miércoles, 29 de febrero de 2012

Los jóvenes de la Juventud Peronista fueron fusilados

Claudio Orosz, abogado querellante en el juicio que se lleva a cabo contra ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el asesinato de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en 1976, consideró que con las pruebas reunidas "está claro que se trató de un fusilamiento".
 
El letrado,  señaló que "con las documentales aportada en el juicio va a quedar claramente demostrado que los tres jóvenes de la JUP fueron fusilados y que no existió un enfrentamiento, y de eso no caben dudas".

Por esta causa son juzgados los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Vicente Worona (65) y José Filiberto Olivieri (65), ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia, acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado".

Los imputados están acusados de formar parte del grupo de policías que detuvo y fusiló a los jóvenes estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva, militantes de la JP, el 2 de junio de 1976.

Orosz añadió que "durante todo este tramo que llevamos de juicio (empezó el 14 de febrero), todos los días uno encuentra una nueva confirmación. A esta altura creo que ya no hay dudas si se trató de un secuestro o de un enfrentamiento, está clarísimo que estamos en presencia de un secuestro".

El letrado agregó que si se trata de un secuestro "y las personas que los mataron están felicitadas incluso hasta documentalmente (los acusados fueron felicitados por sus jefes de la policía por el procedimiento), la conclusión que surge de las personas secuestradas que luego aparecen muertas y con 170 balazos en el escenario, no es muy difícil llegar a la conclusión del fusilamiento".

Destacó que "las constancias documentales que ya están en la causa y que van a ser incorporadas al debate, hasta las de la propia policía y las fuerzas de seguridad de la época en que se produjeron los hechos, van a demostrar claramente que el enfrentamiento no existió".

Añadió que durante las audiencias, "ha surgido muy claramente la conexión entre el Comando Radioeléctrico y el III Cuerpo. Tenemos objetos personales que portaba Ana Villanueva (un bolso) al momento de ser asesinada, que luego aparecieron en manos de quien en 1976, era el jefe de la primera sección del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército".

No obstante aclaró que esto "no demuestra nada nuevo, porque ya se ha comprobado en otras causas como en el 84, cuando fue el juicio a las juntas (de la dictadura) y en el 85 y 86 lo confirmó la Corte Suprema, que acá hubo un plan clandestino y sistemático de eliminación del opositor político".

"En ese marco -acotó- sin dudas las fuerzas policiales estaban subordinadas, incluso por decretos presidenciales de Italo Luder (ex presidente) del 75, que formalizaron que las fuerzas policiales y penitenciarias de todas las provincias, estaban bajo el control operacional del Ejército".

En relación a las reiteradas recusaciones a los miembros del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) a cargo del juicio por parte de los abogados defensores, Orosz señaló que "en los cuatro juicios (el actual es el cuarto), que hemos tenido en Córdoba, las defensas siempre intentaron no entrar a juicio por un lado, y por el otro el único imputado que declaró en esta causa (Nolasco Bustos), sostuvo claramente la idea del enfrentamiento".

El TOF2 retomará las audiencias el próximo miércoles ( por hoy) , donde se espera que se presenten dos nuevos testimonios, en tanto que dará a conocer la decisión de si acepta o no, el pedido de Orosz para que sea citado un nuevo testigo por la parte querellante.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Amenazan a familiar de víctima de la causa contra ex policías

La persona que recibió la intimidación fue un integrante de la familia de Ana María Villanueva, una de las víctimas de la causa, quien debe declarar como testigo en los próximos días ante el Tribunal.

Un testigo de la causa por violaciones a los derechos humanos que comenzó ayer en el Tribunal Oral Nº 2 fue amenazado de muerte a través de un mensaje de texto enviado a su teléfono, según informaron los organismos de Derechos Humanos.
Quien recibió la amenaza fue un integrante de la familia de Ana María Villanueva, una de las víctimas de la causa. La familia Villanueva es querellante y quien recibió el mensaje debe declarar como testigo en los próximos días.
El juicio que comenzó ayer por la mañana -el cuarta por delitos de lesa humanidad en Córdoba- corresponde a la denominada “causa Roselli”, que investiga el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista (JP), ocurrido el 2 de junio de 1976, durante la dictadura militar. Los imputados son Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Woroná (65) y José Filiberto Olivieri (67), tres ex policías que integraban el Comando Radioeléctrico de la Provincia de Córdoba.

“Dejá de joder o los vamos a matar a todos”, es el texto del mensaje que recibió en su celular un familiar de Ana María Villanueva. El hecho se habría producido alrededor de las 16, dos horas después de que finalizara la primera audiencia.

No es la primera vez que testigos o víctimas de causas con policías imputados son objeto de intimidaciones. Sucedió en 2010, cuando se juzgó la causa Gontero que sentó en el banquillo de los acusados a ex policías integrante de la D2. Además, según trascendió extraoficialmente, en los días previos al juicio varios integrantes de los organismos de Derechos Humanos recibieron amenazas e intimidaciones vía mensaje de texto.

“Es evidente que están en juego los intereses de uno de los sectores más turbios de nuestra sociedad. En el banquillo de los acusados hoy se encuentran tres representantes de la Policía Provincial, institución que no fue depurada y cuyas redes de impunidad se mantienen aún en democracia”, indicaron los organismos de Derechos Humanos en un comunicado de prensa, y reclamaron el “inmediato esclarecimiento de estos hechos”. Además, pidieron al Gobierno provincial “una profunda democratización de la Policía y el inmediato desmantelamiento del aparato represivo” y que se retire de la Jefatura el cuadro de Navarro, responsable del golpe de estado de echó de la Casa de Gobierno al ex gobernador Horacio Obregón Cano, en 1975.
El juicio por el asesinato de Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva, de 23, 20 y 26 años respectivamente, comenzó ayer con lectura de la pieza acusatoria. El caso es juzgado por el  TOF2, integrado por los jueces José María Pérez Villalobo, Carlos Lascano y Fabián Asís.
El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976, a las 10 de la mañana aproximadamente, cuando en la esquina de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto, del barrio Villa Cabrera se encontraban conversando Villanueva, Diez y Oliva, junto a Héctor Ernesto Hunziker, quien permanece en condición de desaparecido.

Cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad

El cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba por la dictadura comenzó hoy a las 9.50 en el Tribunal Oral Federal Nº2, con la novedad de que es el primero que se realiza sin Luciano Benjamín Menéndez en el banquillo.

Tras la revisión de los datos personales de los tres acusados, los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía Pedro Nolasco Bustos (ex comisario), José Vicente Woroná y José Filiberto Olivieri, a las 10 se puso en marcha la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, en la que se detallan los secuestros y crímenes de tres militantes de la Juventud Peronista: Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva (ver el texto completo en PDF).

Menéndez también debería estar como acusado en este juicio, pero fue apartado porque tenía pendientes otros procesos. De todos modos, el año pasado un perito de la Corte Suprema dictaminó que no está en condiciones de salud de someterse a juicio, ni siquiera a través del sistema de videoconferencia. Actualmente cumple con arresto domiciliario en su casa de Bajo Palermo.

Nulidad. El juicio estaba previsto inicialmente para diciembre pasado, pero se fue postergando por las recusaciones planteadas contra dos de los integrantes del Tribunal: José Fabián Asís (fiscal adjunto en la primera condena de Menéndez) y José María Pérez Villalobo (el otro miembro es Carlos Lascano).

Hoy, los abogados Benjamín Sonzini Astudillo y Alvaro Gáname (defensores de Nolasco Bustos y Woroná), insistieron sobre esa recusación, que está pendiente de un recurso extraordinario: pidieron la suspensión del juicio hasta una respuesta definitiva, lo que fue rechazado por el fiscal Carlos Gonella (habló de "un festival de recusaciones") y los querellantes.

Mañana se dará respuesta al planteo y es posible que los acusados, imputados de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado, hagan uso de la palabra. En el juicio también interviene Elías Razek como abogado defensor de Olivieri.

El único querellante es Ángel Villanueva, hermano de Ana María, una de las tres víctimas. Es representado por los abogados de Hijos Claudio Orosz y María López.