El represor de la Perla,Ernesto Barreiro : pensamiento genocida en estado puro

El represor de La Perla, Ernesto "Nabo" Barreiro habla de listas,torturas y traslados.
“Teníamos todo perfectamente detallado”
“Los ‘traslados’ los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones”, dijo Barreiro en una entrevista con el diario El Mundo, de España. También aseguró que “los altos mandos concurrían a La Perla y sabían lo que pasaba allí”.

“Hice lo que tenía que hacer.” “No debió haber desaparecidos, sino fusilados.” “Teníamos todo perfectamente detallado.” Las definiciones son del ex teniente Ernesto “Nabo” Barreiro, ex jefe de interrogadores en el centro clandestino de detención cordobés La Perla. El represor concedió una entrevista al periodista español Vicente Romero que fue publicada por el diario El Mundo. Admite el uso de la picana y otros “métodos de interrogatorio no ortodoxos”. “Nuestras órdenes eran obtener información como fuera”, asegura. Aquí, parte del reportaje.
–Algunos testigos aseguran que usted se jactaba de emplear un “método criollo” de tortura, unas “formas argentinas de tormento” en contraposición a la “escuela francesa” desarrollada por la contrainsurgencia en Argelia.

–Eso es una tontería. De esa “escuela francesa” se nos habló en la Escuela de Guerra como de un hecho histórico, pero nunca conformó una doctrina. Lo que yo decía es que en Argentina, tras el golpe militar, los oficiales de inteligencia tuvimos que arreglárnoslas por nosotros mismos e hicimos las cosas “a la criolla”. Por ejemplo, con el uso de las picanas eléctricas que se empleaban en la ganadería.
–Ya fuera a la francesa o a la criolla, la tortura se practicó de modo sistemático...

–Hicimos todo lo que no está incluido en la Convención de Ginebra. Pero en este momento yo no puedo decirlo.
–¿Espera usted ganar algo callando hechos probados?

–No. No me valdría de nada. La Perla no era precisamente un jardín de infantes. Y, por eso, nos están juzgando. Pero no me pida que yo, que era un oscuro teniente primero, diga lo que deberían decir mis superiores. Me encantaría contar todo lo que sé, pero mis superiores no quieren hablar y la suerte de mis subalternos dependen de lo que yo diga.
–Nadie habla. Se ha detenido, juzgado y condenado a numerosos responsables de la represión y seguimos sin tener informaciones precisas sobre la suerte de cerca de 30.000 desaparecidos bajo la dictadura.

–Sí. Fíjese que ya han fallecido entre rejas 223 prisioneros por crímenes de lesa humanidad. Pero tampoco fueron 30.000 los desaparecidos, sino siete mil y pico. En Córdoba, los archivos de la Memoria Histórica hablan de un millar de víctimas, entre muertos, presos y desaparecidos. Un día le pregunté a la secretaria del juzgado cuántas desapariciones estaban registradas desde un punto de vista judicial y me respondió que unas 400, incluyendo alguna de la época de Lanusse, desde 1971. Y eso que Córdoba era un foco revolucionario importante.
–¿No llevaban ustedes un registro de los detenidos?

–Sí, naturalmente. Teníamos todo perfectamente detallado, con datos de los prisioneros que pasaron por La Perla. Pero esos archivos ya no existen. Y nosotros somos quienes más lamentamos su pérdida. Porque si hubiera documentos oficiales servirían para establecer la verdad histórica de lo que ocurrió.
–¿Qué pasó con toda la documentación militar?

–El general (Cristino) Nicolaides ordenó destruirla, incinerándola. Yo maldigo esa orden, que bajó desde el alto mando hasta los últimos destacamentos.
–Además de los datos personales de los detenidos, ¿figuraba en los registros el destino final de cada uno de ellos?

–Sí. Se consignaba cuando eran “trasladados”.
–Querrá usted decir asesinados. “Trasladados” es el más siniestro de los eufemismos militares.

–La palabra “trasladados” tenía un significado amplio. Puede ser que fuesen ejecutados. Los “traslados” los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones. Pero de eso tampoco quiero hablar hasta que acabe el juicio.
–¿Cómo se decidía la muerte y la desaparición de un detenido?

–Eso pregúnteselo usted a mi comandante en jefe, el general (Luciano Benjamín) Menéndez.
–Hay numerosos testimonios de su actividad como torturador.

–No quiero entrar en detalles sobre lo que ocurrió. Pero me responsabilizo de cuanto hicieron o dejaron de hacer mis subalternos, incluyendo los interrogatorios con métodos no ortodoxos.
–¿Eso incluye violaciones de detenidas?

–Eso no. Se lo aseguro desde el fondo de mi alma. Al menos, que yo lo supiera. Pero hay que poner las cosas en su lugar. Sí que hubo algunas relaciones sexuales (...).
–Los interrogadores de La Perla, ¿podían hacer lo que quisieran con los detenidos?

–Nuestras órdenes eran obtener información como fuera.
–¿No les pedían cuentas de los daños que causaran?

–No hacía falta. Los altos mandos concurrían constantemente a La Perla y sabían perfectamente lo que pasaba allí. Tampoco podíamos pedir por favor a los prisioneros que hablaran.
–¿Se considera usted un mero instrumento de represión?

–Lo fui, desde un punto de vista militar. Yo era un hombre de ejército, preparado para cualquier eventualidad. He explicado al tribunal cómo piensa y siente una persona formada con el objetivo fundamental de cumplir órdenes. Nos preparan para matar y para morir. Y nos sacan a la calle para eso, no para otra cosa. Nuestra conducta está condicionada para eso. Mire, al piloto que arrojó la bomba atómica lo recibieron como un héroe, conscientes de las miles de personas que había matado. Y nosotros somos considerados unos asesinos.
–¿No se arrepiente de nada de lo que hizo?

–Hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido. Pero hoy no volvería a hacerlo. Porque yo era un hombre de paz, estaba en contra del golpe de Estado y tuve que violentar mi posición política. En el ’77 ya decíamos, en panfletos militares de circulación interna, que corríamos el riesgo de que un día hubiera juicios como el de Nuremberg. Pero ahora no se puede entender lo que entonces vivimos, con el idealismo de los veinte años y la adrenalina cotidiana, cuando uno salía de casa cada día esperando que la guerrilla lo matara. Yo tuve que pelear. Y lo hice convencido, para impedir que Argentina se convirtiera en otra Cuba.
–¿Nunca se planteó que los métodos criminales del terrorismo de Estado no eran válidos?

–La incompetencia de nuestros mandos militares, de quienes tomaron las decisiones, era muy grande. Algunos comprendimos que era una barbaridad hacer todo de forma irregular. No tendría que haber desaparecidos, sino fusilados después de haber sido juzgados en consejos de guerra y condenados a muerte. No todos, sino quienes lo merecieran. Eso es lo que habría querido hacer el general Menéndez.

Durante el juicio, Barreiro admitió que solía tumbarse al lado de la detenida Graciela Soldan para mantener largas conversaciones. Varios testigos contaron que ella no quería morir con los ojos tapados y que Barreiro no sólo le había prometido quitarle la venda cuando la fusilaran sino que intentaría ser quien la matara. Pero el día que “trasladaron” a Graciela, el ex teniente se ausentó. Y ella le dejó un recado a gritos: “Díganle a Barreiro que es un cagón”.
–¿Es verdad eso?

–No. Sólo es folclore político, una leyenda. Nunca le prometí nada. Y tampoco habría podido hacer eso que dicen, porque excedía mi poder.
–Oficialmente, usted es católico. ¿Cree en Dios?

–Soy creyente, pero no practicante.
–¿Duerme usted bien?

–Como los dioses. Porque a mis 66 años, ya veo la vida de otra manera. Y me queda poco por hacer.
–Tiene cinco hijos...

–Sí. El mayor, de 42 años, y el menor, de 34.
–¿Sus hijos le han juzgado?

–Creo que no. Yo no pretendí formarlos ideológicamente y siempre fui muy liberal con ellos. Pienso que fui un buen padre. Y mantenemos una buena relación. Hay uno que no convalida mi pasado, pero tampoco puede ir en contra de su propia sangre. También tengo una esposa excepcional, comprensiva y luchadora.
–¿Es usted consciente de que no volverá a pisar la calle en libertad?

–Sí. Lo pienso constantemente. Pero Dios proveerá. Mi ánimo no cambia.

Barreiro está acusado de 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 casos de tormentos agravados y 13 de tormentos seguidos de muerte, 65 homicidios calificados y el secuestro de un menor de 10 años. En 1987 fue uno de los cabecillas del alzamiento carapintada, que se inició luego de que él se negara a presentarse ante la Justicia alegando obediencia debida. Luego de la anulación de las leyes de impunidad, se fugó a los Estados Unidos, de donde fue extraditado en 2007.

Megacausa La Perla : más testimonios sobre la represión

Los testigos aportaron evidencia sobre la represión a los militantes populares y revolucionarios desde el “Navarrazo”, en febrero de 1974. Carlos Orzaocoa reclamó que se investigue la apropiación del bebé que habría tenido su esposa antes de ser asesinada.

Por Alexis Oliva

En el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de La Perla y la Ribera, el testigo Hugo Mansilla dio cuenta de la persecución que se desató tras el golpe de Estado policial del 27 de febrero de 1974 y la intervención federal a Córdoba, contra los empleados públicos provinciales que tenían militancia sindical y estaban identificados con el gobierno popular de Ricardo Obregón Cano y Atilio López.

Era “un grupo de 25 compañeros” que había ingresado en junio de 1973, luego de que la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) asumiera la Gobernación. Algunos habían participado en el Cordobazo y sufrido luego la cárcel, la persecución política o el despido. Como Hugo Estanislao Ochoa, “un viejo militante de gran prestigio en el área metalúrgica”, que trabajaba y era delegado en la Secretaría de Transporte; o Roberto Yornet, quien se desempeñaba como “inspector de control de precios” en la Secretaría de Comercio, donde Mansilla era delegado.

Con la intervención, “entró una gran patota armada” que inició “una decidida campaña de hostigamiento” contra el personal que había sido designado por decreto de Obregón Cano y López. “Con el solo nombre de quién te hizo entrar ya estabas sentenciado”, aseguró el testigo. Y no exageraba, ya que Ochoa fue secuestrado y desaparecido el 12 de noviembre del ‘75 y Yornet el 23 de julio del ‘76.

“Tuvimos muchos secuestrados”, dijo Mansilla antes de relatar que él también padeció esa experiencia, días después de ser cesanteado por las autoridades militares con el grupo de “perturbadores en potencia”. Paradójicamente, en la madrugada del 1º de mayo del ‘76 un grupo del Ejército tomó por asalto su casa y se lo llevó atado y vendado. Tras mantenerlo diez días cautivo en el campo de La Ribera, lo liberaron con una advertencia: “El que vuelve acá no cuenta el cuento”.

A continuación, declaró Andrés Antonio Maorenzic, hijo de Graciela del Valle Maorenzic y Antonio del Carmen Fernández, el legendario dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ejecutado por el Ejército en Catamarca, el 12 de agosto de 1974. “Mi papá fue con un operativo que hace el ERP para recuperar armas como autodefensa, en lo que hoy es conocido como la masacre de Capilla del Rosario. Ahí lo fusilan a mi papá y otros quince compañeros más”, relató el testigo.

Sobre el destino de su madre, también militante del PRT-ERP y víctima de la megacausa, refirió que fue secuestrada, con María de las Mercedes Gómez de Orzaocoa, por el Comando Libertadores de América (CLA) -versión cordobesa de la Triple A-, el 21 de marzo del ‘75. Meses después, el comando ultraderechista “reivindicó el fusilamiento” de las militantes, en un volante que fue difundido por Canal 12. “Estaba marcado el apellido”, expresó Maorenzic antes de contar que también fueron apresados dos hermanos de su madre.

Por último, Carlos Orzaocoa testificó sobre la desaparición de su esposa María de las Mercedes, embarazada de siete meses. Abogado y ex miembro del PRT-ERP, el testigo relató que hasta esa fecha, cuando había una detención se esperaba “7 u 8 días hasta que un detenido se blanqueara. Era torturado y golpeado por la Policía, pero blanqueado. Se tenía noticia de él, se le podía acercar alimentos y ropa y designarle abogado. Lo trágico para mí y otros compañeros es que pasaron 7, 8 y más días y no blanqueaban ni a Mercedes ni a Graciela. La palabra desaparecido no estaba aún en nuestro léxico”.

El testigo siempre tuvo la convicción de que su esposa había alcanzado a dar a luz antes de ser asesinada. Su hija Mariana, quien al momento de la desaparición de su madre tenía dos años y “siempre ha buscado a su hermano o hermana”, se comunicó con Charlie Moore, un ex militante del PRT-ERP que estuvo prisionero en el Departamento de Informaciones D2 y vive en Inglaterra, quien había dado una entrevista al diario La Voz del Interior.

Al solicitarle información sobre el destino de su madre, Mariana Orzaocoa recibió un mail de Moore con una descripción de una prisionera embarazada que vio en el D2 alrededor del 25 de marzo del ‘75: “Era de baja estatura, tez muy pero muy blanca, no necesariamente pálida, de cachetes bien redonditos y cabello negro brilloso similar al de una china compañera criolla de las sierras. Los ojos eran bien oscuros y me dio la impresión de que no eran chicos, juzgando en comparación a la fisionomía de la cara. Tu mamá era de patas cortas y cadera ancha, quizás por el avanzado estado del embarazo”.

Tras citar esa descripción y aludir al lapso transcurrido entre el secuestro de Gómez y Maorenzik y la aparición del volante donde el CLA se atribuye el doble asesinato, Orzaocoa se dirigió al Tribunal: “Voy a solicitar que se investigue muy especialmente la situación de apropiación de mi hijo o hija, para que con el esfuerzo del Estado, de las Abuelas de Plaza de Mayo y el que vamos a poner nosotros y mi familia, podamos encontrarlo”.

Salvajismo de la represión previa al golpe militar en Córdoba

Mario Ferrero y Gonzalo Vaca Narvaja, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, dieron cuenta del salvajismo de la represión previa al golpe militar en Córdoba.

En la audiencia 90 del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo del Tercer Cuerpo de Ejército, atestiguó Mario Roberto Ferrero, hermano de José Miguel Ferrero, secuestrado en la zona de Ferreyra el 18 de octubre de 1975, junto con los hermanos Oscar Domingo y Juan José Chabrol, con quienes militaba en la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

A pesar de que aún existía un gobierno constitucional, la detención de los jóvenes no fue reconocida por ninguna fuerza de seguridad y Ferrero junto a Pablo Chabrol, padre de Oscar y Juan, asumieron la “dolorosa tarea” de visitar la morgue. “Conocíamos que había asesinatos y enfrentamientos fraguados donde pensábamos que podían aparecer los cadáveres de nuestros hermanos y amigos. Ver ahí personas mutiladas y desfiguradas fue muy terrible para mí. Los recuerdos duelen mucho”, dijo el testigo con la voz quebrada.

“Pasaron los días y alguien en la morgue nos dijo que no fuéramos más, que corríamos peligro, que nos iban a agarrar a nosotros también. Yo cuando me di cuenta que los chicos estaban muertos y que nuestras vidas corrían el mismo peligro, tomé la decisión de irme a trabajar al norte del país”, añadió.

Alrededor de veinte días después del secuestro, un comunicado de la banda ultraderechista Comando Libertadores de América, publicado en el diario La Voz del Interior, asumía que “los chicos habían sido ejecutados”, recordó Ferrero.

“Voy a mirar a las personas sentadas en el banquillo de los acusados –manifestó al terminar su declaración-, para pedirles que si les queda un resto de humanidad digan dónde están los restos de los familiares y digan donde están los nietos. Las abuelas tienen poco tiempo ya y necesitan encontrar sus nietos”.

Por su parte, Gonzalo Vaca Narvaja (foto), hijo del abogado y político Miguel Hugo Vaca Narvaja, secuestrado el 10 de marzo de 1976, relató que estando con sus padres en su casa de Villa Warcalde irrumpió “una horda de sujetos con armas de todo tipo”, que bajo amenazas y luego de saquear los objetos de valor se llevó al jefe de la familia.

En los días siguientes, la familia presentó habeas corpus y recurrió en vano al cardenal Raúl Primatesta, al dirigente radical Eduardo César Angeloz y al ex presidente Arturo Frondizi, quien les explicó que la situación estaba “muy difícil” y les sugirió “buscar una embajada para refugiarse en otro país”.

“Había un peligro inminente para toda la familia. Siguiendo con lo que habían hecho con los Pujadas (asesinados el 14 de agosto del 75), había una posibilidad cierta de que no quedara un Vaca Narvaja vivo en Córdoba”, explicó el testigo, antes de narrar lo que definió como “el asalto al consulado de México”, donde los “trece chicos y trece adultos” que integraban la familia acudieron en busca de asilo político el 23 de marzo del ‘76, en vísperas del golpe militar.

El 12 de agosto de 1976, Miguel Hugo (hijo), hermano mayor del testigo, fue sacado de la cárcel de San Martín y fusilado en un descampado junto a otros dos presos políticos, asesinato del que los Vaca Narvaja se enteraron durante su exilio en Mexico.

Al destino de su padre lo conocieron recién en 1985, cuando ya de regreso una abogada los citó para relatarles el hallazgo de los hermanos Carlos y Hugo Albrieu en abril del ‘76: “Mientras caminaban frente a las vías en la calle Liniers, se dan con una bolsa de polietileno, de la cual emerge una cabeza humana, que tenía un orificio en el ojo y daba más o menos entre 50 y 60 años. Llaman a la Comisaría 7ª, peritan, toman fotografías, se llevan la cabeza y nunca los llaman a declarar”. Tiempo después, al gestionar un certificado de domicilio, un policía les dijo:

-Ah, la (casa) de la cabeza…
-¿De quién era la cabeza?
-De Vaca Narvaja.

Luego de citar ese diálogo, el testigo reflexionó: “No hay una palabra para determinar en qué categoría poner a estos tipos. Yo soy editor y necesito una palabra para designarlos, pero no la he encontrado”.

Megacausa La Perla: “Nos deben 13.058 días de mi hermana”

Paula Mónaco Felipe y su tía Liliana Felipe atestiguaron la “calidad y cantidad” del daño que el terrorismo de Estado ocasionó a su familia, con la desaparición de Luis Mónaco y Ester Felipe. El rol encubridor de la Iglesia y el Poder Judicial.

Por Alexis Oliva

Cuando sus padres desaparecieron, Paula tenía 25 días de vida. Aquella madrugada del 11 de febrero de 1978 Luis Carlos Mónaco fue secuestrado de su departamento en Villa María, al mismo tiempo que su esposa Ester Silvia Felipe era arrancada de la casa de sus padres mientras hacía dormir a la beba. Él era periodista y camarógrafo; ella, estudiante de Psicología y trabajadora de la salud. Ambos militaban en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

A sus 36 años, Paula Mónaco Felipe, periodista residente en México, militante de H.I.J.O.S. y querellante en el juicio La Perla-La Ribera, comenzó ayer su testimonio frente al Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba explicando la calidad de la deuda que los acusados mantienen con ella: “Estas personas me deben una vida con mis padres, la alegría de jugar con ellos, un abuelo y una abuela para mi hijo… Tengo un hueco en mi vida”.

Luego del secuestro, la familia Felipe inició una infructuosa búsqueda del joven matrimonio, que incluyó denuncias en la Policía, recursos de habeas corpus ante el Juzgado Federal de Bell Ville y hasta una entrevista con el teniente coronel Mario Norberto Fornaris, director de la fábrica de pólvora de Villa María, quien afirmó que “seguro fue un ajuste de cuentas”. La misma respuesta obtuvieron del Arzobispo de Córdoba: “El cardenal Raúl Primatesta los recibió y les contestó: ‘Quizás fue un ajuste de cuentas o quizás se quisieron borrar’. La Iglesia debe ayudar a la gente, y él les dijo que recen”, relató la testigo.

“Mi familia también fue torturada con la extorsión”, recordó Paula antes de detallar una serie de llamados y visitas de personajes que aseguraban que sus padres estaban vivos y ofrecían datos falsos sobre su paradero, hasta que a través de sobrevivientes de La Perla pudieron saber que allí estuvieron cautivos y luego fueron asesinados. “Desde la desaparición de mi madre, mi abuela comenzó a marchitarse. Se enfermó y comenzó a sufrir asma; y cuando se conoció que estuvo en La Perla, se murió de tristeza”, expresó.

“Hoy me sorprende estar acá y es un privilegio, pero en este edificio protestábamos en la puerta. Acá vimos cómo, por el mismo túnel que hoy me entraron a mí para declarar, antes lo sacaban escondido a (Luciano Benjamín) Menéndez. Que esta institución hoy nos abra las puertas no solo es un logro de nuestra lucha, sino de un gobierno decidido. Estoy contenta de que se dé este ejercicio de civilidad y ellos sean juzgados, pero les recuerdo que mis padres siguen desaparecidos. Entonces, señores jueces, les exijo que los sigan buscando”, planteó al finalizar el testimonio.

La cifra de la ausencia

Compositora e intérprete de música popular, Liliana Felipe ingresó a la sala con un retrato de su hermana desaparecida. “No pude encontrar la foto más chica”, se excusó con picardía, antes de desplegar la gigantografía de metro y medio de lado y plantarla frente a los imputados: “¿Se acuerdan?”, les dijo. Del otro lado, sólo hubo silencio.

Acorde al tamaño de la imagen es la dimensión de la deuda, que en su caso se ocupó de cuantificar: “Me deben 13.058 días de la vida de mi hermana. A mí, a Paula, a los familiares y amigos, y al pueblo argentino”.

Sobre el destino de Ester y Luis, refirió que en 1985 pudo contactarse en España con la sobreviviente Liliana Callizo: “Me comentó que había visto a mi hermana Ester y a Luis en el campo de concentración de La Perla, que tenían una foto de un bebé y los habían trasladado a la semana de estar ahí. Ester no estaba bien, porque había tenido un parto muy difícil. Ella se acordaba de Ester con la blusa manchada por la leche que en ese tiempo le salía”.

Luego de que la testigo narrara cómo lo que en enero de 1976 comenzó como gira artística, luego del golpe de Estado se convirtió en su exilio en México, uno de los abogados defensores le preguntó si ella “había militado en la Argentina”. “Militaba estudiando piano. Toda mi vida he estado sentada al piano. Pero si volviera a vivir, sí militaría”, respondió Liliana, antes de retirarse despedida por el mismo sonido con que terminan sus actuaciones

Testimonios sobre secuestros de militantes de Federación Juvenil Comunista en septiembre 1978

Se sumaron testimonios sobre los secuestros de un grupo de militantes de la Federación Juvenil y el Partido Comunista, en septiembre de 1976.

Por Alexis Oliva - (El Argentino, edición Córdoba)

En el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba declaró Sergio Kogan, hermano mellizo de Hugo, secuestrado el 22 de septiembre de 1976. El testigo relató que esa madrugada entraron a su casa de Alta Córdoba “siete u ocho hombres de civil y armados”, que preguntaron por su hermano. “Yo les dije que podría estar festejando, porque era el Día de la Primavera. Revisaron la casa y arriba del televisor había una tarjeta de saludo del Año Nuevo judío. La miraron, le preguntaron a mi madre qué era y dijeron: ‘Ah, estos son judíos’”, relató Sergio.

Cuando un rato después llegó Hugo, “lo identificaron y se lo llevaron”. Ese mismo día la familia comenzó una larga búsqueda, que incluyó gestiones ante las policías provincial y federal y el Ministerio del Interior, numerosos recursos de habeas corpus presentados ante la Justicia Federal y notas a organismos internacionales de derechos humanos.

Una de esas “infinitas gestiones” fue una carta enviada por su madre el 12 de octubre del 76 al entonces general Luciano Benjamín Menéndez, que en la audiencia Kogan leyó emocionado: “Ruego a usted, en su carácter de comandante del Tercer Cuerpo, me informe si (su hijo Hugo Kogan) se halla a disposición de ese comando, ya que desconozco totalmente su paradero. (…) Quiero dejar constancia que mi hijo pertenece a la Federación Juvenil Comunista, por lo tanto su actividad siempre ha sido pública. (…) Recurro a usted porque seguramente es la persona indicada para decirme dónde está mi hijo. (…) Lo estoy haciendo como una madre desesperada, que no tiene a quien recurrir. Sea quien sea el que se ha llevado a mi hijo, se trata de un acto cruel e inhumano, que priva a la familia de una noticia sobre un ser querido. Por qué castigar así a alguien que sólo tiene ideales y lucha por ellos sin sangre y sin muerte”.

La respuesta fue una escueta nota firmada por el teniente coronel Miguel Raúl Gentili: “El Ejército Argentino no hace procedimientos de civil, por lo que este comando desconoce la situación de su hijo, ya que no se encuentra detenido o alojado en ninguna unidad carcelaria de su jurisdicción”. “Mi madre falleció en el 2003 y nunca pudo hablar con nadie que le diga un dato concreto de Hugo”, concluyó Kogan.

A continuación declaró Eduardo Di Mauro, apresado el 4 de octubre del 76 y trasladado a la Perla: “Así que sos Di Mauro, de los famosos Di Mauro que andan haciendo la revolución por la Patagonia. Vos debés tener mucho que contar”, le dijeron sus captores. Se referían a los mellizos Di Mauro, padre y tío del testigo, militantes comunistas y titiriteros. El testigo refirió que estuvo detenido durante 14 horas en La Perla, donde pudo ver con vida a Enrique “Huevo” Guillén, su compañero de la Facultad de Filosofía, quien está desaparecido.

Luego testificó Raquel Sosa, esposa de Raúl Horacio Trigo, conocido militante de la juventud y el Partido Comunista (PC), secuestrado el 20 de junio del 76 luego de que un comando del Ejército acribillara el frente del edificio donde ambos vivían, en barrio Pueyrredón. Allí mataron a una mujer que desde un piso superior al suyo les gritaba: “¡Asesinos y lacayos a sueldo!”, y luego allanaron su departamento, de donde “arrancaron” a su marido.

Fue el primero de una serie de secuestros de miembros de la FJC y el PC, que incluyó a Rubén Goldman, Hugo Kogan, David Yaco Pérez; David Kolman, su esposa Eva Wainstein y su hija Marina Kolman, y el matrimonio de Enrique Guillén y Mónica Protti. “Parece que particularmente se ensañaban con la gente del partido en primavera, porque para la misma época del ‘77 y el ‘78 vuelven a caer otros grupos”, reflexionó la testigo.

Retazos de memoria

La última testigo en prestar declaración en la audiencia 79 de la megacausa, fue Stella Maris Molina, quien militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y estuvo detenida en los campos de La Perla y La Ribera, en las cárceles cordobesas del Buen Pastor y barrio San Martín, y en la prisión de Villa Devoto, en Capital Federal.

Al momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Stella Maris cursaba cuarto año del secundario, en el colegio Manuel Belgrano. La persecución del régimen militar a los miembros de la UES la obligó a ella y su familia a mudarse en numerosas ocasiones, hasta que el 31 de diciembre del '76 fue secuestrada en barrio Empalme por una “patota” del Ejército que la introdujo en el baúl de un auto para llevarla a La Perla.

Allí, luego de interrogarla y someterla a una golpiza, le mostraron a un joven prisionero: “Trajeron a un compañero entre dos gendarmes o personal del ejército, y cuando lo vi pensé: ‘Ah, Federico’. Reconocí al compañero que traían. En ese momento sentí un fuerte enojo, porque él había dicho mi nombre y yo estaba ahí. Entonces él se baja los pantalones y me muestra cómo lo habían picaneado en los genitales. Entonces, yo pensé: ‘Qué estoy haciendo’, me acerqué, lo abracé y le dije: ‘No me pidas perdón, soy yo quien tiene que pedirte disculpas... Nosotros no somos culpables de nada’. Fue la última vez que lo vi”.

Muchos años después, su trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria le permitió conocer que el verdadero nombre de aquel joven era Antonio Ramírez, quien continúa desaparecido. “Han pasado muchísimos años y uno tiene retazos de memoria que permitieron ponerle nombre a muchos compañeros –dijo Molina sobre el final de su testimonio-. Mi profundo reconocimiento a los organismos de derechos humanos. Hoy es 18 de septiembre y se cumplen siete años de la desaparición de Julio López. Gracias por permitirme poner en palabras lo que durante tantos años no teníamos dónde decir”.

La infinita búsqueda de Alejandra Jaimovich

Sus hermanos Adriana y Oscar Jaimovich y su compañera de militancia Estela Moyano testificaron sobre el secuestro y asesinato de la joven militante de la Juventud Guevarista.

Por Alexis Oliva
(El Argentino, edición Córdoba)

Sobre la desaparición de Alejandra Jaimovich, militante de la Juventud Guevarista, secuestrada el 1º de junio de 1976 a sus 17 años, declararon tres testigos en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros de detención del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura.

En primer lugar, Estela Moyano relató que con su hermana mayor Nora y Jaimovich comenzaron a militar en 1974 en la corriente juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y desde días después del golpe de Estado del 24 de marzo del ‘76 Alejandra se hospedaba en su casa. “Un día, Alejandra se va, con la idea de volver. Uno ya empezaba que habían puesto preso a un amigo, que otro había desaparecido…”, narró la testigo. El 1º de junio, la joven retornó a buscar unas pertenencias a la casa de sus compañeras, donde la esperaba un grupo del Ejército que la secuestró junto con Nora.

Ambas fueron llevadas al Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba. Tres días después, Nora fue liberada, por el insistente reclamo de su familia. Pero Alejandra fue trasladada a la “escuelita” de Pilar, donde padeció torturas y vejámenes, y luego al campo de La Perla. Allí fue vista por los sobrevivientes Graciela Geuna y Piero Di Monte, quienes luego ayudarían a la familia Jaimovich a reconstruir el destino de Alejandra, asesinada en un “traslado” treinta días después de su detención.

Según relató Adriana Jaimovich en la audiencia de ayer, el 25 de mayo del ‘76 una “patota” militar había asaltado la casa familiar buscando a su hermana. “Decime dónde está tu hija, porque si no la vamos a matar”, amenazó a su padre quien comandaba el grupo. A principios de junio, en el velorio de Adriana Ruth Gelbspan -otra militante asesinada en un fraguado enfrentamiento con la Policía- le dijeron a Luis Jaimovich que su hija había sido apresada y estuvo en el D2. A su vez, su esposa Elena se contactó con la familia Moyano, que le confirmó la versión. Entonces comenzó una búsqueda tan larga como infructuosa.

“Mis padres eran escribanos muy conocidos en la ciudad –refirió Adriana-, y se acercó mucha gente ofreciéndoles información, a veces con dinero, a veces sin dinero. Le decían: ‘La pasaron a tal parte… La llevaron a Buenos Aires…’. Era una forma de tener a mis padres aterrados y sin hacer demasiado, porque la base de eso era: ‘No hagan ruido, porque si hacen ruido la van a matar’. Hoy sabemos cuán poco tiempo estuvo Alejandra en La Perla y nos damos cuenta de la gran extorsión y mentira en que tuvieron a mis padres encerrados”.

Por su parte, Oscar Ezequiel Jaimovich refirió que tras el secuestro de su hermana menor, él y Adriana se exiliaron en Israel, pero sus padres se negaban a abandonar el país. “Mi mamá no quería dejar la casa, porque decía que Alejandra iba a llamar en cualquier momento”, recordó. Mientras que a su padre “había gente que le decía que Alejandra estaba viva, lo que lo paralizaba y no le permitía hacer su lucha pública y directa”.

Hacia 1978, convencieron a sus padres de que se trasladaran a Israel, donde formaron la Comisión de Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado de Argentina. Desde allí, intentaron que el gobierno ese país presionara al argentino para que diera información, pero “las respuestas fueron vagas”. Incluso, a fines de los ‘70 realizaron gestiones a través del ex primer ministro Golda Meir y su sucesor Yitzhak Rabin, también sin resultados.

En 1980, a través de Amnesty internacional el matrimonio tomó contacto con la sobreviviente Geuna, a quien visitaron en Suiza. Ella les contó que a su hija “la vio en La Perla, estuvo unos días acostada a su lado en la colchoneta, y luego fue trasladada”. Los represores le dijeron que la llevaban al Buen Pastor, pero cuando tiempo después Geuna les preguntó por Alejandra, le respondieron: “¿No te das cuenta que la hemos liquidado?”. (Al declarar el 1 de agosto pasado, Geuna recordó ese diálogo, mantenido con el actual imputado Luis Alberto Cayetano Quijano).

Desde entonces, los Jaimovich tuvieron “una percepción clara de que Alejandra no iba a volver, que cambió también su forma de lucha. A partir de ahí, ya pudo hacerse una denuncia abierta”, explicó Oscar. Sobre ese momento, su hermana Adriana rememoró: “El encuentro con Graciela produjo en la familia un cambio, porque ya no fue buscarla, sino exigir justicia. Y mi padre se dedicó a trabajar con la esperanza de llegar a este juicio”.

No pudieron, porque Elena falleció en 1998 y Luis en 2008. Pero sus hijos viajaron desde Israel para contar ayer su trágica historia, frente a un tribunal de la democracia. “Hemos venido desde lejos, mi hermano y yo, a dar nuestro testimonio, porque creemos que es nuestra obligación cívica y moral, pero también venimos en representación de nuestros padres, Luis y Elena, que hubieran querido estar y no están”, fueron las palabras con que Adriana les rindió un merecido homenaje.

Megacausa La Perla: “Hay treinta mil personas que la pasaron peor que yo”

Desde España, el testigo Marcelo Britos relató cómo la Policía lo secuestró junto con otros tres adolescentes militantes de la Juventud Guevarista. Una de ellas, fue vista en el campo La Perla y asesinada en un operativo “ventilador”.

Por Alexis Oliva
(El Argentino, edición Córdoba)

Desde el consulado argentino en Madrid, el testigo Marcelo Raúl Britos declaró en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la última dictadura. “Yo comencé a militar en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) buscando que la sociedad sea más justa, se distribuyesen mejor las riquezas y no hubiese más pobres. Bueno... ideales de un chico. Justamente, hoy (por ayer) 11 de septiembre, del '73, con el golpe de Pinochet nos fuimos del colegio todos a la CGT, en la Vélez Sarsfield, porque queríamos defender la democracia en Chile. Yo tenía 14 años, pero veía que era algo negativo el golpe de Estado en Chile”, expresó al comenzar su relato por teleconferencia ante el Tribunal Oral Federal Nº 1.

El testigo contó que en 1975 se enroló en la Juventud Guevarista (JG), en la que comenzó a “leer cosas del marxismo”, hasta que desde antes del golpe del 24 de marzo del ‘76 los reiterados secuestros entre sus militantes los obligaron a refugiase en la clandestinidad. Ya en plena dictadura, en vísperas del 29 de mayo, su grupo de la JG se propuso conmemorar el aniversario del Cordobazo: “El acto era ir a la concesionaria de automotores en la calle La Tablada e intentar incendiar unos coches en el taller para distraer, porque el objetivo era ir a donde estaban los documentos, los pagarés, porque decíamos que era injusto que a la gente humilde le vendieran un coche y después estaba toda la vida pagándolo. Queríamos llegar a esos papeles y quemarlos, era nuestra forma de lucha”.

Pero la acción salió mal. Britos, con 16 años, y otros tres jóvenes de entre 14 y 17, fueron capturados por la policía y subidos a dos móviles que se dirigieron a un descampado. “Nos bajaron a empujones y tirones, insultándonos, pateándonos la cabeza –narró el testigo-. Yo escuché un disparo y uno que dijo: ‘Una menos’. Por supuesto que me asusté. Se escuchaba la radio: ‘¡Paren! ¡Paren! No hagan nada, que ya hicieron la denuncia’”.

Luego de ese fusilamiento simulado o fallido, los llevaron al Departamento de Informaciones D2 de la Policía donde fueron sometidos a torturas. “Al margen de la mojarrita, golpes, teléfono, que te golpeaban desde atrás con las manos los oídos y te dejaban sordo, de las vejaciones, de tirarnos en un patio cuando estaba lloviendo, que te caminaran por encima con los borceguíes, el único nombre que hasta hoy me da pánico es el del Gato. ‘Cuidado cuando venga el Gato’, decían. Se ensañaba conmigo, me pateaba hasta que uno le decía: ‘¡Pará, Gato, pará! No sé quién era”, relató Britos. Como se sabe, el apodo y la actitud corresponden al imputado ex sargento Miguel Ángel Gómez.

A una de las militantes que fue secuestrada con él, el testigo la conocía como Patricia. Recién en febrero de este año, en una visita al Archivo Provincial de la Memoria (que funciona en el ex D2) pudo conocer su verdadero nombre: Adriana Ruth Gelbspan, a quien vieron en el campo de concentración de La Perla y fue una de las ocho víctimas de un operativo “ventilador” (fusilamiento colectivo) perpetrado en Ascochinga el 1º de junio del ‘76, en el que según la fiscalía participaron varios de los acusados de este juicio.

Tras soportar en el D2 “los peores once días” de su vida, Britos fue recluido en la cárcel de barrio San Martín. En el ‘78, fue trasladado al penal bonaerense de Sierra Chica, donde recién fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El 3 de septiembre de 1979 recuperó la libertad, vivió un tiempo en la casa de sus padres y luego se exilió en España. “Desde que me vine a vivir aquí, no le dije esto a nadie, ni a mi madre, porque hasta actualmente tengo miedo. Pero hay treinta mil personas que la pasaron peor que yo y los que perdieron a su familia y todo. Gracias por permitirme decir la verdad, por mantener la memoria de mis amigos y por intentar hacer justicia”, manifestó el testigo.