Facundo Trotta evaluó que luego de transcurridos 28 audiencias y de haber escuchado 34 testimonios se está “corroborando” la existencia de los hechos que, por delitos de lesa humanidad, se juzgan en la ciudad de Córdoba en el marco del juicio de la megacausa La Perla.
“Hasta el momento escuchamos a la gente que pasó por el campo de concentración de La Perla, Campo de la Ribera y de otros lugares” que funcionaban como Centros Clandestinos de Detención (CCD), y “estos testimonios vienen corroborando los hechos relatados en la acusación”, manifestó a Télam Trotta.
El funcionario judicial, a cargo de las acusaciones que pesan sobre los 42 imputados, entre ellos el titular del ex Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, dijo que si bien se está en una etapa incipiente del proceso de enjuiciamiento “los secuestros, los tormentos, los homicidios y la desaparición de personas quedan claramente demostrados, tal como se relata en el auto de elevación a juicio”.
“A criterio de la Fiscalía los testimonios fueron bastante claros para sostener la existencia de los hechos, tanto en los relatos de los sobrevivientes como de los familiares que también debieron padecer los efectos del Terrorismo de Estado. Incluso hoy se pueden comprobar las severas secuelas” que en sus vidas, en su mente y en su cuerpo dejó el régimen de la última dictadura cívico militar, añadió.
Trotta también destacó que más allá de reunir las pruebas documentales y testimoniales necesarias para solicitar las sentencias condenatorias o absolutorias, en este juicio se aspira a obtener elementos para otros procesos de iguales características que aún están en etapa de instrucción investigativa.
En ese contexto se manifestó con “expectativas” en el aporte de datos que lleven a la ubicación de los pozos que se utilizaron como “enterramientos clandestinos”, particularmente en los campos de los alrededores del predio de La Perla, teniendo en cuenta que hay un testimonio de un arriero que pudo ver los “fusilamientos” y los “pozos” donde enterraban a las víctimas.
La posibilidad de ubicar los lugares de enterramientos nos llevaría a “ubicar parte de los miles de cuerpos que aún están desaparecidos”, dijo el fiscal Trotta.
En otro tramo del diálogo observó que los imputados “tienen una evidente actitud de tratar de vincular a las víctimas como colaboradores de la dictadura”.
“La circunstancias de que los imputados estén acusados de secuestro, tortura y homicidio, en modo alguno los libera con el hecho de decir que alguien los ayudó a cometer esos delitos”, añade.
En ese contexto agrega que "los represores claramente tratan de dar un contenido delictual a un supuesto tipo de colaboración, pero lo concreto es que estas personas estaban secuestradas, amenazadas y atormentadas, con riesgo de sus vidas y las de sus familiares, por lo tanto de modo alguno se le puede exigir desde el punto de vista del derecho penal que esa persona coaccionada tome una conducta distinta a la que tomo, si es que la tomó”, afirmó.
El juicio de La Perla comenzó el 4 de diciembre y desde entonces se desarrollaron 28 audiencias y ya declararon 34 de los más de 600 testigos previstos para todo el proceso que, según estimaciones de las partes, podría llegar hasta el primer semestre del próximo año.
Para este proceso de enjuiciamiento, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), se acumularon 16 expedientes que involucran a 417 víctimas, de las cuales 162 son sobrevivientes.
Los imputados afrontan cargos por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.
“Hasta el momento escuchamos a la gente que pasó por el campo de concentración de La Perla, Campo de la Ribera y de otros lugares” que funcionaban como Centros Clandestinos de Detención (CCD), y “estos testimonios vienen corroborando los hechos relatados en la acusación”, manifestó a Télam Trotta.
El funcionario judicial, a cargo de las acusaciones que pesan sobre los 42 imputados, entre ellos el titular del ex Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, dijo que si bien se está en una etapa incipiente del proceso de enjuiciamiento “los secuestros, los tormentos, los homicidios y la desaparición de personas quedan claramente demostrados, tal como se relata en el auto de elevación a juicio”.
“A criterio de la Fiscalía los testimonios fueron bastante claros para sostener la existencia de los hechos, tanto en los relatos de los sobrevivientes como de los familiares que también debieron padecer los efectos del Terrorismo de Estado. Incluso hoy se pueden comprobar las severas secuelas” que en sus vidas, en su mente y en su cuerpo dejó el régimen de la última dictadura cívico militar, añadió.
Trotta también destacó que más allá de reunir las pruebas documentales y testimoniales necesarias para solicitar las sentencias condenatorias o absolutorias, en este juicio se aspira a obtener elementos para otros procesos de iguales características que aún están en etapa de instrucción investigativa.
En ese contexto se manifestó con “expectativas” en el aporte de datos que lleven a la ubicación de los pozos que se utilizaron como “enterramientos clandestinos”, particularmente en los campos de los alrededores del predio de La Perla, teniendo en cuenta que hay un testimonio de un arriero que pudo ver los “fusilamientos” y los “pozos” donde enterraban a las víctimas.
La posibilidad de ubicar los lugares de enterramientos nos llevaría a “ubicar parte de los miles de cuerpos que aún están desaparecidos”, dijo el fiscal Trotta.
En otro tramo del diálogo observó que los imputados “tienen una evidente actitud de tratar de vincular a las víctimas como colaboradores de la dictadura”.
“La circunstancias de que los imputados estén acusados de secuestro, tortura y homicidio, en modo alguno los libera con el hecho de decir que alguien los ayudó a cometer esos delitos”, añade.
En ese contexto agrega que "los represores claramente tratan de dar un contenido delictual a un supuesto tipo de colaboración, pero lo concreto es que estas personas estaban secuestradas, amenazadas y atormentadas, con riesgo de sus vidas y las de sus familiares, por lo tanto de modo alguno se le puede exigir desde el punto de vista del derecho penal que esa persona coaccionada tome una conducta distinta a la que tomo, si es que la tomó”, afirmó.
El juicio de La Perla comenzó el 4 de diciembre y desde entonces se desarrollaron 28 audiencias y ya declararon 34 de los más de 600 testigos previstos para todo el proceso que, según estimaciones de las partes, podría llegar hasta el primer semestre del próximo año.
Para este proceso de enjuiciamiento, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), se acumularon 16 expedientes que involucran a 417 víctimas, de las cuales 162 son sobrevivientes.
Los imputados afrontan cargos por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.
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