Córdoba: se solicitará amparo para evitar demolición de la UP1

Dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos anticiparon que solicitarán a la Justicia Federal que ordene al gobierno de José Manuel de la Sota que se abstenga de derribar y de convertir en un parque la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1), el establecimiento carcelario más antiguo de la provincia y en el que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, que hoy fue cerrado oficialmente. 

Luis Miguel Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, aseguró hoy a la prensa que, en el marco de una acción de amparo, en "el carácter de interesado y de querellante (en causas por delitos de lesa humanidad)", pedirá a la Justicia Federal que "dicte una medida cautelar de no innovar".

"Un sitio de Memoria, como ese, debe ser asumido y participado con organizaciones que tienen interés cercano y político en mantenerlo como tal". En el mismo sentido, Baronetto manifestó: "De la Sota es la topadora de la Memoria. Arrasa, desde la raíz, con todo lo que podría significar memoria de las violación a los derechos humanos que se cometieron en Córdoba".
 
Baronetto anticipó que presentará una acción judicial teniendo en cuenta que, según se informó, el edificio será demolido y allí se construirá un parque recreativo, tal como lo anunció el gobernador De la Sota cuando inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1 de febrero pasado.

Mientras tanto hoy, con un acto en el que participaron funcionarios provinciales, autoridades y miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba y magistrados federales, fue cerrado en forma definitiva la vieja cárcel ubicado en el barrio San Martín, de la capital cordobesa, cuyo edificio fue inaugurado el 3 de enero de 1895.

Para detener la posible demolición del edificio, semanas atrás, el legislador socialista Roberto Birri presentó un proyecto de ley para que la Legislatura cordobesa declare como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado” al predio de la ex cárcel de San Martín, ex Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1).

El proyecto pretende que el gobierno de De la Sota “suspenda la venta del establecimiento” y que se abstenga “de realizar cualquier acción o intervención que modifique o altere la edificación existente en la superficie total ocupada por el predio”, ubicado en el barrio San Martín.

El legislador señaló que el establecimiento “albergó a cientos de presos políticos procedentes de diversas organizaciones políticas y sociales”, pero, en particular, “constituyó un lugar simbólico y real en el que se materializó la más cruenta forma de ejercicio de la violencia física y moral, como lo fueron en general los centros clandestinos de detención (La Perla, Campo de la Rivera, U2, también de Córdoba)”.

Asimismo, el parlamentario ponderó que, en el lugar, “entre marzo y noviembre de 1976, fueron fusilados un total de 29 presos políticos detenidos en esa unidad, que estaban a disposición de Juzgados Federales y del Poder Ejecutivo Nacional y muchos de ellos con el proceso judicial concluido y con resolución de libertad, lista a la que se agrega un nuevo fusilado en 1978”.

Birri recalcó que, como “lo establece la Ley 9286, y en el marco de los juicios a genocidas por delitos de lesa humanidad, urge preservar las instalaciones edilicias que funcionaron como centro clandestinos de detención o que hubieren sido utilizadas por el Terrorismo de Estado, más aún teniendo en cuenta que la UP1 ya figuraba en el informe Nunca Más como centro clandestino de detención”.