jueves, 20 de febrero de 2014

Sobreviviente Daniel Carrasco: "El golpe fue contra la clase trabajadora, contra la sociedad"

Ex obrero de IKA y delegado de Renault, el testigo resaltó la complicidad civil

 Un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención "La Perla" habló en su testimonio de la "complicidad de empresarios y civiles" en la "persecución,
secuestro y asesinato" de trabajadores y sindicalistas por parte de la última dictadura cívico militar en la provincia. Lo hizo al declarar hoy en una nueva audiencia del juicio oral que debate esa megacausa. Daniel `Renolito` Carrasco trabajó en la fábrica de IKA y luego fue delegado de la fábrica Renault y, junto a René Salamanca,
integró la mesa de Gremios en Lucha que protagonizó la resistencia a la represión que comenzó a instalarse en 1974 con el denominado `Navarrazo`.

n ese contexto, se refirió a la persecución a los trabajadores, a los sindicalistas y a la intervención de las instituciones gremiales que se intensificó en Córdoba con el desembarco de Luciano Benjamín Menéndez como titular del Tercer Cuerpo del Ejército, el principal imputado en este proceso de enjuiciamiento que comenzó a ventilarse el 4 de diciembre de 2012.

Refiriéndose a los imputados presentes en la sala de audiencia, Carrasco sostuvo que "estos señores creen y dicen que son unos patriotas por derrotar a la guerrilla subversiva. Yo en mi vida he agarrado un arma. He sido toda mi vida un militante social y lo seguiré siendo, porque estoy convencido de que se puede luchar para modificar el mundo". "El golpe fue contra los dirigentes sociales y políticos, contra la clase trabajadora, contra la sociedad. La guerrilla había sido derrotada mucho tiempo antes", consideró Carrasco y luego precisó que fue secuestrado el 18 de marzo de 1977 y, tras padecer tormentos y torturas, fue liberado en 1978. Fue despedido de Renault y se exilió en México.

A partir de este testimonio, el abogado querellante Claudio Orosz solicitó a los jueces que remitan el testimonio a la Fiscalía de turno para que se investigue sobre la relación que existía entre la cúpula de las fábricas y la pata civil de la dictadura militar, en referencia a la persecución hacia los trabajadores. En ese sentido, recordó que ya fueron incorporados a la causa los registros que dan cuenta del intercambio de información entre los directivos de Renault y el general Menéndez sobre los domicilios de sus trabajadores, muchos de los cuales fueron perseguidos y secuestrados, sostuvo el letrado.

La jornada de hoy concluyó con el testimonio de Jorge Alberto Gómez Prat, en relación al asesinato de su hermano Tomás Eduardo ocurrido en La Perla y fraguado por los represores como muerte ocurrida en un enfrentamiento.

La víctima fue secuestrada en la misma noche del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fue asesinado el 8 de abril. Luego de estos dos testimonios la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 para continuar con la recepción de nuevos testimonios, en este juicio que acumula más de una veintena de expedientes, en todos los casos por delitos cometidos entre 1975 y 1976 mediante el Plan Sistemático de Exterminio diseñado y ejecutado por el poder cívico militar mediante el terrorismo de Estado.
  
Los hechos delictivos que se juzgan son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso
deshonesto y violación.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Juicio La Perla: viaje a los túneles de una cárcel dentro de otra

Entre grilletes que ya no están, túneles que terminan en una pared y leyendas tumberas, en los últimos años, el lugar de la cárcel cordobesa donde varios testigos señalan que hubo un centro clandestino de detención sufrió modificaciones.
Por Alexis Oliva

Hasta había olor a cemento fresco, pilas de arena y escombros y algunas herramientas tiradas en el túnel que recorrieron los jueces y las partes, guiados por un funcionario del Servicio Penitenciario y  los testigos Luis Miguel Baronetto y Ricardo Vissani, ex presos políticos de la ex Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1) de Córdoba.

En la inspección ocular, los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) encontraron un escenario con  huellas de haber sido modificado en varias veces en los últimos años. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que durante la dictadura coexistieron en esa esa prisión edificada en el siglo XIX  presos comunes y políticos y un centro clandestino de detención de prisioneros cuyo destino fue la desaparición.

“Estando acá nos enteramos por otros presos políticos que en el subsuelo había gente encerrada. A nosotros mismos, desde el D2 -Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba- nos traían sin ningún tipo de causa, hasta que nos legalizaban. Así que en esos días la cárcel funcionaba también como centro clandestino de detención”, relató Vissani, secuestrado el 14 de abril de 1976 cuando militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

A pesar de haber sido detenido el 15 de agosto de 1975, aún durante el gobierno constitucional, Baronetto -entonces militante de la JP y Montoneros- vivió una experiencia similar: “Me traían encapuchado y me metieron tapado con una colcha en una celda donde no había ni noche ni día. Solo abrían para tirarme un plato de comida, hasta que unos diez días después me sacaron, me llevaron a las oficinas de adelante y me legalizaron”.

Durante la intendencia de Luis Juez (2003-2007), Baronetto fue director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, cargo en el que se dedicó a “visitar las cárceles”. En una recorrida, un preso veterano de la penitenciaría de barrio San Martín le reveló que durante la dictadura el subsuelo había sido utilizado para alojar a prisioneros políticos. “Ahí había visto a los guerrilleros, decía él, en el túnel”, relató el testigo.

Al entrar con la comitiva judicial al subsuelo, Baronetto se detuvo frente a una pared donde se apreciaban varios parches de cemento reciente. Durante la visita que había realizado en 2004, en ese lugar vio otra cosa: “Los grilletes estaban a esta misma altura, y el revoque era mucho más viejo que este”, dijo señalando a las paredes.

El subdirector de Operaciones Silvio Ayala, quien ofició de anfitrión, aseguró desconocer que en algún momento de la historia de la penitenciaría se haya alojado a internos -políticos o no- en el sótano. Además, admitió que en esa área “se han hecho muchos cambios”.

El predio que ocupa la cárcel de San Martín tiene dos cuadras de frente por tres de fondo. El edificio tiene 150 metros de ancho por 250 de largo y abarca tres centros de pabellones, pero el túnel que corre en sentido longitudinal se interrumpe con un muro, aproximadamente a los 60 metros, a la altura del segundo centro.

-¿Qué hay detrás de esta pared? –preguntó el fiscal Facundo Trotta.

-No sé–contestó Ayala.

El presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, intervino:

-Estamos bajo tierra, o sea que detrás sigue el túnel o hay tierra.

El funcionario penitenciario se encogió de hombros y el fiscal meneó la cabeza. Al salir, la abogada Marité Sánchez, representante de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, razonó: “Si se construye un túnel, es para que pase de un lugar a otro. No para terminarlo en una pared”.

Una fuente reservada a la que accedió Infojus Noticias narró que a principios de 2008, antes de que comenzaran los juicios de lesa humanidad en Córdoba, las autoridades de la cárcel “ordenaron a unos presos limpiar todo y quitar los grilletes de las paredes (del túnel). Cuando removieron la tierra, hallaron huesos y partes de un cráneo, que se los hicieron retirar. Les decían que eran de animales, pero eran humanos”.

Lo de los huesos humanos podría ser una leyenda “tumbera”, por lo que ninguna fuente judicial habla públicamente del tema, pero tampoco lo descartan. Incluso, Baronetto recuerda que cuando aún era funcionario municipal un interno le relató que el hallazgo se había producido justo debajo del aula del “primer centro” en la que estaban. Lo cierto es que los ocho grilletes que vio en aquella otra visita ya no están.

En 2010, durante el juicio “Videla”, que investigó los fusilamientos por “ley de fugas” de una treintena de presos políticos en 1976, el mismo Tribunal realizó dos visitas a la ex UP1, pero esta es la primera vez que los jueces ingresan al subsuelo donde habrían escondido a prisioneros que luego serían asesinados.

Esta prisión, que actualmente aloja a unos 800 internos, es la misma que en mayo de 2013 estuvo en el centro de la polémica, luego de que durante una inspección encabezada por el fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación, Abel Córdoba, se encontraron dos camastros de hierro y 17 cadenas, elementos con que los presos eran “estaqueados”, lo que motivó una denuncia por presuntas torturas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.

En esta ocasión, la inspección fue solicitada por la querella de Abuelas Córdoba, que representa a la pareja de militantes del PRT-ERP Daniel Orozco y Silvina Parodi, secuestrados el 26 de marzo de 1976 cuando ella estaba embarazada de seis meses y medio. Después de pasar por el campo de concentración de La Perla, fueron llevados a la UP1 y allí estuvieron por lo menos hasta mediados de mayo, cuando Orozco fue trasladado y fusilado, y su esposa llevada a la cárcel del Buen Pastor, a cargo de una comunidad religiosa, donde un mes después tuvo a su hijo y luego fue asesinada.

Los padres de Silvina, Enrique Parodi y Sonia Torres -hoy titular local de Abuelas- averiguaron en los días posteriores que el matrimonio estaba en la cárcel. A partir del dato brindado por un médico del Hospital Militar allegado a la familia, Parodi se entrevistó con el entonces director de la UP1, comandante de Gendarmería Ricardo Montamat, quien “le dijo que estaban ahí y que estaban bien”, lo que luego pudo corroborar a través del capellán militar Francisco Luchesse, según relató Torres al testificar en una de las primeras audiencias del juicio.

El caso Parodi-Orozco pertenece al Expediente N° 17.552 “Díaz Carlos Alberto y otros sobre privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, sustracción de menor de 10 años, homicidio Agravado”, uno de los 16 casos de esta megacausa que comprende a 41 imputados y 416 víctimas, entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. 

Más allá de que la inspección no colmó sus expectativas, al finalizar el fiscal Trotta valoró: “Lo importante es que quedó claro que en un lugar legal como una cárcel había gente encerrada clandestinamente. Y por la disposición del subsuelo, es muy difícil creer que eso haya sido usado sólo como depósito y que termine en esa pared”.