Claudio Orosz, abogado querellante en el juicio que se lleva a cabo contra ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el asesinato de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en 1976, consideró que con las pruebas reunidas "está claro que se trató de un fusilamiento".
El letrado, señaló que "con las documentales aportada en el juicio va a quedar claramente demostrado que los tres jóvenes de la JUP fueron fusilados y que no existió un enfrentamiento, y de eso no caben dudas".
Por esta causa son juzgados los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Vicente Worona (65) y José Filiberto Olivieri (65), ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia, acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado".
Los imputados están acusados de formar parte del grupo de policías que detuvo y fusiló a los jóvenes estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva, militantes de la JP, el 2 de junio de 1976.
Orosz añadió que "durante todo este tramo que llevamos de juicio (empezó el 14 de febrero), todos los días uno encuentra una nueva confirmación. A esta altura creo que ya no hay dudas si se trató de un secuestro o de un enfrentamiento, está clarísimo que estamos en presencia de un secuestro".
El letrado agregó que si se trata de un secuestro "y las personas que los mataron están felicitadas incluso hasta documentalmente (los acusados fueron felicitados por sus jefes de la policía por el procedimiento), la conclusión que surge de las personas secuestradas que luego aparecen muertas y con 170 balazos en el escenario, no es muy difícil llegar a la conclusión del fusilamiento".
Destacó que "las constancias documentales que ya están en la causa y que van a ser incorporadas al debate, hasta las de la propia policía y las fuerzas de seguridad de la época en que se produjeron los hechos, van a demostrar claramente que el enfrentamiento no existió".
Añadió que durante las audiencias, "ha surgido muy claramente la conexión entre el Comando Radioeléctrico y el III Cuerpo. Tenemos objetos personales que portaba Ana Villanueva (un bolso) al momento de ser asesinada, que luego aparecieron en manos de quien en 1976, era el jefe de la primera sección del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército".
No obstante aclaró que esto "no demuestra nada nuevo, porque ya se ha comprobado en otras causas como en el 84, cuando fue el juicio a las juntas (de la dictadura) y en el 85 y 86 lo confirmó la Corte Suprema, que acá hubo un plan clandestino y sistemático de eliminación del opositor político".
"En ese marco -acotó- sin dudas las fuerzas policiales estaban subordinadas, incluso por decretos presidenciales de Italo Luder (ex presidente) del 75, que formalizaron que las fuerzas policiales y penitenciarias de todas las provincias, estaban bajo el control operacional del Ejército".
En relación a las reiteradas recusaciones a los miembros del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) a cargo del juicio por parte de los abogados defensores, Orosz señaló que "en los cuatro juicios (el actual es el cuarto), que hemos tenido en Córdoba, las defensas siempre intentaron no entrar a juicio por un lado, y por el otro el único imputado que declaró en esta causa (Nolasco Bustos), sostuvo claramente la idea del enfrentamiento".
El TOF2 retomará las audiencias el próximo miércoles ( por hoy) , donde se espera que se presenten dos nuevos testimonios, en tanto que dará a conocer la decisión de si acepta o no, el pedido de Orosz para que sea citado un nuevo testigo por la parte querellante.
El letrado, señaló que "con las documentales aportada en el juicio va a quedar claramente demostrado que los tres jóvenes de la JUP fueron fusilados y que no existió un enfrentamiento, y de eso no caben dudas".
Por esta causa son juzgados los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Vicente Worona (65) y José Filiberto Olivieri (65), ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia, acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado".
Los imputados están acusados de formar parte del grupo de policías que detuvo y fusiló a los jóvenes estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva, militantes de la JP, el 2 de junio de 1976.
Orosz añadió que "durante todo este tramo que llevamos de juicio (empezó el 14 de febrero), todos los días uno encuentra una nueva confirmación. A esta altura creo que ya no hay dudas si se trató de un secuestro o de un enfrentamiento, está clarísimo que estamos en presencia de un secuestro".
El letrado agregó que si se trata de un secuestro "y las personas que los mataron están felicitadas incluso hasta documentalmente (los acusados fueron felicitados por sus jefes de la policía por el procedimiento), la conclusión que surge de las personas secuestradas que luego aparecen muertas y con 170 balazos en el escenario, no es muy difícil llegar a la conclusión del fusilamiento".
Destacó que "las constancias documentales que ya están en la causa y que van a ser incorporadas al debate, hasta las de la propia policía y las fuerzas de seguridad de la época en que se produjeron los hechos, van a demostrar claramente que el enfrentamiento no existió".
Añadió que durante las audiencias, "ha surgido muy claramente la conexión entre el Comando Radioeléctrico y el III Cuerpo. Tenemos objetos personales que portaba Ana Villanueva (un bolso) al momento de ser asesinada, que luego aparecieron en manos de quien en 1976, era el jefe de la primera sección del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército".
No obstante aclaró que esto "no demuestra nada nuevo, porque ya se ha comprobado en otras causas como en el 84, cuando fue el juicio a las juntas (de la dictadura) y en el 85 y 86 lo confirmó la Corte Suprema, que acá hubo un plan clandestino y sistemático de eliminación del opositor político".
"En ese marco -acotó- sin dudas las fuerzas policiales estaban subordinadas, incluso por decretos presidenciales de Italo Luder (ex presidente) del 75, que formalizaron que las fuerzas policiales y penitenciarias de todas las provincias, estaban bajo el control operacional del Ejército".
En relación a las reiteradas recusaciones a los miembros del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) a cargo del juicio por parte de los abogados defensores, Orosz señaló que "en los cuatro juicios (el actual es el cuarto), que hemos tenido en Córdoba, las defensas siempre intentaron no entrar a juicio por un lado, y por el otro el único imputado que declaró en esta causa (Nolasco Bustos), sostuvo claramente la idea del enfrentamiento".
El TOF2 retomará las audiencias el próximo miércoles ( por hoy) , donde se espera que se presenten dos nuevos testimonios, en tanto que dará a conocer la decisión de si acepta o no, el pedido de Orosz para que sea citado un nuevo testigo por la parte querellante.
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