Un tribunal oral de la central provincia argentina de Córdoba condenó este martes a nueve represores y absolvió a otras ocho en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Los jueces condenaron a cinco de los imputados -Pedro Nolasco Bustos, José Acevedo, Antonio Astrada, Ricardo Perrín y Fernando Rocha-, exintegrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba, a la pena de prisión perpetua.
Asimismo, el tribunal condenó a 9 años de prisión a Miguel Ángel Gómez e impuso una pena de 4 años de cárcel para Roque Osvaldo Cámara y José Antonio Cuello.
En tanto, los jueces condenaron a Miguel Bustamante a dos años de prisión en suspenso (no efectiva).
Por otra parte, fueron absueltos los otros ocho acusados en este juicio: Roberto Isaia, Ramón Salazar, Víctor Nuñez, Hugo Oscar Pérez, Aurelio Gallego, Delfin Barrionuevo, Gilberto Montiveros y Raúl del Prado.
El juicio que concluyó este martes ha sido el séptimo proceso llevado a cabo en Córdoba por el mismo tribunal en relación con delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
En este caso, los imputados fueron juzgados por secuestros, torturas y homicidios agravados con ensañamiento.
Estos delitos fueron cometidos entre marzo y julio de 1976 en el centro clandestino de detención conocido como D2 contra de 16 personas.
Diez de las víctimas -trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes sociales- sobrevivieron, tres fueron asesinadas y otras tres permanecen desaparecidas.
Entre los imputados en la causa estaba el ex-efe del Tercer Cuerpo del Ejército argentino Luciano Benjamín Menéndez, fallecido el 27 de febrero del año pasado y que tenía varias condenas en su contra en otros juicios por crímenes durante la dictadura.
Durante el régimen de facto, Menéndez tenía bajo su órbita al Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba.
Escracharon en Córdoba al represor Olivieri por violar la prisión domiciliaria
El ex agente del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, fue grabado mientras salía de su casa en Oliva. Agrupaciones de derechos humanos hicieron un escrache y pidieron que se revoque el beneficio de la domiciliaria.
La organización H.I.J.O.S Córdoba escrachó este fin de semana al genocida José Filiberto Olivieri, ex agente del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, quien había sido filmado cuando caminaba libremente por el centro de Oliva, su ciudad natal. La agrupación, junto a otros organismos de derechos humanos, fue hasta la casa donde el represor cumple prisión domiciliaria desde 2012 para reclamar que la justicia de Córdoba “revoque este privilegio” y envíe al genocida a la cárcel común.
Los organismos de derechos humanos cordobeses realizaron un breve acto repudiando la violación a la prisión preventiva de Olivieri al ritmo del tradicional “a donde vayan los iremos a buscar". “El pueblo de Oliva no olvida a sus desaparecidos, no perdona ni se reconcilia”, destacaron desde el micrófono luego de que los vecinos captaran imágenes del genocida paseando por el barrio. “Olivieri ya ha violado en dos ocasiones la domiciliaria, el 10 de junio de 2017 y el 8 de marzo de 2018 en ambas ocasiones fue filmado, fotografiado y denunciado ante la Justicia Federal por vecinos de la localidad”, advirtieron desde H.I.J.O.S.
Olivieri fue condenado el 26 marzo de 2012, junto a los policías Pedro Nolasco Bustos y Jorge Vicente Worona, a prisión perpetua por "privación ilegítima de la libertad agravada, homicidio calificado por alevosía y por pluralidad de partícipes" cometidos contra Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez, militantes de la Juventud Universitaria Peronista asesinados el 2 de junio de 1976 por el Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba el cual Olivieri integraba.
“No nos callamos más, ante las peores violencias cometidas por Olivieri, ante las reiteradas violaciones a la prisión domiciliaria, ante un asesino del estado caminado libremente, exigimos cárcel común, perpetua y efectiva”, subrayaron los participantes del escrache.
Miguel “Gato” Gómez, imputado en el expediente por los delitos sexuales. Foto: Gentileza Telediario Digital.
Una causa judicial investiga las violaciones y abusos sexuales de todo tipo cometidos por los represores en los campos de concentración de la dictadura.. Se investigan como "delitos sexuales de Lesa Humanidad" y hay 56 víctimas.
Por Bettina Marengo
La Justicia Federal de Córdoba está investigando los crímenes sexuales de los represores durante la dictadura militar, tratados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad” y no como “tormentos”. Son violaciones y abuso sexuales de todo tipo, cometidos contra mujeres en su mayoría, aunque también contra varones, en centros clandestinos de detención, en cárceles bajo régimen militar o durante los secuestros y desapariciones.
Hay una causa en plena instrucción en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con 45 víctimas de abusos sexuales. Hay otras 12 denuncias acumuladas, por lo que las víctimas podrían llegar a 56. Son mujeres que estuvieron detenidas-desaparecidas en la D2 de la Policía, La Perla u otros centros de detención de la dictadura o la cárcel de San Martín, que ya testimoniaron en esas causas. El expediente por delitos sexuales está caratulado “Miguel Ángel Gómez”, por el represor de la D2 apodado “Gato”, un reconocido torturador ya condenado en otros juicios por delitos de Lesa Humanidad.
La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, inició la acción penal y elevó el expediente al Juzgado, que procederá a tomar medidas de prueba y testimoniales y, eventualmente, ordenar procesamientos. Hay siete imputados además del “Gato”, pero no se descarta que se incluyan por la cadena de mandos. Si las violaciones sexuales forman parte del plan sistemático de la dictadura para desaparecer opositores, como considera la Fiscalía, no podrían ser delitos por mano propia. Tres víctimas son querellantes.
En tanto, recientemente se elevó a juicio la causa “Martella”, instruida por el fiscal Carlos Gonella, que ventila varios casos de vejaciones sexuales.
Ya hubo condenas por violaciones a prisioneras de la dictadura en Córdoba y en tribunales de otras partes del país. Pero de momento, son casos aislados, la punta de un iceberg que deja oculto lo que la fiscal Virginia Miguel Carmona, integrante del Ministerio Público Fiscal en el juicio La Perla-Campo de la Ribera, consideró la “gran cifra negra de delitos de índole sexual” de la represión ilegal.
Por tratarse de delitos de instancia privada en los que el Estado no puede iniciar acción penal de oficio, la causa “Gómez” tiene características particulares. López de Filoñuk dijo a este medio que “unas 15 o 20 mujeres” que relataron haber sido violadas durante su detención-desaparición, no quisieron hacer denuncias ni que se investiguen los hechos. “Al tomar conocimiento yo del abuso o la violación, podría haber iniciado la acción, pero priorizo la decisión de las mujeres”, señaló. Algunas de estas víctimas expresaron que sus parejas e hijos sabían que habían sido prisioneras de la dictadura, pero no que habían sido abusadas.
También se incluyó como víctimas a mujeres que fueron violadas o abusadas en los centros de detención ilegal y no pudieron contarlo a la Justicia porque no sobrevivieron a la dictadura. Estos casos se conocen por testimonios de terceros.
En cambio, si la mujer (o el varón) fue abusado en el campo de concentración, pero sobrevivió y falleció en democracia, sin denunciar ni hablar del delito sexual que sufrió, el caso queda excluido. En este punto, hay disparidad de criterios entre la fiscal López de Filoñuk y la Procuraduría General de la Nación, concretamente la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Habrá que esperar para ver qué pautas fija el o la próximo/a titular del Ministerio Público Fiscal.
En 2011, esa Unidad elaboró un documento para orientar a los fiscales en el tratamiento de los delitos sexuales de Lesa Humanidad. Se denomina “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del Terrorismo de Estado” y establece tres criterios en relación a los delitos dependientes de instancia privada, en consonancia con lo que dice el Código Penal:
a) Casos en los que la víctima del abuso sexual sobrevivió al delito y luego expresó ante la autoridad correspondiente su voluntad respecto a la investigación del crimen sufrido. En estos casos, dice la Procuración, se inicia la acción penal.
b) Casos en los que la víctima no sobrevive al delito o sufre lesiones gravísimas. En este caso, “el interés del Estado por juzgar los hechos prevalece y, por lo tanto, ya no se requiere que la víctima inste la acción”.
c) Casos en los que la víctima sobrevive al abuso y muere tiempo más tarde sin haber expresado su voluntad respecto de la persecución penal del delito que la damnificó. Aquí, la Procuraduría deja la puerta abierta a la investigación, al poner en duda el silencio de la víctima sobre el hecho, toda vez que en Argentina durante muchos años estuvo anulada la posibilidad de acción penal contra los represores de la dictadura. Sin embargo, aclara que“la investigación sólo podría realizarse si se considera que el hecho también ha implicado un delito que no requiere instancia privada (como el tormento)”.
Las cifras negras
“Cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado”, señaló el documento de la Unidad Fiscal, que toma como paradigma las investigaciones por crímenes sexuales de Lesa Humanidad abiertas por en los genocidios de Ruanda y Yugolsavia.
López de Filoñuk consideró que las violaciones sexuales formaron parte del parte del plan sistemático de desaparición de personas orquestado por la dictadura y ejecutado en Córdoba y el ámbito de Tercer Cuerpo de Ejército bajo el mando del recientemente muerto Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, al tratarse como “tormentos” en las sentencias de los distintos juicios, quedabaninvisibilizados como tales.
En su alegato acusatorio de la megacausa La Perla-Campo de la Ribera, la fiscal Virginia Miguel Carmona tomó especialmente el tema de los abusos sexuales a las prisioneras. Tras sostener que hay “una gran cifra negra” de estos delitos, ejemplificó con un dato concreto. En la Perla solo se juzgó “un hecho de violación y dos de abuso deshonesto” entre las 716 víctimas. “A lo largo del debate han surgido testimonios que, con profunda crudeza, describen la particularidad del trato –vejatorio y de claro contenido sexual- cuando las secuestradas eran mujeres”, dijo Miguel Carmona, incorporando una mirada de género imprescindible para comprender la doble victimización que sufrieron las mujeres por parte de sus torturadores/violadores.
En 1982, el fallecido periodista Jacobo Timmerman expuso en su libro “Preso sin nombre, celda sin número” el ensañamiento de los represores para con los prisioneros miembros de la comunidad judía. Lo que les pasó a las mujeres y a los miembros del colectivo LGBTIQ (aunque no se denominaran así durante la dictadura) aún no ha sido explicitado en todas sus implicancias.
“Muchas sobrevivientes continúan anegadas en el más profundo de los silencios, destruidas física y emocionalmente. Por vergüenza y miedo, no denuncian a sus abusadores. La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche. Cuestionamientos absurdos tales como si la mujer hizo todo lo posible para evitar la violación, si se negó o resistió lo suficiente, o aún más, si provocó o sedujo al represor/violador, son maneras de seguir victimizando y reproduciendo la violencia”, sostuvo la fiscal en aquel alegato.
La antropóloga feminista Rita Segato considera que las violaciones no son crímenes sexuales sino “crímenes del poder, de la dominación, de la punición”. “En el acto de la violación él (el violador) está moralizando a la víctima”. Quiere disciplinarla. “La violencia misógina, homofóbica y transfóbica son formas de disciplinamiento que el patriarcado tiene hacia todos aquellos que desafían su mandato y su soberanía”, dijo la investigadora en una nota con el periodista Reynaldo Sietecase.
Quiénes más desafiantes al orden social, económico y político que las militantes y guerrilleras de las distintas organizaciones del peronismo y la izquierda revolucionarios que actuaron en la década del 70.
EL JUICIO QUE FALTA
Una de las primeras mujeres que dio testimonio ante un Tribunal sobre los ataques sexuales sufridos en su condición de presa política fue María del Rosario Miguel Muñoz, una psicóloga radicada en Francia que declaró como testigo en la causa UP1. “Fui sodomizada”, dijo. Aunque en la Justicia ya se sabía que los represores habían abusado sexualmente de las secuestradas, provocó conmoción el hecho de que Charo, como la llaman, lo pusiera en palabras. Cuenta la periodista Marta Platía que, ante la mudez de la mayoría de varones que conformaban el Tribunal Oral Federal N° 1 y las partes del juicio, el primero en reaccionar fue el fiscal Gonella, quien le preguntó si deseaba presentar una denuncia aparte por ese delito. La respuesta fue afirmativa, y tal vez ese fue el punto de inicio de un nuevo criterio en materia de abusos sexuales contra detenidas-desaparecidas.
“Durante el largo juicio de La Perla-Campo de la Ribera se adelantó mucho en este tema”, señaló la periodista. Platía cubrió todos los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se realizaron en los tribunales federales locales y como testigo de testigos, constató que poco a poco las sobrevivientes mujeres, y algunos varones, se animaron a hablar de los abusos sexuales sufridos.
Así lo expresó días atrás en la charla-debate “Delitos sexuales de Lesa Humanidad. El juicio que falta” organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia.
La actividad, organizada en el marco de la Semana de la Memoria, se llevó a cabo en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, con la exhibición del documental “Lesa Humanidad”, coordinado por la militante de género y ex presa política y exiliada Dinora Gebennini y realizado por Luis Ponce.
De la charla participaron además de Platía y Gebennini, Alejandra Gómez, coordinadora del Programa de Violencias de Género en Contextos Represivos de la Secretaría de DDHH de la Provincia y Nilda Jelinec, víctima de la dictadura y una de las protagonistas del documental. La coordinación dela mesa estuvo a cargo César Marchesino, director del Programa de DDHH. de la FFyH.
En el video, realizado en 2011, cuatro ex presas políticas narran las torturas y abusos sexuales sufridos durante sus detenciones ilegales. Ellas son Gloria Di Rienzo, Soledad García, Delia Galará y Jelenic. Junto a otras víctimas, finalizan con una proclama que es un grito. Que se realice el “juicio que falta” y que las violaciones y abusos sexuales sufridos sean tipificados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad”.
La primera violación sucedió en su segunda noche en la D2. Luego, el tremendo abuso se repitió noche de por medio, en apariencia cuando volvían a encontrarse los mismos hombres de guardia.
“Para ellos era una diversión; se reían… uno tenía siempre olor a alcohol”. La voz templada de María del Carmen Claro flotaba en la sala, como si la tremenda violencia que desgarraba su recuerdo fuera el eco de un dolor lejano, una herida de otro tiempo. Pero acaso sólo era el último arresto de la vieja fuerza del silencio que acorraló durante décadas su relato.
Es que ella, víctima-testigo, estaba contando por primera vez que había sido violada por tres hombres, y no en una sola ocasión sino en varias. Había sucedido en el otoño de 1975, en las sórdidas dependencias del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, la tenebrosa D2, que funcionaba en el Cabildo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba
“¡Levantate, puta!”. El 31 de marzo al mediodía un grupo sin uniforme había entrado a la habitación que ocupaba en una pensión. Ella aún dormía: estudiaba Arquitectura durante el día y en las madrugadas era moza en el bowling Aeropuerto. Además, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
La primera violación sucedió en su segunda noche en la D2. Luego, el tremendo abuso se repitió noche de por medio, en apariencia cuando volvían a encontrarse los mismos hombres de guardia. Ella nunca los vio, pero recuerda que las risas eran las mismas, como el mismo olor a alcohol.
MENÉNDEZ. Sigue en estado de gravedad
Su testimonio llegó al final de la audiencia de ayer en el juicio por las causas Vergéz y González Navarro. Los tres primeros (Alen Prieto, Juan Carlos Fernández y Carlota Sombory) habían llegado a través de videoconferencias con Uruguay, Dinamarca y Jujuy.
Su relato había inquietado y Julián Falcucci, presidente del Tribunal, quiso saber cuántas violaciones había sufrido en unos pocos días. Ella precisó: “Cuatro”.
Antes, Jaime Díaz Gavier, juez vocal, había preguntado si sabía de otras prisioneras que hubieran sido violadas también. Y la respuesta de María del Carmen apunto al corazón del silencio de tantos años: “¿Sabe qué pasa con las violaciones? A las mujeres nos costaba mucho hablar del tema”.
“A mí me llevó mucho tiempo”, señaló, dando a entender que los años de callar habían llegado a su fin en ese momento. “Le debe haber hecho bien haberlo relatado ahora”, le dijo Díaz Gavier.
Pero ella no sólo padeció violaciones nocturnas, sino también largas sesiones de tortura diurna. Una de los métodos más repetidos era el “submarino”: se sumerge en agua la cabeza de la víctima cubierta por una bolsa de nailon.
Las consecuencias no se borraron sencillamente. “Mi deporte de chica era la natación. Cuando salí de las cárceles, me paré delante de una pileta y no me pude tirar: miraba el agua y sentía asfixia”.
Después de la D2, fue a parar a la cárcel del Buen Pastor, donde fue una de las 26 presas que se fugó el 24 de mayo de 1975. Dos años después, y ya madre de una niña, fue apresada en Buenos Aires.
El final de su testimonio lo destinó a plantear la pregunta sin respuesta que la consume a ella y a su hija desde hace cuatro décadas: ¿Dónde está Armando Imas, su compañero y padre de su hija, desaparecido en mayo de 1977?
Antes de levantarse de la silla, una breve estela de silencio coronó su relato. Luego, la abrigaron los brazos y las emociones de aquellos que la habían ayudado a soltar, por primera vez, el viejo espanto de su memoria.
Se cometieron en 1976 contra 13 personas
detenidas por la dictadura y que fueron sacadas de la excárcel de San
Martín. Pino Cano, Mones Ruiz y Luis López son los imputados. Apartaron a
Herminio Antón.
Con
la lectura de los cargos y la asistencia a la distancia de dos de los
tres imputados, el Tribunal Oral Federal N° 1 inició ayer en Córdoba el
juicio oral y público para establecer responsabilidades en el asesinato
de 13 personas que estaban detenidas la excárcel de barrio San Martín.
Los
crímenes se cometieron en 1976, y las víctimas fueron retiradas de la
Unidad Penitenciaria N°1 y luego ejecutadas en fraguados intentos de
fuga o enfrentamientos.
La audiencia por la causa “Pino Cano y
otros”, el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en
Córdoba que se realizarán este año, se retrasó debido a un corte de
energía en el edificio de Tribunales Federales.
En
principio, el presidente del tribunal, Julián Falcucci (los otros
jueces son José Vicente Muscara y José Camilo Quiroga Uriburu), informó
que el imputado Herminio Jesús Antón había sido apartado de la causa por
razones de salud, por lo que no se debatirán los casos sobre los que
había sido acusado el expolicía.
Son los principales imputados
Víctor Pino Cano y Enrique Pedro Mones Ruiz, que se comunicaron desde
Buenos Aires a través de video conferencia y tras aportar sus datos
filiatorios manifestaron su decisión de no prestarse a indagatoria. El
tercer imputado, Luis Alberto López, se encontraba presente en la sala y
expuso su determinación a declarar.
El proceso es una desprendimiento del juicio por la causa Videla, realizado en 2010.
Pino
Cano –se retiró como general de brigada– fue condenado entonces a 12
años de cárcel y se encuentra en prisión domiciliaria. Está señalado por
ordenar los homicidios de Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa
Páez de Rinaldi, ocurridos el 20 de agosto de 1976 en un fraguado
intento de fuga, y de Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar
Hugo Hubert, Miguel Ángel Cevallos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana
González de Baronetto, fusilados en un descampado el 11 de octubre de
1976.
Mones Ruiz, retirado como teniente coronel, cumple prisión
perpetua. Está acusado por las muertes de Carlos Alberto Sgandurra y
José Angel Pucheta, ocurridas el 28 de mayo de 1976, y las de Hugo Vaca
Narvaja, Carlos Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil, el 12 de agosto de
1976.
A López, retirado como mayor, se lo acusa de haber sacado de
la cárcel a Sgandurra y a Pucheta, para luego entregarlos a personal
policial y del Regimiento de Infantería, quienes los asesinaron. Se
encuentra en libertad.
Son fiscales Maximiliano Hairabedian y
Facundo Trotta. Participan como abogados querellantes Claudio Orosz (por
Pablo y Enriqueta Balustra), Adriana Gentile (Raquel Altamira de Vaca
Narvaja) y Gabriela Noemi Bautista (Elba Inés Puchetta). Son abogados
defensores Julio Deheza y Fernando Martínez Paz (Pino Cano), Gerardo
Ibáñez y Elena Genise (López) y el equipo oficial encabezado por Natalia
Bazán (Mones Ruiz).
La próxima audiencia se realizará el miércoles próximo y se estima que el juicio concluirá dentro de un mes y medio.
Testigos y declaraciones. Por
las audiencias de la causa Pino Cano pasará una docena de testigos, El
resto de los testimonios se rescatarán de las declaraciones registradas
durante la realización del juicio por la causa Videla, en 2010.
La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro. Hoy comenzó con los de la causa Vergés: son 15 hechos sobre 19 víctimas. La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Se estima que la sentencia será en los próximos meses. Con un imputado menos, se reanuda el juicio La Perla Murió Luis Manzanelli, el torturador “salvaje y ceremonioso” .
El megajuicio “La Perla”, en Córdoba, entró en una nueva fase de alegatos. La fiscalía cerró los casos de la causa Barreiro y, en un nuevo tramo, comenzó con los de la causa Vergés. Son 15 hechos sobre 19 víctimas, “acontecidos en enero de 1976, antes del golpe cívico militar”, dijeron fuentes judiciales. Las víctimas de este expediente, además, fueron vistas en el centro clandestino de Campo de la Ribera.
La fiscal Virginia Miguel Carmona tomó la palabra para referirse, en primer lugar, a la víctima Osvaldo Raúl Ravassi. Ingeniero, militante de Montoneros, fue privado de su libertad el 6 de enero de 1976. Ese día un grupo de militares, vestidos de civil, se lo llevaron de su domicilio en autos particulares hacia la Ribera. “Durante su permanencia en el centro clandestino, personal policial y del Ejército sometieron a Ravassi a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándolo a permanecer con las manos atadas, los ojos vendados y acostados sobre el piso, con la prohibición de moverse y/o comunicarse con los demás secuestrados. Finalmente después de la detención ilegal lo asesinaron y luego ocultaron su restos”, relató Carmona.
Rubén Hugo Motta fue estudiante de Ciencias Económicas y también militó en Montoneros. Fue secuestrado en la madrugada del 7 de enero de 1976 de su domicilio “como parte del plan sistemático implementado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la represión y aniquilamiento de lo que se dio a conocer como ´delincuencia subversiva´”. Motta fue torturado y asesinado, y sus restos siguen sin aparecer.
La fiscal continuó con los casos vinculados a militantes montoneros que sufrieron la persecución ideológica del Tercer Cuerpo de Ejército. Todos los hechos sucedieron bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, y las órdenes fueron retransmitidas a cada cuerpo a través de sus mandos naturales, personal civil y militar perteneciente al Destacamento de Inteligencia 141. Entre los jefes y subjefes que participaron de las acciones se encontraban Luis Gustavo Diedrichs, en su carácter de Jefe de la Primera Sección; Carlos Alberto Díaz; Héctor Pedro Vergéz; José Hugo Herrera; Emilio Morard; Arnoldo José López; y Ricardo Alberto Ramón Lardone, junto a miembros del Departamento Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la provincia de Córdoba, como Carlos Alfredo Yanicelli, Herminio Jesús Anton, Yamil Jabour, Calixto Luis Flores y Juan Eduardo Ramón Molina, entre otros.
Por último, la fiscalía habló del secuestro de las hermanas Gloria y Norma Hilal Waquim, oriundas de La Rioja y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El operativo fue similar: fueron secuestradas por personal civil de su domicilio en horas de la madrugada.
Así lo describió Carmona: “Un grupo, portando armas, ingresó violentamente a la vivienda y se llevaron a las hermanas en los automóviles particulares en que se conducían, amordazadas y atadas las manos, siendo uno de esos vehículos un Peugeot 404 blanco y el otro un Renault 12 blanco. Luego las trasladaron a la Ribera”. Y concluyó: “Finalmente, en fecha que no ha podido establecerse con exactitud, pero que puede fijarse en un breve tiempo después de la detención ilegal, personal policial y del Ejército asesinó a Norma y Gloria Waquim Hilal, quienes se hallaban en condiciones de indefensión, ocultando sus restos, los que no han podido ser habidos hasta la actualidad”.
44 imputados y más de 700 víctimas
La megacausa La Perla, cuyo juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, tiene 44 imputados, entre ellos, el represor Luciano Benjamín Menéndez, y está compuesta por 20 expedientes, con 716 víctimas de la cuales 279 son desaparecidos, 71 asesinatos –cuyos cuerpos fueron recuperados–, 13 detenidos políticos –muertos en sesiones de torturas– y un menor sustraído.
Respecto de la situación de ese menor, se trata del primer caso que se juzga en Córdoba y se refiere al nieto de la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, cuya hija, Silvina Parodi de Orozco, fue secuestrada junto a su esposo Daniel el 26 de marzo de 1976 y ambos permanecen desaparecidos.
El fiscal Trotta estimó que hasta fines de abril estarán con las conclusiones de la fiscalía y en julio o a fines de junio podría dictarse la sentencia, fecha que también fue estimada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, de Córdoba.
