domingo, 28 de abril de 2013

Investigarán la actuación de jueces durante la dictadura, decidió el TOF 1 de Córdoba

Tomó la decisión después de escuchar testimonios de sobrevivientes
Los últimos testimonios de las audiencias por "La Perla" determinaron la decisión de investigar a los jueces.
 
El TOF nº 1 remitió a la Fiscalía Federal de turno las declaraciones de testigos que, en el marco del juicio de la megacausa La Perla, acusaron a funcionarios judiciales de ser cómplices de los delitos de lesa humanidad que allí se cometieron. En función de planteos del fiscal Facundo Trotta y de las querellas, el tribunal se expidió a favor de remitir los testimonios a la Fiscalía para que amerite si corresponde abrir una investigación penal sobre la conducta de jueces que actuaron durante el ciclo de la represión ilegal. Varios testigos manifestaron en el juicio que, luego de secuestrados, "los funcionarios judiciales les tomaron declaraciones indagatorias en presencia de militares y sin la asistencia de abogados defensores", manifestó a Télam el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) mencionan varias situaciones de irregularidades de funcionarios de la Justicia Federal (de esa época) que considero deben ser investigadas”, añadió el letrado y dijo que el más mencionado es el actual camarista federal de Córdoba, Luis Rueda, quien se desempeñó como escribiente y secretario federal en esa época.

La presunta connivencia de magistrados y funcionarios judiciales con los militares ya tiene un expediente abierto que está en manos del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien en octubre el año pasado dictó el procesamiento del ex fiscal federal Antonio Cornejo, del ex juez federal Miguel Angel Puga y del ex secretario federal Carlos Otero Alvarez, y para los tres casos el magistrado dispuso la “inmediata libertad” bajos las restricciones formales como mantener el domicilio y la prohibición de salir del país.

Cornejo y Puga fueron procesados por el delito de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal”. En tanto, Otero Alvarez fue procesado por `encubrimiento` y para los tres casos el juez Piedrabuena consideró que hubo “actitud omisiva” y “silencio cómplice” de los magistrados como un “común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba”.

También, y en la misma resolución, había dictado la “ausencia de mérito” respecto de los hechos por los que fueron indagados los ex defensores oficiales de la justicia federal de Córdoba, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina.

miércoles, 17 de abril de 2013

Susana Sastre, sobrviviente de La Perla: "La tortura era la forma de alimentar los campos de concentración"

Al brindar su testimonio en la audiencia 29 del juicio por la megacausa La Perla, Susana Sastre indicó que la tortura "comienza en el mismo momento en que ocurre la detención y sirve para destrozar a las personas y obtener rápidamente información".

 Sastre, al brindar su testimonio en la audiencia 29 del juicio por la megacausa La Perla, recordó que fue secuestrada el 11 de junio de 1976 en la Plaza de los Burros de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, por una "patota" de alrededor de 8 personas vestidas de civil quienes luego de secuestrar a Jorge Reinaldo Ruarte, que actualmente permanece desaparecido, los llevaron a La Perla.

La testigo, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, precisó que ni bien llegó a La Perla recibió una fuerte golpiza con "trompadas y patadas" y precisó que con posterioridad le mostraron a personas fuertemente golpeadas para que diera información sobre ellas.

Sastre indicó que la tortura "comienza en el mismo momento en que ocurre la detención y sirve para destrozar a las personas y obtener rápidamente información de otras personas para su detención. La tortura era el método que les permitía (a los represores) alimentar los campos de concentración".

Al iniciar su testimonio, reconoció a los imputados Luciano Benjamín Menéndez; Ernesto Barreiro; Héctor Pedro Vergez; Luis Manzanelli; Arnoldo López; Héctor Romero; Ricardo Lardone y Carlos Díaz, y cuando se le consultó de dónde los conocía señaló: "porque estuve detenida en La Perla ellos eran personal a cargo".

En otro momento de su testimonio, Sastre denunció que fue "abusada" con la picana eléctrica en los genitales y precisó que el imputado Herrera "fue un violador. La violación era también una forma de la represión" durante la última dictadura cívico-militar.

En un momento de su testimonio destacó la importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad y en un mensaje al imputado Barreiro le dijo: "tuviste un recreo de más de 20 años y ahora estás acá" en el banquillo de los acusados.

Recordó que mientras estuvo secuestrada en La Perla "lo más grave era cuando llegaba el camión porque significaba los `trasladados`; cuando lo escuchábamos nadie sabía a quién le tocaba ese día, irónicamente al camión le habían puesto `Menéndez Benz´, me imagino que era un galardón para él: el camión  de la muerte".

"Cuando estaba el camión era un silencio espectral, nadie se movía. Nunca sabíamos a quién le tocaba ese día, no sabíamos hacia dónde se dirigía, lo que sí sabíamos era que las personas que se iban no volvían nunca más", relató.

La testigo brindó detalles sobre las características personales y las funciones que cumplían los imputados en La Perla, y puntualizó que el centro clandestino fue recorrido por Menéndez cuando ella se encontraba detenida ilegalmente.

Sastre permaneció secuestrada en La Perla hasta el 27 de diciembre de 1976 desde donde fue llevada al Centro Clandestino de Detención La Ribera, y liberada el 5 de febrero de 1977.

El fiscal de la causa La Perla sostiene que se están "corroborando" los hechos

Facundo Trotta evaluó que luego de transcurridos 28 audiencias y de haber escuchado 34 testimonios se está “corroborando” la existencia de los hechos que, por delitos de lesa humanidad, se juzgan en la ciudad de Córdoba en el marco del juicio de la megacausa La Perla.
 
“Hasta el momento escuchamos a la gente que pasó por el campo de concentración de La Perla, Campo de la Ribera y de otros lugares” que funcionaban como Centros Clandestinos de Detención (CCD), y “estos testimonios vienen corroborando los hechos relatados en la acusación”, manifestó a Télam Trotta.

El funcionario judicial, a cargo de las acusaciones que pesan sobre los 42 imputados, entre ellos el titular del ex Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, dijo que si bien se está en una etapa incipiente del proceso de enjuiciamiento “los secuestros, los tormentos, los homicidios y la desaparición de personas quedan claramente demostrados, tal como se relata en el auto de elevación a juicio”.

“A criterio de la Fiscalía los testimonios fueron bastante claros para sostener la existencia de los hechos, tanto en los relatos de los sobrevivientes como de los familiares que también debieron padecer los efectos del Terrorismo de Estado. Incluso hoy se pueden comprobar las severas secuelas” que en sus vidas, en su mente y en su cuerpo dejó el régimen de la última dictadura cívico militar, añadió.

Trotta también destacó que más allá de reunir las pruebas documentales y testimoniales necesarias para solicitar las sentencias condenatorias o absolutorias, en este juicio se aspira a obtener elementos para otros procesos de iguales características que aún están en etapa de instrucción investigativa.

En ese contexto se manifestó con “expectativas” en el aporte de datos que lleven a la ubicación de los pozos que se utilizaron como “enterramientos clandestinos”, particularmente en los campos de los alrededores del predio de La Perla, teniendo en cuenta que hay un testimonio de un arriero que pudo ver los “fusilamientos” y los “pozos” donde enterraban a las víctimas.

La posibilidad de ubicar los lugares de enterramientos nos llevaría a “ubicar parte de los miles de cuerpos que aún están desaparecidos”, dijo el fiscal Trotta.

En otro tramo del diálogo observó que los imputados “tienen una evidente actitud de tratar de vincular a las víctimas como colaboradores de la dictadura”.

“La circunstancias de que los imputados estén acusados de secuestro, tortura y homicidio, en modo alguno los libera con el hecho de decir que alguien los ayudó a cometer esos delitos”, añade.

En ese contexto agrega que "los represores claramente tratan de dar un contenido delictual a un supuesto tipo de colaboración, pero lo concreto es que estas personas estaban secuestradas,  amenazadas y atormentadas, con riesgo de sus vidas y las de sus familiares, por lo tanto de modo alguno se le puede exigir desde el punto de vista del derecho penal que esa persona coaccionada tome una conducta distinta a la que tomo, si es que la tomó”, afirmó.

El juicio de La Perla comenzó el 4 de diciembre y desde entonces se desarrollaron 28 audiencias y ya declararon 34 de los más de 600 testigos previstos para todo el proceso que, según estimaciones de las partes, podría llegar hasta el primer semestre del próximo año.

Para este proceso de enjuiciamiento, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), se acumularon 16 expedientes que involucran a 417 víctimas, de las cuales 162 son sobrevivientes.

Los imputados afrontan cargos por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación. 

jueves, 11 de abril de 2013

Megacausa La Perla : Testimonios categóricos y conmovedores de sobrevivientes

Al declarar frente al Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, Sara Waitman, sobreviviente del campo de concentración de La Perla, denunció que "la condición de judío significaba ser doblemente torturado", y le reclamó a los acusados que "digan qué hicieron con tanta gente, con tantos desaparecidos".

Waitman, secuestrada el 20 de noviembre de 1976 en la Terminal de Omnibus de la ciudad de Córdoba junto con su novio Carlos Alberto D'ambra, todavía desaparecido, advirtió que "no se puede dimensionar las secuelas que nos dejó el terrorismo de Estado. No se puede dimensionar cómo nos han cambiado el proyecto de vida".

"La mejor forma de sanar la sociedad es que nos digan la verdad. No puede haber dolor más grande que las abuelas no puedan encontrar a sus nietos", agregó, y consideró que "todo aquel que cometió delitos tiene que pagar por lo que hizo. Luchamos para eso, para construir una memoria colectiva, para que nunca más vuelva a pasar y para construir un país solidario", destacó Waitman. Más adelante denunció que los represores de aquel entonces "eran dueños de la vida y de la muerte de todo nuestro pueblo: ellos decidían quién moría y quién vivía".

En otro tramo de su testimonio, manifestó su discrepancia con las expresiones vertidas el año pasado por el gobernador José Manuel de la Sota, quien había dicho que "las Abuelas y las Madres tendrían que haber cuidado mejor a sus hijos". "De la Sota no sabe lo que hicieron nuestros viejos por nosotros. Muchos padres lucharon y lo siguen haciendo para saber dónde están nuestros desaparecidos. Dónde están nuestros 400 nietos que faltan, y esa es nuestra lucha y la de ellos. No sólo nosotros vivíamos el dolor, sino también nuestra familia", remarcó.

María Lidia Piotti, por su parte, se refirió a su propio secuestro en septiembre de 1978, al de su hermano asesinado en Santa Fe, al de su esposo, Cecilio Salguero, quien declaró la víspera, y al de su cuñada desaparecida, María del Carmen Sosa de Piotti.

Los 42 imputados que tiene la causa afrontan cargos por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menores de 10 años, abuso deshonesto y violación.

Asimismo, los sobrevivientes Ana Mohaded y Cecilio Salguero señalaron a sus torturadores, con pelos y señales
Conmovedores y categóricos testimonios de dos sobrevivientes de ese centro de exterminio
 Ana Mohaded, sobreviviente de los centros clandestinos de detención de la dictadura, dijo hoy ante el TOF cordobés que en La Perla fue el lugar "donde toqué el infierno y lo más miserable de las conductas humanas, como así también lo más sublime y espiritual, por el grado de resistencia a las torturas y vejaciones". Lo hizo al declarar en el juicio de la megacausa La Perla que se desarrolla en Córdoba. Mohaded pertenecía a la agrupación CURS (Corriente Universitaria de la Revolución Socialista) y participaba de la lucha por mantener abierta la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba. También fue emotivo el testimonio brindado por el sobreviviente Cecilio Salguero: "La Perla --dijo-- era una máquina del terror. Durante las 24 horas estábamos entre la vida y la muerte. Esa sensación nos hacían sentir permanentemente con las amenazas de muerte". Salguero militaba en la organización político militar Montoneros al momento de su secuestro y detención ilegal.

Ana Mohaded, militante de la Corriente Universitaria de la Revolución Socialista, relató que fue secuestrada el 11 de noviembre de 1976 junto a sus compañeros Norma Verti y Hugo Basso en la ciudad de Córdoba. Recordó las “interminables sesiones de torturas y vejaciones” a las que era sometida en los distintos lugares dependientes del Tercer Cuerpo del Ejército donde estuvo detenida. Asoció su secuestro a las acciones de resistencia que promovían en 1975 en contra del cierre de la Escuela de Cine dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Mohaded debió soportar simulacros de fusilamiento, torturas y situaciones "que “me hacían sentir denigrada". "La tortura no tiene que ver con el físico, sino con el pensamiento, con la denigración de vos como persona, con la anulación y la despersonalización. El golpe duele,  pero duele más toda la otra historia en que una va siendo acorralada, ninguneada, violentada”", manifestó Mohaded. “"Desnudarnos y bañarnos frente a los guardias mirando, los insultos con connotaciones sexuales, los manoseos y los intentos de violación” eran prácticas habituales de los represores", relató en otro pasaje de su testimonio y dijo que lo hacían con la “potestad que el Estado les dio”. "Durante mi tortura cantaban, bailaban. Había un clima de exaltación. Era algo macabro. Es decir que el torturar formaba parte de un ideario, de un estilo de vida”", señaló.
 
Entre los principales torturadores identificó a los represores Ernesto Barreiro, Luis Manzanelli, Miguel Angel Gómez, Ricardo Lardone y Carlos Díaz. Recordó la identidad de varios secuestrados con quienes compartió cautiverio y en ese sentido mencionó particularmente a Justino Honores por el “valor” que demostró en todo momento ante el “ensañamiento y feroz tortura” que los represores, en particular Barreiro, demostraron con él hasta que murió en brazos de Eduardo Porta, otro de los detenidos.

Desde su detención en 1976 y hasta su libertad en noviembre de 1982, Mohaded fue sometida a tres Consejos de Guerra y un tribunal de enjuiciamiento militar, cuyo proceso luego fue anulado. No obstante, el Juzgado Federal 2 de Córdoba la condenó por el delito de asociación ilícita “sin pruebas”, mencionó. Al ser interrogada por una de las defensas sobre si sabía de colaboración de los detenidos con los verdugos, dijo que “en La Perla "no había colaboradores; había trabajo esclavo”".

Previamente había testimoniado el también sobreviviente Cecilio Salguero, ex integrante de la OPM Montoneros, quien pidió al papa Francisco que "abra los archivos secretos del Vaticano" para conocer el destino de los cuerpos que aún se encuentran desaparecidos.
 
Salguero fue secuestrado  el 9 de marzo de 1977 en las cercanías de la fábrica de motores Perkins, en la ciudad de Córdoba, e identificó como responsable del operativo y de su privación ilegal de la libertad al imputado Jorge Acosta, y como sus torturadores en La Perla a los acusados Manzanelli, Lardone y al mismo Acosta. También responsabilizó de sus torturas en CCD La Ribera a Carlos Díaz y Miguel Angel Gómez, y al policía Carlos Yanicelli en el Departamento de Informaciones Policiales (D2).

"Nos tenían atados, vendados, no podíamos movernos ni hablar. Nos daban comida con agua sucia y pan. Una vez por semana nos dejaban bañar y una vez por día nos dejaban ir al baño", recordó Salguero. Añadió que era habitual ver juntos en actos oficiales al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército y principal imputado en este proceso, Luciano Benjamín Menéndez, así como al fallecido cardenal Francisco Primatesta. Recordó también que ya en tiempos de recuperación de la democracia compartían palco con
Menéndez el entonces gobernador de Córdoba, el radical Eduardo Angeloz, el fallecido Ramón Mestre y el actual diputado nacional (UCR), Oscar Aguad, entre otros "funcionarios radicales".
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"La Perla era una máquina del terror. Durante las 24 horas estábamos entre la vida y la muerte. Esa sensación nos hacían sentir permanentemente con las amenazas de muerte”", manifestó y sobre el final le pidió a Menéndez que diga “dónde están los miles de desaparecidos para poder enterrarlos cristianamente”.