Abogado de represores protagoniza escándalo para obstaculizar

Un abogado de represores levantó una pancarta en la que se leía "Miserable y basura, pero no coimero", leyenda destinada al presidente del tribunal. Esto derivó en su arresto y la suspensión de la audiencia.

El abogado Jorge Agüero, defensor de cuatro represores en la megacausa por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Perla, provocó hoy un escándalo que derivó en su arresto y la suspensión del juicio oral, luego de levantar una pancarta en la que se leía "Miserable y basura, pero no coimero".

El destinatario de la leyenda era el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, quien, indignado, pidió a la Policía que retirara la pancarta y de inmediato anunció la suspensión de la audiencia a fin de deliberar qué sanción se aplicará al abogado. Más tarde, se supo que Agüero terminó bajo arresto por "perturbar el orden" en la audiencia y fue llevado a la alcaidía de Tribunales, donde fue informado que se le iniciaba una causa penal que investigará el juez Alejandro Sánchez Freytez.

No es la primera vez que el abogado termina detenido: en 1994 Agüero había sido condenado a cuatro años de cárcel por ser responsable de homicidio en grado de tentativa y abuso de arma, según se informó.

"Esta conducta del defensor Agüero de desplegar un cartel, no guarda directa relación con el ejercicio de defensa de sus asistidos y tiene como única finalidad perturbar el orden en la audiencia en un tribunal de justicia, conducta reprimida en el artículo 241 del Código Procesal Penal de la Nación", sostuvo el tribunal.

Ahora, el juicio -que había comenzado en diciembre último- se reanudará la semana próxima, el 27 de febrero, cuando los cuatro imputados que eran representados por el letrado expulsado -César Pasquini, Juan Eusebio Vega, José Hugo Herrera y Luis Alberto Manzanelli- nombren a nuevo defensor.

El escándalo que se desató hoy en el juicio oral que se sustancia por los crímenes ocurridos en el centro clandestina La Perla tuvieron su inicio en una audiencia previa.

Es que el abogado Agüero cuestionó la imparcialidad de Díaz Gavier y directamente planteó que el magistrado había cobrado una coima en el primer juicio realizado en la provincia por delitos de lesa humanidad, llamado "causa Brandalisis".

Luego de la acusación, el presidente del tribunal declaró públicamente que no iba a contestar "las patrañas miserables" de Agüero y que añadió que prefería dejar "que la basura se revuelque en la basura".

Hoy, entonces, la décima audiencia del juicio oral y público de la megacausa La Perla comenzó esta mañana en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, pero fue rápidamente suspendida.

Fue cuando la pancarta del abogado diciendo "Miserable y basura, pero no coimero" colmaron la paciencia del presidente del tribunal.

La causa tiene como principal imputado al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y tiene otros 44 acusados, por hechos descriptos en 16 causas acumuladas, en donde se analizan las muertes, desapariciones, torturas y vejámenes cometidos contra 417 personas.

De esas victimas, unas 162 sobrevivieron y darán testimonio a lo largo del debate oral y público que, se estima duraría hasta fines de este año. Los delitos que se juzgan son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.

Octava audiencia del juicio por la megacausa La Perla

La sala vacía de genocidas imputados

 

El Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) abrió la octava audiencia por delitos de lesa humanidad, en el que se juzgan a 45 imputados, entre los que se destaca el represor Luciano Benjamín Menéndez.

En una breve audiencia, en la que no estuvieron presentes los imputados, el TOF1 comunicó a las partes, sobre la resolución del planteo de la fiscalía, para que se resuelva la situación de los imputados, Mirta "Cuca" Antón; Miguel Angel "Gato" Gómez; Jorge Omar Heredia y Francisco Melfi, por su vinculación a tres hechos.

Según lo planteado por el fiscal Facundo Trotta, existió una omisión involuntaria en el auto de elevación a juicio de estos acusados en tres hechos de la causa Barreiro, una de las 16 que componen la megacausa La Perla por crímenes de Lesa Humanidad, cometidos entre 1.975 y 1978.

En su resolución, el tribunal hizo lugar parcialmente al planteo para que sean incluídos en el auto de elevación a jucio, en uno de los hechos, los represores Melfi y Heredia y rechazó por "improcedentes" los restantes puntos de la requisitoria que incluyen a los imputados Antón y Gómez.

Posteriormente, el TOF1, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, para dar lugar a la etapa preliminar en el que las partes presentarán los inicidentes que deberán ser analizados por el tribunal.

En la megacausa del ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) La Perla, se estan juzgando a 45 imputados, entre los que se destaca el represor Luciano Benjamín Menéndez y tiene 417 víctimas.

Comenzó la séptima audiencia en el juicio por la megacausa de "La Perla"

La lectura de la causa Barreiro, una de las 16 que conforman la megacausa La Perla, dio inicio a la primera etapa de la séptima audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad que se les sigue aquí a 45 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, por el asesinato de 417 presos políticos entre 1975 y 1978.
 Al inicio de la audiencia, que tiene lugar en el Tribunal Oral Federal número (TOF1) 1 de la ciudad de Córdoba y contó por primera vez con la presencia de Menéndez, abogados defensores, querellantes y la fiscalía realizaron distintos planteos.

Se trata de la primera vez que Menéndez presencia personalmente el juicio, ya que en las anteriores el represor lo había seguido por el sistema de videoconferencias desde el penal de Ezeiza.

Posteriormente, el secretario del juzgado, Pablo Bustos Fierro, comenzó con la lectura de la causa Barreiro, que tiene 33 imputados por el asesinato de 82 presos políticos.

En esta causa se están juzgando los crímenes cometidos entre agosto de 1975 y el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe militar.

Entre los imputados se encuentran, además de Menéndez, su antecesor al frente del Tercer Cuerpo de Ejército, el represor Julí César Delía Larrocca, y el ex jefe de la policía de la provincia Alberto Choux.

También se encuentran entre los imputados los ex policías que formaron parte de la patota del Departamento de Informaciones de la policía provincial (D2), quienes tuvieron participación en secuestros, torturas y asesinatos de presos políticos en Córdoba.

Los 44 imputados están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; aplicación de tormentos seguidos de muerte; homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Además, por primera vez en un juicio por delitos de Lesa Humanidad en Córdoba, en la megacausa La Perla se juzgan delitos por sustracción de menores y delitos de índole sexual, como violaciones.

En un momento de la audiencia, la defensora oficial de Menéndez, Natalia Bazán, solicitó un cuarto intermedio argumentando que, por prescripción médica, su defendido, por razones de salud y de edad, no podía prestar atención por un lapso mayor a las dos horas.

El planteo fue rechazado por el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, quien señaló que solo iba una hora y media del juicio y se continuó con la lectura de la acusación.

El proceso es seguido por video conferencia desde el penal de Ezeiza por los represores Héctor Pedro Vergez, José Andrés Tófalo, Ernesto Guillermo Barreiro y Carlos César Delía Larrocca.

Una vez terminada la lectura de la primera parte de la acusación el tribunal, integrado además de Díaz Gavier por los jueces Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, dispuso un cuarto intermedio hasta las 15, para luego continuar con la lectura de la acusación.

Las acusaciones por los crímenes de La Perla

Terminaron por este año las audiencias en el caso más grande de crimenes de la dictadura en el interior

Durante las jornadas de diciembre se leyeron las acusaciones a los 44 imputados. Se pasó a cuarto intermedio hasta febrero.

El primer día de audiencias varios acusados se taparon con libros.El juicio oral por la megacausa La Perla, el principal centro clandestino de detención de Córdoba durante la última dictadura, tuvo la semana que pasó su última audiencia de 2012. Igual que en las cinco jornadas previas, el tribunal continuó con la lectura de la acusación a los 44 imputados, número que lo convierte en el mayor proceso por delitos de lesa humanidad del interior del país, sólo superado por la causa ESMA. La nota de color la aportó el miércoles el ex agente civil de Inteligencia José “Chubi” López al mostrar una foto del ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, asesinado en 1973. “Usted es imputado. Guárdela porque lo saco con la autoridad”, le advirtió el juez Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal. El proceso pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de febrero.

Córdoba va por su quinto juicio oral por delitos de lesa humanidad. Si los primeros se enfocaron en unos pocos hechos puntuales, el actual se distingue por sus enormes dimensiones (declararán 983 testigos), por el debut en el banquillo de algunos iconos del terrorismo de Estado y también porque el condenado Luciano Menéndez afronta por primera vez un juicio por robo de bebés: el hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, ambos desaparecidos, nació en cautiverio y todavía no conoce su identidad.

Según Será Justicia, el diario de los organismos de derechos humanos cordobeses, en el juicio se acumulan 18 causas judiciales, que incluyen casos de secuestros, tormentos, violaciones, homicidios y robos de criaturas contra 415 víctimas. Los hechos ocurrieron entre 1975, cuando el terror estatal en Córdoba se enmascaraba detrás del “Comando Libertadores de América” y los secuestrados eran trasladados al Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial o al centro clandestino La Ribera, y 1978, cuando se cerró La Perla.

El juicio debió comenzar con 45 acusados. El 3 de diciembre, un día antes de la audiencia inicial, el capitán retirado Aldo Carlos Checchi, ex miembro de la patota de La Perla, se suicidó en el hospital porteño donde estaba internado. “Tan ‘valiente’ a la hora de secuestrar y torturar, tan cobarde a la hora de enfrentar la verdad”, el ex jefe de interrogadores de La Perla “decidió terminar con su vida para no enfrentar un tribunal y dar cuenta de los cientos de crímenes que cometió”, advirtieron entonces Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presos Políticos e H.I.J.O.S. Córdoba. Los organismos consideraron “inconcebible” que torturadores y asesinos estén “en condiciones que les permitan seguir atentando contra la vida, sea la propia o de los demás”, y tanto las querellas como el fiscal federal Carlos Gonella reclamaron que se revocaran arrestos domiciliarios y excarcelaciones. El tribunal que integran Díaz Gavier, Julián Falucci y José Quiroga Uriburu, sin embargo, rechazó el pedido. Actualmente son cuatro los imputados excarcelados (léase en libertad, la misma situación procesal de Checchi cuando se suicidó), en tanto otros quince gozan de arresto hogareño.

Si la presencia del ex general Luciano Menéndez no es novedad, en un proceso de justicia cada vez más consolidado, el debut en el banquillo de acusados del capitán Ernesto Guillermo Barreiro, símbolo de la insubordinación militar que hizo tambalear al gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, es todo un triunfo de la democracia. Antes del golpe de Estado, El Nabo Barreiro formó parte del “Comando Libertadores de América”, como se denominó la Triple A cordobesa. Después revistó en el Destacamento de Inteligencia 141, el principal órgano del Tercer Cuerpo de Ejército abocado a secuestrar y ejecutar militantes políticos en Córdoba. Líder del alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, beneficiado con la ley de obediencia debida que conquistó a punta de pistola, Barreiro fue dado de baja del Ejército pero ganó veinte años de impunidad. Se fue del país en 2004, cuando su detención era inminente, y recién en 2007 fue detenido y deportado desde los Estados Unidos.

Otro icono del terrorismo de Estado que recién este año comenzó a ser juzgado es el capitán Héctor Pedro Vergez, ex jefe de los centros La Ribera y La Perla, condenado el viernes a 23 años de prisión por su participación en los secuestros y tormentos de cuatro personas, incluido el ex jefe de inteligencia del PRT-ERP, Javier Coccoz. “Vargas”, su apellido de cobertura ante los secuestrados y del que se ufanaba en tiempos de impunidad, fue uno de los principales miembros del “Comando Libertadores de América” desde fines de 1974. Desde Córdoba fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires.

La mayor parte de los acusados en el megajuicio cordobés son ex miembros del Destacamento 141, en particular de la sección tercera o grupo de “operaciones especiales” (OP3). Según un detallado dossier elaborado por la oficina de prensa de la Cámara Federal de Córdoba, del que podría tomar nota el Centro de Información Judicial (CIJ), en el banquillo hay 19 miembros del Ejército, 18 policías, cuatro PCI (Personal Civil de Inteligencia de Ejército), otros dos civiles al servicio del D2, un gendarme del “Comando Libertadores de América” y un oficial de la Fuerza Aérea. 18 de los acusados fueron condenados en juicios anteriores. Poco más de la mitad tiene entre 60 y 70 años, 16 pasaron los 70 abriles y 5 tienen entre 50 y 60. Del universo de víctimas (dos de cada tres son hombres), el 45 por ciento está desaparecido (188), un 15 por ciento fue asesinado (62) en enfrentamientos fraguados, y el 40 por ciento (165) es sobreviviente. De la categorización por ocupaciones surge que el 44 por ciento eran estudiantes y un 29 por ciento eran sindicalistas.

Las audiencias de diciembre estuvieron dedicadas a la lectura de la acusación e incluyeron varias provocaciones de los acusados. El primer día se taparon la cara con libros para evitar ser retratados y reclamaron que el tribunal ordenara retirar flores y fotos de desaparecidos que llevaban sus familiares. Cuando el fiscal general Jorge Auat les recordó que “las flores son un símbolo de paz”, dos de los acusados intentaron interrumpirlo y el juez Díaz Gavier ordenó sacarlos de la sala. Vergez, que seguía la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, hizo una señal de “cuernos” frente a la cámara. Esta semana fue Chubi López, un PCI que ya fue condenado, quien sacó la foto de Rucci un día después de que la Cámara Federal porteña ordenara profundizar la investigación sobre su asesinato.

Comenzó el juicio por los delitos cometidos en el CCDyE La Perla

Los acusados no quisieron dar la cara

Algunos de los 45 represores que comenzaron a ser juzgados se escondieron detrás de libros. Otros exigieron a los gritos que el tribunal tomara algunas medidas. El juicio abarca los casos de 417 víctimas de La Perla.

 Por Alejandra Dandan

En el comienzo del juicio sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino de La Perla, en Córdoba, algunos de los 45 acusados recibieron a los fotógrafos tapándose las caras con libros colocados a modo de máscaras, cuyos títulos hablan del terrorismo de Estado en términos de “guerra”. Las máscaras no fueron todo, sino el preludio. Un grupo de acusados, como con el cuerpo desacostumbrado a estas nuevas reglas del juego, se levantó en medio de la sala a los gritos para exigir distinto tipo de medidas al Tribunal Oral Federal 1, sin la mediación de los abogados. “Esto no es una cancha de fútbol”, les dijo el presidente del TOF, Jaime Díaz Gavier, y ordenó que el grupo de policías abandone la sala.

Entre los títulos de los libros se leía La Tablada, El Vietnam argentino y El negocio de los derechos humanos, el mismo que la semana pasada algunos dicen haberle visto a Alfredo Astiz en el comienzo del juicio de ESMA III. Mientras los represores se acomodaban temprano y posaban para los fotógrafos en esos términos, la sala iba llenándose de familiares y sobrevivientes entre los que “florecían” claveles rojos, como indicó la crónica de HIJOS Córdoba en su sitio web. También llevaron imágenes con las caras de algunos de los desaparecidos, parte de las 417 víctimas del juicio. En ese contexto, el defensor oficial de uno de los acusados, el abogado Juan Carlos Belagardi tiró la primera piedra. Le dijo al TOF que a su defendido lo “ofendía” que los familiares de los “subversivos” sostuvieran los claveles y las fotos. El fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación de los Juicios sobre el terrorismo de Estado, tomó la palabra. “Ya hemos tenido que soportar actitudes provocativas de imputados en otros debates de lesa humanidad cuando (los acusados) portaron escarapelas enlutadas durante las audiencias.”

Luciano Benjamín Menéndez, por caso, asistió a los juicios anteriores con un crespón negro, que no se le vio en la imagen transmitida desde el penal de Ezeiza desde donde sigue la audiencia. La intervención de Auat desató una tormenta. El policía Luis Alberto Lucero se puso a gritar en medio de la sala algo así como que “acá nadie tiene escarapelas”. Otros policías se le sumaron.

El presidente del Tribunal Díaz Gavier dijo aquello de que el juicio no es una cancha de fútbol, llamó al orden en alguna otra ocasión y ordenó retirarlos. El grupo de militares, en tanto, siguió en la sala, pero Gavier volvió a intervenir poco más tarde cuando Pedro Héctor Vergez, sentado atrás de Menéndez, en Ezeiza, le hizo “cuernitos” a las cámaras.

Ese fue el clima del comienzo de este “megajuicio”, en el que se empezó a juzgar a 45 represores un día después del aún investigado suicidio de uno de ellos, Aldo Carlos Checchi. Entre los acusados están las figuras emblemáticas de la represión en Córdoba, entre ellos Menéndez y Vergez pero además Ernesto “El Nabo” Barreiro, ex director del centro clandestino de La Perla y emblemático en los levantamientos de la Semana Santa del ’87.

“Lo que está sucediendo es histórico”, dijo Agustín Di Toffino, del Consejo Federal de Derechos Humanos e hijo de Tomás Di Toffino, dirigente gremial de Luz y Fuerza, secuestrado en noviembre de 1976 y ejecutado tres meses más tarde. “Tengo mucha felicidad por un lado de ver a las Madres y Abuelas, que tanto hicieron y lucharon en condiciones desfavorables, llegar a este juicio. Y por otro, ver en una sala a quienes fueron los dueños y señores de Córdoba, creo que es un logro vital de la democracia que fortalece la perspectiva de lo que se está generando a nivel nacional.” Agustín señaló que alguna de las bravuconadas del día hubiesen despertado algo de miedo en otro momento, pero no en este nuevo contexto. “Barreiro en actitud temeraria tiene que ver con un reflejo del tiempo de la impunidad –dice–; Barreiro trabó relación con Amalita Fortabat, con la Iglesia Católica, es el personaje de la Semana Santa del ’87, pero esos gestos que en otros momentos hacían tambalear a una democracia hoy en este contexto son gestos ridículos.”

En la sala estuvo el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, que llamó a que “todos los que tengan información que se animen a denunciar”: “Es importante que se rompa el pacto del silencio, creo que estamos cerca de lograrlo y sería un paso importante para conocer el destino de los desaparecidos”. También estuvo Sonia Torres, responsable Abuelas de Mayo de Córdoba. En el juicio se examinará la sustracción de su nieto en la primera causa por apropiación en una provincia en la que se busca iluminar las redes burocráticas y religiosas.

La página de HIJOS siguió transmitiendo minuto a minuto durante todo el día. A las 17.45 escribieron: “Suena el celular de un imputado”.

Comenzó histórico juicio de "La Perla" por crímenes y torturas

"Las audiencias serán hasta el 20 de diciembre, el juicio es muy largo y no tiene sentido habilitar la feria", dijo Jaime Díaz Gavier, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 1.

Los imputados están acusados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas.
Juicio por La Perla (Télam)
El mayor juicio en Córdoba a represores de la última dictadura comenzó hoy con 45 acusados sentados en el banquillo, uno menos que en la lista original pues el mayor Aldo Carlos Cecchi se suicidó en la víspera del inicio del proceso.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, abrieron la audiencia oral y pública a media mañana con la lectura de los autos de elevación a juicio de cada uno de los 16 expedientes de las causas acumuladas.

Poco antes del inicio, Díaz Gavier consideró que esta megacausa "va a echar luz sobre una época muy dura de nuestro país" y en círculos judiciales se estima que varios de los acusados recibirán penas de prisión perpetua.

"Habrá que ver qué responsabilidad le cabe a cada uno de los imputados, pero lo que sí es cierto es que el proceso es histórico", recalcó el magistrado.

"Las audiencias serán hasta el 20 de diciembre, el juicio es muy largo y no tiene sentido habilitar la feria", agregó. Se estima que las audiencias se extenderán hasta fines de 2013, ya que se ventilarán 417 casos y están previstos los testimonios de 983 personas.

El fiscal Carlos Gonella tendrá a cargo la acusación y las audiencias se desarrollarán entre los martes y jueves en la sede del edificio de los Tribunales Federales de esta ciudad.

"Con esta causa vamos a tener una muestra representativa de lo que fue el horror sufrido durante la última dictadura cívico-militar en el mayor campo de concentración de Córdoba, La Perla, nuestro Auschwitz", dijo Gonella.

En las afueras de los tribunales se vieron manifestaciones artísticas por parte de grupos y organizaciones de derechos humanos.

Se trata además del primer proceso en Córdoba que va a juzgar el robo de bebés durante la dictadura. Uno de los casos emblemáticos será el de la sustracción del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba.

Entre los principales imputados figuran el extitular del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien lo seguirá por videoconferencia.

También están dentro de los acusados los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141 Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrichs, quienes tenían a cargo el centro clandestino de detención "La Perla", el segundo en importancia en el país.

Los imputados están acusados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas.

Para el fiscal Gonella "esta megacausa cubre un amplio espectro de hechos que arrancan a fines de 1975 y que se extendieron hasta 1978, en los que intervinieron elementos policiales y militares".

Antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en Córdoba actuó un escuadrón de la muerte autodenominado Comandos Libertadores de América (CLA), versión local de la Triple A, en el que se presume que Barreiro participó.

Barreiro tiene otra particularidad: fue uno de los detonantes del alzamiento "carapintada" de 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando los militares de estamentos intermedios se negaron a comparecer en juicios por delitos de lesa humanidad.

Las rebeliones de la oficialidad castrense derivaron en el dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que los mantuvo exculpados hasta que fueron derogadas, durante el Gobierno de Néstor Kirchner.

En la Semana Santa de 1987 Barreiro huyó de un cuartel del Ejército en las afueras de Córdoba y estuvo gran cantidad de años radicado en Estados Unidos, hasta que fue descubierto y enviado a la Argentina.

Este es el quinto juicio en Córdoba a represores de la dictadura: de los cuatro anteriores en tres de ellos Menéndez recibió condenas a prisión perpetua.

Martes 4 de diciembre: se inicia el juicio por 500 víctimas

La Perla: Por la demanda de 500 víctimas y con más de 700 testigos comienza el 4 de diciembre el juicio oral

Córdoba.- Más de 700 testigos aportarán sus declaraciones, a partir de hoy  martes, en el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco de la mega causa del ex centro clandestino de detención La Perla, cuyo principal imputado es el multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez. Según indicó a Télam el fiscal subrogante de la causa, Carlos Gonella, La Perla "es una de las causas más grandes del país y la más importante de Córdoba, con aproximadamente 500 víctimas y más de 700 testigos entre familiares, víctimas sobrevivientes y personal perteneciente a fuerzas de seguridad".

Durante el juicio, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba se sentarán en el banquillo de los acusados 45 represores, entre los cuales están Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, los últimos tres jefes de sección que tuvo el Destacamento de Inteligencia 141, cuya base operativa era el ccd La Perla. También se encuentran imputados Luís Alberto Manzanelli y Arnoldo José López (torturadores de La Perla); Carlos Alfredo Yanicelli y Yamil Jabour, ex miembros del Departamento de Informaciones de la policía de la provincia (D-2); y Hector Pedro Vergez, ex jefe de La Perla, entre otros.

Gonella destacó que la megacausa "cubre un amplio espectro de hechos que van desde fines de 1975, en los que intervinieron elementos policiales y militares integrantes de los Comandos Libertadores de América (CLA), versión local de la Triple A". El funcionario judicial precisó que en esta causa también figuran "los hechos cometidos durante los años 1976 y 1978 en el Departamento de Informaciones de la policía de la provincia (D-2), en La Perla y en el ex centro clandestino de detención La Ribera". "Los delitos que se imputan -agregó- son privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y homicidios calificados, entre otros".
   
Esta megacausa, cuyo juicio se estima durará alrededor de un año y medio, "es el resultado de la acumulación de 16 causas que se tramitaban por separado en la instrucción, hasta que se dispuso su integración siguiendo los lineamientos sugeridos por la Unidad Fiscal de DD.HH. de la Procuración General de la Nación y luego por la Cámara Nacional de Casación Penal", puntualizó el fiscal.

Gonella precisó: "Con esta causa vamos a tener una muestra representativa de lo que fue el horror sufrido durante la última dictadura cívico-militar en el mayor campo de concentración de Córdoba, La Perla", al que calificó como "nuestro Auschwitz".
   
El edificio donde funcionó el campo de concentración La Perla, ubicado sobre la Ruta Nacional 20 -que une las ciudades de Córdoba y Carlos Paz-, funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, a cuyo frente estaba el represor Menéndez.
   
La Perla fue el epicentro de la política de desaparición forzada de personas en la provincia y, según testimonios de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, por ese lugar pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. La Perla estaba operativamente conducida por la sección de Operaciones Especiales del Departamento de Inteligencia 141 "General Iribarren", con asiento en la ciudad de Córdoba.

El 24 de marzo de 1976 "La Perla" ya funcionaba como centro clandestino de detención, dejó de hacerlo a fines de 1978 y en marzo de 1979 el predio pasó a ser utilizado como guarnición militar de paracaidistas, destino que tuvo hasta el 23 de marzo de 2007. Posteriormente, el 24 de marzo de 2007, el ex presidente Nestor Kirchner encabezó el acto mediante el cual la Nación cedió el predio a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba para su funcionamiento como Sitio de Memoria.

En la actualidad, La Perla es un Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos: se abrió al público el 24 de marzo de 2009 y forma parte de la Red Federal de Sitios de Memoria. El proceso de enjuiciamiento que comenzará el martes estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, y las audiencias se llevarán a cabo de martes a jueves de cada semana.
   
Este juicio, conocido también como "Menéndez III", será el quinto  por delitos de lesa humanidad en Córdoba. La acusación estará a cargo del fiscal subrogante, Carlos Gonella, en tanto que las defensas serán ejercidas por los integrantes de la Unidad Móviles de Letrados de la Defensoría General Pública y por defensores particulares.

De los cuatro juicios realizados en Córdoba, en tres de ellos estuvo sentado en el banquillo de los acusados Menéndez: en los tres recibió sentencias condenatorias de prisión perpetua.

QUEDAN 45 IMPUTADOS, DADO QUE EL MAYOR RETIRADO CHECHI SE SUICIDO...