Lesa Humanidad : 50 mujeres abusadas y violadas por los represores esperan “el juicio que falta”

Miguel “Gato” Gómez,  imputado en el expediente por los delitos sexuales.
 Foto: Gentileza Telediario Digital.

Una causa judicial investiga las violaciones y abusos sexuales de todo tipo cometidos por los represores en los campos de concentración de la dictadura.. Se investigan como "delitos sexuales de Lesa Humanidad" y hay 56 víctimas.

Por Bettina Marengo

La Justicia Federal de Córdoba está investigando los crímenes sexuales de los represores durante la dictadura militar, tratados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad” y no como “tormentos”. Son violaciones y abuso sexuales de todo tipo, cometidos contra mujeres en su mayoría, aunque también contra varones, en centros clandestinos de detención, en cárceles bajo régimen militar o durante los secuestros y desapariciones.

Hay una causa en plena instrucción en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con 45 víctimas de abusos sexuales. Hay otras 12 denuncias acumuladas, por lo que las víctimas podrían llegar a 56. Son mujeres que estuvieron detenidas-desaparecidas en la D2 de la Policía, La Perla u otros centros de detención de la dictadura o la cárcel de San Martín, que ya testimoniaron en esas causas. El expediente por delitos sexuales está caratulado “Miguel Ángel Gómez”, por el represor de la D2 apodado “Gato”, un reconocido torturador ya condenado en otros juicios por delitos de Lesa Humanidad.

La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, inició la acción penal y elevó el expediente al Juzgado, que procederá a tomar medidas de prueba y testimoniales y, eventualmente, ordenar procesamientos. Hay siete imputados además del “Gato”, pero no se descarta que se incluyan por la cadena de mandos. Si las violaciones sexuales forman parte del plan sistemático de la dictadura para desaparecer opositores, como considera la Fiscalía, no podrían ser delitos por mano propia. Tres víctimas son querellantes.

En tanto, recientemente se elevó a juicio la causa “Martella”, instruida por el fiscal Carlos Gonella, que ventila varios casos de vejaciones sexuales.

Ya hubo condenas por violaciones a prisioneras de la dictadura en Córdoba y en tribunales de otras partes del país. Pero de momento, son casos aislados, la punta de un iceberg que deja oculto lo que la fiscal Virginia Miguel Carmona,  integrante del Ministerio Público Fiscal en el juicio La Perla-Campo de la Ribera, consideró la “gran cifra negra de delitos de índole sexual” de la represión ilegal.

Por tratarse de delitos de instancia privada en los que el Estado no puede iniciar acción penal de oficio, la causa “Gómez” tiene características particulares. López de Filoñuk dijo a este medio que “unas 15 o 20 mujeres” que relataron haber sido violadas durante su detención-desaparición, no quisieron hacer denuncias ni que se investiguen los hechos. “Al tomar conocimiento yo del abuso o la violación, podría haber iniciado la acción, pero priorizo la decisión de las mujeres”, señaló. Algunas de estas víctimas expresaron que sus parejas e hijos sabían que habían sido prisioneras de la dictadura, pero no que habían sido abusadas.

También se incluyó como víctimas a mujeres que fueron violadas o abusadas en los centros de detención ilegal y no pudieron contarlo a la Justicia porque no sobrevivieron a la dictadura. Estos casos se conocen por testimonios de terceros.

En cambio, si la mujer (o el varón) fue abusado en el campo de concentración, pero sobrevivió y falleció en democracia, sin denunciar ni hablar del delito sexual que sufrió, el caso queda excluido. En este punto, hay disparidad de criterios entre la fiscal López de Filoñuk y la Procuraduría General de la Nación, concretamente la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Habrá que esperar para ver qué pautas fija el o la próximo/a titular del Ministerio Público Fiscal.

En 2011, esa Unidad elaboró un documento para orientar a los fiscales en el tratamiento de los delitos sexuales de Lesa Humanidad. Se denomina “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del Terrorismo de Estado”  y establece tres criterios en relación a los delitos dependientes de instancia privada, en consonancia con lo que dice el Código Penal:

a) Casos en los que la víctima del abuso sexual sobrevivió al delito y luego expresó ante la autoridad correspondiente su voluntad respecto a la investigación del crimen sufrido. En estos casos, dice la Procuración, se inicia la acción penal.

b) Casos en los que la víctima no sobrevive al delito o sufre lesiones gravísimas. En este caso, “el interés del Estado por juzgar los hechos prevalece y, por lo tanto, ya no se requiere que la víctima inste la acción”.

c) Casos en los que la víctima sobrevive al abuso y muere tiempo más tarde sin haber expresado su voluntad respecto de la persecución penal del delito que la damnificó. Aquí, la Procuraduría deja la puerta abierta a la investigación, al poner en duda el silencio de la víctima sobre el hecho, toda vez que en Argentina durante muchos años estuvo anulada la posibilidad de acción penal contra los represores de la dictadura. Sin embargo, aclara que “la investigación sólo podría realizarse si se considera que el hecho también ha implicado un delito que no requiere instancia privada (como el tormento)”.

Las cifras negras

“Cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado”, señaló el documento de la Unidad Fiscal, que toma como paradigma las investigaciones por crímenes sexuales de Lesa Humanidad abiertas por en los genocidios de Ruanda y Yugolsavia.

López de Filoñuk consideró que las violaciones sexuales formaron parte del parte del plan sistemático de desaparición de personas orquestado por la dictadura y ejecutado en Córdoba y el ámbito de Tercer Cuerpo de Ejército bajo el mando del recientemente muerto Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, al tratarse como “tormentos” en las sentencias de los distintos juicios, quedabaninvisibilizados como tales.

En su alegato acusatorio de la megacausa La Perla-Campo de la Ribera, la fiscal Virginia Miguel Carmona tomó especialmente el tema de los abusos sexuales a las prisioneras. Tras sostener que hay “una gran cifra negra” de estos delitos, ejemplificó con un dato concreto. En la Perla solo se juzgó “un hecho de violación y dos de abuso deshonesto” entre las 716 víctimas. “A lo largo del debate han surgido testimonios que, con profunda crudeza, describen la particularidad del trato –vejatorio y de claro contenido sexual- cuando las secuestradas eran mujeres”, dijo Miguel Carmona, incorporando una mirada de género imprescindible para comprender la doble victimización que sufrieron las mujeres por parte de sus torturadores/violadores.

En 1982, el fallecido periodista Jacobo Timmerman expuso en su libro “Preso sin nombre, celda sin número” el ensañamiento de los represores para con los prisioneros miembros de la comunidad judía. Lo que les pasó a las mujeres y a los miembros del colectivo LGBTIQ (aunque no se denominaran así durante la dictadura) aún no ha sido explicitado en todas sus implicancias.

“Muchas sobrevivientes continúan anegadas en el más profundo de los silencios, destruidas física y emocionalmente. Por vergüenza y miedo, no denuncian a sus abusadores. La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche. Cuestionamientos absurdos tales como si la mujer hizo todo lo posible para evitar la violación, si se negó o resistió lo suficiente, o aún más, si provocó o sedujo al represor/violador, son maneras de seguir victimizando y reproduciendo la violencia”, sostuvo la fiscal en aquel alegato.

La antropóloga feminista Rita Segato considera que las violaciones no son crímenes sexuales sino “crímenes del poder, de la dominación, de la punición”. “En el acto de la violación él (el violador) está moralizando a la víctima”. Quiere disciplinarla. “La violencia misógina, homofóbica y transfóbica son formas de disciplinamiento que el patriarcado tiene hacia todos aquellos que desafían su mandato y su soberanía”, dijo la investigadora en una nota con el periodista Reynaldo Sietecase.

Quiénes más desafiantes al orden social, económico y político que las militantes y guerrilleras de las distintas organizaciones del peronismo y la izquierda revolucionarios que actuaron en la década del 70.

EL JUICIO QUE FALTA

Una de las primeras mujeres que dio testimonio ante un Tribunal sobre los ataques sexuales sufridos en su condición de presa política fue María del Rosario Miguel Muñoz, una psicóloga radicada en Francia que declaró como testigo en la causa UP1. “Fui sodomizada”, dijo. Aunque en la Justicia ya se sabía que los represores habían abusado sexualmente de las secuestradas, provocó conmoción el hecho de que Charo, como la llaman, lo pusiera en palabras. Cuenta la periodista Marta Platía que, ante la mudez de la mayoría de varones que conformaban el Tribunal Oral Federal N° 1 y las partes del juicio, el primero en reaccionar fue el fiscal Gonella, quien le preguntó si deseaba presentar una denuncia aparte por ese delito. La respuesta fue afirmativa, y tal vez ese fue el punto de inicio de un nuevo criterio en materia de abusos sexuales contra detenidas-desaparecidas.

“Durante el largo juicio de La Perla-Campo de la Ribera se adelantó mucho en este tema”, señaló la periodista. Platía cubrió todos los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se realizaron en los tribunales federales locales y como testigo de testigos, constató que poco a poco las sobrevivientes mujeres, y algunos varones, se animaron a hablar de los abusos sexuales sufridos.

Así lo expresó días atrás en la charla-debate “Delitos sexuales de Lesa Humanidad. El juicio que falta” organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia.

La actividad, organizada en el marco de la Semana de la Memoria, se llevó a cabo en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, con la exhibición del documental “Lesa Humanidad”, coordinado por la militante de género y ex presa política y exiliada Dinora Gebennini y realizado por Luis Ponce.

De la charla participaron además de Platía y Gebennini, Alejandra  Gómez, coordinadora del Programa de Violencias de Género en Contextos Represivos de la Secretaría de DDHH de la Provincia y Nilda Jelinec, víctima de la dictadura y una de las protagonistas del documental. La coordinación dela mesa estuvo a cargo César Marchesino, director del Programa de DDHH. de la FFyH.

En el video, realizado en 2011, cuatro ex presas políticas narran las torturas y abusos sexuales sufridos durante sus detenciones ilegales. Ellas son Gloria Di Rienzo, Soledad García, Delia Galará  y Jelenic. Junto a otras víctimas, finalizan con una proclama que es un grito. Que se realice el “juicio que falta” y que las violaciones y abusos sexuales sufridos sean tipificados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad”.

bettina.marengo@enredaccion.com.ar

Un estremecedor relato de violaciones, salió a luz después de 40 años

La primera violación sucedió en su segunda noche en la D2. Luego, el tremendo abuso se repitió noche de por medio, en apariencia cuando volvían a encontrarse los mismos hombres de guardia.

“Para ellos era una diversión; se reían… uno tenía siempre olor a alcohol”. La voz templada de María del Carmen Claro flotaba en la sala, como si la tremenda violencia que desgarraba su recuerdo fuera el eco de un dolor lejano, una herida de otro tiempo. Pero acaso sólo era el último arresto de la vieja fuerza del silencio que acorraló durante décadas su relato.

Es que ella, víctima-testigo, estaba contando por primera vez que había sido violada por tres hombres, y no en una sola ocasión sino en varias. Había sucedido en el otoño de 1975, en las sórdidas dependencias del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, la tenebrosa D2, que funcionaba en el Cabildo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba

“¡Levantate, puta!”. El 31 de marzo al mediodía un grupo sin uniforme había entrado a la habitación que ocupaba en una pensión. Ella aún dormía: estudiaba Arquitectura durante el día y en las madrugadas era moza en el bowling Aeropuerto. Además, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

La primera violación sucedió en su segunda noche en la D2. Luego, el tremendo abuso se repitió noche de por medio, en apariencia cuando volvían a encontrarse los mismos hombres de guardia. Ella nunca los vio, pero recuerda que las risas eran las mismas, como el mismo olor a alcohol.

MENÉNDEZ. Sigue en estado de gravedad

Su testimonio llegó al final de la audiencia de ayer en el juicio por las causas Vergéz y González Navarro. Los tres primeros (Alen Prieto, Juan Carlos Fernández y Carlota Sombory) habían llegado a través de videoconferencias con Uruguay, Dinamarca y Jujuy.

Su relato había inquietado y Julián Falcucci, presidente del Tribunal, quiso saber cuántas violaciones había sufrido en unos pocos días. Ella precisó: “Cuatro”.

Antes, Jaime Díaz Gavier, juez vocal, había preguntado si sabía de otras prisioneras que hubieran sido violadas también. Y la respuesta de María del Carmen apunto al corazón del silencio de tantos años: “¿Sabe qué pasa con las violaciones? A las mujeres nos costaba mucho hablar del tema”.

“A mí me llevó mucho tiempo”, señaló, dando a entender que los años de callar habían llegado a su fin en ese momento. “Le debe haber hecho bien haberlo relatado ahora”, le dijo Díaz Gavier.

Pero ella no sólo padeció violaciones nocturnas, sino también largas sesiones de tortura diurna. Una de los métodos más repetidos era el “submarino”: se sumerge en agua la cabeza de la víctima cubierta por una bolsa de nailon.

Las consecuencias no se borraron sencillamente. “Mi deporte de chica era la natación. Cuando salí de las cárceles, me paré delante de una pileta y no me pude tirar: miraba el agua y sentía asfixia”.

Después de la D2, fue a parar a la cárcel del Buen Pastor, donde fue una de las 26 presas que se fugó el 24 de mayo de 1975. Dos años después, y ya madre de una niña, fue apresada en Buenos Aires.

El final de su testimonio lo destinó a plantear la pregunta sin respuesta que la consume a ella y a su hija desde hace cuatro décadas: ¿Dónde está Armando Imas, su compañero y padre de su hija, desaparecido en mayo de 1977?

Antes de levantarse de la silla, una breve estela de silencio coronó su relato. Luego, la abrigaron los brazos y las emociones de aquellos que la habían ayudado a soltar, por primera vez, el viejo espanto de su memoria.

A la espera de las sentencias La Perla

Megacausa La Perla: "que los delitos se encuadren como genocidio"

Megacausa La Perla|Abuelas solicitó que los delitos se encuadren como genocidio

23 de septiembre, 2015

María Teresa Sánchez solicitó 11 perpetuas y una condena de 21 años para los imputados en la causa que investiga el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio, y el destino final de Silvina Mónica Parodi de Orozco secuestrada junto a su esposo Daniel Orozco el 26 de marzo de 1976. Se trata, dijo, de delitos “imprescriptibles, inamnistiables e inindultables”. Dedicó el alegato a todas las embarazadas y a los niños nacidos en cautiverio para que encuentren “el cordón umbilical que los una a su propia historia”.

Por Katy García – PrensaRed

Durante dos jornadas y parte de una tercera la abogada María Teresa Sánchez alegó en la causa que investiga la sustracción de un menor de 10 años, nieto de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo,  y del secuestro y asesinato de  su hija. A la hora de pedir las penas recordó que los acusados actuaron como funcionarios públicos, cometieron crímenes de lesa humanidad y que les cabe la figura penal de genocidio según normativas internacionales a las que el país adhiere.

Al mediodía  concluyó el alegato por el robo del nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio el 14 de junio de 1976. La representante de la querella narró el “derrotero” sufrido por sus padres hasta que los asesinaron en cercanías del campo de concentración La Perla. Ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP).

“El relato de esta historia está dedicado a todas las compañeras embarazadas que alumbraron los oscuros días de la dictadura y del terrorismo de Estado, y a los hijos que alumbrados por el conocimiento de la historia puedan encontrar el cordón umbilical que los una a su propia historia”, expresó la abogada al término de su alocución. Desde la sala, la pantalla mostró las muestras de afecto y emoción compartida entre los presentes.

Genocidio


Los Jueces Falcucci, Díaz Gavier (presidente) y Quiroga Uriburu

Los Jueces Falcucci, Díaz Gavier (presidente) y Quiroga Uriburu

Tras exponer de acuerdo a la prueba documental existente y las propias afirmaciones realizadas por los imputados durante el debate acerca del lugar que ocupaban en el organigrama de la fuerza y su pertenencia a la Op3, aludió al delito de “sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años”.

La abogada le pidió al tribunal que al momento de dictar sentencia los delitos sean encuadrados en la “Figura penal de genocidio” y que condene a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Gustavo Diedrich (autores mediatos), Héctor Pedro Vergez, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo BarreiroLuis Manzanelli , Ricardo Alberto Lardone, José Herrera, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero y Emilio Morard (autores materiales) como “coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado en perjuicio de Silvina Mónica Parodi de Orozco y por ser coautores penalmente responsables del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en perjuicio del hijo de Daniel Francisco Orozco y Silvina Mónica Parodi de Orozco nacido durante el cautiverio de su madre, todo en concurso real, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”. (1)

En tanto que para Díaz  pidió la condena de 21 años como “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, ambos en concurso real, en perjuicio de Silvina Mónica Parodi de Orozco, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas”.

Antes de pedir las penas rebatió la teoría sostenida por los imputados cuando afirman que actuaban “en defensa de la sociedad occidental y cristina”. Por el contrario, señaló que “destruyeron a la patria, entregándola a intereses extranjeros, destruyeron la familia y la sometieron a tormentos y privaciones de la libertad en centros clandestinos y sustrajeron las identidades de los niños”.

Describió los alcances del delito de “sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años” según el derecho penal. Se trata, dijo, de un tipo de privación ilegal de la libertad que debe ser analizada como desaparición forzada de personas. Ilícito que se consuma y se prolonga en el tiempo hasta que cesa. Cuestión que no ha ocurrido. “Se trata de un desaparecido vivo”, señaló. Tras caracterizar los asesinatos de Silvana Parodi y de Daniel Orozco solicitó que se aplique la figura de genocidio. Y destacó que según la jurisprudencia existente se trata de delitos “imprescriptibles, inamnistiables e inindultables”.
La abogada querellante María Teresa Sánchez

La abogada querellante María Teresa Sánchez (Nicolás Castiglioni)

Contexto

Durante el primer tramo de su extensa exposición explicó cómo ocurrieron los hechos y demostró que el terrorismo de estado en Córdoba comenzó mucho antes de que se produjera el Golpe de estado. Mediante el cruce de pruebas documentales y testimoniales explicó el plan sistemático de exterminio del oponente político donde el robo de niños fue un objetivo trazado y llevado adelante por los genocidas.

En esa línea afirmó que los documentos y memorandos de la policía federal y de la Comunidad Informativa -presidida por Luciano Benjamín Menéndez- operaban desde 1975 en Córdoba.

También se apoyó en la jurisprudencia surgida de la Causa 13 y de la sentencia del juicio Menéndez realizado en 2008, donde “quedó demostrada la existencia de un plan sistemático que fue delineado para combatir lo que ellos llamaban subversión”. Para eso pusieron en marcha una “una lógica perversa” que escondía su accionar tal como lo describe Eduardo Luis Duhalde en su libro El estado terrorista con el objetivo de destruir y aniquilar a los militantes.

Luego explicó cómo funcionaba el plan sistemático y la metodología de exterminio implementada a través de los secuestros subrepticios sin orden alguna irrumpiendo en los hogares en horas de la madrugada como lo denunciaron numerosos testimonios en la Conadep. Después eran trasladados a campos de concentración donde eran torturados para obtener información y finalmente asesinados y desaparecidos.

Plan macabro

“El plan macabro incluía a las mujeres embarazadas y a los niños nacidos en cautiverio luego sustraídos y despojados de sus identidades como sucedió con el niño de Silvina Mónica Parodi y de Daniel Orozco”, afirmó, ante el Tribunal. Y agregó que “el traslado por la fuerza de su grupo de pertenencia constituye uno de los aspectos más siniestros del plan de exterminio. Una forma perversa de desaparición forzada, una herida abierta para la sociedad, porque se ha golpeado a lo indefenso, a lo vulnerable. La magnitud de la violencia utilizada desde el estado otorgan a estos hechos y especialmente a estos niños una extrema gravedad: son delitos de lesa humanidad”, manifestó y aportó doctrina nacional e internacional.

Destacó la información reunida por la Conadep Córdoba que en aquel momento contabilizaba 340 centros de detención clandestina –hoy se sabe que fueron 500- y repasó las inspecciones oculares realizadas en este juicio a los campos La Perla, La Ribera, EXUP1, Buen Pastor, entre otros.

“Los documentos de la comunidad informativa prueban el plan sistemático y el conocimiento y la participación que tuvieron en algunos hechos delictivos. Los cadáveres encontrados en fosas comunes o enterrados como NN o en los hornos dan cuenta de la certeza de ciertos testimonios y de testimonios de ex represores. esto constituye prueba irrefutable de las torturas y de las ejecuciones sin juicio o de cobardes y viles asesinatos. Y también sabemos por los sobrevivientes que por izquierda hablaban de un procedimiento ilegal y clandestino y que eran fusilados.

Como es de rigor se remitió a la jurisprudencia de la Causa 13 y subrayó que los militares fueron adoctrinados en la doctrina de seguridad nacional donde la hipótesis de conflicto se centraba en el “enemigo interior” (guerra moderna) dejando de lado la teoría de la defensa nacional.

Ese enemigo, dijo, se constituyó con trabajadores, estudiantes, militantes barriales, teólogos, entre otros. En esa dirección reflexiva agregó que “los niños secuestrados con sus padres también eran considerados subversivos. Y que el plan sistemático constituyó una constante” y acotó que “se ejecutó desde una estructura político administrativa y que el acta impuesta por la fuerza reemplazó a la constitución nacional, disolvió al congreso a los miembros de la justicia, suspendió las actividades gremiales y puso en funcionamiento un estatuto especial”, puntualizó.

Los hechos

El 26 de marzo de 1976, a las 18, personal del destacamento de inteligencia OP3, sin orden judicial, secuestró a Silvina Mónica Parodi de Orozco (20), embarazada de seis meses y medio, y a su esposo Daniel Francisco Orozco (22), de la casa que habitaban en barrio Alta Córdoba y llevados al Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla”. Ambos eran estudiantes de Ciencias Económicas en la U.N.C. y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). Los sometieron a torturas psíquicas y psicológicas y permanecieron cautivos en condiciones inhumadas y luego fueron asesinados.

Orozco habría sido asesinado en abril en las inmediaciones de La Perla. En tanto que “Silvina Parodi permaneció cautiva hasta después de haber nacido su hijo en el Hospital Militar y habría sido ubicada en el Buen Pastor en forma subrepticia. Separada de su hijo, fue retirada por Vega y la habría llevado a las inmediaciones del campo y asesinado”.
Excárcel El Buen Pastor

Excárcel y centro clandestino El Buen Pastor (Info Al Toque)

La abogada analizó la prueba testimonial y documental (certificados médicos, copias de denuncias, memorandos, etc.) y destacó las gestiones realizadas por el padre de Silvina ante Saseain quien “cínicamente le dijo que esos secuestros se hacían entre guerrilleros, justificando mediante una mentira los hechos”. Explicó cómo funcionaba el plan sistemático y la metodología de exterminio implementada. Rescató los aportes de la Conadep Córdoba en relación a los delitos objetos del juicio. El secuestro de embarazadas que daban a luz en cautiverio y luego eran asesinadas y sus niños apropiados.

“Por eso la sustracción y el traslado por la fuerza de su grupo de pertenencia constituye uno de los aspectos más siniestros del plan de exterminio. Una forma perversa de desaparición forzada. Y es una herida abierta para la sociedad porque se ha golpeado a lo indefenso y vulnerable. La magnitud de violencia utilizada desde el estado otorga a estos hechos y especialmente a estos niños una extrema gravedad. Son delitos de lesa humanidad porque tanto la comunidad nacional e internacional persiguen estos delitos”, manifestó.

Espiados

Siguiendo a Federico Mitelbach cuestionó el funcionamiento de los servicios de inteligencia militar que se inició en los años ’40 y creció en los ‘60 con la organización de los estados mayores, jefaturas y grupos. En este sentido dijo que “hubo un derrotero que está comprobado con pruebas testimoniales, documentales y resoluciones que daban cuenta de que era espiada por una causa judicial abierta, que fue sometida a un régimen distinto al de disposición al PEN”.

Precisó que la SIDE Buenos Aires envió un documento a la sede local donde recomienda que “el caso sea analizado por la comunidad informativa” y que se realizó un seguimiento telefónico dando datos de su familia y del domicilio familiar. También consigna el secuestro de todas las personas que estaban en la casa paterna y fueron enviadas al D2 y sugiere que sean puestos a disposición del PEN para evitar que puedan quedar en libertad. No fue el único documento que consta en el Caso Córdoba y que claramente da cuenta de un seguimiento exhaustivo.

Enumeró las respuestas a las gestiones realizadas y las pruebas que dan cuenta de su traslado y permanencia en la UP1 sin ser registrada. Varios testimonios tales como el realizado por el director de la cárcel prefecto Montamat (cambiado de lugar) y del secuestro y desaparición del doctor Elías que había autorizado el ingreso de mudas de ropa, mostraban que estuvo en la UP1.

El parto

El entrecruzamiento de información surgida en el debate y la prueba documental le permiten a la querella asegurar que el niño nació en la maternidad provincial el 14 de junio de 1976. Que luego fueron trasladados al penal y centro clandestino de detención El Buen Pastor gestionado por un grupo de monjas de la Inmaculada Concepción. Un pormenorizado análisis de la prueba da cuenta del comportamiento silente y cómplice de varias religiosas. No obstante aclaró que no toda la Iglesia Católica actuó de ese modo. Y citó como ejemplo a la testigo Asunción Medrano religiosa de la Casa Cuna.

Parte de esta información consta en el informe Conadep Córdoba y en documentos internos del penal de mujeres donde se alojaban presas sociales y “especiales” eufemismo utilizado para identificar a las “subversivas” como la directora de la institución María Esther Figueroa las nombraba. Esta monja mintió sobre la fecha de asunción al cargo que ejercía según documentos existentes. Y quedó claro que durante su gestión había niños y ella misma “los entrega a familias biológicas”.

El testimonio en sede judicial de la hermana Asunción Medrano es clave en la reconstrucción de los hechos. Fue ella quien le dijo con total naturalidad a Giselle Parodi –hermana de Silvina y voluntaria de la casa Cuna- que no se llevara más niños a su casa los fines de semana porque ya tenía demasiado trabajo con el niño de Silvina. Declaraciones de expresas aseguran que en el lugar había embarazadas y niños. Sánchez presentó ante el tribunal numerosos testimonios al respecto. Luego explicó la estructura de funcionamiento de las religiosas en relación a las presas comunes y las especiales. Y explicó además como trabajaba el personal de la salud y administrativo.
Sonia Torres y Marité Sánchez al finalizar los alegatos

Sonia Torres y Marité Sánchez al finalizar los alegatos

Adopciones truchas

Otro de los aspectos mencionados fueron las irregularidades encontradas en la Casa Cuna respecto a cómo se hacían las adopciones. Describió cómo se realizó el traslado del niño desde el Buen Pastor a la Casa Cuna y las declaraciones del médico Agrelo quien revisó al niño o niña y de su relación con la monja Monserrat Tribo. Esta data fue cruzada con otros testimonios y en todos los casos destacaron la condición del testigo de católico practicante.

Otras declaraciones ubican a la monja como la encargada del manejo de las adopciones de las embarazadas “especiales”. Y que el cura capellán Gorosito era el encargado de los bautismos. Esta religiosa negó la existencia de documentación que luego fue encontrada en el sótano tal como lo declaró el testigo de contexto Horacio Verbitsky. Quedó claro el modus operandi sobre cómo eran entregados los niños en la Casa Cuna y quienes eran los responsables de atenderlos. También destacó que Videla y su esposa visitaron el lugar y recibieron “una cálida recepción” y que otra vez lo hizo gente de la aeronáutica.

La abogada relató una serie de irregularidades observadas en relación a la ausencia de datos y de partidas adulteradas. Incluso, casos donde figuraban los adoptantes como biológicos.

Plan sistemático

Sánchez fundamentó luego porqué el robo de bebes fue parte de un plan criminal de exterminio de personas donde “se planificó la sustracción de niños y fueron tratados como cosas” y decidieron no entregados a la familia biológica. Subrayó que los partos se realizaban en instituciones públicas y que desde la Casa Cuna se distribuían los chicos con el conocimiento de la justicia provincial que se encargaba de las guardas y adopciones.

Afirmó que Córdoba no fue ajena a esta metodología y que Menéndez “daba las órdenes en cada caso”. Hablo además de la complicidad de la Iglesia católica siguiendo la declaración de Horacio Verbitsky.

Tras repasar el proceso de anulación de las leyes del perdón y la jurisprudencia existente destacó la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y el fallo de 2012 que estableció que hubo un plan sistemático durante el terrorismo de Estado donde Videla fue condenado 50 años.
El equipo de Abuelas filial Córdoba

El equipo de Abuelas filial Córdoba

Daños

Sobre el final narró los daños que Sonia Torres padeció en casi 40 años de lucha. Por caso, se refirió a los golpes que le propinó un grupo de tareas en el baño de la casa de su hija que le hicieron perder la audición y el juicio que le inició en 1999 Tránsito Rigatuzzo. Hizo una cronología de las amenazas recibidas a fines de los noventa por parte de la familia y de los abogados Elvio Zanotti y ella misma. También recordó otros eventos como los planos para un posible atentado retirados de  la casa de uno de uno de los actuales acusados Luis Manzanelli y sus vinculaciones con los abogados Arbonés y Herrera.

Moncholos

Por la tarde comenzaron los alegatos de las querellas representadas por la abogada María Elba Martínez (fallecida) y que hoy continúa el equipo de la Fundación que lleva su nombre. La letrada Adriana Gentile comenzó realizando una introducción general en la que describe el contexto histórico, ideológico y metodológico que rodeó a los secuestros de dos militantes. Moncholos era el mote que los represores les daban a los militantes montoneros.

Los hechos forman parte de la causa Vergez y las víctimas son María del Carmen Sosa y Ricardo Zucaría Hit. Sosa era docente, sindicalista en la UEPC y militante de montoneros. Era coordinadora en la Dirección de Educación del Adulto en el plan de alfabetización CREAR, una experiencia de educación popular. En tanto que Hit, estudiaba arquitectura y militaba en la , Juventud universitaria peronista( JUP). Ambos fueron secuestradas por el Comando libertadores de América el 9 de enero de 1976 en el denominado Operativo moncholo. Luego fueron trasladados al campo de La Ribera y a los pocos días fusilados.

Un camarista federal será investigado por su rol en la dictadura

A pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Es Luis Rueda, cuyo nombre fue mencionado por testigos en el juicio La Perla y en otros procesos judiciales de lesa humanidad. Las denuncias en su contra eran sistemáticamente archivadas. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó incorporarlas a un único expediente para su reapertura e investigación.

El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Rueda, deberá ser investigado por su rol en diversos casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. Rueda fue mencionado por al menos 20 testigos en el juicio “La Perla” y también en otros procesos judiciales de lesa humanidad. Sin embargo, las denuncias en su contra eran sistemáticamente archivadas. Al menos, hasta ahora.

El titular del Juzgado Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó que todos los casos sean incorporados a un único expediente para su reapertura e investigación y solicitó que se designe un fiscal imparcial para investigarlos. En un largo fallo dado a conocer hoy, el juez criticó con dureza a la fiscal Graciela López de Filoñuk y a su par del Juzgado Federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, quienes estuvieron hasta hace poco al frente de las causas. Vaca Narvaja consideró que Filoñúk y Sánchez Freytes investigaban cada caso por separado y luego los desestimaban. "Pero todo debe ser entendido en un contexto y en una conducta", dijo el magistrado a Infojus Noticias.

En Córdoba, se instruye otra causa conocida como “de los magistrados”. Allí se investiga la complicidad de cinco funcionarios judiciales en el fusilamiento de treinta presos políticos durante la dictadura. La investigación estuvo un año y medio paralizada, hasta que la Cámara la reactivó meses atrás. Luis Rueda no está procesado en ese expediente, pero muchos creen que "lo salvó una artimaña judicial". Es que hasta hace poco, Rueda era la máxima autoridad de la Justicia Federal de Córdoba. Cada vez que un sobreviviente testigo lo salpicaba en su declaración, durante un juicio, Rueda se autodenunciaba en la fiscalía de Filoñuk y aportaba “pruebas” para la investigación. Sistemáticamente, la fiscal Filoñuk declaraba la falta de mérito.

Sin embargo, fue la propia Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba quien resolvió que el juez Vaca Narvaja profundizara en las denuncias existentes contra Rueda, ya que de los expedientes surgía que cada vez que había una denuncia contra el magistrado, las mismas eran “desestimadas prematuramente, en base a una apreciación absolutamente superficial de pruebas insuficientes, agregadas –por lo general- a pedido de quien debía ser investigado”. Es decir, el mismo Rueda.

En el fallo, Vaca Narvaja le solicitó al Fiscal General Alberto Losada que defina si Filoñuk está en condiciones de investigar a Rueda. El magistrado consideró que el ahora investigado pudo haber contado con “protección” de sus pares para evitar el avance de la causa. Filoñuk y Rueda fueron compañeros de trabajo en una fiscalía durante los primeros años de democracia; Vaca Narvaja no descartó llamarla a declarar como testigo, por eso, sugiere que sea apartada.

El expediente lleva por carátula el nombre de un sobreviviente de La Perla: Gustavo Contepomi.

WC/LL

Terribles testimonios sobre los crímenes sexuales en la megacausa de Córdoba

La peor herida

Por primera vez, un hombre denunció haber sido violado en su cautiverio. Los casos de dos púberes que fueron usadas una y otra vez por sus captores. Los horrores que siguen surgiendo después de 223 audiencias con 497 testigos contra 51 represores.

 Por Marta Platía - Desde Córdoba

Pasaron casi cuarenta años, pero Osvaldo R. no entiende por qué. El 26 de julio de 1976, cuando apenas había cumplido los veinte, una patota lo cazó en una calle de Córdoba. Un auto paró frente a la parada donde él esperaba el colectivo, le preguntaron por una dirección y le cayeron entre todos. Lo llevaron a una dependencia del Departamento de Inteligencia, el D2, le pegaron, lo patearon, lo picanearon. Y, como cuenta ante el estupor de los que escuchan el juicio que ya lleva tres años, “me bajaron por unas escaleras encapuchado y fui sometido a vejámenes sexuales”. Cuando parecía que ya se había escuchado todo, aparece otra sombra de la inagotable perversión de la dictadura militar.

Osvaldo es el primer hombre en lo que va de los juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba desde 2008, que decide denunciar que fue violado. Tiene 59 años y, como le ocurre a la mayoría de las víctimas, mientras revive ante el Tribunal, ante sus amigos y familiares, lo más atroz que le pasó en su vida se trastrueca en aquél muchacho aterido de miedo que hicieron de él a fuerza de ataques. “Eso me pasó”, dice luego de tomar aire y se pregunta, se queja todavía: “¡No sé por qué a mí! ¡No sé porqué a mí me encapuchan, me hacen eso! Bajamos unas escaleras y sobre una mesa o algo, pasó... No supe quien fue”. Osvaldo se dobla sobre sí mismo. Sacude la cabeza de un lado al otro con la mirada enrojecida.

En la sala no vuela una mosca. La cámara que registra el juicio hace un paneo, y en los rostros campea la gravedad y hasta pudor por el testigo. Imposible no sentirse un intruso, un voyeur involuntario ante la revelación. Algunos eligen bajar la vista y escuchar sin mirarlo. El hombre no llora. Se pasa la mano por el pelo encanecido. Su voz está casi quebrada, pero sigue: “Mire, eso a uno le queda toda la vida. Creo que habrán pasado unos días, no le sé precisar muchas cosas porque uno pierde eso. Lo del tiempo. Nos habían degradado hasta con la comida, nos la tiraban al suelo para que la levantáramos de ahí... Creo que era para amedrentarlo a uno y que dijera lo que uno ni sabía, porque yo no estaba en la lucha armada”.

Osvaldo militaba en el Partido Socialista Democrático (PSD). Ya lo habían detenido en 1972 “a la vuelta de la Catedral, en la D2 me habían puesto una pistola en la cabeza. Ser del partido Socialista para ellos era ser comunista, ateo. Después fue esto, lo de julio del ’76, lo de los tipos preguntando una dirección. Ahí de nuevo al D2. Sé que era ahí porque escuchaba las campanas”, las de la Catedral de Córdoba, donde reinaba el Cardenal Raúl Francisco Primatesta, a apenas ocho exactos pasos de donde se escuchaban los alaridos de los torturados. “Sentíamos que había muchas palomas... Pero lo otro –como nombra a la violación– fue en una casa a la que me llevaron en la calle Caseros (otro sitio del D2). Ahí también me pusieron picana ascendente. Eso es terrible –explicó–, van desde los pies para arriba, y cuando terminan con uno, no se puede ni caminar. Tenía la boca más seca que ahora... Es terrible.”

“Había una mujer, una de ellos, elegante, que les gritaba: ‘¡Reventalo a este hijo de puta!’ Y yo en ese momento me quedé así”, dice, y señala su propio cuerpo. Así. “Sordo de un oído, porque me golpeaban mucho”, contó, mientras hacía el gesto de pegarse a sí mismo contra ambos costados de su cabeza al mismo tiempo: la seña de la tortura conocida como “el teléfono”. “También pegaban muchas patadas. Eran especialistas en eso. Sé que había mucha gente ahí porque se escuchaban gritos, y también tenían una radio siempre prendida con música fuerte.” Osvaldo refrenda –aunque sin nombrarlos– lo que muchos otros testigos contaron de sus propios cautiverios sobre los verdugos: que había algunos que hasta cantaban zambas y chacareras mientras picaneaban a sus víctimas. Canciones que bastardearon al punto que se volvieron insoportables para los sobrevivientes.

Dos de los que disfrutaban de atormentar a la vez que cantaban, eran Luis “Cogote de Violín” Manzanelli y Miguel Angel “El Gato” Gómez. Un dato: el pertinaz violador Miguel Angel Gómez, que disfrutaba sacándoles la venda a sus víctimas para decirles “mirame bien, soy el Gato Gómez, tu violador”, se levantó de su banquillo y se retiró veloz de la sala, ni bien el testigo comenzó su relato.

Cuando el fiscal Facundo Trotta le preguntó a Osvaldo cuánto tiempo duró su tormento y cautiverio, dijo “por mi familia creo que fueron dos o tres meses... Yo perdí la noción del tiempo. Me sacaron un día y me dijeron que dijera que yo había estado perdido. Que no me acordaba de nada y que estaba perdido. Yo estaba muy mal. Ellos me dejaron cerca de mi casa. Llegué como pude. Un vecino me vio que apenas podía caminar. El, después, ahora en estos años, vino y lo contó acá (a los fiscales). Yo quedé muy mal. Me decían que tenía que vivir por mi hija –porque mi esposa había muerto en el ’75–, pero yo tenía miedo. Quedé mal de la cabeza. No podía dormir. Tenía incontinencia. Cuando veía a la policía me orinaba encima. Tanto, que mi padre puso su cama al lado de la mía y él me cuidaba, me ponía pañales”. El testigo vuelve a enrollarse sobre su propio cuerpo cuando recuerda a su papá: “Volví a dormir con mis padres como un chico. Tenía miedo de que me dejaran solo”. La regresión en su mirada desespera.

Los jueces aprietan los labios y algunos hasta resuellan. Sus semblantes se vuelven aún más graves. Esperan que la víctima, que se ha convertido en un montoncito doliente, se recupere. Que pueda continuar. Osvaldo lo intenta: “Miren, siempre teníamos un móvil (con represores) en la cuadra. Yo no podía decir nada (se refiere a denunciar). No se podía decir nada. Comencé a ir al Rawson (el hospital público) recién como en los ’90, y ahí me dieron pastillas para dormir. Porque tampoco podía dormir. De noche siempre pensaba que en cualquier momento volvían”.

A la salida de su testimonio, Jorge Vasalo, un periodista de Radio Universidad le pide una entrevista. El testigo se niega. Pero es su hija, una joven fuerte, decidida, quien se le planta con firmeza: “Por favor, papá, estamos acá para eso. A vos te violaron y eso es lo que más daño te ha hecho en la vida. Tenés que hablar de eso”. El hombre se apoya en ella y habla. Otra vez.
No fue el único

En una cultura machista, develar en un proceso judicial público que se ha sido vejado no es fácil. Además de la herida, implica un daño atávico casi imposible de superar. Estigmatiza. De allí que se ha resguardado el apellido de Osvaldo. Si bien se sabe que muchísimos presos políticos han padecido este tipo de tortura, hasta ahora son contados con los dedos de una mano los que en todo el país se animaron a denunciarlo. Aun cuando se conoce que hubo muchos prisioneros violados y vejados por los cancerberos, y que los empalamientos “con armas o palos de escoba” fueron un método más de tortura y muerte; por ahora sólo las mujeres se han animado a denunciar los crímenes sexuales en el marco del terrorismo de Estado.

Durante el juicio que en 2010 que se les hizo al dictador Jorge Rafael Videla, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 39 represores, se denunciaron empalamientos a los presos políticos en la UP1. Ya en este juicio, el año pasado la testigo Alba Camargo denunció que a su tío lo empalaron. El de Alba es un extraño, aberrante caso dentro de la historia de la dictadura en Córdoba: tenía sólo trece años cuando la secuestraron junto a sus padres, Armando Arnulfo Camargo y Alicia Bértola, y a sus tíos Susana y Juan Carlos Berastegui. A la pequeña la mantuvieron presa en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Las monjas a cargo la sacaban de la habitación donde la tenían encerrada sólo “cuando un hombre rubio, grandote, venía y me sacudía de los brazos y me decía que si yo le decía quiénes eran los amigos de mis padres, dónde vivían, él los liberaría. Yo no hablaba. No sabía los nombres. Y él quería nombres y direcciones. Me hacía sentir culpable. Yo sufría y pensaba que si los mataban era porque yo no me acordaba de los nombres de los amigos”.

Por sus características físicas, se sospecha que ese torturador era Ernesto “El Nabo” Barreiro. Los padres y los tíos de Alba Camargo fueron asesinados en agosto del ’76.
Niñas y mujeres

Las mujeres han sido en la sibilina lógica de la violencia, el botín constante de hordas y ejércitos a lo largo de la historia. Eso se repitió en la última dictadura. En los juicios, las denuncias de crímenes sexuales no fueron inmediatas. Las sobrevivientes de los campos de concentración tardaron en hablar de las violaciones como parte de los crímenes de lesa humanidad. ¿El axioma? “A comparación de lo que les ocurría a ellos, de las torturas sufridas por golpes o picana y hasta la muerte, eso (los abusos sexuales) eran males menores.” Tampoco para ellas fue fácil pararse frente a los jueces y volver a sentirse desnudas ante la mirada de todos.

En Córdoba fue la ex presa política Charo López Muñoz quien pateó el tablero en 2008, en el primer juicio que condenó a Menéndez. Apenas llegada de su exilio en Francia, arrancó su testimonio directa, precisa, implacable: “A mí me sodomizaron en la D2”. Charo sacudió los cimientos de todo lo que vendría. En su declaración no tuvo piedad ni con ella ni con los violadores. Les echó un baldazo de agua fría encima a todos los presentes. El fiscal Carlos Gonella reaccionó de inmediato: “Puede usted hacer la denuncia de ese delito para que se abra una causa aparte”, le ofreció a Muñoz, y abrió el camino para un juicio que se está sustanciando desde entonces con las cientos de violaciones cometidas.

Entre las niñas-víctimas, se destaca el caso de la pequeña Alejandra Jaimovich, de sólo 16 años, a quien mancillaron sistemáticamente y día tras día durante meses. “Hasta una decena (de represores) por día, pobrecita, estos asquerosos, asesinos, ladrones que no servían para otra cosa”, los insultó una y otra vez la prisionera que oficiaba de cocinera y enfermera en La Perla, Servanda “Tita” Buitrago. Tita, considerada “la mamá” en ese campo de concentración, declaró a sus 85 años por videoconferencia desde el Chaco. Indignada: “Pobrecita, esos malditos no la dejaban en paz. ¡Eran todos unos desgraciados!”. ¿El agravante? Alejandra era judía. No sólo volvieron locos a sus padres, dándoles falsas esperanzas de liberación y cobrándoles recompensas para devolvérsela, sino que terminaron matándola. Y desapareciéndola.

Otra de las laceradas fue Fanny Casas, que tenía sólo 14 años cuando la sometieron en el Campo de La Ribera. Durante su testimonio, regresó hasta en el tono de su voz, que se volvió el de una nena, a ese infierno. “Nosotros éramos pobres, pero en el San Roque (un hospital público) me habían operado de la nariz (no podía respirar bien). Mi mamá no me había podido ir a buscar porque no tenía plata para el ómnibus, así que cuando me dieron el alta, aunque sentía mareos, me tomé el colectivo sola a mi casa. Cuando llegué vi un camión militar y tuve miedo.” Sus hermanos Hugo y Carlos Casas, albañiles y trabajadores municipales, eran buscados por la patota. Todavía dolorida, Fanny caminó hasta lo de Teresa, su “hermana casada”, que quedaba en su barrio. La pequeña se recostó media hora para recobrar fuerzas. Sólo eso pudo. El camión pasó por ella y toda su familia. La llevaron al campo de concentración Campo de La Ribera y, vendada y maniatada, la tiraron en una colchoneta. Ahí se encontró con Obdulia Lorenza Moreno, su mamá, a quien también habían atrapado.

“Era a la noche cuando llegamos –recordó Fanny, muy revuelta por las imágenes que le reabren la herida–. Mi mamá me decía ‘no te vayas lejos de mí’. Pero yo necesitaba ir al baño. Me llevó uno de los guardias. Le pedí que me dejara orinar tranquila. Ellos tenían botas. Entonces agarran y en vez de llevarme a mi cama, me llevan a una habitación y me desprenden el pantalón, me tocan la cola y me ponen siete penes en la cara... Y escucho que una mujer que estaba acostada gritó: ¡Hijos de puta, ¿qué le están haciendo a la chica? Pero entran otros y se desprenden las braguetas y se ponen a...”. Fanny hace silencio. Se queda inmóvil como una estatua. Cuando vuelve en sí, su voz ha cambiado, se ha endurecido: “Les digo que me duele la nariz. Y uno me dice que es doctor... Me sacan las vendas con fuerza y... después me devuelven con mi mamá”.

La fiscal Virginia Miguel Carmona le informó que podía hacer la denuncia por el delito de instancia privada en el marco del terrorismo de Estado.

“¿Quiere?”, le preguntó hasta con dulzura. “Sí”, dijo Fanny.

Sus hermanos permanecen desaparecidos. A ella y a su familia, después de robarles lo poco que tenían en la casa, los sicarios de Menéndez les aplicaron el método tierra arrasada: “Nos quemaron la casa, no tuvimos a dónde volver”. El querellante Claudio Orosz le preguntó si sus hermanos eran militantes: “¿Eran radicales, socialistas, qué eran?”. “No”, contestó la mujer. Estudiaban, trabajaban. “¿Eran peronistas?”, insistió el abogado.

–Y sí... como todos.
Violación y muerte

María Elena Scotto había discutido con sus padres en su casa de La Falda. Armó un bolsito y metió un revólver de su papá para irse. Con unos pesos se tomó el ómnibus a Córdoba. Era una adolescente enojada. Lo que no hubiera pasado de una desavenencia familiar, se convirtió en pesadilla indeleble para la ahora mujer de 55 años. “Era el 24 de marzo... como a las tres de la tarde en el Arco de Córdoba, había camiones militares –contó ante el Tribunal Oral Federal N° 1 hace pocos días–. Nos hicieron bajar a todos los pasajeros. Me abrieron el bolso y dijeron que yo era guerrillera. Yo les decía que no, pero no me creyeron... Me tiraron adentro de un auto, un Fiat 128 donde tenían a otro señor... Me tuvieron ahí hasta que se hizo de noche. Después me llevaron al Observatorio Meteorológico” (que está en un barrio casi céntrico).

–¿Y qué pasó ahí? –preguntó el fiscal Trotta.

María Elena se llenó de aire los pulmones y arrancó mientras se abrazaba a sí misma y parecía acunarse en su silla: “Me golpearon y me preguntaban cosas. Que de quién era el arma. En el baño me tiraron y me golpearon. Me interrogaron que para quién trabajaba. Un teniente me golpeaba y me golpeaba. Yo no sabía qué pasaba. Y me violó... Yo no sabía qué me estaba pasando. Esto era con la puerta del baño abierta, y en la puerta del baño había un soldado con el arma ¡mirando y cuidando, vigilando! Fue el teniente el que me violaba y él cuidaba... Me dejó golpeada, tirada en el piso... Me dejó ahí por mucho tiempo. Yo tomaba agua de ese mismo baño. No me daban ni agua. Me tuvieron como una semana o dos. No me daban de comer. A veces un pan, una naranja, una manzana. Siempre en el baño. Como dos semanas o más”.

El traslado fue al Campo de La Ribera, cerca del cementerio de San Vicente, donde habían abierto una fosa común adonde tiraban a los asesinados. “Ahí en La Ribera me volvieron a patear, a golpear, seguían con las preguntas. Ahí también me violaron varias veces... Yo estaba enloqueciendo y cantaba fuerte. No era católica pero cantaba canciones de la iglesia. Y me acuerdo que hablaba con alguien que se llamaba Pablo. Creo, yo lo llamaba Pablo. Pablo, mientras yo cantaba, él me decía que no. Que iba a ser peor. Me preguntaba que si yo no era católica, por qué cantaba canciones de la iglesia. Yo no sabía por qué. Un día nos pusieron afuera, sentados en el piso, al lado de algo redondo (una garita de vigilancia) y nos golpeaban. Y me decían que me callara, pero yo cantaba más fuerte. Con Pablo nos pegamos uno al otro... y dispararon. Se sintió tac, tac, tac, tac y Pablo se apoyó más en mí. Y no habló más... y no habló más y estaba duro... (María Elena llora y se abraza a sí misma más fuerte). Yo sabía que estaba mojado mi cuerpo. Estaba muy, muy mal. Y alguien, con una manguera, como a los animales me lavó.”

–¿Pudo ver a Pablo? –pide saber el fiscal.

–No, estábamos vendados. Sé que era un muchacho joven un poco más grande que yo. El decía que se dedicaba a trabajos en las iglesias pobres, del Tercer Mundo... Yo estaba mojada en el pecho... Yo ahora, ahora pienso que era la sangre de él. Pero no pude ver. Después de que me lavaron así, después de los disparos, me sacaron a este muchacho del lado mío, que pesaba tanto. Era muy pesado. No estaba apoyado normalmente. Estaba muy pesado y ya no hablaba.

Del Campo de La Ribera la llevaron al Buen Pastor. Era la más joven de las prisioneras. Allí pudo ver a Silvina Parodi, la hija de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. La reconoció años después, por una foto “en un libraco enorme, lleno de fotos en blanco y negro”, recalcó ante la desconfianza de la defensa de los imputados.

La liberaron recién en julio de 1977: un año y cuatro meses después de aquella huida de su casa. María Elena contó que su mamá la buscó. Que la buscó en la D2, pero que una mujer policía “le dijo que mejor se fuera, que no me buscara o la iban a llevar a ella al lugar donde yo estaba y no le iba a gustar. Mi mayor desesperación era no saber nada. Por qué estaba ahí y hasta hubiera preferido que me mataran. ¡Nadie me dijo nada! Ni un juez, ni un abogado, ¡nadie! Una noche dieron una lista y estaba mi nombre. Yo enloquecí. Me quería ir. Pero una de las mujeres dijo, ‘no, no nos vayamos, porque nos van a matar’. Y no, y no y no. Y las monjas decían que nos fuéramos. Pero las mujeres no quisieron. Y a la mañana siguiente cambió la guardia y con los papelitos con los nombres, nos fueron llamando y yo y esas personas salimos. Y fuimos caminando, pasamos por la iglesia de la cárcel y me agarró un ataque y de ahí me sacaron a patadas... y llegamos a la puerta, y veía la calle, y la reja, y la calle... Y me dice un oficial, uno con jerarquía, firmá acá y te vas. Y era un papel en blanco del Ejército Argentino, y yo no quería firmar. Y no y no, porque pensé que me iban a matar... Pero finalmente firmé, y en estas investigaciones (para este juicio) encontraron ese papel, y por ese papel me llamaron y estoy acá ahora, declarando”.

Nunca volvió a dormir bien, jamás dejó de temer por sí misma y por sus seres queridos. Tanto Osvaldo como las adolescentes vejadas todavía no pueden entender por qué los mancillaron. No pueden comprender el porqué de esos seres bestiales cayéndoles encima. Los tres comparten un destino de tratamiento psicológico casi permanente. Y un dolor que no cesa.

 Córdoba y Estocolmo

El tema del síndrome de Estocolmo, la esclavitud sexual y la pulsión de salvar la vida, han sido tratadas con mayor o menor complejidad y hondura en obras literarias, ensayos y películas. En Córdoba, entre los imputados hay un represor que contó su particular historia, José “Chubi” López, que llegó a casarse con una prisionera y hasta tuvo hijos con ella. Este torturador le pidió al Tribunal que “cuando sobrevivientes y testigos se refieran durante el juicio a mi señora esposa, le llamen con mi apellido y no con el que tenía antes”. Su “señora esposa” fue secuestrada, llevada al campo de concentración, violada y sometida a una esclavitud sexual, además de que mataron a su compañero. El torturador López argumentó “que no porque uno haya cumplido ese tipo de tareas (secuestrar, torturar, violar, matar, desaparecer, robar niños y bienes) significa que uno no tenga sentimientos”.

Los testimonios del horror de la tortura y los asesinatos en la La Perla

Donde no murió nadie

Mientras forma una “comisión” de represores para tratar de moderar su situación legal señalando un lugar donde ya se encontraron cuerpos, Ernesto “el Nabo” Barreiro dijo lo increíble: que en La Perla “no murió nadie”. Pero los testimonios son clarísimos sobre las horribles muertes que sufrieron los prisioneros de ese campo de concentración.

 Por Marta Platía

Desde Córdoba

Lo dijo Ernesto “el Nabo” Barreiro: “En La Perla no murió nadie”. Fue apenas un día después de entregar sin que nadie se lo pidiera una lista con 19 nombres de desaparecidos al Tribunal Oral Federal No 1, que lo juzga por crímenes de lesa humanidad, y de señalar los supuestos lugares donde los enterraron. “No murió nadie”, dijo, y en los oídos de cientos de víctimas –sobrevivientes, familiares y amigos de los desaparecidos– retumbaron los nombres de los suyos. De los que nunca volvieron. de los muertos.

Por ejemplo, el del albañil de Unquillo Justino “el Negro” Honores, que agonizó en plena cuadra de ese campo de concentración en brazos de otro prisionero, Eduardo Porta, que lo cuidó como pudo luego de una fatal mezcla de palos y picana. Era una técnica que practicaba con esmero y delectación Elpidio “Texas” Tejeda, un feroz torturador adiestrado, como Barreiro, en la Escuela de las Américas de Fort Gulik, Panamá. “Este cóctel inutiliza el sistema renal y hace que no puedas orinar, te sale como pasta dental, y sentís la muerte, hasta que finalmente te morís”, describió, entre espasmos de dolor y llanto, el sobreviviente Andrés Remondegui quien, gracias a su “juventud y cuerpo de deportista”, logró escapar a ese final que también mató al doctor Eduardo “Tero” Valverde. El abogado había sido funcionario del gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano. Su esposa María Elena Mercado nunca dejó de buscarlo. El día del golpe, Valverde se presentó “de inmediato” en el Hospital Aeronáutico de la Avenida Colón cuando supo que lo habían reclamado. No tenía nada que ocultar, le había dicho a un colega. “Lo mataron en La Perla en pocas horas”, atestiguó Graciela Olivella. Donde Barreiro dice que no murió nadie.

En esa misma cuadra, en diciembre de 1976, María Luz Mujica de Ruartes volvió a su niñez en una de las agonías más espeluznantes que relataron los sobrevivientes Cecilia Suzzara, Graciela Geuna, Piero Di Monte y Susana Sastre. “Estaba destruida y muy hinchada. Ella en su mente volvió a su niñez y pedía por su mamá. Nos turnábamos para hacer de madre, para acariciarla, acunarla o darla vuelta para que no sufriera tanto. La habían reventado en la tortura. La sacaron medio muerta y nunca más la vimos.” El médico Enrique Fernández Samar, de Buenos Aires, que había sido secuestrado con ella, murió poco después y por el mismo atroz, sistemático tormento.

Teresa “Tina” Meschiatti, una de las sobrevivientes cuyo testimonio es de los que se consideran más completos, ya que fue secuestrada en septiembre de 1976 y la liberaron casi a finales del ’78, fue picaneada en todo el cuerpo, pero especialmente en su zona genital. Le quemaron la vagina y las piernas “dándole máquina”, al punto de que cuando declaró en juicio contó y mostró que le quedaban marcas en las pantorrillas a más de 37 años de la tortura. “Tenía olor a podrido, a carne quemada. No me podía mover. Estaba hinchada y casi no podía respirar, y no sabía que era yo la que despedía ese hedor... En un momento ya no tenía voluntad de vivir.”

Piero Di Monte a su turno, repitió: “¡No es uno el que grita en la tortura, es el cuerpo! ¡Uno ya no puede controlarlo!”. Y señaló directamente a Barreiro como uno de los que lo picanearon a él y a su mujer, Graciela, embarazada de cinco meses en una parrilla en “la terapia intensiva”, como también llamaban los represores a la sala de torturas. Así o “la margarita”, por la forma de la punta de la picana. “Pensé que me moría, que no podría resistir cuando lo vi a Barreiro ir con la picana en la mano a torturar a mi esposa.” ¿Se le notaba el embarazo?, preguntó el fiscal. “Sí, tenía una pancita de cinco meses y un vestido con flores...”.

Di Monte, que se salvó de la muerte por su doble nacionalidad ítalo-argentina –un general con ansias de ser diplomático en Italia decidió atender el pedido de la embajada de ese país–, fue quien dio fe de la insistencia nacionalista de Barreiro en cuanto a los métodos de tortura utilizados: “Decía que no eran ni de los norteamericanos (la Escuela de las Américas, donde él había estudiado); ni de la Doctrina Francesa (de Roger Trinquier, que llegó al país de la mano del brigadier Alcides Aufranc, ya en 1959, al edificio Cóndor). Según él, acá se usaba un método criollo que él mismo había ideado. Barreiro nos puede dar cátedra de tortura. Es un experto en eso”, afirmó. En su banquillo, el represor sonreía y negaba con la cabeza.

Otra víctima que recordó “perfectamente” la cara de Barreiro durante sus tormentos fue Jorge De Breuil. “En el Campo de La Ribera, Barreiro me apaleó, y cuando estaba en el piso, me levantó la venda y me dijo en la cara ‘¿te gustó la orgía de sangre que hicimos con tu hermano?’.” La frase-tortura se refería al fusilamiento en un simulacro de fuga de Gustavo, su hermano menor de sólo 20 años. Una ejecución en la que también mataron a Higinio Toranzo y al abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 35 (el padre del actual juez federal No 3 de Córdoba, homónimo de su padre y de su abuelo, también asesinado).
Una mujer destrozada

La brutal matanza de la joven madre Herminia Falik de Vergara, a quien la patota había atrapado en la parada de un ómnibus el mediodía del 24 de diciembre de 1976, y torturaron “de apuro, ya que querían ir a brindar con sus familiares en la Nochebuena”, es una de las heridas más profundas en los recuerdos de quienes lograron salir con vida del campo de concentración. Liliana Callizo no sólo contó en la sala al Tribunal lo que les vio hacer a Barreiro y a sus cómplices, sino que en una inspección ocular en La Perla señaló cada paso del recorrido “a la rastra y de la mano, por el que el Nabo me llevó a la Margarita”. Callizo señaló en la puerta de la sala de tortura –un cuarto pequeño, asfixiante, de techo muy bajo– donde la ubicaron cuando Barreiro le quitó la venda para que viera cómo masacraban a Falik de Vergara. Destacó las mangas “arremangadas” de la camisa del Nabo, su “transpiración” por el trabajo de matar. Y cómo el torturador y ahora miembro de la flamante “comisión” de reos que preside Barreiro, Luis Manzanelli, “con una picana en cada mano se había sentado en la cabecera de la parrilla” –el elástico de cama donde tenían atada desnuda a la víctima– para darle electricidad entre todos y matarla más rápido.

Callizo contó horrorizada que el cuerpo de la chica “se arqueaba y le salían chispas” porque además de las descargas eléctricas, le echaban baldazos de agua. Y que Herminia, a pesar de lo atroz del tormento, no les dijo nada. “Le preguntaban por el marido, dónde estaban sus hijas, y ella sólo gritó mis hijas no, mis hijas no.” Cuando la creyeron muerta, se fueron. La prisionera Servanda “Tita” Buitrago –una enfermera de cuarenta y pico de años a quien habían puesto a servir la comida a los demás cautivos– fue quien la vio morir. “Cuando entré más tarde, todavía estaba atada y viva, pobrecita... Le acaricié la frente y ella me dijo ‘gracias’. Y eso fue lo último antes de morirse... Tan chiquita y agradecida ¡y mirá lo que le habían hecho estos asesinos!”, se condolió casi cuarenta años después en su testimonio por videoconferencia desde el Chaco. “¡Todos torturaban, todos mataban, todos violaban! ¡Era lo único que sabían hacer estos desgraciados!”, acusó la mujer ahora de 86 años. Entre los imputados, hubo alguno que hasta bajó la cabeza ante los insultos. Fue el caso de Exequiel “Rulo” Acosta, quien acostumbraba contarle sus “cuitas” a Tita, la prisionera a la que muchos llaman “la mamá” de La Perla.
Huesitos y batitas

Otro que no se privó de insultarlos fue el arriero José Julián Solanille. “Sinvergüenzas, hijos de mala madre”, los descalificó una y otra vez el único testigo que afirmó haber visto con sus propios ojos a Luciano Benjamín Menéndez “al frente de un pelotón de fusilamiento” que asesinó, al borde de una gigantesca fosa común, a un centenar de jóvenes “atados de pies y manos”. Solanille era empleado del dueño de un campo cercano a La Perla y atravesaba la zona cuidando animales. “Eran todos asesinos, torturadores”, aseguró el hombre que dijo haber contado “más de 200 pozos” de enterramientos clandestinos en el predio de La Perla.

En su testimonio también recordó cuando escuchó por primera vez el apodo de Barreiro. “Fue por boca de la mujer de un paracaidista de apellido Baigorria. Me acuerdo de que el marido tenía un Chevy amarillo. Venían, y este señor dejaba a la señora, que era muy linda, en mi casa. Una vez ella salió al campo con un termo y estaba cerquita de la cárcel (así llamó todo el tiempo al edificio donde se torturaba). Se sentían gritos. Se escuchaban muchos gritos de chicas... Entonces los dos vimos pasar a Barreiro como a unos ocho metros. Ella me dijo entonces ‘ahí va el Nabo. Vas a ver cómo se va a acabar el griterío de las putas esas’.” En la audiencia, Barreiro se rió echando la cabeza atrás como si hubiese escuchado el mejor de los chistes. Pero su mano izquierda lo traicionó: le temblaba hiperkinética, sin parar, sobre la rodilla. El hombre dijo haber escuchado tiros y luego el silencio, como le anunció la mujer.

En La Perla, “donde no murió nadie”, el arriero vio arrojar “los cuerpos de dos chicas desde un helicóptero el 3 de mayo de 1976”. Y en su propia casa, a unos 500 metros del campo de tortura, sintió “el olor a carne quemada de los pozos donde tiraban a la gente. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban. Era horrible”. En su relato también recordó cuando una perrita que tenía comenzó a llevar a la cucha “huesos chiquitos, cabecitas muy chiquitas...”. Y ahí fue cuando el enorme hombre que es todavía don Solanille, se quebró. Se cubrió los ojos con una de sus manos y sollozó: “Perdónenme Abuelas, pero la perrita traía manitos, bracitos, batitas celestes y rosas...”

–¿Y cómo sabe usted que eran huesos de seres humanos y no de animales? –preguntó el juez Jaime Díaz Gavier.

–Porque soy hombre de campo, señor –respondió con firmeza–. Y sé distinguir cuando son huesos de animal o de cristianos. Y éstos eran de cristianos.

Uno de los tres cómplices de Barreiro en la “comisión para colaborar con la investigación” en este juicio, es Luis “Cogote de violín” Manzanelli. También con veleidades de profesor de historia, como su jefe, varios sobrevivientes lo señalaron como un tipo “que parecía tranquilo y de repente era una máquina de torturar”. Un gendarme llegado desde Orán para testificar, Carlos Beltrán, detalló una escena que sucedió en los descampados de La Perla. “Manzanelli, el del ‘cogote torcido’, me ordenó que le dispara a una pareja. Yo me negué. Le dije que entré a Gendarmería a cuidar las fronteras de mi patria, no a matar gente”. Según Beltrán, enloquecido por la ira, el propio Manzanelli los mató. “Les dio un tiro a cada uno. Primero al muchacho, al que le habían hecho cavar el pozo, y después a la chica que estaba embarazada y tenía una panza como de ocho meses. Fue horrible porque ella volvió a levantarse y él la remató a tiros”, describió espantado. Luego contó cómo los rociaron “con nafta, los quemaron y los taparon con tierra” en la oscuridad de los campos que rodean a La Perla. El muchacho fue echado de la Gendarmería por negarse a cumplir la orden.

El otro integrante, Héctor “Palito” Romero, se hizo “famoso” entre la caterva por su uso del “amansalocos”, como le llamaban al palo que usaba para torturar. Cecilia Suzzara contó cómo “torturó a David Colman en la primera oficina de La Perla. Las paredes –que luego debían limpiar los prisioneros utilizados como mano de obra esclava para todo servicio– quedaron manchadas con su sangre”.

De José Hugo “Quequeque” Herrera, hay –como de casi todos ellos– decenas de crímenes y perversiones que los incriminan. Pero en su caso se destaca el perfil de violador consuetudinario. Liliana Callizo, que fue una de sus víctimas, lo reconoció y señaló sin “ninguna duda” ante el Tribunal.

Los detalles de crímenes y vejámenes que cometieron –y de los que no se arrepienten– laceran lo esencial de la especie humana, y en los dos años que lleva este juicio se han escuchado ya 430 testimonios en 197 audiencias.

En los predios La Perla el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró restos óseos humanos el 21 de octubre pasado. Y siguen encontrando restos. La integrante del equipo Anahí Ginarte le dijo a Página/12 que “es zarandear tierra de los hornos (de cal de la estancia La Ochoa, donde descansaba Menéndez los fines de semana) y encontrar huesos”.

Una madre asesinada por buscar a su hijo

El juicio por los crimenes de lesa humanidad cometidos en Córdona bajo el terrorismo de estadoUna madre asesinada por buscar a su hijo

Marta Taborda Ledesma-Comba relató cómo fue diezmada su familia. Su mamá, Marta Ledesma, y su padrastro, Sergio Comba, fueron secuestrados en 1975. La madre de Sergio, Elsa Comba de Comba, intentó averiguar qué había pasado con él y terminó muerta.

 Por Marta Platía

Desde Córdoba

Madre, padrastro, tío, tía, abuela. Son cinco los desaparecidos que cuenta Marta Taborda Ledesma-Comba en su familia. “Cinco desaparecidos y un muerto, mi papá”, dice. Son dolores de los que no habló hasta hace poco más de dos años, cuando junto a su hermano, Gabriel Ignacio Comba, y a casi 38 años de ocurridos los secuestros, decidieron presentarse en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, en Córdoba, y pedir que los ayudaran a saber qué había sido de ellos. “Nos criaron mi bisabuela, la Yaya, y María, mi abuela materna. Cuando preguntábamos por los padres, nos decían que habían muerto en un accidente camino a Buenos Aires. Esa fue la forma de protegernos”, así explica “haber llegado viva hasta ahora”, esta joven alta, rubia, de fuerte contextura, cuando se sienta frente al Tribunal y agradece poder contar lo que recuerda “paso a paso y sin necesidad de cerrar los ojos”: la noche en que la patota del represor Luciano Benjamín Menéndez se llevó a su mamá, Marta Ledesma, y a su padrastro, Sergio Héctor Comba.

“Fue el 10 de diciembre de 1975. Yo tenía cuatro años y medio. Era una nena, pero a los chicos cosas como éstas, terribles, se nos graban para siempre. Habrán sido las diez. Yo ya estaba en la cama, pero no me había dormido... Escucho golpes, gritos y ruidos de cosas que se caen. Me asomo al hallcito de la casa. Ahí la veo a mi mamá en una silla: está descalza y atada. Y a Sergio, también descalzo y atado, tirado en el piso. Esos hombres entraron a mi dormitorio y me cerraron la puerta. Yo no sé cuánto habrá pasado, pero seguí escuchando gritos, como que les pegaban con algo. Después entró un hombre con mi mamá y otro más, y se sentaron en mi cama. Mi mamá al lado mío, un hombre al frente y otro parado atrás de mi mamá. Ella tenía puestas esposas en una mano. A la otra la tenía suelta. Me acuerdo de que le colgaban las esposas... De esa noche también me acuerdo de que un hombre joven se sentó al frente mío y me miraba así, como yo a ustedes: con la distancia de una cama a la otra. Tenía como 40 años, con barba y bigote oscuro y tupido. Vestido de azul. Me estaba vistiendo y ese hombre me dijo ‘¿querés que te ponga las zapatillas?’. Yo no quise”.

Marta se revuelve en su silla. “Ahora me puedo acordar mejor de su cara que de la de mi mamá, que se va borrando... Y no quiero que se borre, por eso ando con sus fotos.” Las acaricia. Tiene imágenes de los suyos en la mesita frente al estrado de los jueces. Por un momento, la joven se agarra la cara y solloza de pena, de bronca. Pero Marta no se permite aflojar. Sacude sus manos para darse fuerzas. “Salimos al pasillo de la casa y me quedé parada en el marco del dormitorio. Ahí pude ver a Sergio en el suelo... Había sangre, tenía los pies descalzos. Otro hombre estaba con mi hermano (Gabriel, un bebé de sólo tres meses) en su dormitorio. Lo estaba levantando. Llevaron a mi mamá a la cocina y le hicieron preparar bolsos. Antes de que me lleven, veo a Sergio tirado, como inconsciente, los ojos vendados, los brazos en cruz. Tenía dos soldados, uno a cada lado. No se movía... A mi hermano lo envolvieron en una frazadita. Mi mamá iba descalza, esposada. A Sergio lo trajeron arrastrando. Nos subieron a dos autos. A mi hermano y a mí nos llevaron a la casa de mi abuela... Yo iba en un auto atrás. En el de adelante iba mi mami. Me acuerdo de las luces del auto de adelante porque eran como dos ojos rojos. Pararon y me llevaron en brazos hasta la casa de mi abuela. Al Gabi también lo traían. Salió mi abuelo. Mi abuela no estaba porque –después cuando fui grande me contaron– se había ido a buscar al hijo, Juan Eliseo Ledesma, el hermano de mi mamá, que habían secuestrado dos días antes en Buenos Aires. Me acuerdo que mi abuelo se asustó. El hombre que me entregaba le dijo que una mujer nos había encontrado tirados por la calle. Yo le dije: ‘¡No tata, mentira, la mamá está en un auto, ahí en la esquina!’. Mi abuelo quiso anotar los nombres de los que nos entregaban, pero le gritaron: ‘¡Pero qué anotar ni nada! ¡Agradezca que le traemos los chicos!’.”

Marta Inés Taborda y Gabriel Ignacio Comba son querellantes por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de su madre, Marta Susana Ledesma, y el padre de Gabriel, Sergio Comba. “A mi papá lo habían matado poco después de que yo nací, en 1971. Se llamaba Juan del Valle Taborda y era militante del PRT-ERP. Después mi mamá conoció a otro compañero de militancia, Sergio Comba, que trabajaba en SanCor, formaron una familia y tuvieron a Gabriel, mi hermano.” Como si necesitara explicarlo, les dice a los jueces: “Para mí, para mi familia, estar en este juicio es como cerrar algo. Cerrar heridas. Con los padres desaparecidos siempre se está esperando algo. No sabés muy bien qué, pero algo”.

–¿Sabés qué pasó con tus padres? –preguntó la abogada querellante Mariana Paramio.

–Recién en el 2008 tuve noticias. Una prima de mi hermano nos mandó un mensaje. Dijo que tenía información de que los habían llevado a La Ribera y que ahí los torturaron y fusilaron junto con otros nueve compañeros por orden de (Héctor Pedro) Vergez.

Según se jactaron los torturadores en La Perla frente a otros prisioneros, Marta Ledesma, a quien llamaban “María”, y Sergio Comba, conocido como “Alberto”, fueron fusilados junto a otros siete militantes en el patio del Campo de La Ribera a poco de secuestrados. Fue con esa ejecución en masa que ese campo de tormentos y exterminio inauguró su actividad.

–¿Y tu abuela paterna? ¿Qué sabés de Elsa Gladys Comba de Comba? –quiso saber Paramio.

–Ella era muy dulce. Era la abuela de mi hermano, pero nunca hizo diferencias por más que yo no era hija de su hijo. Supe que cada vez que ella fue a preguntar por Sergio la vuelteaban y le decían cosas indecorosas... Hasta que en febrero de 1978 la secuestraron también a ella... Al poco tiempo se encontró cerca de (Alcira) Gigena (un pueblo del sudoeste cordobés) un cadáver calcinado. Y era ella.
Tortura y matanza

Desde que la patota secuestró a su hijo Sergio, Elsa Gladys Comba de Comba no dejó de buscarlo. Fue a preguntar por él a todos los lugares que pudo: comisarías, hospitales, el Tercer Cuerpo de Ejército, el Arzobispado. Soportó burlas, mentiras, negativas, golpes, vejaciones y tormentos.

“Ella era de Río Cuarto y no paró un solo día de preguntar por su hijo”, contó su hermano Edgar Comba, un hombre de rostro tristísimo y dolor añejo que, a casi cuarenta años del crimen, llegó a este juicio para denunciar “a los que la asesinaron”.

–Yo vivía en Córdoba y cada tanto iba a verla. Cuando desapareció Sergio, Gladys, como cualquier madre, lo empezó a buscar. Tanto lo buscó, tanto insistió, que molestó a la policía. Le allanaron la casa varias veces. Mi hermana tenía una pensión de estudiantes en Río Cuarto, en el centro de la ciudad... En esos tres años que buscó a su hijo a veces la tenían detenida y la torturaban para hacerle confesar no sé qué cosas... Una vez ella me contó de los golpes y que en una ocasión llegaron a extremos que... (en ese punto el hombre se detiene, se cubre los ojos con una mano y se le escapa un quejido que lacera el aire de la sala). Gladys me contó que llegaron a algo terrible, extremo... que (en la policía) le inyectaban, le ponían una manguera por la vagina, la conectaban a una canilla y la abrían... No me lo dijo, pero debe haber sido terrible, pobrecita... Pero siempre siguió buscando. Seguía yendo a pesar de todo y de que la torturaban...

–¿Ella le comentó quiénes eran los que le hacían eso? –preguntó el juez Jaime Díaz Gavier, con el rostro casi descompuesto.

–Sí, si bien era un grupo policial, el que comandaba esto era un señor al que le decían El Gato, El Gato Gómez.

Desde su banquillo, el represor Miguel Angel “El Gato” Gómez mira con cara de no entender, los ojos permanentemente desorbitados. De a ratos mueve la cabeza, negando. Con éste, son cientos los testimonios que dieron cuenta de su crueldad y perversiones. De su gusto por violar a los cautivos y hasta por sacarles las vendas para que lo vieran bien. “Mirame, yo soy El Gato, tu torturador”, se presentaba.

–¿Y qué pasó con su hermana?

–En uno de los allanamientos se la terminaron llevando. Fue el 23 de febrero de 1978 a eso de las tres, cuatro de la madrugada. Dejaron a su hija Norma, que estaba con ella. A Norma y a los estudiantes los maniataron a todos. A mi hermana la sacaron envuelta en una alfombra de piso. Me avisaron más tarde. Viajé hasta Río Cuarto y empecé yo a buscarla a ella. Fui a la Jefatura de Policía porque sabía que ellos eran los que hacían esas cosas. Ahí me dijeron desconocer todo. Ellos trataban de separarse del tema, mandarme para otro lado. Fue muy difícil poder avanzar y saber algo más.

Edgar Comba contó que al día siguiente del secuestro supo por otra persona, que también estaba buscando un familiar, que en un camino rural de la localidad de Alcira Gigena habían encontrado un cadáver calcinado. “Como yo no podía dar con ella, empezamos a pensar que podría haber una relación. Fui a la morgue. Pedí verlo... (El hombre vuelve a descomponerse, alcanza a pedir perdón en un sollozo... el cuerpo le tiembla.) Mire, señor juez, yo pude verlo... Estaba muy, muy quemado. Tenía un alambre envuelto en el cuello, o un cable... Le había quedado solamente una parte de las piernas y los pies, quemados también pero no tanto, y ahí se había adherido parte de un camisón que era de ella, yo reconocí el estampado.” Como pudo, el testigo contó que se fue a la casa de su hermana. Necesitaba corroborar que era ella. “Como tenía un pie bastante entero, se me ocurrió buscar un zapato de ella. Volví a la morgue y se lo calcé. Ahí tuve la plena seguridad de que era mi hermana.”