Intervinieron en el caso de una nena sustraída a una presa política del D2. También están en la mira funcionarios administrativos de la Maternidad y la ex Casa Cuna.
Abuela. El caso del nieto desconocido de Sonia Torres, titular local de Abuelas, era hasta ayer el único que se investigaba en Córdoba (La Voz /Archivo).
Funcionarios y empleados de dos juzgados provinciales, de la Maternidad y de la ex Casa Cuna serán investigados por la Justicia Federal de Córdoba por la sustracción de la bebé de una mujer que permaneció detenida por cuestiones políticas, en manos del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, durante la última dictadura militar.
Lo ordenó ayer la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba al revocar, por unanimidad, la resolución dictada en mayo último por el juez subrogante del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, quien había declarado la incompetencia del juzgado a su cargo y dispuesto la remisión de las actuaciones a la Justicia provincial.
La Cámara Federal hizo lugar a las apelaciones formuladas por la fiscal Graciela López de Filoñuk y por la parte querellante, y dispuso que el juez de Instrucción federal actuante continúe con la investigación. Esto, con el argumento de que la causa versa sobre delitos de lesa humanidad y, en efecto, es de competencia federal. Precisamente en ese fuero fue iniciado el caso por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.
En la misma resolución, la Sala B de la Cámara, integrada por Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, corrió vista al Ministerio Público para que se investigue la posible participación en el delito de “sustracción, retención y ocultamiento indebido de un menor de 10 años” de “empleados y funcionarios administrativos y judiciales del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba, del Juzgado Civil y Comercial de 25ª Nominación de Córdoba, de la Maternidad provincial y de la Casa Cuna”.
Contra la persona por nacer
Además, los camaristas resolvieron que deberá investigarse “la eventual comisión de delitos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los que habría resultado víctima la persona por nacer”.
Instruyeron al Juez de primera instancia para que imprima la mayor celeridad en el trámite de la causa y proceda de manera “inmediata” a la determinación de la filiación biológica de la denunciante del caso, María de las Mercedes Moreno y su supuesta hija, a través de un examen de ADN.
La investigación deberá acumularse con la que actualmente existe en el Juzgado Federal Nº3 sobre las torturas sufridas por la propia Moreno, quien fue detenida el 26 de septiembre de 1978 por el D2 y trasladada al centro clandestino que funcionó en calle Mariano Moreno 220.
Según se desprende del expediente, el 11 de octubre de 1978, Moreno fue trasladada a la Maternidad para dar a luz a una niña, que el 1° de diciembre de 1978 fue llevada a la Casa Cuna por orden del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba. Tras dar a luz, Moreno volvió al centro de detención del D2 y luego pasó al Buen Pastor, para recuperar la libertad el 6 de abril de 1979.
En libertad, Moreno fue a buscar a su hija a la Casa Cuna pero una monja se lo impidió, según la acusación. Luego, el matrimonio que tenía la guarda de la menor de edad la inscribió como hija biológica ante el Juzgado Civil y Comercial de 25° Nominación de Córdoba.
La segunda causa. Hasta ahora, en la Justicia Federal de Córdoba sólo estaba avanzada una sola causa por robo de bebés. Se trata de la referida al nieto o nieta de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo sede Córdoba, Sonia Torres.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, encabeza un largo listado de 15 procesados por “sustracción de menores”, seguido de otros jefes militares del centro clandestino de detención de La Perla y miembros de la “patota”.
La causa fue elevada a juicio y podría acumularse con la denominada “Bruno Laborda”, que a su vez forma parte de “Menéndez III”, la megacausa que debería comenzar este año y que incorpora hechos ocurridos en La Perla.
Denunciados e imputados
En el expediente. Según se desprende del expediente, en el caso en cuestión ya están siendo objeto de investigación –algunos de ellos en carácter de imputados– Osvaldo Roger Agüero y Laura Dorila Caligaris (el matrimonio que habría anotado como hija biológica a la presunta hija de la denunciante Moreno), el médico Vicente Spitale y la administrativa Adela María González. También se menciona a quien intervino en el hecho como juez de Menores, Jorge Pueyrredón, al cual los denunciantes atribuyen irregularidades en el otorgamiento de la guarda con fines de adopción a los imputados Agüero y Caligaris. También se investiga por supuesta falsedad a dos testigos.
Abuela. El caso del nieto desconocido de Sonia Torres, titular local de Abuelas, era hasta ayer el único que se investigaba en Córdoba (La Voz /Archivo).
Funcionarios y empleados de dos juzgados provinciales, de la Maternidad y de la ex Casa Cuna serán investigados por la Justicia Federal de Córdoba por la sustracción de la bebé de una mujer que permaneció detenida por cuestiones políticas, en manos del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, durante la última dictadura militar.
Lo ordenó ayer la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba al revocar, por unanimidad, la resolución dictada en mayo último por el juez subrogante del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, quien había declarado la incompetencia del juzgado a su cargo y dispuesto la remisión de las actuaciones a la Justicia provincial.
La Cámara Federal hizo lugar a las apelaciones formuladas por la fiscal Graciela López de Filoñuk y por la parte querellante, y dispuso que el juez de Instrucción federal actuante continúe con la investigación. Esto, con el argumento de que la causa versa sobre delitos de lesa humanidad y, en efecto, es de competencia federal. Precisamente en ese fuero fue iniciado el caso por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.
En la misma resolución, la Sala B de la Cámara, integrada por Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, corrió vista al Ministerio Público para que se investigue la posible participación en el delito de “sustracción, retención y ocultamiento indebido de un menor de 10 años” de “empleados y funcionarios administrativos y judiciales del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba, del Juzgado Civil y Comercial de 25ª Nominación de Córdoba, de la Maternidad provincial y de la Casa Cuna”.
Contra la persona por nacer
Además, los camaristas resolvieron que deberá investigarse “la eventual comisión de delitos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los que habría resultado víctima la persona por nacer”.
Instruyeron al Juez de primera instancia para que imprima la mayor celeridad en el trámite de la causa y proceda de manera “inmediata” a la determinación de la filiación biológica de la denunciante del caso, María de las Mercedes Moreno y su supuesta hija, a través de un examen de ADN.
La investigación deberá acumularse con la que actualmente existe en el Juzgado Federal Nº3 sobre las torturas sufridas por la propia Moreno, quien fue detenida el 26 de septiembre de 1978 por el D2 y trasladada al centro clandestino que funcionó en calle Mariano Moreno 220.
Según se desprende del expediente, el 11 de octubre de 1978, Moreno fue trasladada a la Maternidad para dar a luz a una niña, que el 1° de diciembre de 1978 fue llevada a la Casa Cuna por orden del Juzgado de Menores de 1ª Nominación de Córdoba. Tras dar a luz, Moreno volvió al centro de detención del D2 y luego pasó al Buen Pastor, para recuperar la libertad el 6 de abril de 1979.
En libertad, Moreno fue a buscar a su hija a la Casa Cuna pero una monja se lo impidió, según la acusación. Luego, el matrimonio que tenía la guarda de la menor de edad la inscribió como hija biológica ante el Juzgado Civil y Comercial de 25° Nominación de Córdoba.
La segunda causa. Hasta ahora, en la Justicia Federal de Córdoba sólo estaba avanzada una sola causa por robo de bebés. Se trata de la referida al nieto o nieta de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo sede Córdoba, Sonia Torres.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, encabeza un largo listado de 15 procesados por “sustracción de menores”, seguido de otros jefes militares del centro clandestino de detención de La Perla y miembros de la “patota”.
La causa fue elevada a juicio y podría acumularse con la denominada “Bruno Laborda”, que a su vez forma parte de “Menéndez III”, la megacausa que debería comenzar este año y que incorpora hechos ocurridos en La Perla.
Denunciados e imputados
En el expediente. Según se desprende del expediente, en el caso en cuestión ya están siendo objeto de investigación –algunos de ellos en carácter de imputados– Osvaldo Roger Agüero y Laura Dorila Caligaris (el matrimonio que habría anotado como hija biológica a la presunta hija de la denunciante Moreno), el médico Vicente Spitale y la administrativa Adela María González. También se menciona a quien intervino en el hecho como juez de Menores, Jorge Pueyrredón, al cual los denunciantes atribuyen irregularidades en el otorgamiento de la guarda con fines de adopción a los imputados Agüero y Caligaris. También se investiga por supuesta falsedad a dos testigos.
