Desde Córdoba


Pasaron casi cuarenta años, pero Osvaldo R. no entiende por qué. El 26 de julio de 1976, cuando apenas había cumplido los veinte, una patota lo cazó en una calle de Córdoba. Un auto paró frente a la parada donde él esperaba el colectivo, le preguntaron por una dirección y le cayeron entre todos. Lo llevaron a una dependencia del Departamento de Inteligencia, el D2, le pegaron, lo patearon, lo picanearon. Y, como cuenta ante el estupor de los que escuchan el juicio que ya lleva tres años, “me bajaron por unas escaleras encapuchado y fui sometido a vejámenes sexuales”. Cuando parecía que ya se había escuchado todo, aparece otra sombra de la inagotable perversión de la dictadura militar.

Osvaldo es el primer hombre en lo que va de los juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba desde 2008, que decide denunciar que fue violado. Tiene 59 años y, como le ocurre a la mayoría de las víctimas, mientras revive ante el Tribunal, ante sus amigos y familiares, lo más atroz que le pasó en su vida se trastrueca en aquél muchacho aterido de miedo que hicieron de él a fuerza de ataques. “Eso me pasó”, dice luego de tomar aire y se pregunta, se queja todavía: “¡No sé por qué a mí! ¡No sé porqué a mí me encapuchan, me hacen eso! Bajamos unas escaleras y sobre una mesa o algo, pasó... No supe quien fue”. Osvaldo se dobla sobre sí mismo. Sacude la cabeza de un lado al otro con la mirada enrojecida.

En la sala no vuela una mosca. La cámara que registra el juicio hace un paneo, y en los rostros campea la gravedad y hasta pudor por el testigo. Imposible no sentirse un intruso, un voyeur involuntario ante la revelación. Algunos eligen bajar la vista y escuchar sin mirarlo. El hombre no llora. Se pasa la mano por el pelo encanecido. Su voz está casi quebrada, pero sigue: “Mire, eso a uno le queda toda la vida. Creo que habrán pasado unos días, no le sé precisar muchas cosas porque uno pierde eso. Lo del tiempo. Nos habían degradado hasta con la comida, nos la tiraban al suelo para que la levantáramos de ahí... Creo que era para amedrentarlo a uno y que dijera lo que uno ni sabía, porque yo no estaba en la lucha armada”.

Osvaldo militaba en el Partido Socialista Democrático (PSD). Ya lo habían detenido en 1972 “a la vuelta de la Catedral, en la D2 me habían puesto una pistola en la cabeza. Ser del partido Socialista para ellos era ser comunista, ateo. Después fue esto, lo de julio del ’76, lo de los tipos preguntando una dirección. Ahí de nuevo al D2. Sé que era ahí porque escuchaba las campanas”, las de la Catedral de Córdoba, donde reinaba el Cardenal Raúl Francisco Primatesta, a apenas ocho exactos pasos de donde se escuchaban los alaridos de los torturados. “Sentíamos que había muchas palomas... Pero lo otro –como nombra a la violación– fue en una casa a la que me llevaron en la calle Caseros (otro sitio del D2). Ahí también me pusieron picana ascendente. Eso es terrible –explicó–, van desde los pies para arriba, y cuando terminan con uno, no se puede ni caminar. Tenía la boca más seca que ahora... Es terrible.”

“Había una mujer, una de ellos, elegante, que les gritaba: ‘¡Reventalo a este hijo de puta!’ Y yo en ese momento me quedé así”, dice, y señala su propio cuerpo. Así. “Sordo de un oído, porque me golpeaban mucho”, contó, mientras hacía el gesto de pegarse a sí mismo contra ambos costados de su cabeza al mismo tiempo: la seña de la tortura conocida como “el teléfono”. “También pegaban muchas patadas. Eran especialistas en eso. Sé que había mucha gente ahí porque se escuchaban gritos, y también tenían una radio siempre prendida con música fuerte.” Osvaldo refrenda –aunque sin nombrarlos– lo que muchos otros testigos contaron de sus propios cautiverios sobre los verdugos: que había algunos que hasta cantaban zambas y chacareras mientras picaneaban a sus víctimas. Canciones que bastardearon al punto que se volvieron insoportables para los sobrevivientes.

Dos de los que disfrutaban de atormentar a la vez que cantaban, eran Luis “Cogote de Violín” Manzanelli y Miguel Angel “El Gato” Gómez. Un dato: el pertinaz violador Miguel Angel Gómez, que disfrutaba sacándoles la venda a sus víctimas para decirles “mirame bien, soy el Gato Gómez, tu violador”, se levantó de su banquillo y se retiró veloz de la sala, ni bien el testigo comenzó su relato.

Cuando el fiscal Facundo Trotta le preguntó a Osvaldo cuánto tiempo duró su tormento y cautiverio, dijo “por mi familia creo que fueron dos o tres meses... Yo perdí la noción del tiempo. Me sacaron un día y me dijeron que dijera que yo había estado perdido. Que no me acordaba de nada y que estaba perdido. Yo estaba muy mal. Ellos me dejaron cerca de mi casa. Llegué como pude. Un vecino me vio que apenas podía caminar. El, después, ahora en estos años, vino y lo contó acá (a los fiscales). Yo quedé muy mal. Me decían que tenía que vivir por mi hija –porque mi esposa había muerto en el ’75–, pero yo tenía miedo. Quedé mal de la cabeza. No podía dormir. Tenía incontinencia. Cuando veía a la policía me orinaba encima. Tanto, que mi padre puso su cama al lado de la mía y él me cuidaba, me ponía pañales”. El testigo vuelve a enrollarse sobre su propio cuerpo cuando recuerda a su papá: “Volví a dormir con mis padres como un chico. Tenía miedo de que me dejaran solo”. La regresión en su mirada desespera.

Los jueces aprietan los labios y algunos hasta resuellan. Sus semblantes se vuelven aún más graves. Esperan que la víctima, que se ha convertido en un montoncito doliente, se recupere. Que pueda continuar. Osvaldo lo intenta: “Miren, siempre teníamos un móvil (con represores) en la cuadra. Yo no podía decir nada (se refiere a denunciar). No se podía decir nada. Comencé a ir al Rawson (el hospital público) recién como en los ’90, y ahí me dieron pastillas para dormir. Porque tampoco podía dormir. De noche siempre pensaba que en cualquier momento volvían”.

A la salida de su testimonio, Jorge Vasalo, un periodista de Radio Universidad le pide una entrevista. El testigo se niega. Pero es su hija, una joven fuerte, decidida, quien se le planta con firmeza: “Por favor, papá, estamos acá para eso. A vos te violaron y eso es lo que más daño te ha hecho en la vida. Tenés que hablar de eso”. El hombre se apoya en ella y habla. Otra vez.
No fue el único

En una cultura machista, develar en un proceso judicial público que se ha sido vejado no es fácil. Además de la herida, implica un daño atávico casi imposible de superar. Estigmatiza. De allí que se ha resguardado el apellido de Osvaldo. Si bien se sabe que muchísimos presos políticos han padecido este tipo de tortura, hasta ahora son contados con los dedos de una mano los que en todo el país se animaron a denunciarlo. Aun cuando se conoce que hubo muchos prisioneros violados y vejados por los cancerberos, y que los empalamientos “con armas o palos de escoba” fueron un método más de tortura y muerte; por ahora sólo las mujeres se han animado a denunciar los crímenes sexuales en el marco del terrorismo de Estado.

Durante el juicio que en 2010 que se les hizo al dictador Jorge Rafael Videla, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 39 represores, se denunciaron empalamientos a los presos políticos en la UP1. Ya en este juicio, el año pasado la testigo Alba Camargo denunció que a su tío lo empalaron. El de Alba es un extraño, aberrante caso dentro de la historia de la dictadura en Córdoba: tenía sólo trece años cuando la secuestraron junto a sus padres, Armando Arnulfo Camargo y Alicia Bértola, y a sus tíos Susana y Juan Carlos Berastegui. A la pequeña la mantuvieron presa en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Las monjas a cargo la sacaban de la habitación donde la tenían encerrada sólo “cuando un hombre rubio, grandote, venía y me sacudía de los brazos y me decía que si yo le decía quiénes eran los amigos de mis padres, dónde vivían, él los liberaría. Yo no hablaba. No sabía los nombres. Y él quería nombres y direcciones. Me hacía sentir culpable. Yo sufría y pensaba que si los mataban era porque yo no me acordaba de los nombres de los amigos”.

Por sus características físicas, se sospecha que ese torturador era Ernesto “El Nabo” Barreiro. Los padres y los tíos de Alba Camargo fueron asesinados en agosto del ’76.
Niñas y mujeres

Las mujeres han sido en la sibilina lógica de la violencia, el botín constante de hordas y ejércitos a lo largo de la historia. Eso se repitió en la última dictadura. En los juicios, las denuncias de crímenes sexuales no fueron inmediatas. Las sobrevivientes de los campos de concentración tardaron en hablar de las violaciones como parte de los crímenes de lesa humanidad. ¿El axioma? “A comparación de lo que les ocurría a ellos, de las torturas sufridas por golpes o picana y hasta la muerte, eso (los abusos sexuales) eran males menores.” Tampoco para ellas fue fácil pararse frente a los jueces y volver a sentirse desnudas ante la mirada de todos.

En Córdoba fue la ex presa política Charo López Muñoz quien pateó el tablero en 2008, en el primer juicio que condenó a Menéndez. Apenas llegada de su exilio en Francia, arrancó su testimonio directa, precisa, implacable: “A mí me sodomizaron en la D2”. Charo sacudió los cimientos de todo lo que vendría. En su declaración no tuvo piedad ni con ella ni con los violadores. Les echó un baldazo de agua fría encima a todos los presentes. El fiscal Carlos Gonella reaccionó de inmediato: “Puede usted hacer la denuncia de ese delito para que se abra una causa aparte”, le ofreció a Muñoz, y abrió el camino para un juicio que se está sustanciando desde entonces con las cientos de violaciones cometidas.

Entre las niñas-víctimas, se destaca el caso de la pequeña Alejandra Jaimovich, de sólo 16 años, a quien mancillaron sistemáticamente y día tras día durante meses. “Hasta una decena (de represores) por día, pobrecita, estos asquerosos, asesinos, ladrones que no servían para otra cosa”, los insultó una y otra vez la prisionera que oficiaba de cocinera y enfermera en La Perla, Servanda “Tita” Buitrago. Tita, considerada “la mamá” en ese campo de concentración, declaró a sus 85 años por videoconferencia desde el Chaco. Indignada: “Pobrecita, esos malditos no la dejaban en paz. ¡Eran todos unos desgraciados!”. ¿El agravante? Alejandra era judía. No sólo volvieron locos a sus padres, dándoles falsas esperanzas de liberación y cobrándoles recompensas para devolvérsela, sino que terminaron matándola. Y desapareciéndola.

Otra de las laceradas fue Fanny Casas, que tenía sólo 14 años cuando la sometieron en el Campo de La Ribera. Durante su testimonio, regresó hasta en el tono de su voz, que se volvió el de una nena, a ese infierno. “Nosotros éramos pobres, pero en el San Roque (un hospital público) me habían operado de la nariz (no podía respirar bien). Mi mamá no me había podido ir a buscar porque no tenía plata para el ómnibus, así que cuando me dieron el alta, aunque sentía mareos, me tomé el colectivo sola a mi casa. Cuando llegué vi un camión militar y tuve miedo.” Sus hermanos Hugo y Carlos Casas, albañiles y trabajadores municipales, eran buscados por la patota. Todavía dolorida, Fanny caminó hasta lo de Teresa, su “hermana casada”, que quedaba en su barrio. La pequeña se recostó media hora para recobrar fuerzas. Sólo eso pudo. El camión pasó por ella y toda su familia. La llevaron al campo de concentración Campo de La Ribera y, vendada y maniatada, la tiraron en una colchoneta. Ahí se encontró con Obdulia Lorenza Moreno, su mamá, a quien también habían atrapado.

“Era a la noche cuando llegamos –recordó Fanny, muy revuelta por las imágenes que le reabren la herida–. Mi mamá me decía ‘no te vayas lejos de mí’. Pero yo necesitaba ir al baño. Me llevó uno de los guardias. Le pedí que me dejara orinar tranquila. Ellos tenían botas. Entonces agarran y en vez de llevarme a mi cama, me llevan a una habitación y me desprenden el pantalón, me tocan la cola y me ponen siete penes en la cara... Y escucho que una mujer que estaba acostada gritó: ¡Hijos de puta, ¿qué le están haciendo a la chica? Pero entran otros y se desprenden las braguetas y se ponen a...”. Fanny hace silencio. Se queda inmóvil como una estatua. Cuando vuelve en sí, su voz ha cambiado, se ha endurecido: “Les digo que me duele la nariz. Y uno me dice que es doctor... Me sacan las vendas con fuerza y... después me devuelven con mi mamá”.

La fiscal Virginia Miguel Carmona le informó que podía hacer la denuncia por el delito de instancia privada en el marco del terrorismo de Estado.

“¿Quiere?”, le preguntó hasta con dulzura. “Sí”, dijo Fanny.

Sus hermanos permanecen desaparecidos. A ella y a su familia, después de robarles lo poco que tenían en la casa, los sicarios de Menéndez les aplicaron el método tierra arrasada: “Nos quemaron la casa, no tuvimos a dónde volver”. El querellante Claudio Orosz le preguntó si sus hermanos eran militantes: “¿Eran radicales, socialistas, qué eran?”. “No”, contestó la mujer. Estudiaban, trabajaban. “¿Eran peronistas?”, insistió el abogado.

–Y sí... como todos.
Violación y muerte

María Elena Scotto había discutido con sus padres en su casa de La Falda. Armó un bolsito y metió un revólver de su papá para irse. Con unos pesos se tomó el ómnibus a Córdoba. Era una adolescente enojada. Lo que no hubiera pasado de una desavenencia familiar, se convirtió en pesadilla indeleble para la ahora mujer de 55 años. “Era el 24 de marzo... como a las tres de la tarde en el Arco de Córdoba, había camiones militares –contó ante el Tribunal Oral Federal N° 1 hace pocos días–. Nos hicieron bajar a todos los pasajeros. Me abrieron el bolso y dijeron que yo era guerrillera. Yo les decía que no, pero no me creyeron... Me tiraron adentro de un auto, un Fiat 128 donde tenían a otro señor... Me tuvieron ahí hasta que se hizo de noche. Después me llevaron al Observatorio Meteorológico” (que está en un barrio casi céntrico).

–¿Y qué pasó ahí? –preguntó el fiscal Trotta.

María Elena se llenó de aire los pulmones y arrancó mientras se abrazaba a sí misma y parecía acunarse en su silla: “Me golpearon y me preguntaban cosas. Que de quién era el arma. En el baño me tiraron y me golpearon. Me interrogaron que para quién trabajaba. Un teniente me golpeaba y me golpeaba. Yo no sabía qué pasaba. Y me violó... Yo no sabía qué me estaba pasando. Esto era con la puerta del baño abierta, y en la puerta del baño había un soldado con el arma ¡mirando y cuidando, vigilando! Fue el teniente el que me violaba y él cuidaba... Me dejó golpeada, tirada en el piso... Me dejó ahí por mucho tiempo. Yo tomaba agua de ese mismo baño. No me daban ni agua. Me tuvieron como una semana o dos. No me daban de comer. A veces un pan, una naranja, una manzana. Siempre en el baño. Como dos semanas o más”.

El traslado fue al Campo de La Ribera, cerca del cementerio de San Vicente, donde habían abierto una fosa común adonde tiraban a los asesinados. “Ahí en La Ribera me volvieron a patear, a golpear, seguían con las preguntas. Ahí también me violaron varias veces... Yo estaba enloqueciendo y cantaba fuerte. No era católica pero cantaba canciones de la iglesia. Y me acuerdo que hablaba con alguien que se llamaba Pablo. Creo, yo lo llamaba Pablo. Pablo, mientras yo cantaba, él me decía que no. Que iba a ser peor. Me preguntaba que si yo no era católica, por qué cantaba canciones de la iglesia. Yo no sabía por qué. Un día nos pusieron afuera, sentados en el piso, al lado de algo redondo (una garita de vigilancia) y nos golpeaban. Y me decían que me callara, pero yo cantaba más fuerte. Con Pablo nos pegamos uno al otro... y dispararon. Se sintió tac, tac, tac, tac y Pablo se apoyó más en mí. Y no habló más... y no habló más y estaba duro... (María Elena llora y se abraza a sí misma más fuerte). Yo sabía que estaba mojado mi cuerpo. Estaba muy, muy mal. Y alguien, con una manguera, como a los animales me lavó.”

–¿Pudo ver a Pablo? –pide saber el fiscal.

–No, estábamos vendados. Sé que era un muchacho joven un poco más grande que yo. El decía que se dedicaba a trabajos en las iglesias pobres, del Tercer Mundo... Yo estaba mojada en el pecho... Yo ahora, ahora pienso que era la sangre de él. Pero no pude ver. Después de que me lavaron así, después de los disparos, me sacaron a este muchacho del lado mío, que pesaba tanto. Era muy pesado. No estaba apoyado normalmente. Estaba muy pesado y ya no hablaba.

Del Campo de La Ribera la llevaron al Buen Pastor. Era la más joven de las prisioneras. Allí pudo ver a Silvina Parodi, la hija de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. La reconoció años después, por una foto “en un libraco enorme, lleno de fotos en blanco y negro”, recalcó ante la desconfianza de la defensa de los imputados.

La liberaron recién en julio de 1977: un año y cuatro meses después de aquella huida de su casa. María Elena contó que su mamá la buscó. Que la buscó en la D2, pero que una mujer policía “le dijo que mejor se fuera, que no me buscara o la iban a llevar a ella al lugar donde yo estaba y no le iba a gustar. Mi mayor desesperación era no saber nada. Por qué estaba ahí y hasta hubiera preferido que me mataran. ¡Nadie me dijo nada! Ni un juez, ni un abogado, ¡nadie! Una noche dieron una lista y estaba mi nombre. Yo enloquecí. Me quería ir. Pero una de las mujeres dijo, ‘no, no nos vayamos, porque nos van a matar’. Y no, y no y no. Y las monjas decían que nos fuéramos. Pero las mujeres no quisieron. Y a la mañana siguiente cambió la guardia y con los papelitos con los nombres, nos fueron llamando y yo y esas personas salimos. Y fuimos caminando, pasamos por la iglesia de la cárcel y me agarró un ataque y de ahí me sacaron a patadas... y llegamos a la puerta, y veía la calle, y la reja, y la calle... Y me dice un oficial, uno con jerarquía, firmá acá y te vas. Y era un papel en blanco del Ejército Argentino, y yo no quería firmar. Y no y no, porque pensé que me iban a matar... Pero finalmente firmé, y en estas investigaciones (para este juicio) encontraron ese papel, y por ese papel me llamaron y estoy acá ahora, declarando”.

Nunca volvió a dormir bien, jamás dejó de temer por sí misma y por sus seres queridos. Tanto Osvaldo como las adolescentes vejadas todavía no pueden entender por qué los mancillaron. No pueden comprender el porqué de esos seres bestiales cayéndoles encima. Los tres comparten un destino de tratamiento psicológico casi permanente. Y un dolor que no cesa.


 Córdoba y Estocolmo

El tema del síndrome de Estocolmo, la esclavitud sexual y la pulsión de salvar la vida, han sido tratadas con mayor o menor complejidad y hondura en obras literarias, ensayos y películas. En Córdoba, entre los imputados hay un represor que contó su particular historia, José “Chubi” López, que llegó a casarse con una prisionera y hasta tuvo hijos con ella. Este torturador le pidió al Tribunal que “cuando sobrevivientes y testigos se refieran durante el juicio a mi señora esposa, le llamen con mi apellido y no con el que tenía antes”. Su “señora esposa” fue secuestrada, llevada al campo de concentración, violada y sometida a una esclavitud sexual, además de que mataron a su compañero. El torturador López argumentó “que no porque uno haya cumplido ese tipo de tareas (secuestrar, torturar, violar, matar, desaparecer, robar niños y bienes) significa que uno no tenga sentimientos”.