domingo, 28 de abril de 2013

Investigarán la actuación de jueces durante la dictadura, decidió el TOF 1 de Córdoba

Tomó la decisión después de escuchar testimonios de sobrevivientes
Los últimos testimonios de las audiencias por "La Perla" determinaron la decisión de investigar a los jueces.
 
El TOF nº 1 remitió a la Fiscalía Federal de turno las declaraciones de testigos que, en el marco del juicio de la megacausa La Perla, acusaron a funcionarios judiciales de ser cómplices de los delitos de lesa humanidad que allí se cometieron. En función de planteos del fiscal Facundo Trotta y de las querellas, el tribunal se expidió a favor de remitir los testimonios a la Fiscalía para que amerite si corresponde abrir una investigación penal sobre la conducta de jueces que actuaron durante el ciclo de la represión ilegal. Varios testigos manifestaron en el juicio que, luego de secuestrados, "los funcionarios judiciales les tomaron declaraciones indagatorias en presencia de militares y sin la asistencia de abogados defensores", manifestó a Télam el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) mencionan varias situaciones de irregularidades de funcionarios de la Justicia Federal (de esa época) que considero deben ser investigadas”, añadió el letrado y dijo que el más mencionado es el actual camarista federal de Córdoba, Luis Rueda, quien se desempeñó como escribiente y secretario federal en esa época.

La presunta connivencia de magistrados y funcionarios judiciales con los militares ya tiene un expediente abierto que está en manos del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien en octubre el año pasado dictó el procesamiento del ex fiscal federal Antonio Cornejo, del ex juez federal Miguel Angel Puga y del ex secretario federal Carlos Otero Alvarez, y para los tres casos el magistrado dispuso la “inmediata libertad” bajos las restricciones formales como mantener el domicilio y la prohibición de salir del país.

Cornejo y Puga fueron procesados por el delito de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal”. En tanto, Otero Alvarez fue procesado por `encubrimiento` y para los tres casos el juez Piedrabuena consideró que hubo “actitud omisiva” y “silencio cómplice” de los magistrados como un “común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba”.

También, y en la misma resolución, había dictado la “ausencia de mérito” respecto de los hechos por los que fueron indagados los ex defensores oficiales de la justicia federal de Córdoba, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina.

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